Amnesty International News & Updates Feed

La tortura en el punto de mira

Wed, 25 Jun 2008 17:24:55 +0100

El 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional actúan en todo el mundo. Piden a los gobiernos que reafirmen su compromiso con el consenso manifestado tras la Segunda Guerra Mundial: que la tortura y otros malos tratos están absolutamente prohibidos.

Haz clic en las fotos de la derecha para ver más imágenes de acciones en todo el mundo.

En tiempos recientes se ha producido una nueva y profunda amenaza para la prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos en el contexto de las respuestas de los gobiernos a la amenaza del terrorismo. Es la validez misma de la prohibición absoluta lo que han puesto en entredicho las acciones de gobiernos de todo el mundo.

Lo que esto significa en realidad es que se somete a las personas a prácticas atroces. En el contexto de las estrategias de los gobiernos contra el terrorismo, Amnistía Internacional ha documentado prácticas como:

palizas, descargas eléctricas, ahogamientos simulados, aislamiento prolongado y otros abusos físicos;
la devolución de personas a países donde corren peligro de sufrir tortura, en ocasiones basándose en endebles “garantías diplomáticas”;
detención secreta.

Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que: condenen todas las formas de tortura y otros malos tratos; prevengan la tortura, lo que incluye poner fin a la detención secreta y en régimen de incomunicación; y hagan rendir cuentas a los responsables de autorizar, facilitar o infligir tortura u otros malos tratos.

Hoy no es un día de recuerdo pasivo sino de acción: gobiernos y ciudadanos de todo el mundo deben actuar para invertir la tendencia de los últimos años y erradicar estas prácticas crueles e inhumanas.

No dejes que la tortura quede sin respuesta:

En vista de la Presidencia francesa de la Unión Europea, envía un correo electrónico al presidente Nicolas Sarkozy instándole a que anime al Consejo de la Unión Europea a actuar para poner fin a las entregas extraordinarias y las detenciones secretas;

Escribe al gobierno de Túnez para pedirle que adopte medidas para poner fin a la tortura y otros malos tratos;

Firma la petición para que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a las detenciones ilegales;

Manifestantes surcoreanos denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía

Fri, 06 Jun 2008 18:17:04 +0100

Amnistía Internacional ha recibido informes sobre uso de fuerza excesiva por parte de la policía surcoreana contra manifestantes que protestaban por las importaciones de carne de vacuno de Estados Unidos.

Más de 300 personas fueron detenidas durante las vigilias con velas que se celebraron los días 31 de mayo y 1 de junio.

La policía utilizó extintores de incendios y cañones de agua disparados desde escasa distancia contra manifestantes en gran parte pacíficos, causando lesiones graves como ceguera, fracturas de huesos y conmociones cerebrales.

Amnistía Internacional ha recibido cientos de informes según los cuales la policía antidisturbios rodeaba a grupos de personas y detenía arbitrariamente a todas las que eran capturadas en este proceso, incluidos manifestantes pacíficos, circunstantes y transeúntes. Varias personas detenidas denunciaron violencia policial en el momento de su detención y después de ésta.

Entre las personas golpeadas y detenidas se hallaba un hombre de 27 años. Agentes de policía le propinaron patadas y lo golpearon con porras y escudos.

Cuando el director de la Sección Coreana de Amnistía Internacional, Kim Hee-jin, lo visitó en la comisaría de policía de Hyehwa el 2 de junio, tenía la cara hinchada y presentaba cortes y rasguños en la cara y en un brazo. Sufría dolores en la cabeza y en el pecho como resultado de los golpes recibidos. Aunque estaba herido y sus dolores eran evidentes, la policía no le proporcionó atención médica durante las 48 horas de su detención.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Corea del Sur que investiguen de inmediato los informes sobre uso de fuerza excesiva.

“El recurso a la violencia por parte de la policía ha enfurecido a muchos manifestantes pacíficos y ha incrementado la posibilidad de violencia”, ha afirmado Norma Kang Muico, investigadora de Amnistía Internacional sobre Corea. “El gobierno debe aprovechar la ocasión del aniversario de las protestas de 1987 para demostrar su compromiso con los derechos humanos y el Estado de derecho.”

