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Togo suprime la pena de muerte

Tue, 23 Jun 2009 20:00:02 +0100

Togo ha abolido la pena de muerte el 23 de junio de 2009 tras una votación unánime de la Asamblea Nacional.

Togo se convierte así en el decimoquinto miembro de la Unión Africana y en el 92º país del mundo que ha abolido la pena de muerte para todos los delitos.

“Este país ha decidido establecer un sistema de justicia sano que limite los errores judiciales [...] y garantice los derechos inherentes a la persona -manifestó el ministro de Justicia, Kokou Tozoun, cuando el 10 de diciembre de 2008 el gobierno togolés aprobó por primera vez el proyecto de ley sobre la abolición de la pena capital-. Este (nuevo) sistema no es compatible ya con un Código Penal que mantiene la pena de muerte y otorga a la magistratura un poder omnímodo de consecuencias irreversibles.”

En Togo se dejó de aplicar la pena de muerte hace más de 30 años. Las últimas ejecuciones de personas condenadas a muerte se remontan a 1978 y la última pena capital se impuso en 2003.

Con su votación de hoy, los parlamentarios togoleses han reforzado la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte en toda África.

En abril de 2009, Burundi aprobó un nuevo Código Penal en el que se suprimía la pena capital de la legislación. Varios países más, como Malí, están revisando su legislación y estudiando la eliminación total de la pena de muerte.

En libertad bajo fianza el médico indio Binayak Sen

Wed, 27 May 2009 11:16:22 +0100

El Dr. Binayak Sen, preso de conciencia que ha pasado dos años recluido en India, salió el pasado martes de prisión tras concederle el Tribunal Supremo la libertad bajo fianza.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la libertad bajo fianza del Dr. Sen, pues cree que las acusaciones formuladas contra él son infundadas y tienen una motivación política. La organización ha reiterado su llamamiento a las autoridades indias para que retiren de inmediato todos los cargos presentados contra el Dr. Sen.

El Dr. Sen, que se hallaba recluido en la prisión de Raipur, estado de Chhattisgarh, en el centro de India, ha expresado su agradecimiento a Amnistía Internacional y otras organizaciones que han hecho campaña en su favor. Ha manifestado que seguirá defendiendo los derechos humanos en Chhattisgarh a pesar de las posibles amenazas de “agentes estatales y no estatales” contra su vida.

Este médico de 59 años es pionero de la atención de la salud para las comunidades marginadas e indígenas de Chhattisgarh, donde durante los últimos seis años se han sucedido los enfrenamientos entre la policía estatal y los grupos maoístas armados.

Fue detenido el 14 de mayo de 2007 por cargos presentados contra él por motivos políticos, con objeto de impedirle continuar con su trabajo de derechos humanos, a raíz de que se reuniera con el líder encarcelado de una organización maoísta prohibida.

Todas las reuniones que había mantenido anteriormente con líderes maoístas encarcelados, en las que están basados algunos de los cargos presentados contra él, habían sido facilitadas por las autoridades de la prisión.

"El prolongado encarcelamiento del Dr. Sen es un claro ejemplo de cómo las autoridades indias hacen uso indebido de la legislación sobre seguridad para hostigar a activistas –ha manifestado Madhu Malhotra, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional–. Estas leyes se prestan a ser utilizadas indebidamente, pues contienen definiciones muy generales e imprecisas del concepto de ‘actividad ilegal’. En ninguna circunstancia debe calificarse de ‘actividad ilegal’ el trabajo de defensa pacífica de los derechos humanos.”

Antes de su detención, el Dr. Sen había criticado a las autoridades del estado por promulgar una legislación especial de seguridad, la Ley Especial de Seguridad Pública de Chhattisgarh, de 2005.

También había denunciado homicidios ilegítimos de adivasi (población indígena) a manos de la policía y de la Salwa Judum, milicia privada que, según opinión general, patrocinan las autoridades del estado para combatir a los grupos maoístas armados.

Las autoridades del estado no han realizado hasta ahora investigaciones efectivas e imparciales sobre tales homicidios.

El Dr. Sen pasó siete meses recluido sin que se presentaran contra él los debidos cargos. Se le negó la libertad bajo fianza, y estuvo tres semanas sometido a régimen de aislamiento. Muchos de los cargos formulados contra él están basados en leyes que contravienen las normas internacionales. Además, las reiteradas demoras que se venían produciendo en su juicio hicieron dudar de que se estuviera celebrando con las debidas garantías. Mientras tanto, el Dr. Sen solicitó atención médica especializa para sus problemas de corazón.

