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La sentencia de India contra las leyes de "sodomía", primer paso hacia la igualdad

Fri, 03 Jul 2009 12:00:17 +0100

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción que el Tribunal Superior de Delhi haya tomado el jueves 2 de julio de 2009 la histórica decisión de despenalizar la homosexualidad.

“Esta decisión es un importante paso para garantizar que las personas pueden expresar en India su orientación sexual o su identidad de género sin temor a sufrir discriminación -ha señalado Madhu Malhotra, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional--. El legado colonial británico ha hecho un daño incalculable a generaciones de personas en India y en toda la Commonwealth.”

El fallo del Tribunal anula una ley colonial británica del siglo XIX que prohíbe las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo por considerarlas “relaciones carnales en contra del orden natural”. Esta ley se utilizaba para reprimir la labor de las organizaciones que trabajan en la prevención del VIH/sida en India. El Tribunal la ha anulado por considerarla discriminatoria y “contraria a la moral constitucional”.

“Amnistía Internacional insta al gobierno indio a que aborde el problema de la discriminación y los abusos cometidos por la policía y otras instituciones y tome medidas para poner fin a la discriminación ejercida por motivos de orientación sexual e identidad de género en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos la vivienda, el empleo y los servicios de salud”, ha manifestado Madhu Malhotra.

El fallo del Tribunal rebate todos los argumentos presentados por el gobierno en defensa de la ley. Se determina en él que su Sección 377, en la que se penalizaba la homosexualidad, reflejaba una forma de entender la orientación sexual que es “incompatible con la idea científica y profesional que se tiene actualmente de ella”. En particular, el Tribunal ha afirmado que la opinión del gobierno de que estas disposiciones ayudaban a detener la propagación del VIH/sida es “completamente infundada” y está “basada en ideas erróneas e incorrectas”.

El Tribunal ha reconocido que la Sección 377 se utilizaba para “tratar brutalmente” a los miembros de la comunidad gay y a otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, abuso que los defensores locales de los derechos humanos y Amnistía Internacional llevaban mucho tiempo documentando. Los jueces han decidido que la moral popular o la desaprobación pública de ciertos actos no son una justificación válida de la restricción de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución india.

India no tiene leyes que penalicen específicamente los abusos sexuales contra menores, por lo que utilizaba la Sección 377 con tal fin. El fallo del Tribunal restringe ahora la aplicación de ésta a los casos de violación y abuso de menores. Amnistía Internacional insta a los legisladores a reelaborar la ley para que se traten explícitamente en ella estos delitos.

La Fundación Naz, organización india de defensa de los derechos sexuales que impugnó la validez de la Sección 377, ha explicado a Amnistía Internacional: “Es un día increíble. Hoy se ha despenalizado la homosexualidad, pero no se ha legalizado. Es un paso muy pequeño, pero India ha entrado por fin en el siglo XXI”.

Con esta decisión, India es el último país que se ha sumado a tendencia mundial a la despenalización. Amnistía Internacional pide a los Estados que continúan tratando la homosexualidad como delito que sigan el ejemplo de India y anulen esta legislación.

La impunidad por los crímenes de guerra en Gaza y el sur de Israel supondrán más sufrimiento para la población civil

Thu, 02 Jul 2009 12:27:17 +0100

Las fuerzas israelíes mataron a centenares de civiles palestinos desarmados y destruyeron millares de viviendas en Gaza, en ataques que violaron las leyes de la guerra, concluye Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el 2 de julio de 2009 con el título Operación “Plomo Fundido”: 22 días de muerte y destrucción. Este informe es el primero de alcance exhaustivo que se publica sobre este conflicto de 22 días ocurrido entre fines de 2008 y principios de 2009.

“La falta de medidas por parte de Israel para investigar debidamente la actuación de sus fuerzas en Gaza, incluidos los crímenes de guerra, y su continua negativa a cooperar con la misión internacional e independiente de investigación de la ONU, dirigida por Richard Goldstone, ponen de manifiesto su intención de eludir el escrutinio público y la rendición de cuentas”, ha manifestado Donatella Rovera, quien encabezó un delegación enviada por Amnistía Internacional a Gaza y el sur de Israel para realizar labores de investigación sobre el terrero durante el conflicto y después de él.