Asimismo, la organización ha pedido a las autoridades que garanticen la seguridad de las personas en las protestas que tengan lugar en el futuro. Se teme que se produzcan nuevos actos de violencia y nuevas detenciones con motivo de la inminente concentración convocada para el 10 de junio para conmemorar el aniversario del alzamiento democrático de 1987 que desembocó en elecciones libres y reformas políticas.

Desde principios de mayo, decenas de miles de personas se han manifestado en contra de la reanudación de las importaciones de carne de vacuno de Estados Unidos por temor a la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas.

Activista liberada en Uzbekistán

Thu, 05 Jun 2008 12:05:53 +0100

La defensora de los derechos humanos uzbeka Mutabar Tadzhibaeva, condenada en 2006 a ocho años de prisión, fue puesta en libertad de forma inesperada el lunes 2 de junio.

Esta presa de conciencia, galardonada el mes pasado con el Premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos de 2008, fue llevada en automóvil a su casa de Margilán, donde se reunió con su familia. Tadzhibaeva ha expresado su agradecimiento a las ONG, entre ellas Amnistía Internacional, que hicieron campaña para conseguir su libertad.

“Pasé 900 días en una ‘isla de la tortura’, 700 de ellos en régimen de aislamiento –ha manifestado Tadzhibaeva–. Sólo conseguí soportarlo gracias al apoyo de la gente que sentía preocupación por mi suerte. Fue lo único que me infundió las fuerzas necesarias. Quiero agradecerles que no hayan olvidado a mis seres queridos: eso me ayudó a permanecer firme.”

Mutabar Tadzhibaeva fue arrestada en mayo de 2005 tras criticar la reacción del gobierno uzbeko frente a la matanza de Andiyán. El 7 de marzo de 2006 la condenaron a ocho años de cárcel por 17 cargos diferentes, entre ellos “difamación” y “pertenencia a una organización ilegal”.

Según el hermano mayor de Mutabar, ésta no sabía que le iban a devolver la libertad sino que creía que la llevaban a un hospital de Tashkent para someterla a exámenes médicos. El hermano de Mutabar dijo que la defensora de los derechos humanos estaba pálida y había adelgazado, pero que su estado emocional era satisfactorio.

La liberación de Tadzhibaeva fue acogida con satisfacción por la comunidad de activistas de los derechos humanos, que atribuyeron la medida a la presión internacional. Los seis años que le quedaban por cumplir de su condena de ocho años han sido conmutados por una pena condicional de tres años.

Activistas arrestadas en Zimbabue

Tue, 03 Jun 2008 16:49:45 +0100

Varias activistas zimbabuenses detenidas durante una manifestación pacífica celebrada en Harare corren peligro de ser torturadas o sometidas a otros malos tratos.

Catorce activistas de Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (WOZA), entre los que se hallaban las dirigentes de la organización Jenni Williams y Magadonga Mahlangu, fueron arrestados el 28 de mayo y están sometidos a duras condiciones de reclusión.

Jenni Williams, coordinadora nacional de WOZA, Magadonga Mahlangu, dirigente de WOZA, y otros 12 activistas de la organización –11 mujeres y un hombre–, fueron arrestados cuando marchaban hacia la embajada de Zambia. Pedían al presidente de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral que ayudara a poner fin a la violencia desatada en Zimbabue tras las elecciones celebradas el 29 de marzo de 2008.

Según informes, algunas de las personas integrantes de WOZA fueron golpeadas durante su arresto. A todas se las acusa de “distribuir materiales que pueden causar una alteración del orden público” en aplicación del artículo 37 de la Ley de Codificación y Reforma Penal. A Jenni Williams se la acusa también de “publicar o transmitir declaraciones falsas en perjuicio del Estado” en aplicación del artículo 31 de la misma ley.

Algunas de las personas detenidas comparecieron ante una autoridad judicial el 30 de mayo, y otras, el 31 de mayo. Inicialmente se autorizó su libertad bajo fianza, pero la fiscalía apeló y las 14 personas acusadas fueron puestas en prisión preventiva.

Las 13 mujeres están recluidas en la prisión de máxima seguridad de Chikurubi, y el hombre en el centro de detención preventiva de Harare Central. Los informes indican que las condiciones de reclusión en estos dos centros son lamentables y distan mucho de ajustarse a las normas internacionales.

