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La industria petrolera ha traído pobreza y contaminación al delta del Níger

Mon, 29 Jun 2009 18:50:15 +0100

La industria petrolera del delta del Níger, en Nigeria, ha traído pobreza, conflictos, abusos contra los derechos humanos y desesperación a la mayoría de las personas que viven en las zonas productoras de petróleo, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.

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Para cientos de miles de personas, la contaminación y los daños medioambientales causados por la industria del petróleo han dado lugar a violaciones del derecho a la salud y a un medio ambiente sano, del derecho a un nivel de vida adecuado (incluido el derecho al agua y la alimentación) y del derecho a ganarse el sustento mediante el trabajo.

El informe, titulado Petróleo, contaminación y pobreza en el delta del Níger, también examina la inacción del gobierno de Nigeria a la hora de exigir a las empresas petroleras que rindan cuentas por la contaminación que han causado.

“Las empresas petroleras llevan demasiado tiempo aprovechándose de las deficiencias del sistema de regulación existente en Nigeria –dice Audrey Gaughran, de Amnistía Internacional–. No toman suficientes medidas para prevenir los daños medioambientales y con frecuencia no abordan adecuadamente el impacto devastador que tienen sus malas prácticas en la vida de la población.”

El delta del Níger es uno de los 10 ecosistemas pantanosos y marino-costeros más importantes del mundo, y en él viven en torno a 31 millones de personas. Allí también se encuentran enormes depósitos de petróleo, que el gobierno de Nigeria y empresas petroleras multinacionales llevan extrayendo desde hace decenas de años.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la región vive en medio del “abandono administrativo, el desmoronamiento de los servicios y las infraestructuras sociales, una elevada tasa de desempleo, privación social, una enorme pobreza, miseria e inmundicia y un conflicto endémico”. Esta pobreza, y el contraste que supone con la riqueza generada por el petróleo, se ha convertido en uno de los ejemplos más notorios y alarmantes de la “maldición de los recursos”.

El petróleo ha generado ingresos de aproximadamente 600.000 millones de dólares estadounidenses desde la década de 1960. Pese a ello, muchas personas que viven en las zonas productoras de petróleo tienen que utilizar agua contaminada para beber, cocinar y lavarse y comen pescado contaminado con petróleo y otras toxinas.

“Más del 60 por ciento de los habitantes de la región dependen del entorno natural para ganarse la vida –señala Audrey Gaughran–. Pero la contaminación causada por la industria petrolera está destruyendo los recursos vitales de los que dependen.”

La contaminación por hidrocarburos en el delta del Níger mata los peces, sus larvas y fuentes de alimentación, perjudica su capacidad de reproducción y causa un daño inmediato y a largo plazo en los bancos de pesca. Esta contaminación también daña el material de pesca.

Los vertidos de petróleo y residuos también han afectado gravemente a las tierras de cultivo. Las consecuencias a largo plazo incluyen pérdida de fertilidad del suelo y de productividad agrícola, que en algunos casos pueden prolongarse durante decenios. En muchos casos, estas consecuencias a largo plazo han afectado al único medio de sustento de que disponía una familia.

La destrucción de los medios de vida y la ausencia de resarcimiento y rendición de cuentas han llevado a algunas personas a robar petróleo y destruir infraestructuras petroleras con el objeto de conseguir una indemnización o contratos de limpieza.

Cada vez es más frecuente que los grupos armados exijan un mayor control de los recursos de la región, a la vez que cometen robos de petróleo a gran escala y piden rescates por trabajadores petroleros secuestrados. Al tomar represalias por el activismo y la violencia, el gobierno a menudo hace un uso excesivo de la fuerza y somete a las comunidades a actos de violencia y castigos colectivos, lo que alimenta la ira y el resentimiento

En la industria petrolera del delta del Níger participan tanto el gobierno de Nigeria como filiales de empresas multinacionales. Shell Petroleum Development (Shell), filial de Royal Dutch Shell, es el principal operador en tierra firme. La mayoría de los casos recibidos e investigados por Amnistía Internacional están relacionados con Shell.

Los vertidos de petróleo y residuos y la combustión de gases, tristemente conocidos, son endémicos. Los vertidos de crudo se producen a causa de la corrosión de las tuberías, el deficiente mantenimiento de la infraestructura, fugas, errores humanos y, en ocasiones, vandalismo, sabotaje o robo de petróleo.

Nunca se ha evaluado adecuadamente la magnitud de la contaminación y el daño medioambiental en la zona. Las cifras existentes varían considerablemente en función de las fuentes, pero cada año se producen centenares de vertidos. El PNUD ha señalado que entre 1976 y 2001 se registraron más de 6.800 vertidos. Según la Agencia Nacional de Detección y Respuesta a los Vertidos de Petróleo, en marzo de 2008 había al menos 2.000 puntos del delta del Níger que necesitaban tratamiento a causa de la contaminación relacionada con el petróleo. La cifra real puede ser muy superior.

El sistema de regulación en el delta del Níger es pésimo. Nigeria cuenta con leyes y reglamentos que exigen a las empresas el cumplimiento de normas de “buenas prácticas en los yacimientos de petróleo”, así como con leyes y reglamentos que protegen el medio ambiente, pero la aplicación de todas estas normas es deficiente. Los organismos gubernamentales responsables de su cumplimiento no actúan con eficacia y, en algunos casos, se ven comprometidos por conflictos de intereses.