“La comunidad internacional, dirigida por el Consejo de Seguridad de la ONU, debe ejercer toda su influencia para conseguir que Israel coopere plenamente con la investigación Goldstone, que es ya el mejor medio para establecer la verdad.”

Hamás y otros grupos armados palestinos dispararon centenares de cohetes contra el sur de Israel, que mataron a tres civiles israelíes, hirieron a decenas más y obligaron a miles de personas a evacuar sus hogares. “Estos ataques ilegítimos constituyen crímenes de guerra y son inadmisibles”, ha añadido Rovera.

El informe de Amnistía Internacional, basado en datos recogidos por su delegación –de la que formaba parte un experto en cuestiones militares– durante la investigación que llevó a cabo sobre el terreno en enero y febrero, documenta el uso por parte de Israel de armas de campo de batalla contra una población civil que se hallaba atrapada en Gaza sin posibilidades de huida.

La magnitud e intensidad de los ataques contra Gaza no tenían precedente. Entre los 1.400 palestinos que mataron las fuerzas israelíes había unos 300 niños y niñas y centenares de civiles desarmados más que no tomaban parte en el conflicto.

A la mayoría de estas personas, las mataron con armas de alta precisión, para disparar las cuales se contaba con aviones de vigilancia teledirigidos no tripulados, cuyo excelente sistema óptico permitía ver con detalle el blanco. A otras las mataron con armas poco precisas –incluidos proyectiles de artillería con fósforo blanco, sustancia jamás utilizada anteriormente en Gaza– que no deben emplearse nunca en zonas con gran densidad de población.

Amnistía Internacional comprobó que las víctimas de los ataques que investigó no habían muerto por haberse visto atrapadas entre dos fuegos en el curso de combates entre activistas armados palestinos y las fuerzas israelíes ni porque estuvieran sirviendo de protección a combatientes u objetos militares. Muchas murieron al ser bombardeadas sus casas mientras dormían. Otras se encontraban en ese momento sentadas en sus patios o tendiendo ropa en la azotea. Entre las víctimas de los ataques había niños y niñas que estaban jugando en su habitación, en la azotea de su casa o en la calle. Se atacó reiteradamente a personal paramédico y a ambulancias que habían acudido a socorrer a personas heridas o a recoger cadáveres.

“No se pueden explicar tantas muertes de niños y niñas, así como de otros civiles, calificándolas sin más de ‘daños colaterales’, como hace Israel –ha manifestado Donatella Rovera–. Quedan muchas cuestiones sin responder en torno a estos ataques y al hecho de que siguieran llevándose a cabo a pesar del creciente número de víctimas mortales civiles que estaban causando.”

Más de 3.000 viviendas fueron destruidas y unas 20.000 sufrieron daños en ataques israelíes que redujeron a escombros barrios enteros de Gaza y dejaron la ya mala situación económica del territorio en ruinas. Gran parte de la destrucción fue gratuita y no estaba justificada por razones de “necesidad militar”.

El ejército israelí no ha respondido a las reiteradas peticiones que le ha hecho Amnistía Internacional durante los últimos cinco meses para que le proporcione información sobre los casos específicos descritos en su informe y se reúna con la organización para hablar de sus conclusiones.

"Hamás, por su parte, sigue justificando los ataques con cohetes que sus combatientes y otros grupos armados palestinos lanzaron a diario contra ciudades y pueblos del sur de Israel durante los 22 días de conflicto –ha explicado Rovera–. Aunque menos letales, estos ataques, efectuados con cohetes no guiados que no pueden dirigirse contra blancos específicos, violaron el derecho internacional humanitario y no pueden justificarse en ninguna circunstancia.”

Además de cohetes Qassam de fabricación local, los activistas armados palestinos dispararon a menudo cohetes de tipo Grad, proyectiles de mayor alcance, introducidos clandestinamente en Gaza por los túneles que comunican con Egipto, que llegaban a zonas de Israel situadas más en el interior y ponían en peligro a una parte mucho mayor de su población civil.

“Al cabo de cinco meses, ninguno de los dos bandos ha se ha mostrado dispuesto a modificar sus prácticas y cumplir las disposiciones del derecho internacional humanitario, lo que hace temer que sea una vez más la población civil que la sufra en especial las consecuencias si se reanudan los combates”, ha señalado Donatella Rovera.