No se les han proporcionado suficientes mantas o ropa de abrigo, circunstancia que causa especial preocupación dado que es invierno en Zimbabue. Están en prisión preventiva hasta el 6 de junio, fecha en que se prevé su comparecencia ante una autoridad judicial.

Amnistía Internacional tiene entendido que estas personas fueron arrestadas y recluidas únicamente porque trataban de ejercitar el derecho universalmente garantizado a la libertad de asociación y reunión.

Aunque se ha arrestado a integrantes de WOZA en decenas de ocasiones desde la fundación de la organización en 2003, los arrestos más recientes forman parte de una serie de medidas enérgicas más amplias contra defensores de los derechos humanos, sindicalistas, abogados, periodistas, observadores electorales y activistas de la oposición, desatadas tras las elecciones parlamentarias y presidenciales del 29 de marzo.

Amnistía Internacional insta a Irán a anular condenas contra mujeres activistas

Tue, 20 May 2008 18:09:05 +0100

Amnistía Internacional ha escrito al presidente de la magistratura de Irán, instándole a garantizar que las vistas de apelación contra las declaraciones de culpabilidad y las condenas impuestas a seis defensoras de los derechos de las mujeres en las últimas semanas en relación con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad expresión y asociación se celebran sin demora y con imparcialidad.

En el caso de que las condenas se confirmen en la fase de apelación, la organización pide al presidente de la magistratura, el ayatolá Hashemi Shahroudi, que revise los casos y anule las declaraciones de culpabilidad de estas mujeres, todas las cuales se convertirán en presas de conciencia en caso de ser encarceladas.

Amnistía Internacional ha pedido también al presidente de la magistratura iraní que garantice que todas las defensoras de los derechos de las mujeres pueden salir del país y regresar libremente, de conformidad con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Irán es Estado Parte.

Todas las condenas han quedado suspendidas, pero podrían ejecutarse si las mujeres son condenadas por un delito similar durante el periodo de suspensión. Si alguna de ellas es encarcelada en el futuro como consecuencia de estas condenas, Amnistía Internacional pedirá su libertad inmediata e incondicional por considerarla presa de conciencia.

La organización ha instado asimismo al presidente de la magistratura a que garantice que las condenas de flagelación impuestas a las mujeres no se ejecutan en ninguna circunstancia. La flagelación es una forma de pena cruel, inhumana y degradante que equivale a tortura, y está prohibida en virtud del artículo 7 del PIDCP.

A las seis mujeres se les impusieron condenas condicionales entre febrero y mayo de 2008, en relación con su participación en una concentración pacífica el 4 de marzo de 2007 ante un tribunal donde se celebraba el juicio de cinco activistas de los derechos de las mujeres por su participación en una manifestación anterior, celebrada en junio de 2006 para pedir el fin de la legislación discriminatoria. Un total de 33 mujeres fueron detenidas en aquella ocasión. Todas han sido procesadas al amparo de leyes de redacción imprecisa sobre “delitos contra la seguridad”. Al menos otras 12 han sido absueltas de todos los cargos en relación con la manifestación de marzo de 2007.

Marzieh Mortazi Langaroudi fue condenada a seis meses de cárcel y 10 azotes, con una suspensión de dos años, en febrero de 2008.
Zeynab Peyghambarzadeh recibió una condena condicional de dos años en marzo de 2008. La declararon culpable de “participación en una reunión ilegal y connivencia con intención de perturbar la seguridad nacional”.
Nasrin Afzali recibió una condena condicional de seis meses y 10 azotes en abril de 2008, tras ser declarada culpable de “alteración del orden público”. Fue absuelta de “participación en una reunión ilegal y negativa a obedecer las órdenes de la policía”.
Nahid Ja’fari fue condenada a seis meses de prisión y 10 azotes, con una suspensión de dos años, en abril de 2008. La declararon culpable de “alteración del orden público”, pero la absolvieron de “connivencia con intención de poner en peligro la seguridad nacional y negativa a obedecer las órdenes de la policía”. Durante su detención el 4 de marzo de 2007 fue golpeada y sufrió la rotura de algunas piezas dentales. Posteriormente presentó una denuncia, en relación con las lesiones sufridas, contra las personas que la habían detenido. Los tribunales no han investigado aún su denuncia.
Rezvan Moghaddam fue condenada unos días más tarde a 6 meses de prisión y 10 azotes, con una suspensión de 3 años.
Parvin Ardalan fue condenada a dos años de prisión, con una suspensión de tres años, por cargos de “reunión y connivencia con intención de poner en peligro la seguridad nacional”. En marzo de 2008, antes de que se hiciera pública la sentencia, se le impidió viajar a Suecia, donde debía recoger el Premio Olof Palme 2007 de derechos humanos. Posteriormente fue citada en la Sala 13 del Tribunal Revolucionario de Teherán, donde la interrogaron en relación con su participación en la redacción y edición de los sitios web de Change for Equality y Zanestan. También se le notificó que debía presentar las invitaciones a las conferencias en otros países como condición previa para retirarle la prohibición de viajar, aunque la legislación iraní no exige que las personas soliciten permiso previo para viajar. Al término de la sesión en el tribunal, Parvin Ardalan fue acusada formalmente de “propaganda contra el sistema”, aunque no quedó detenida en espera del juicio por este cargo. Amnistía Internacional no conoce la fecha prevista para el juicio.