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“La población del delta del Níger ha visto sus derechos humanos socavados por empresas petroleras a las que el gobierno no puede o no quiere obligar a rendir cuentas de sus actos –añade Audrey Gaughran–. Se le ha negado sistemáticamente el derecho a la información sobre cómo la van a afectar las actividades de prospección y explotación de petróleo y se la priva una y otra vez de acceso a la justicia.”

Información complementaria:

Resumen: Nigeria: Petróleo, contaminación y pobreza en el delta del Níger

Folleto de campaña: Nigeria: Petróleo, contaminación y pobreza en el delta del Níger

Políticas frente a prácticas empresariales: la hora de la verdad

Irán: Dirigentes políticos detenidos en peligro de tortura, posiblemente para forzar su "confesión"

Mon, 29 Jun 2009 17:36:58 +0100

Amnistía Internacional ha expresado profunda preocupación por el hecho de que varios dirigentes de la oposición detenidos tras las elecciones del 12 de junio podrían estar siendo torturados, posiblemente para forzar su “confesión” televisada, como preludio de unos juicios sin garantías en los que podrían ser condenados a muerte.

“Si se confirman nuestros temores, sería una táctica atroz por parte de los servicios de seguridad para silenciar definitivamente a los líderes políticos más influyentes y advertir con claridad a otras personas que pretendan expresar su discrepancia de las terribles consecuencias que les aguardan si lo hacen” afirmó Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Coincidiendo con la detención de otros muchos dirigentes y simpatizantes de la oposición, la madrugada del 16 de junio se llevaron de sus domicilios a tres destacados dirigentes políticos: Mohsen Aminzadeh, Abdollah Ramazanadeh y Mostafa Tajzadeh. Según informes recibidos por Amnistía Internacional, parece ser que todas estas personas están privadas de libertad en la Sección 209 de la cárcel de Evin, en Teherán, que depende del Ministerio de Información y en la que son frecuentes los informes de tortura a detenidos. No está claro si se ha permitido a éstos contactar con sus familiares. En los casos relacionados con la “seguridad” se suele negar por sistema el acceso a un abogado durante el periodo de interrogatorio, que se puede prolongar por tiempo indefinido.

El viernes, 26 de junio, el clérigo Ahmad Khatami, miembro de la Asamblea de Expertos, en un sermón pronunciado en la Universidad de Teherán como parte de las oraciones del viernes, pidió a la judicatura que castigara “duramente y sin piedad” a quienes participaban en las manifestaciones. Afirmó que “la agitación, los actos de destrucción, el incendio de mezquitas y autobuses, la destrucción de propiedades del pueblo, el fomento de la inseguridad y el terror, y el hostigamiento de personas” podían considerarse ejemplos de “enemistad contra Dios” (moharebeh), delito que puede castigarse con la muerte.

Sus palabras reproducían la advertencia emitida el 17 de junio por el fiscal general de la provincia de Esfahan, según la cual los escasos elementos que estaban detrás de la agitación posterior a las elecciones podían ser condenados a muerte.

Según informes, el 16 de junio, tras la detención de Mohsen Aminzadeh, Abdollah Ramazanadeh, Mostafa Tajzadeh y otras figuras destacadas de la oposición, el ministro de Información, Gholam Hossein Mohseni Ejeie, comunicó a la agencia de noticias Fars la detención de 26 "cerebros" sospechosos de implicación en los disturbios tras las elecciones. Se desconoce si Mohsen Aminzadeh, Abdollah Ramazanadeh y Mostafa Tajzadeh están entre esas 26 personas.

“Tales declaraciones, incluidas las emitidas por cargos eclesiásticos, se añaden a los ya preocupantes signos de que las autoridades iraníes tienen intención de erradicar toda forma de oposición política pacífica, lo que incluye juzgar a estos dirigentes políticos por falsas acusaciones y delitos de definición ambigua –afirmó Hassiba Hadj Sahraoui–. Pedimos al Líder Supremo de Irán que dé instrucciones inequívocas a todos los agentes del Estado y funcionarios judiciales para que no torturen a las personas bajo su custodia. Asimismo, instamos al Líder Supremo y a los servicios de seguridad iraníes a garantizar la seguridad de todas las personas detenidas, lo que incluye esclarecer su paradero y permitir su acceso inmediato a familiares, representantes letrados y la asistencia médica que puedan precisar.”

Amnistía Internacional considera presos de conciencia a los tres dirigentes políticos y pide su liberación inmediata e incondicional. Como mínimo, los detenidos deben conocer todos los cargos en su contra y comparecer sin dilación ante un juez que determine la legalidad y necesidad de su detención.

“Según las autoridades iraníes, durante las protestas han muerto ocho miembros de la milicia basij, fuerza paramilitar de voluntarios bajo control de la Guardia Revolucionaria Islámica utilizada para reprimir las manifestaciones. Aunque no revelan información alguna sobre estas muertes ni citan a ningún sospechoso, a Amnistía Internacional le preocupa que, si estas muertes se atribuyeran en última instancia a dirigentes de la oposición detenidos, se allanaría el camino para su condena a muerte y aumentaría la probabilidad de que finalmente fueran ejecutados”.

Las autoridades han utilizado repetidamente las “confesiones” televisadas para incriminar a activistas políticos bajo su custodia. Muchos se han retractado posteriormente de esas “confesiones” alegando que habían sido coaccionados para hacerlas, en ocasiones mediante tortura y otros malos tratos.

Varias personas detenidas en las manifestaciones que siguieron a las elecciones del 12 de junio han declarado en la televisión estatal que se vieron “influidas” por emisoras de radio extranjeras. El 25 de junio se mostró a una mujer en Press TV con el rostro digitalmente borrado admitiendo que había portado granadas en su bolso. Tales declaraciones televisadas pueden ser un indicio de próximas “confesiones” relativas a las últimas manifestaciones.