De acuerdo con el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de ejercer la jurisdicción universal e iniciar investigaciones criminales en sus tribunales nacionales siempre que haya indicios suficientes de comisión de crímenes de guerra u otros delitos de derecho internacional, para detener y poner a disposición judicial a los presuntos responsables.

“No se debe dejar a los autores de crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional eludir la rendición de cuentas y la acción de la justicia.”

Entre otras recomendaciones, en su informe Amnistía Internacional pide a los Estados que suspendan todas las transferencias de material militar, asistencia militar y municiones a Israel y a Hamás y los demás grupos armados palestinos hasta que no haya riesgo sustancial de que tal material se utilice para cometer violaciones graves del derecho internacional.

La organización pide a Israel que se comprometa a no llevar a cabo ataques directos, indiscriminados ni desproporcionados contra civiles, a no utilizar artillería, morteros ni armas de fósforo blanco en zonas densamente pobladas y a poner fin al bloqueo que mantiene sobre la Franja de Gaza, con el que está infligiendo un castigo colectivo a toda su población.

Amnistía Internacional insta a Hamás a que renuncie a su política de ataques con cohetes contra centros de población civil de Israel e impida que otros grupos armados realicen tales ataques.

Normalización en el norte del Cáucaso: imposible sin rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos

Thu, 02 Jul 2009 11:35:30 +0100

La normalización en el norte del Cáucaso es imposible sin que se ponga completamente fin a las gravísimas violaciones de derechos humanos que se han perpetrado en los últimos diez años y con anterioridad, y sin que se rindan plenamente cuentas por ellas, ha dicho Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

El informe, que se publicó el miércoles 1 de julio con el título Rule without law: Human rights violations in the North Caucasus, pone de relieve las violaciones de derechos humanos que siguen perpetrándose en Chechenia, Ingusetia, Dagestán y Kabardino-Balkaria en un clima de impunidad.

Amnistía Internacional ha elaborado el informe a partir de testimonios que hablan de homicidios indiscriminados y uso excesivo de la fuerza, además de muerte y tortura bajo custodia, detención arbitraria y secreta, secuestros, amenazas a activistas de derechos humanos y periodistas independientes, ataques a familiares de presuntos combatientes y desalojos forzosos de personas internamente desplazadas.

En el contexto de Chechenia, la operación antiterrorista que las autoridades rusas declararon allí dio luz verde a estos abusos. El 16 de abril de 2009 las autoridades anunciaron su fin, pero poco después volvieron a introducirla en varios distritos. La población civil sigue viviendo en un estado de desgobierno que engendra miedo e inseguridad.

Según Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional : “Ha habido y continúa habiendo una ausencia total de voluntad política para mantener el Estado de derecho y abordar la impunidad en Chechenia, lo que ha conducido a la desestabilización de todo el norte del Cáucaso. Con demasiada frecuencia los autores de violaciones de derechos humanos –tanto en el pasado como en la actualidad– están libres”.

Si bien en la actualidad hay menos combates entre las fuerzas del gobierno y los grupos armados en Chechenia, los combates se han intensificado en otras regiones.

“Los recientes ataques de grupos armados contra oficiales de alta graduación en Ingusetia, donde el 22 de junio el presidente Yunus-Bek Yevkurov resultó herido en un intento de asesinato, son sólo la punta del iceberg”, ha dicho Nicola Duckworth.

En los últimos años, cientos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y gran número de civiles han muerto a manos de grupos armados en toda la región. También en junio fueron asesinados el vicepresidente del Tribunal Supremo de Ingusetia y el ministro del Interior de Dagestán.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional ha recibido informes desde Chechenia, Ingusetia y Kabardino-Balkaria según los cuales se han dictado sentencias condenatorias por delitos relacionados con el terrorismo basadas en confesiones forzadas y testimonios extraídos bajo tortura, mientras funcionarios encargados de hacer cumplir la ley implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado están en libertad.

“El objetivo legítimo de enfrentarse a los grupos armados y traer la estabilidad a la región no podrá conseguirse por medios ilegítimos y con medidas que violan el derecho internacional humanitario”, ha dicho Nicola Duckworth.