Amnistía Internacional pide al presidente de la magistratura de Irán que anule las declaraciones de culpabilidad que puedan confirmarse en las vistas de apelación contra las seis defensoras de los derechos de las mujeres declaradas culpables en las últimas semanas en relación con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación, y al mismo tiempo insta a que se ponga fin a la legislación discriminatoria en Irán.

Amnistía Internacional insta asimismo al presidente de la magistratura a que suspenda de inmediato todas las condenas de flagelación, incluidas las que puedan ser impuestas en relación con actividades pacíficas en favor de los derechos de las mujeres, y a levantar la prohibición de viajar impuesta a Parvin Ardalan y a cualquier defensora de los derechos de las mujeres a la que se pueda impedir viajar a otros países y regresar libremente a Irán.

Una mirada fugaz a Guantánamo

Wed, 07 May 2008 12:46:52 +0100

Amnistía Internacional llevará a ciudades de todo Estados Unidos la reproducción a tamaño real de una celda de máxima seguridad de Guantánamo. Esta gira brindará a la población estadounidense la oportunidad de entrever la dura realidad de la detención ilegal en régimen de aislamiento prolongado.

La mayoría de los detenidos de Guantánamo viven en régimen de aislamiento, muchos de ellos sin prácticamente acceso a la luz solar ni contacto con otras personas, en muchos casos durante todo el día. La falta de noticias sobre la fecha de su liberación o sobre la posibilidad o no de que ésta llegue algún día agrava aún más su sufrimiento.

En la mayoría de los casos no se han presentado cargos y, cuando se ha hecho, los detenidos sólo tienen la perspectiva de comparecer en juicios injustos ante comisiones militares. Algunos pueden ser condenados a muerte.

La gira empezará el 8 de mayo en Miami, y se detendrá en Washington D.C. el 26 de junio, con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Animamos a quienes visiten la celda a vivir en primera persona la sensación de aislamiento y a compartir su experiencia en un mensaje de vídeo. Para hacerte una idea, puedes ver una foto panorámica del interior de la celda.

Antes de marcharse, los visitantes también pueden actuar para poner fin a las detenciones ilegales de Estados Unidos en Guantánamo y en otros lugares.

Sigue el recorrido de la celda en su viaje por Estados Unidos:

Ve los vídeos y escribe tus comentarios. También puedes enviar tu propio vídeo.
Puedes ver fotos de la celda en Flickr.

¡Actúa ya!

Firma nuestra petición mundial para poner fin a las detenciones ilegales de Estados Unidos.
Mantente al día de la campaña 'Contra el Terror, Justicia' de Amnistía Internacional.

Aumentan los homicidios de sindicalistas en Colombia

Wed, 30 Apr 2008 17:30:12 +0100

No queremos marchas llorando los muertos ni protestas para el 1 de mayo. –Fragmento de una amenaza de muerte paramilitar enviada a sindicalistas del departamento de Santander, 22 de abril de 2008

En gran parte del mundo, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, brinda a trabajadores y trabajadoras la oportunidad de celebrar sus derechos y manifestar su solidaridad. Ese día se celebran concentraciones y actos en todo el mundo, de Londres a Moscú, pasando por Yakarta, Caracas o Ciudad del Cabo.