Irán: Más periodistas detenidos y aumentan las restricciones a la información

Mon, 29 Jun 2009 12:45:27 +0100

Las autoridades iraníes deben poner en libertad inmediatamente a decenas de periodistas detenidos desde el 12 de junio y que están en peligro de sufrir tortura bajo custodia, ha dicho hoy Amnistía Internacional, que los ha adoptado a todos como presos de conciencia.

“Resulta sorprendente –ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, subdirectora del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional– que se detenga a los periodistas, cuyo trabajo es proporcionar información a los demás, encima de todas las demás medidas draconianas que han adoptado las autoridades para restringir la libre circulación de información sobre lo que realmente está pasando en Irán. En lugar de intentar investigar las denuncias de abusos, el único mensaje que las autoridades envían es que tratan de ocultar la verdad, tanto a sus propios ciudadanos como al resto del mundo.”

En los últimos quince días han sido detenidos decenas de periodistas –algunos de los cuales también hicieron campaña por Mir Hossein Mousavi o Mehdi Karroubi, ambos candidatos a las elecciones presidenciales–, y el paradero de la mayoría de ellos se desconoce.

Por ejemplo, entre 20 y 25 empleados del periódico Kalameh Sabz detenidos en sus oficinas de la plaza de Haft Tir el 22 de junio siguen recluidos y aún no se sabe su paradero. Kalameh Sabz, periódico creado por el candidato presidencial Mir Hossein Mousavi en 2009, no se publica desde el 14 de junio.

Desde que el 13 de junio se anunciara la victoria del presidente Ahmadineyad en las elecciones, las autoridades iraníes han restringido gravemente la libertad de expresión. El acceso a Internet ha sido bloqueado o ha sufrido importantes interrupciones. Se ha prohibido a los medios de comunicación iraníes que publiquen información sobre los disturbios. A los periodistas de medios de comunicación extranjeros se les ha impedido salir a las calles, y a algunos de ellos se les ha expulsado del país.

“Como mínimo, las autoridades deben desvelar de inmediato el paradero de estos periodistas, asegurarse de que no son torturados ni sufren otros malos tratos y permitir a sus familias y abogados acceder a ellos”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui. “A menos que las autoridades levanten todas las restricciones ilegales contra la libertad de expresión –incluido el derecho de los periodistas a informar sobre los acontecimientos– y pongan en libertad a todos los periodistas detenidos, sólo podemos suponer que tratan de ocultar pruebas de abusos y silenciar aún más cualquier voz crítica”.

Ex detenidos de Bagram denuncian haber sufrido abusos bajo custodia estadounidense

Wed, 24 Jun 2009 22:05:50 +0100

Ex detenidos de la base aérea estadounidense de Bagram, Afganistán, han contado a la BBC que sufrieron abusos bajo custodia.

Los 27 hombres entrevistados por la BBC afirmaron que habían sido sometidos a palizas, posiciones en tensión, temperaturas extremas, desnudez, privación del sueño y amenazas de muerte. Estuvieron recluidos en diferentes periodos entre 2002 y 2008.

Los hechos denunciados coinciden con la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional, que también ha entrevistado a ex detenidos de Bagram.

“Las entrevistas de la BBC son un recordatorio oportuno de la necesidad imperiosa de rendir cuentas, mostrar transparencia y proteger plenamente los derechos humanos de las personas recluidas por Estados Unidos en Afganistán”, afirmó Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos.

“Las autoridades estadounidenses deben establecer una comisión que investigue con total independencia todos los aspectos del sistema de detención e interrogatorios empleado por Estados Unidos en lo que el gobierno de Bush llamó 'guerra contra el terror'. La investigación deberá incluir un examen de todas las detenciones practicadas en Afganistán en este periodo.”

Amnistía Internacional declaró que lamenta que el actual gobierno estadounidense haya aceptado en bloque el enfoque de su predecesor sobre los derechos jurídicos de los detenidos de Bagram.

La organización ha pedido al presidente Obama y a su gobierno que reconozcan el derecho de los detenidos a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal independiente e imparcial.

El gobierno estadounidense ha apelado una sentencia ad hoc dictada en abril por un juez federal, según la cual tres detenidos no afganos recluidos en Bagram tienen derecho de hábeas corpus a que se revise su detención en un tribunal federal estadounidense.

En una carta enviada el mes pasado, el Pentágono comunicaba a Amnistía Internacional que había “aproximadamente 565” personas recluidas en Bagram. Poco se sabe acerca de su identidad, las circunstancias de su detención, el trato que reciben actualmente o las condiciones de reclusión. Ninguno de los detenidos tiene acceso a asistencia letrada o a un tribunal.

En respuesta a las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre la reclusión de menores de edad, el Pentágono afirmó que, desde 2002, las fuerzas estadounidenses habían detenido a “unos 100 menores de edad en Afganistán”, de los cuales “menos de cinco” seguían recluidos. La carta no proporcionaba ningún otro dato sobre las detenciones de Bagram, alegando que la información solicitada por Amnistía Internacional era confidencial o estaba afectada por procesos en curso ante tribunales federales.