“Y, a pesar de ser esto muy necesario, tampoco podrá conseguirse la estabilidad únicamente reconstruyendo edificios, carreteras y fuentes de energía, como se ha hecho en los últimos años en Chechenia.”

“Sólo mediante investigaciones minuciosas e independientes de los abusos contra los derechos humanos perpetrados en el pasado y que siguen perpetrándose se podrá conseguir la normalización y la seguridad y acabar con el dolor de las víctimas. Tales investigaciones servirán además para disuadir de futuras violaciones.”

Durante 15 años Amnistía Internacional ha investigado constantemente y sacado a la luz casos de abusos contra los derechos humanos en el norte del Cáucaso, incluidos crímenes de guerra. La organización ha desvelado la falta de rendición de cuentas a pesar de las barreras impuestas por las autoridades rusas a sus representantes y a los de otras organizaciones de derechos humanos y observadores independientes para visitar la región.

“Abrir la región a periodistas y observadores independientes sería una señal de que las autoridades están dispuestas a la transparencia y el diálogo”, ha dicho Nicola Duckworth.

“Si todas las partes no muestran un respeto real por el Estado de derecho y no hay un verdadero compromiso de abordar el enconado legado que dejó la ostensible falta de voluntad política a todos los niveles para evitar y castigar toda una lista de graves abusos, no habrá estabilidad y seguridad para los habitantes del norte del Cáucaso”.

Vídeo: Las empresas petroleras y el gobierno nigeriano deben sanear la industria petrolera del delta del Níger

Fri, 03 Jul 2009 09:08:44 +0100

La industria petrolera del delta del Níger, en Nigeria, ha traído pobreza, conflictos, abusos contra los derechos humanos y desesperación a la mayoría de las personas que viven en las zonas productoras de petróleo, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.

La policía de Honduras tiene que respetar los derechos humanos durante las protestas

Tue, 30 Jun 2009 18:06:19 +0100

A la vista de las nuevas manifestaciones previstas en apoyo del derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya, Amnistía Internacional insta a las fuerzas de seguridad a “abstenerse de usar fuerza excesiva contra los manifestantes y a garantizar la seguridad de quienes participan en las manifestaciones”.

“Nos preocupa la seguridad de los manifestantes”, afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.

“Si no se permite a los manifestantes expresar sus opiniones pacíficamente, se estará avivando una situación ya de por sí frágil”, señaló Kerrie Howard.

Simpatizantes del presidente Zelaya se enfrentaron con el ejército en manifestaciones celebradas en la noche del lunes 29 de junio. Según informes de los medios de comunicación, miembros de las fuerzas de seguridad hirieron a varios manifestantes y golpearon a otros muchos.

Diversos sindicatos hondureños anunciaron el inicio el martes 30 de junio de una huelga indefinida en apoyo del presidente derrocado.

Por su parte, Zelaya ha anunciado que regresará el jueves a Honduras. José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, se ha ofrecido a acompañarlo.

La agitación política en el país centroamericano empezó cuando el ejército detuvo al presidente Zelaya y lo expulsó del país el pasado domingo 28 de junio. Roberto Micheletti, presidente del Congreso, ha jurado su cargo como "presidente interino”.

“Debe permitirse al presidente Manuel Zelaya regresar de inmediato a Honduras, sin condiciones y con plena seguridad”, concluyó Kerrie Howard.

La industria petrolera ha traído pobreza y contaminación al delta del Níger

Mon, 29 Jun 2009 18:50:15 +0100

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Para cientos de miles de personas, la contaminación y los daños medioambientales causados por la industria del petróleo han dado lugar a violaciones del derecho a la salud y a un medio ambiente sano, del derecho a un nivel de vida adecuado (incluido el derecho al agua y la alimentación) y del derecho a ganarse el sustento mediante el trabajo.

El informe, titulado Petróleo, contaminación y pobreza en el delta del Níger, también examina la inacción del gobierno de Nigeria a la hora de exigir a las empresas petroleras que rindan cuentas por la contaminación que han causado.

“Las empresas petroleras llevan demasiado tiempo aprovechándose de las deficiencias del sistema de regulación existente en Nigeria –dice Audrey Gaughran, de Amnistía Internacional–. No toman suficientes medidas para prevenir los daños medioambientales y con frecuencia no abordan adecuadamente el impacto devastador que tienen sus malas prácticas en la vida de la población.”