En el mundo entero, los sindicalistas sufren violencia y opresión. Pese a los casi 60 años transcurridos desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 23 garantiza a todas las personas el derecho “a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”, ese derecho sigue violándose de forma generalizada.

Año tras año, Colombia simboliza los abusos más graves y constantes contra este derecho humano. En este país no se puede dar por sentada la posibilidad de participar en actos del 1 de mayo ni en otras actividades sindicales legítimas.

En lo que va de año, unos 22 sindicalistas han sido víctimas de homicidio en Colombia, una cifra considerablemente superior a la del mismo periodo del año pasado. Pese a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido una oficina permanente en el país, y pese a que se ha creado una unidad especializada para investigar los abusos contra los derechos humanos de sindicalistas, la seguridad de quienes defienden los derechos sindicales sigue siendo precaria.

El 17 de abril de 2008 se encontró en el municipio de Sabanalarga, departamento de Atlántico, el cadáver de Jesús Heberto Caballero Ariza, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SINDESENA). Según los informes, presentaba señales de tortura. Al parecer, antes de su muerte, Jesús Heberto Caballero había recibido amenazas de muerte del grupo paramilitar “Águilas Negras”.

El homicidio se produjo unos días antes de que sindicatos y organizaciones de derechos humanos recibieran por correo electrónico una amenaza de muerte firmada por “Águilas Negras”, fechada el 21 de abril de 2008. Según los informes, Jesús Heberto Caballero estaba sacando a la luz prácticas corruptas dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje.

Adolfo González Montes, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (SINTRACARBON), fue torturado y asesinado en su casa de la localidad de Riohacha, departamento de La Guajira, el 22 de marzo de 2008. Su homicidio coincidió con las amenazas de muerte telefónicas recibidas por otros dirigentes de SINTRACARBON.

Algunos de estos dirigentes han denunciado también que sus casas estaban siendo vigiladas por individuos no identificados. La muerte de Adolfo González ha tenido lugar mientras el sindicato se disponía a iniciar negociaciones sobre las condiciones de trabajo con las empresas propietarias de la explotación minera de Cerrojón, en el departamento de La Guajira.

La mayoría de los homicidios de sindicalistas han sido obra de grupos paramilitares, a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad o con la conformidad de éstas. Las fuerzas de seguridad y la guerrilla también han sido responsables directos de homicidios y amenazas contra sindicalistas, unos homicidios y amenazas que tienen un objetivo claro: minar y desacreditar el trabajo de estos activistas.

Desde que, en julio de 2007, Amnistía Internacional publicó su informe Sindicalismo en Colombia: Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte, el gobierno colombiano ha alegado que la situación de los sindicalistas ha mejorado de forma espectacular.

En dicho informe, Amnistía Internacional reconoció que, efectivamente, se había producido un descenso del número de sindicalistas víctimas de homicidio, frente a las cifras de principios de la década de 2000. Sin embargo, la organización conmemora este año el 1 de mayo pidiendo al gobierno colombiano que ponga más empeño en defender a los sindicalistas, especialmente teniendo en cuenta el aumento del número de homicidios experimentado en 2008.

Tanto las autoridades gubernamentales como las fuerzas de seguridad y los paramilitares han tachado a los sindicatos, al igual que a las organizaciones de derechos humanos y a otras organizaciones sociales, de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Estas acusaciones han venido muchas veces seguidas de amenazas o ataques contra estos activistas.

Amnistía Internacional ha destacado cómo, en los dos últimos decenios, el número de homicidios de sindicalistas ha experimentado bruscos descensos seguidos de fuertes aumentos. La organización ha insistido en que la ausencia de medidas enérgicas por parte de los sucesivos gobiernos colombianos para poner fin a la impunidad –superior al 90 por ciento– que rodea estos casos impide garantizar que la reducción de las cifras un determinado año se traduzca necesariamente en una mejora sostenible de la situación de los derechos humanos.

El fuerte incremento del número de sindicalistas asesinados en los cuatro primeros meses del año ilustra claramente este problema.

El gobierno colombiano ha alegado también que los abusos sufridos por sindicalistas no son consecuencia de su labor sindical. Sin embargo, Amnistía Internacional recibe incesante información que indica que las amenazas de muerte y los homicidios contra sindicalistas coinciden con periodos de disputas laborales.