Irán: El discurso de Jamenei legitima la brutalidad policial

Fri, 26 Jun 2009 20:13:35 +0100

El discurso pronunciado la mañana del 19 de junio de 2009 por el líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, indica que, si las protestas de la ciudadanía continúan, las autoridades están dispuestas a reprimirlas utilizando la violencia, lo que puede causar la pérdida de gran cantidad de vidas, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

“Nos preocupan enormemente las declaraciones realizadas por el ayatolá Jamenei, que parecen dar luz verde a las fuerzas de seguridad para emplear la violencia contra los manifestantes que ejercen su derecho a manifestarse y a expresar sus opiniones”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África. “Si en los próximos días un gran número de personas vuelven a tomar las calles en señal de protesta, tememos que puedan enfrentarse a detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza, como ha ocurrido en los últimos días, especialmente teniendo en cuenta que se ha denegado el permiso para celebrar una manifestación en Teherán el sábado 20 de junio.”

En un discurso televisado a la nación durante las oraciones del viernes en Teherán, el ayatolá Jamenei pidió el fin de las protestas callejeras contra los resultados de las elecciones. En lugar de recomendar a las fuerzas de seguridad –incluidas las milicias Basij, integradas por voluntarios– que actuasen con comedimiento y de acuerdo con la ley, afirmó que si los ciudadanos seguían tomando las calles deberían atenerse a las consecuencias.

“Que un jefe de Estado responsabilice de las posibles consecuencias en materia de seguridad a los manifestantes pacíficos y no a las fuerzas de seguridad constituye una grave omisión del deber y una licencia para cometer abusos”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

El derecho de reunión pacífica está expresamente reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado parte. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo deben hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el cumplimiento del deber. No deben utilizar armas de fuego a menos que sea inevitable y con el fin de proteger vidas. El personal encargado de hacer cumplir la ley debe actuar con comedimiento, minimizar los daños o lesiones y respetar y proteger la vida humana.

Irán : La violencia contra los manifestantes marca el nuevo mandato presidencial

Fri, 26 Jun 2009 20:10:37 +0100

Las autoridades iraníes deben iniciar de inmediato una investigación sobre el violento tratamiento por parte de las fuerzas de seguridad de miles de manifestantes que se echaron a la calle el sábado en protesta por el anuncio de la victoria del actual presidente, Mahmud Ahmadineyad, en las elecciones presidenciales del viernes.

Amnistía Internacional ha recibido informes desde Irán según los cuales agentes de las fuerzas de seguridad sin uniformar golpearon innecesariamente con sus porras a manifestantes no violentos para dispersarlos, hiriendo a muchas personas.

“Las horribles escenas de violencia a manos de las fuerzas de seguridad necesitan ser investigadas con urgencia, y las personas responsables de violaciones de derechos humanos deben ser puestas a disposición judicial”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África. “Aunque reconocemos el deber de las fuerzas de seguridad de garantizar el orden público, las familias de las personas detenidas, la opinión pública iraní y la comunidad internacional deben recibir explicaciones sobre cuáles son exactamente los cargos y cuál es la relación exacta de las personas detenidas con los actos de violencia”.

Al menos 170 personas fueron detenidas el domingo durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y cientos de manifestantes en los alrededores del Ministerio del Interior y otras zonas del centro de Teherán. Entre las personas detenidas hay destacadas figuras políticas a quienes las autoridades acusan de haber “orquestado” los disturbios. Algunas han quedado en libertad.

“Instamos a las autoridades iraníes a que se aseguren de que todos los iraníes disfrutan del derecho a expresarse pacíficamente, asociarse y reunirse. Nadie debe ser detenido por cuestionar los resultados de las elecciones, y las autoridades iraníes necesitan actuar de forma transparente para abordar la preocupación de muchos iraníes de que los resultados hayan sido alterados”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

Aunque los centros universitarios se han cerrado, un informe recibido por Amnistía Internacional indica que unos 100 efectivos de la policía antidisturbios, con cascos y escudos, persiguieron a unos 300-400 estudiantes en el campus de la Universidad de Teherán. El personal de seguridad también utilizó proyectiles de pimienta y gas lacrimógeno para sofocar los disturbios, sobre todo en la residencia de estudiantes de Pol-e Gisha (Teherán) y en otra de Shiraz.

En otro incidente, motoristas de la policía golpearon a unos simpatizantes del candidato presidencial Mir Hossein Mousavi, que llevaban a cabo una sentada en la plaza de Vanak (Teherán) en protesta por los resultados electorales.

Al terminar la noche del sábado, en zonas del centro de Teherán había barricadas incendiadas cortando las calles y continuaban los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, como en las zonas de Abbas Abad y Saadat Abad y en zonas alrededor de Tajrish.

Las manifestaciones también se extendieron a otras ciudades, como Rasht, Mashahd, Shiraz y Ahwaz, donde reside gran parte de la minoría árabe de Irán, Zahedan, en el sudeste, centro de la minoría baloche iraní, y Oroumiye, cuya población está compuesta principalmente por kurdos y turcos azerbaiyanos.

Durante los disturbios del sábado, se bloqueó el acceso a YouTube, Facebook y otras redes sociales de Internet, al igual que a diversos servicios de noticias online. Según los informes, las comunicaciones por mensajes de teléfono móvil quedaron restringidas. En muchos de estos lugares había informes que planteaban la preocupación de que las elecciones se hubieran llevado a cabo de forma fraudulenta y los resultados estuvieran amañados.

“En vez de restringir la información, bloqueando los sitios donde se comparten vídeos, como YouTube y Facebook y unos cuantos sitios de noticias online, las autoridades deberían abordar abiertamente unas preocupaciones y unas críticas expresadas claramente por tantas personas”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que se aseguren de que se permite a periódicos vinculados a otros candidatos presidenciales publicar las declaraciones de dichos candidatos.