El delta del Níger es uno de los 10 ecosistemas pantanosos y marino-costeros más importantes del mundo, y en él viven en torno a 31 millones de personas. Allí también se encuentran enormes depósitos de petróleo, que el gobierno de Nigeria y empresas petroleras multinacionales llevan extrayendo desde hace decenas de años.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la región vive en medio del “abandono administrativo, el desmoronamiento de los servicios y las infraestructuras sociales, una elevada tasa de desempleo, privación social, una enorme pobreza, miseria e inmundicia y un conflicto endémico”. Esta pobreza, y el contraste que supone con la riqueza generada por el petróleo, se ha convertido en uno de los ejemplos más notorios y alarmantes de la “maldición de los recursos”.

El petróleo ha generado ingresos de aproximadamente 600.000 millones de dólares estadounidenses desde la década de 1960. Pese a ello, muchas personas que viven en las zonas productoras de petróleo tienen que utilizar agua contaminada para beber, cocinar y lavarse y comen pescado contaminado con petróleo y otras toxinas.

“Más del 60 por ciento de los habitantes de la región dependen del entorno natural para ganarse la vida –señala Audrey Gaughran–. Pero la contaminación causada por la industria petrolera está destruyendo los recursos vitales de los que dependen.”

La contaminación por hidrocarburos en el delta del Níger mata los peces, sus larvas y fuentes de alimentación, perjudica su capacidad de reproducción y causa un daño inmediato y a largo plazo en los bancos de pesca. Esta contaminación también daña el material de pesca.

Los vertidos de petróleo y residuos también han afectado gravemente a las tierras de cultivo. Las consecuencias a largo plazo incluyen pérdida de fertilidad del suelo y de productividad agrícola, que en algunos casos pueden prolongarse durante decenios. En muchos casos, estas consecuencias a largo plazo han afectado al único medio de sustento de que disponía una familia.

La destrucción de los medios de vida y la ausencia de resarcimiento y rendición de cuentas han llevado a algunas personas a robar petróleo y destruir infraestructuras petroleras con el objeto de conseguir una indemnización o contratos de limpieza.

Cada vez es más frecuente que los grupos armados exijan un mayor control de los recursos de la región, a la vez que cometen robos de petróleo a gran escala y piden rescates por trabajadores petroleros secuestrados. Al tomar represalias por el activismo y la violencia, el gobierno a menudo hace un uso excesivo de la fuerza y somete a las comunidades a actos de violencia y castigos colectivos, lo que alimenta la ira y el resentimiento

En la industria petrolera del delta del Níger participan tanto el gobierno de Nigeria como filiales de empresas multinacionales. Shell Petroleum Development (Shell), filial de Royal Dutch Shell, es el principal operador en tierra firme. La mayoría de los casos recibidos e investigados por Amnistía Internacional están relacionados con Shell.

Los vertidos de petróleo y residuos y la combustión de gases, tristemente conocidos, son endémicos. Los vertidos de crudo se producen a causa de la corrosión de las tuberías, el deficiente mantenimiento de la infraestructura, fugas, errores humanos y, en ocasiones, vandalismo, sabotaje o robo de petróleo.

Nunca se ha evaluado adecuadamente la magnitud de la contaminación y el daño medioambiental en la zona. Las cifras existentes varían considerablemente en función de las fuentes, pero cada año se producen centenares de vertidos. El PNUD ha señalado que entre 1976 y 2001 se registraron más de 6.800 vertidos. Según la Agencia Nacional de Detección y Respuesta a los Vertidos de Petróleo, en marzo de 2008 había al menos 2.000 puntos del delta del Níger que necesitaban tratamiento a causa de la contaminación relacionada con el petróleo. La cifra real puede ser muy superior.

El sistema de regulación en el delta del Níger es pésimo. Nigeria cuenta con leyes y reglamentos que exigen a las empresas el cumplimiento de normas de “buenas prácticas en los yacimientos de petróleo”, así como con leyes y reglamentos que protegen el medio ambiente, pero la aplicación de todas estas normas es deficiente. Los organismos gubernamentales responsables de su cumplimiento no actúan con eficacia y, en algunos casos, se ven comprometidos por conflictos de intereses.