El 1 de mayo de 2008, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno colombiano que tome medidas enérgicas para poner fin a la crisis de derechos humanos a la que se enfrentan los sindicalistas en Colombia. La organización ha pedido a la comunidad internacional que insista ante el gobierno colombiano a este respecto.

Otros gobiernos pueden garantizar que la oficina permanente de la OIT en Colombia cuenta con recursos adecuados para poner en práctica un mandato que incluye la vigilancia activa y la información sobre la situación de derechos humanos a que se enfrentan los sindicalistas.

Y pueden asimismo emprender acciones para garantizar que se dota de recursos adecuados a las unidades especializadas creadas para investigar los abusos contra los derechos humanos de sindicalistas.

Perversión de la justicia: Posible cárcel para 25 personas en Egipto

Tue, 15 Apr 2008 18:09:51 +0100

“Las penas de prisión impuestas por un tribunal militar egipcio contra 25 miembros de la opositora Hermandad Musulmana son una perversión de la justicia”, ha manifestado Amnistía Internacional.

Según la organización de derechos humanos: “Este juicio dio la impresión desde el principio que se debía a motivaciones políticas, pues el presidente Mubarak ordenó el procesamiento de los acusados ante un tribunal militar pese a la resolución anterior de un tribunal civil que ordenaba la liberación de varios de ellos.”

“Las condenas dejan pocas dudas respecto a la determinación de las autoridades egipcias de socavar al que se ha convertido en el principal grupo de oposición del país.”

El tribunal militar de Haikstip, en el norte de El Cairo, dictó penas de hasta 10 años de prisión contra 25 acusados, siete de los cuales no se encuentran bajo custodia y fueron juzgados in absentia. Otros 15 acusados fueron absueltos, pero todavía no han sido puestos en libertad.

Khairat al Shatir, tercer líder en la línea de importancia de la Hermandad Musulmana, y Hassan Malek, fueron condenados a siete años de prisión. Otros 16 acusados recibieron penas de entre tres y cinco años. Cinco de los acusados juzgados in absentia recibieron penas de 10 años de prisión, mientras que los dos restantes fueron condenados a cinco años de prisión cada uno.

Todos los acusados fueron juzgados por cargos de terrorismo y de blanqueo de dinero, que ellos negaron. En concreto, se les acusaba de haber financiado una organización prohibida y de haber proporcionado a estudiantes armas y formación militar. Ahora pueden apelar ante el Tribunal Supremo de Apelaciones Militares, pero éste sólo puede examinar cuestiones de procedimiento, no los fundamentos del caso.

La resolución de esta causa, que había sido aplazada en dos ocasiones, se ha producido entre informes de que unos 200 partidarios de la Hermandad Musulmana, entre los que se encontraban familiares de los acusados, habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad cuando trataban de entrar en el recinto militar en el que se reunía el tribunal.

Las fuerzas de seguridad impidieron el acceso al tribunal a observadores de derechos humanos y a medios de comunicación, y sólo permitieron la entrada al jefe del equipo legal de los acusados, sin permitir que estuviera presente ningún otro abogado defensor.

Según los informes, en un intento de impedir cualquier manifestación contra la resolución del tribunal militar, se desplegó a miles de soldados a lo largo del camino que conduce al recinto del tribunal en Haikstip, y también en las vías principales que van al centro de El Cairo.

El juicio, rodeado de una gran expectación, de los 40 hombres –todos ellos civiles– se inició el 26 de abril de 2007, después de que el presidente Mubarak ordenara en febrero del mismo año su procesamiento ante un tribunal militar. Anteriormente, un tribunal civil había desestimado los cargos contra 17 de ellos.

Durante el juicio se impidió la entrada a la sala a observadores internacionales enviados por Amnistía Internacional y otras organizaciones.

“El procesamiento de civiles ante tribunales militares, cuyos jueces son miembros en activo de las fuerzas armadas, burla las normas internacionales de justicia procesal, y es inherentemente injusto, independientemente de si a los acusados se les permite el derecho de apelación o no”, ha manifestado Amnistía Internacional. “Todos los condenados deben ser juzgados de nuevo sin demora ante un tribunal civil que cumpla las normas internacionales sobre juicios justos, o de lo contrario deben ser puestos en libertad.”