“Lamentamos que el nuevo mandato presidencial venga precedido por abusos generalizados. Amnistía Internacional considera que cualquier persona detenida únicamente por exigir transparencia y cuestionar los resultados de las elecciones es preso de conciencia y que debe ser puesta en libertad de forma inmediata e incondicional”.

Información complementaria
Irán ha sido testigo del recrudecimiento del clima de represión e intimidación en el periodo previo a las elecciones. Muchos analistas han considerado esto una estrategia deliberada para garantizar la victoria electoral del presidente Mahmud Ahmadineyad.

Antes del cierre de las mesas electorales, según los informes, periódicos vinculados a otros candidatos distintos al actual presidente fueron ocupados y sus trabajadores llevaron a cabo su labor bajo la supervisión de las fuerzas de seguridad.

En las horas siguientes al cierre de las mesas electorales, el Ministro del Interior al parecer informó confidencialmente a Mir Hossein Mousavi de que había ganado las elecciones, y éste estaba preparando una rueda de prensa cuando hubo una redada en sus oficinas, según los informes siguiendo las órdenes del fiscal de la provincia de Teherán, Said Mortazavi. Al menos tres de los asesores de Mir Hossein Mousavi fueron detenidos. Mir Hossein Mousavi publicó una declaración afirmando: “No me rendiré a esta peligrosa farsa”.

Irán: Elecciones en un clima marcado por la represión de la disidencia y la conflictividad

Fri, 26 Jun 2009 20:02:04 +0100

A las elecciones presidenciales en Irán, previstas para el 12 de junio, concurrieron los siguientes candidatos: Mahmoud Ahmadineyad, actual presidente; Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica; Mir Hossein Mousaví, ex primer ministro (apoyado por el ex presidente, Mohammad Jatami); y Mehdi Karroubi, ex presidente del Parlamento.

Si bien Amnistía Internacional se congratula de las promesas formuladas por algunos de los candidatos de combatir la discriminación imperante en el país contra las mujeres –cuestión ésta que ha figurado entre las principales del debate político, gracias a la labor de activistas en defensa de los derechos de la mujer– y contra las minorías étnicas y de abordar determinados problemas económicos para mejorar el bienestar de la población, también es necesario hacer frente a otros motivos de preocupación graves en materia de derechos humanos, como son las graves restricciones impuestas a la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos, los juicios injustos y el frecuente empleo de la pena de muerte (que se aplica también a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad), así como los casos de muerte por lapidación.

El G-20 debe dar ejemplo y limpiar su historial en derechos humanos

Wed, 27 May 2009 13:51:24 +0100

La secretaria general de Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento al grupo del G-20, que reúne a las economías más poderosas del mundo, para que den ejemplo y muestren un verdadero compromiso con los derechos humanos.

"Para convertirse en verdaderos líderes mundiales, los Estados miembros del G-20 deben abrazar los valores universales y enfrentarse a su propia y turbia trayectoria y a su doble moral en relación con los derechos humanos”, ha afirmado Irene Khan, en la presentación del informe anual de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.

Los siguientes países componen el G-20: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.

Amnistía Internacional ha reunido pruebas que demuestran que en más de la mitad de los países del G-20 se han cometido violaciones de derechos humanos, lo que pone en cuestión su propia credibilidad a la hora de dirigir los destinos del mundo. Los dos países más poderosos del G-20, Estados Unidos y China, se han comprometido sólo con una parte de la agenda global de derechos humanos.

China ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), pero no el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Por el contrario, Estados Unidos ha ratificado el PIDCP pero no el PIDESC.

"Ambas potencias deben demostrar su compromiso con el conjunto de instrumentos de derechos humanos ratificando sin dilación ambos tratados”, ha dicho Irene Khan.

Al menos 2.390 personas en todo el mundo perdieron la vida como consecuencia de la pena de muerte. El 78 por ciento de todas las ejecuciones tuvo lugar en países del G-20. En Arabia Saudí, China y Estados Unidos se registraron las cifras más elevadas de ejecuciones. De los cuatro Estados que practicaron el mayor número de ejecuciones en 2008, sólo uno no es miembro del G-20: Irán.

En nueve países del G-20, agentes encargados de hacer cumplir la ley cometieron homicidios ilegítimos: Argentina, Brasil, Francia, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía.

En 15 países del G-20 se torturó o sometió a otros malos tratos a detenidos bajo custodia: Arabia Saudí, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Sudáfrica y Turquía.

En ocho países del G-20 se sometió a personas a juicios sin garantías: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, India, Indonesia, México, Rusia y Turquía, y en uno, a vistas injustas: Reino Unido.

En 14 países del G-20 se detuvo a personas injustamente, a menudo sin cargos ni juicio y durante periodos prolongados de tiempo: Arabia Saudí, Australia, Canadá (un caso de detención por motivos de inmigración), China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Italia, México, Reino Unido (ciudadanos extranjeros en espera de expulsión), Rusia, Sudáfrica y Turquía.

"Quienes deciden los destinos del mundo deben predicar con el ejemplo. Un buen comienzo para los miembros del G-20 sería que afirmasen claramente que todos los derechos humanos –económicos, sociales y culturales, civiles y políticos– tienen la misma importancia", ha señalado Irene Khan.

Todas estas cifras se refieren a los 19 países del G-20, sin inclusión de la Unión Europea.

La crisis económica revela problemas de derechos humanos muy graves

Wed, 27 May 2009 14:54:51 +0100

Más de seis decenios de fracasos de los gobiernos en materia de derechos humanos se han visto agravados aún más por la crisis económica mundial, que ha traído a un primer plano los problemas de la pobreza y la desigualdad, en palabras de la secretaria general de Amnistía Internacional.