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“La población del delta del Níger ha visto sus derechos humanos socavados por empresas petroleras a las que el gobierno no puede o no quiere obligar a rendir cuentas de sus actos –añade Audrey Gaughran–. Se le ha negado sistemáticamente el derecho a la información sobre cómo la van a afectar las actividades de prospección y explotación de petróleo y se la priva una y otra vez de acceso a la justicia.”

Información complementaria:

Resumen: Nigeria: Petróleo, contaminación y pobreza en el delta del Níger

Folleto de campaña: Nigeria: Petróleo, contaminación y pobreza en el delta del Níger

Políticas frente a prácticas empresariales: la hora de la verdad

Europa muestra su apoyo a los medios independientes amenazados de Azerbaiyán

Tue, 30 Jun 2009 11:05:38 +0100

Miembros de Amnistía Internacional de toda Europa salieron el lunes 29 de junio de 2009 a la calle para mostrar su apoyo a los medios de comunicación independientes de Azerbaiyán, que sufren una presión cada vez mayor por parte de las autoridades.

Integrantes de Amnistía Internacional en el Reino Unido, Alemania y Turquía se unieron a este día de acción, que forma parte de la campaña de solidaridad de la organización con periodistas independientes y activistas de derechos humanos en Azerbaiyán.

Esta acción tuvo lugar mientras el Parlamento país (Milli Mejlis) se preparaba para debatir al día siguiente, 30 de junio, varios cambios legislativos que afectan al registro y a la financiación de los medios de comunicación independientes, así como a la sociedad civil.

Si estos cambios se aprueban, el control y el escrutinio del gobierno sobre las actividades de periodistas y activistas de derechos humanos aumentarán y se socavará la capacidad de éstos para vigilar los abusos y hacer rendir cuentas a las autoridades. También podrían limitar el acceso al país de representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos.

“La introducción de legislación restrictiva y la prohibición de emisoras de radio extranjeras son algunos de los métodos que las autoridades de Azerbaiyán están utilizando para silenciar a los medios de comunicación en el país”, ha dicho Nicola Duckworth, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

“Periodistas independientes están siendo intimidados, detenidos y enviados a prisión tras juicios injustos. Siguen sin resolverse las agresiones e incluso el asesinato de periodistas independientes”.

Emin Hüseynov, director del organismo azerbaiyano de vigilancia mediática Instituto para la Libertad y la Seguridad de los Periodistas (IRFS) ha dicho que, si el Parlamento finalmente los aprueba, los cambios legislativos allanarán el camino para el cierre de medios de comunicación independientes y de organizaciones que defienden la libertad de expresión.

Amnistía Internacional ha elaborado una lista de casos que ilustran el alcance de los abusos contra los derechos humanos que han sufrido profesionales del periodismo en Azerbaiyán en los últimos meses (Azerbaijan: Independent journalists under siege, Índice AI: EUR 55/004/2009, 29 de junio de 2009).

Emin Hüseynov, director del Instituto para la Libertad y la Seguridad de los Periodistas (IRFS), al parecer ha sido golpeado por la policía en varias ocasiones.
Aqil Xalil, del periódico Azadliq, fue acuchillado en el pecho tras sufrir otra agresión en 2008. Aunque las autoridades afirmaron haber encontrado a un autor, Aqil Xalil y varias organizaciones de derechos humanos de Azerbaiyán creen que los verdaderos autores lograron eludir la justicia.
Elmar Hüseynov, redactor jefe del periódico Monitor, murió por disparos en 2005. Cuatro años después, nadie ha sido llevado ante la justicia por su muerte.
Qanimat Zahid y Eynulla Fatullayev se encuentran en prisión debido a su actividad periodística pacífica, tras haber sido juzgados en juicios sin las debidas garantías. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia y pide su liberación inmediata e incondicional.
Varios periodistas de Naxçivan, un enclave autónomo azerbaiyano situado entre Amenia, Irán y Turquía, también han sido reprimidos por intentar denunciar presuntos abusos de autoridad por parte de las autoridades locales.