Liberación de sindicalista iraní

Fri, 11 Apr 2008 17:40:00 +0100

Mahmoud Salehi, destacado sindicalista de Irán ha sido excarcelado tras cumplir una condena de prisión de un año. Según la información disponible, el activista sindical independiente Mahmoud Salehi, uno de los cofundadores del Sindicato de Trabajadores de Panadería de Saqez, fue puesto en libertad bajo fianza el pasado domingo 6 de abril.

Mahmoud Salehi había sido objeto de una enérgica campaña conjunta de captación de apoyos por parte de organizaciones sindicales y de derechos humanos internacionales desde 2007. Amnistía Internacional participó en esa campaña junto con la Confederación Sindical Internacional y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, en la que se organizaron una serie de manifestaciones y protestas conjuntas ante embajadas iraníes de todo el mundo.

Salehi había sido condenado originalmente a cuatro años de prisión por organizar en Saqez una concentración de trabajadores independientes el 1 de mayo de 2004. Su condena fue reducida en apelación a un año de prisión con tres años de suspensión de la pena.

Finalmente empezó a cumplir la condena el 9 de abril de 2007 en Saqez, para ser después trasladado a una prisión de alta seguridad en Sanandaj, capital de Kurdistán. Su salud sufrió un grave deterioro durante su encarcelamiento, ya que las autoridades penitenciarias se negaron repetidamente a proporcionarle atención médica adecuada para una insuficiencia renal aguda y otras enfermedades graves.

El 6 de marzo de 2008 se celebró un Día Internacional de Acción en el que sindicalistas y activistas se echaron a la calle en 35 países para protestar por la situación de Salehi y de Mansour Ossanlu (u Osanloo), éste último, presidente del Sindicato de Conductores de Autobús de Teherán, que permanece detenido en la tristemente célebre prisión de Evin, en Teherán.

Una semana después, las autoridades presentaron nuevos cargos contra Salehi, que originalmente debería haber sido excarcelado el 23 de marzo. Los observadores consideran que esos nuevos cargos fueron una reacción al Día de Acción y una represalia por los mensajes de solidaridad que Salehi había conseguido sacar a escondidas de la cárcel.

Tras quedar finalmente en libertad, Salehi ha regresado a Saqez, donde se ha reunido con su familia y sus amistades. La Confederación Sindical Internacional, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte y Amnistía Internacional han manifestado su satisfacción por la liberación de Salehi pero, en un comunicado conjunto, han recordado a las autoridades iraníes que Mansour Ossanlu y otros sindicalistas encarcelados injustamente deben ser liberados.

Indulto real para manifestantes marroquíes

Fri, 11 Apr 2008 17:44:00 +0100

Ocho hombres a quienes se había declarado culpables el año pasado de "socavar la monarquía" en Marruecos quedaron en libertad, gracias a un indulto concedido por el rey el viernes, 4 de abril. Asimismo, otros nueve que se enfrentaban a procedimientos judiciales por los mismos cargos se beneficiaron de esta medida.

Todos ellos eran miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Siete fueron detenidos el 1 de mayo de 2007 por entonar consignas críticas con la monarquía: cinco de ellos en Alcazarquivir y dos en Agadir. Fueron condenados a penas de entre tres y cinco años de prisión.

La detención de los diez restantes tuvo lugar cuando participaban en posteriores manifestaciones de solidaridad con los detenidos, y entre ellos se encontraba Mohamed Bougrine, de 73 años de edad, que también fue condenado a prisión. Al parecer, su salud se había deteriorado durante el periodo que pasó en prisión.

La monarquía sigue siendo tabú en Marruecos. Cualquier crítica contra el rey puede considerarse un intento de “socavar la monarquía”. Durante los últimos años, varias personas, entre ellas periodistas y activistas políticos, han sido procesadas y, en algunos casos, condenadas a penas de prisión, por haber expresado pacíficamente opiniones críticas con la monarquía.

Amnistía Internacional, que había adoptado a estos hombres como presos de conciencia, encarcelados sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos, se congratuló de su liberación.

No obstante, la organización expresó su preocupación por la posibilidad de que se utilice la legislación de Marruecos para criminalizar el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión y de reunión.

Amnistía Internacional insta a las autoridades marroquíes a ajustar la legislación del país a sus obligaciones en virtud de los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.