"No se trata sólo de economía… Es una crisis de derechos humanos: el mundo está sentado sobre una bomba de relojería social, política y económica", ha afirmado Irene Khan, en la presentación del informe anual de la organización sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.

Miles de millones de personas en todo el mundo están sufriendo inseguridad, injusticia e indignidad. En muchos casos, la crisis económica ha agravado aún más la situación arrastrando a la pobreza a millones de personas.

El aumento de la pobreza y la privación han dado lugar a la negación de los derechos económicos y sociales, incluida la escasez de alimentos y la utilización de los alimentos como arma política; los desalojos forzosos y los abusos contra los derechos de las personas indígenas. En su lucha por atajar la crisis económica, los máximos responsables políticos y empresariales han relegado a un segundo plano los problemas relacionados con los derechos humanos.

En 2008 hubo una subida espectacular en el precio de la necesidad más básica: la alimentación, lo que generó una pobreza aún mayor para los más pobres. La gente se echó a la calle en distintas partes del mundo y, en muchos países, fue reprimida con violencia.

En Zimbabue, más de cinco millones de personas carecían de alimentos a finales de 2008, según Naciones Unidas. El gobierno de Zimbabue ha utilizado la alimentación como arma contra la oposición política. En todo el país, opositores políticos, activistas de derechos humanos y sindicalistas fueron objeto de agresiones, secuestros, detenciones y homicidios impunes.

Cientos de activistas que protestaban contra el declive económico y social fueron detenidos y recluidos sin cargos.

En toda África, la gente se manifestó contra situaciones sociales y económicas desesperadas y contra la subida drástica del coste de la vida. Algunas manifestaciones terminaron siendo violentas, adelantándose a lo que podría venir después, y las autoridades a menudo reprimieron las protestas haciendo un uso excesivo de la fuerza.

Las tensiones sociales y las diferencias en los niveles de renta dieron pie a manifestaciones de miles de personas en toda China. En América, la protesta social por la situación económica aumentó en Perú; en Chile se registraron manifestaciones en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la subida del coste de la vida en 2008.

En Oriente Medio y el Norte de África, la inseguridad social y económica cobró protagonismo con las huelgas y protestas que se registraron en varios países, entre ellos Egipto. En Túnez, las huelgas y protestas se reprimieron con violencia y causaron la muerte de dos personas, numerosos heridos y más de 2.000 procesamientos de presuntos organizadores, algunos de los cuales se tradujeron en penas de prisión prolongadas.

"Todo lo ocurrido en 2008 –con una crisis económica en primer plano– indica que es preciso un nuevo modelo de liderazgo por parte de los dirigentes del mundo", ha afirmado Irene Khan. “Deben tomar verdaderas medidas, basadas en los derechos humanos, para atajar la creciente pobreza y deben invertir en derechos humanos con la misma fruición con que invierten en el crecimiento de la economía."

Sin libertad: periodistas que no pueden realizar su trabajo

Tue, 05 May 2009 15:13:46 +0100

Desde hace unos años, el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, es el día en que periodistas y profesionales de los medios de comunicación conmemoran la muerte de un número cada vez mayor de colegas en todo el mundo. Este año, sin embargo, ha habido un ligero alivio en la implacable oleada de malas noticias.

El informe anual publicado por la Federación Internacional de Periodistas sobre los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación muertos de forma violenta en 2008 registró un importante descenso de estas cifras, desde la cifra récord de 172 personas muertas en 2007 hasta las 109 muertas en 2008. En Irak, que desde 2003 es el país más peligroso donde ejercer el periodismo, en 2008 murieron 16 profesionales del periodismo, frente a los 65 de 2007. (Véase la nota sobre las cifras)

No obstante, esta reducción es un escaso consuelo para quienes han visto a sus colegas muertos, encarcelados o agredidos. La cifra de muertes puede haber disminuido, pero la libertad de prensa en todo el mundo ha seguido sometida a un ataque persistente.

Un posible motivo para la reducción de la cifra de periodistas muertos es la creciente tendencia de los gobiernos a negar a estos profesionales el acceso a las zonas de conflicto. En tres conflictos recientes –Gaza, Sri Lanka y la región fronteriza de Pakistán con Afganistán–, los gobiernos israelí, srilankés y paquistaní han impedido, respectivamente, que los periodistas accedan a la zona.

En otros lugares, los periodistas individuales se enfrentan a muy diversos problemas que les impiden realizar su trabajo. Desde los ataques directos de las autoridades y otras personas y entidades, hasta el uso de las leyes de difamación, los periodistas encuentran obstáculos a menudo insalvables para desempeñar su labor, tan necesaria para la defensa de los derechos humanos.

La libertad de expresión está consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una prensa libre es un elemento fundamental de la libertad de expresión, y es igualmente importante como factor clave en la protección de todos los derechos humanos. Cuando los periodistas son asesinados impunemente y cuando la censura y el temor hacen enmudecer la libre expresión, la sociedad entera paga el precio. Es en esas condiciones cuando el abuso de poder y la injusticia prosperan.

ATAQUES A PERIODISTAS EN TODO EL MUNDO:

Azerbaiyán – Emin Hüseynov
Emin Hüseynov, director del Instituto para la Libertad y la Seguridad de los Periodistas, fue hospitalizado en junio de 2008 con dolores de cabeza y de cuello. Según los informes, la policía lo había golpeado brutalmente cuando se opuso a que lo fotografiaran y le tomaran las huellas dactilares tras una concentración celebrada en Baku para conmemorar al revolucionario de origen argentino Che Guevara.