“El presidente Ilham Aliyev ha afirmado que el Estado debe proteger los derechos de todos los periodistas. Ya es hora de que las autoridades de Azerbaiyán traduzcan en hechos sus palabras y obligaciones internacionales”, ha dicho Nicola Duckworth.

Como primera medida urgente, Amnistía Internacional insta al Parlamento de Azerbaiyán a que no apruebe ninguna enmienda que pueda utilizarse en la práctica para impedir las actividades legítimas de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil. El país debe garantizar que su legislación y sus prácticas actuales son acordes con las obligaciones internacionales del gobierno.

“Una sociedad sin medios de comunicación independientes y sin sociedad civil es una sociedad sin voz y sus miembros se convierten fácilmente en víctimas de violaciones de derechos humanos”, ha afirmado Nicola Duckworth.

Se coacciona a la población refugiada en Tanzania para que regrese a su país

Mon, 29 Jun 2009 11:47:22 +0100

La población refugiada del campo de Mbatila está siendo coaccionada para regresar a su país, según informes que Amnistía Internacional ha recibido de refugiados y organizaciones que trabajan en Tanzania.

Desde principios de la década de 1990, el campo de refugiados de Mbatila ha albergado a más de 36.000 personas que huían del conflicto de Burundi. La fecha límite prevista para su cierre es el 30 de junio de 2009, tal como se estableció en un programa de repatriación cuyo objetivo es el regreso de todos los refugiados a Burundi.

"Nos preocupan los informes de que se está presionando a los refugiados con el fin de que abandonen el campo de Mbatila, donde algunas de sus casas han sido incendiadas para obligarlos a marcharse”, manifestó Godfrey Odongo, investigador de Amnistía Internacional para África Oriental.

"Todavía resulta más preocupante que la quema y las amenazas de incendiar las viviendas de refugiados sean obra de personas que, según se afirma, reciben instrucciones directas de las autoridades tanzanas."

Los líderes de la población refugiada que han intentado organizar a las personas afectadas para que defiendan el carácter voluntario del proceso de repatriación han sido detenidos y recluidos.

El programa de repatriación se está aplicando en virtud de un acuerdo tripartito alcanzado en abril de 2002 entre los gobiernos de Tanzania y Burundi y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). En un comunicado conjunto, emitido en diciembre de 2008, el programa se calificaba de “voluntario” y se justificaba por “los recientes acontecimientos que están impulsando el proceso de paz y reconciliación en Burundi”.

Amnistía Internacional tiene entendido que, en contra del derecho regional e internacional y pese a la inminencia de la fecha límite de cierre del campo, no existe por el momento procedimiento alguno para evaluar las denuncias individuales de personas refugiadas y solicitantes de asilo sobre temores fundados de persecución.

"Tanto Burundi como Tanzania deben dejar claro a las personas refugiadas que todo programa de repatriación es voluntario, y ofrecerles alternativas y soluciones duraderas, como la integración local", señaló Godfrey Odongo. "Toda coacción a los refugiados para que regresen a su país de origen vulnerará el derecho regional e internacional."

"Las repatriaciones deben respetar los principios pertinentes de protección a las personas refugiadas", afirmó Godfrey Odongo. "Los regresos voluntarios deben basarse en una decisión libre e informada, adoptada con seguridad y dignidad. La intimidación, la retirada de ayuda o el cierre de campos pueden constituir coacción, lo cual significa que las repatriaciones serían forzosas y potencialmente ilegítimas."

El presidente de Lituania veta una ley homofóbica

Tue, 30 Jun 2009 11:17:32 +0100

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión adoptada el 26 de junio de 2009 por el presidente de Lituania, Valdas Adamkus, de vetar la reforma de la “Ley de Protección de Menores contra el Efecto Perjudicial de la Información Pública”. Una semana antes, el Parlamento lituano (Seimas) había votado en favor de reformar dicha ley.

La ley reformada prohibiría el debate sobre la homosexualidad en las escuelas, así como toda referencia a ella en cualquier información pública que puedan ver personas menores de edad.

Amnistía Internacional ha expresado su firme oposición a esta reforma homofóbica. Si la ley fuese devuelta al Parlamento, Amnistía Internacional instaría a las autoridades lituanas a no aprobarla y a garantizar que todos los ciudadanos lituanos, incluidas las personas menores de edad, disfrutan plenamente del derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información.

El Senado italiano debe frenar controvertido proyecto de ley

Mon, 29 Jun 2009 17:00:28 +0100

El Senado italiano decide si aprobar o no un controvertido proyecto de ley que supondría la violación de los derechos humanos de personas migrantes y solicitantes de asilo y que podría derivar en la discriminación de romaníes y sintis

El proyecto de ley, conocido como “paquete de seguridad”, fue aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de mayo de 2009.

Amnistía Internacional ha manifestado especial preocupación por la disposición prevista que criminaliza la “migración irregular”, es decir, cuando las personas llegan a un país sin autorización ni documentación. Preocupan también a la organización otras disposiciones del proyecto de ley, como la negación de derechos a personas vulnerables mediante requisitos de residencia y de registro, y la creación y capacitación de asociaciones ciudadanas para patrullar los municipios.

“Las autoridades italianas son responsables del bienestar de todas las personas que viven en su territorio, con independencia de cómo hayan llegado éstas al país”, dijo David Diaz-Jogeix, director adjunto del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

“De aprobarse, algunas de las propuestas del ‘paquete de seguridad’ negarán los derechos básicos de los sectores marginales de la sociedad y también violarán las obligaciones contraídas por Italia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.”

Si se tipifica como delito la migración irregular, podrá imponerse a los migrantes irregulares una multa de entre 5.000 y 10.000 euros. Habida cuenta de las disposiciones penales existentes y de las que posiblemente se aprueben, los funcionarios y empleados del sector público (profesionales de la medicina, docentes y personal municipal) tendrán la obligación de informar a la policía sobre la existencia de migrantes irregulares, so pena de que se presenten cargos penales en su contra.

La aprobación de esta ley disuadirá a los migrantes irregulares de solicitar acceso a la enseñanza y a la atención médica (incluso de urgencia), o protección a las fuerzas de seguridad ante actos delictivos, por miedo a ser denunciados ante la policía. Esta ley también podría impedir a migrantes irregulares notificar a las autoridades el nacimiento de un hijo, lo cual afectaría al derecho del recién nacido a ser reconocido jurídicamente.

“Los Estados tienen la potestad y el deber de controlar la migración, pero no deben hacerlo a expensas de los derechos humanos, como el derecho a la salud, a la educación o al registro de nacimiento de los migrantes irregulares”, señaló David Diaz-Jogeix.

Con arreglo a la disposición sobre residencia y registro del proyecto de ley, se borrará de los registros locales de residentes a todas las personas sin hogar o a las que vivan en viviendas precarias o en casas móviles. El registro de residencia en el municipio es un requisito previo para obtener acceso a atención médica, asistencia social, educación y vivienda pública en el propio lugar donde se reside. Teniendo en cuenta que son los migrantes irregulares quienes habitan mayoritariamente en viviendas precarias y las comunidades romaní y sinti las que viven en casas móviles, la aplicación de la ley podrá suponer la discriminación indirecta de estos segmentos de población.

Por último, la disposición que permite la colaboración de asociaciones ciudadanas privadas con las autoridades locales para patrullar las calles y vigilar situaciones que el proyecto de ley califica de “daño a la seguridad urbana” y “malestar social” podría fomentar la actividad parapolicial y la discriminación. No queda claro qué poderes tendrán estas patrullas, qué formación será necesaria para participar en ellas (en el caso de que se exija alguna), bajo qué autoridad operarán y qué medidas se tomarán para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones del derecho de los derechos humanos que se cometan.

En los últimos años, Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado ataques perpetrados por grupos organizados contra personas romaníes y extranjeras en diversos lugares de Italia.

“La potencial ‘legitimación’ de asociaciones ciudadanas privadas podría ocasionar un aumento o una mayor ocultación del hostigamiento y los abusos, que incluso pueden constituir delitos”, afirmó David Diaz-Jogeix.

“Las autoridades serán las responsables últimas de la incitación a la discriminación y a la hostilidad contra minorías, incluidas las comunidades romaní, sinti y las personas migrantes.”

Amnistía Internacional pide al Parlamento italiano que no apruebe ninguna ley que pueda resultar discriminatoria o violar la obligación del país de respetar, proteger y hacer realidad derechos reconocidos internacionalmente.