Según los informes, los investigadores oficiales que lo visitaron atribuyeron su estado a una “reacción neurasténica” o una “autolesión”. El 17 de junio de 2008, Emin Hüseynov fue trasladado de la sala de urgencias del Hospital Centralizado de Asistencia Médica de Urgencia a la sección de neurología, para continuar el tratamiento.

Brasil – Katia Camargo
El periodista de investigación Luiz Carlos Barbon, que había informado sobre la corrupción oficial, fue asesinado en mayo de 2007. Se ha detenido a unos agentes locales de la policía militar que están en espera de juicio por su asesinato. La esposa de Luiz Carlos Barbon, Katia Camargo, está recibiendo amenazas de personas vinculadas a los asesinos de su esposo, algunos de los cuales siguen en libertad.

Los periodistas brasileños, especialmente los que informan sobre la corrupción o las actividades delictivas de las autoridades, siguen sufriendo amenazas y ataques, en ocasiones, mortales.

China – Tan Zuoren
Tan Zuoren fue detenido por la policía en la ciudad de Chengdu, Sichuan, el sábado 28 de marzo. Ecologista y escritor, actualmente permanece detenido como sospechoso de “incitar a la subversión del poder del Estado”. Se encuentra recluido en el Centro de Detención de Wenjiang, y puede correr peligro de sufrir tortura u otros malos tratos.

Fuentes locales han manifestado su creencia de que la detención de Tan Zuoren está relacionada con la intención de éste de difundir materiales públicos sobre el primer aniversario del terremoto de Sichuan.

Entre estos materiales se encuentra una lista de niños y niñas que murieron durante el terremoto del 12 de mayo de 2008, así como un informe sobre el derrumbe de numerosos edificios escolares a causa de defectos en la construcción.

Tras el terremoto de Sichuan, las autoridades chinas inicialmente permitieron una libertad de prensa sin precedentes y ampliamente alabada en la zona del seísmo. Sin embargo, más tarde limitaron el acceso a los periodistas extranjeros, a los que impidieron entrar en localidades de las zonas afectadas, o a los que escoltaron fuera de dichas localidades.

Egipto
La Ley de Prensa y otras disposiciones del Código Penal de Egipto penalizan las actividades legítimas de difusión de la información, al tiempo que en el país se utilizan cargos penales por difamación para acosar a periodistas e impedirles informar sobre cuestiones de claro interés público.

En los últimos meses ha habido un incremento en el número de activistas por internet y autores de blogs detenidos y encarcelados en Egipto por actividades no violentas que, en opinión de las autoridades, constituían críticas al gobierno y sus políticas.

Haití – Jean Dominique
El 3 de abril del año 2000, Jean Dominique murió abatido por los disparos de un atacante no identificado ante las oficinas de su emisora de radio, Radio Haïti Inter, en Puerto Príncipe. El guarda de la emisora, Jean-Claude Louissaint, fue asesinado al mismo tiempo.

Estos asesinatos causaron conmoción en Haití, especialmente porque Jean Dominique era una figura muy respetada que llevaba cuatro décadas hablando abiertamente en favor de la democracia. Su homicidio supuso un fuerte golpe a la libertad de expresión en Haití. Nueve años después, los presuntos culpables aún no han sido llevados ante la justicia.

Rusia – Anna Politkovskaya
En febrero de 2009, un tribunal militar de distrito de Moscú absolvió a todos los acusados de implicación en el asesinato de la periodista de derechos humanos Anna Politkovskaya, asesinada el 7 de octubre de 2006 en Moscú. Anna Politkovskaya había sufrido intimidación y acoso a manos de las autoridades rusas, incluidas las autoridades de Chechenia, a causa de sus abiertas críticas a las políticas y acciones del gobierno.

Anna Stavitskaia, una de los representantes de los hijos de Anna Politkovskaya, señaló tras el juicio que la investigación había sido escasa y que la defensa de los acusados había sido mucho más enérgica.

Un destacado abogado de derechos humanos que había trabajado con Anna Politkovskaya fue abatido a tiros en el centro de Moscú en enero. Stanislav Markelov estaba preparando la apelación contra la liberación temprana de un ex coronel ruso condenado por el asesinato de una niña chechena. Anastasia Baburova, periodista de Novaya Gazeta, el mismo periódico para el que trabajaba Anna Politkovskaya, murió por las heridas sufridas en ese mismo ataque.

Somalia
Los periodistas de Somalia siguen enfrentándose a homicidios selectivos, amenazas de muerte, detención arbitraria e intimidación a manos de todas las partes del conflicto. En 2008 se detuvo en el país a unos 30 periodistas somalíes (durante periodos de entre 4 y 115 días), hubo más de 30 amenazas de muerte contra profesionales del periodismo, dos periodistas murieron y varios más resultaron heridos, sin que hubiera medio de llevar a los responsables ante la justicia. Desde principios de 2009 se han producido varios ataques y homicidios.

Nur Muse Hussein, de Radio Sagrado Corán, recibió un disparo en la pierna en Beletweyne el 20 de abril de 2009, mientras informaba sobre los combates entre el gobierno local y la milicia armada en la zona. Hassan Bulhan Ali, director de Radio Abudwaq, fue apuñalado cinco veces en el abdomen por un único atacante en Galgadud el 7 de febrero de 2009, en una reunión de reconciliación de clan.

Tres hombres armados con pistolas mataron a Said Tahlil Ahmed, director de HornAfrik en Mogadiscio: le dispararon cuatro tiros en la cabeza en el mercado de Bakara, Mogadiscio, el 4 de febrero de 2009, cuando se dirigía, junto con otros directores de medios de comunicación, a una reunión con el movimiento Al Shabab local.

A Hassan Mayow Hassan, de Radio Shabelle, una milicia local afiliada al gobierno lo mató de dos disparos en la cabeza tras darle el alto en un control de carretera en Afgooye, el 1 de enero de 2009, cuando se dirigía a informar sobre el conflicto armado en la zona.

Sri Lanka – Lasantha Wickramatunga
Lasantha Wickramatunga, director del periódico Sunday Leader, fue alcanzado el jueves 8 de enero de 2009 por los disparos de unos hombres no identificados mientras circulaba por Mount Lavinia, Colombo. Fue trasladado urgentemente al hospital de Kalubowila, donde murió.

El Sunday Leader ha publicado una serie de artículos en los que expone la injerencia política y la corrupción en los acuerdos de privatización. Sus comentaristas también han llamado la atención hacia los abusos contra los derechos humanos cometidos en el contexto de la intensificación de los combates. No hay indicios de que se haya llevado a cabo ninguna investigación que haya conducido a la detención y el procesamiento de los presuntos responsables de homicidios de periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación.

El periodista JS Tissainayagam (conocido normalmente como "Tissa") fue recluido en el centro de detención del Departamento de Investigación Terrorista en la capital, Colombo, el 7 de marzo de 2008, como sospechoso de estar relacionado con el grupo armado de oposición Tigres de Liberación de Eelam Tamil, conocido también como los Tigres Tamiles (JS Tissainayagam es de etnia tamil).

Tissa es más conocido por su columna semanal, “The Telescope”, en el periódico independiente en lengua inglesa Sunday Times. Desde 2002 hasta mediados de 2007 fue director de una revista de actualidad, North Eastern Monthly, que cubría los sucesos en las zonas del país más afectadas por los combates entre el gobierno y los Tigres Tamiles. En sus escritos criticaba la negativa de los sucesivos gobiernos a proteger los derechos humanos de la población tamil. A Tissa le denegaron por cuarta vez la libertad bajo fianza en una vista celebrada el 13 de enero de 2009.

Al menos 14 profesionales de los medios de comunicación han sido víctimas de homicidio ilegítimo en Sri Lanka desde principios de 2006. Otros han sufrido detenciones arbitrarias, torturas y, presuntamente, desapariciones forzadas mientras estaban bajo custodia de las fuerzas de seguridad. Más de 20 periodistas han abandonado el país en respuesta a las amenazas de muerte.

Sudán
En abril, nueve individuos acusados de asesinar en 2006 a Mohamed Taha, periodista y redactor jefe de un periódico sudanés, fueron ejecutados. Amnistía Internacional consideraba que todos ellos podían ser inocentes, ya que su juicio no había cumplido las normas internacionales sobre juicios justos, y sus confesiones se habían obtenido mediante tortura.

Las ejecuciones se llevaron a cabo inmediatamente después de que el Tribunal Constitucional confirmara las condenas de muerte.

Los servicios de seguridad ejercieron contra la prensa y los periodistas la represión más severa desde que, en 2005, como parte de la aplicación del Acuerdo General de Paz, se adoptó la Constitución Nacional Provisional, que establece disposiciones para salvaguardar la libertad de expresión y de prensa.

En febrero de 2008 se inició la reintroducción de medidas de censura contra periódicos de propiedad privada. Por aquel entonces, muchos periódicos locales habían informado sobre los vínculos entre el gobierno sudanés y los grupos de oposición chadianos que atacaban la capital de Chad, Yamena. Como represalia, representantes del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional reanudaron una inspección diaria de las oficinas de periódicos y las imprentas.

El ataque del Movimiento Justicia e Igualdad contra Omdurman en mayo provocó un endurecimiento de las restricciones a la prensa. El Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional atacó a numerosos periodistas: a unos los intimidó y acosó, y a otros los detuvo y recluyó, especialmente tras el ataque.

Al Ghali Yahya Shegifat, periodista y presidente de la Asociación de Periodistas de Darfur, fue detenido por el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional tras el ataque del Movimiento Justicia e Igualdad. Estuvo recluido en régimen de incomunicación más de dos meses, en el transcurso de los cuales fue sometido a continuas torturas. No le permitieron acceder a un abogado, y a sus familiares no les permitieron visitarlo: ni siquiera les informaron de su paradero. No se le ha acusado de ningún delito.

Túnez – Fahem Boukadous
Fahem Boukadous, periodista que trabaja para el canal de televisión tunecino Al Hiwar Ettounsi, fue acusado de “pertenecer a una asociación delictiva” y “propagar información susceptible de alterar el orden público” por sus informes legítimos sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante las protestas sociales de la región de Gafsa en 2008.

Se ocultó y fue juzgado in absentia el 12 de diciembre, junto a otras 37 personas, y fue condenado a seis años de prisión. Su condena fue confirmada en apelación en febrero de 2009. Continúa oculto, y al parecer sufre problemas respiratorios agudos.

El gobierno tunecino ha sometido a estrictas restricciones a los medios de comunicación, y varios periodistas han sido procesados a causa de sus actividades profesionales, a menudo por cargos aparentemente no relacionados.

Nota sobre las cifras: El Comité para la Protección de los Periodistas establece en 41 la cifra de periodistas muertos de forma violenta, 11 de ellos en Irak. Reporteros sin Fronteras establece la cifra en 60 periodistas y un asistente de medios de comunicación muertos de forma violenta, 15 de esos periodistas en Irak.