Liberados los últimos presos políticos de Zimbabue

Thu, 14 May 2009 10:08:10 +0100

Han quedado en libertad bajo fianza los últimos tres activistas políticos y de derechos humanos que aún permanecían bajo custodia del grupo de 18 que fueron detenidos la semana pasada en Zimbabue.

El miércoles 13 de mayo, el Tribunal Superior de Zimbabue puso en libertad a Kisimusi Emmanuel (Chris) Dhlamini, Andrison Shadreck Manyere y Gandi Mudzingwa.

Los tres hombres estaban hospitalizados –dos de ellos recibían tratamiento por las lesiones sufridas como consecuencia de actos de tortura infligidos por agentes de la seguridad del Estado– en el momento de concedérseles la libertad bajo fianza.

Formaban parte de un grupo de al menos 30 personas sometidas a desaparición forzada entre octubre y diciembre de 2008.

Más tarde, el 22 y 23 de diciembre, se "descubrió" en diversas comisarías de policía de Harare y alrededores a 23 de esas personas, entre ellas los tres hombres que quedaron en libertad el miércoles. La policía, en lugar de detener a los secuestradores, recluyó de forma ilícita a quienes habían sido sometidos a desaparición forzada.

Hay 7 personas que nunca fueron halladas. El Movimiento por el Cambio Democrático (facción del primer ministro Morgan Tsvangirai) defiende que estas personas también fueron secuestradas en la misma época.

Todos los ex detenidos, salvo Dhlamini, Manyere y Mudzingwa, recobraron finalmente la libertad en febrero y marzo de 2009.

Cuando se "descubrió" a Dhlamini, Manyere y Mudzingwa, se presentaron cargos penales contra ellos y fueron puestos a disposición judicial. Sus representantes letrados alegaron que debían ser tratados como parte acusadora y no como imputados, puesto que habían sido víctimas de desaparición forzada.

Se los acusó de insurgencia, bandidaje, sabotaje y terrorismo por unas explosiones que habían causado daños en instalaciones policiales y un puente. La opinión generalizada es que el Estado había presentado cargos falsos.

Cuando los abogados tuvieron acceso por fin a los tres hombres y pudieron entrevistarlos, Dhlamini y Mudzingwa declararon haber sido torturados. El juez, tras retrasarlo varias veces, les autorizó el acceso a médicos de su elección, quienes confirmaron que las lesiones que presentaban se correspondían con las denuncias de tortura.

El 17 de abril de 2009, tras haber pasado varios meses bajo custodia, los tres detenidos quedaron en libertad bajo fianza, porque el Estado no había presentado a tiempo una notificación de apelación. Sin embargo, tres días más tarde, Mudzingwa y Dhlamini fueron puestos de nuevo bajo vigilancia armada, custodiados primero por guardias penitenciarios y luego por guardias policiales.

El 5 de mayo, se dictó acta de acusación formal ordenando a 18 de los ex detenidos, entre ellos Mudzingwa, Dhlamini y Manyere, a comparecer ante el Tribunal Superior. Al día siguiente, 15 quedaron de nuevo en libertad bajo fianza.

Sin embargo, a Mudzingwa, Dhlamini y Manyere se les denegó la libertad bajo fianza porque los cargos que se habían presentado contra ellos –insurgencia, bandidaje, sabotaje y terrorismo– eran más graves. Los tres permanecieron detenidos en hospitales de Harare bajo vigilancia policial hasta el momento de su liberación.

Roxana Saberi excarcelada en Irán

Wed, 13 May 2009 12:36:43 +0100

La periodista iranoestadounidense Roxana Saberi fue excarcelada en Irán el lunes tras las protestas internacionales y nacionales por su detención. El domingo, un tribunal vio el recurso de apelación contra su condena de ocho años y la conmutó por una condena condicional de dos años por el cargo de “recabar información clasificada”.

El tribunal le prohibió además trabajar como periodista en Irán durante cinco años. Amnistía Internacional, que ha hecho campaña en favor de Roxana Saberi, ha expresado su satisfacción por la noticia de su excarcelación.

"Nos complace enormemente que se haya hecho justicia en el proceso de apelación y se haya puesto en libertad a Roxana Saberi en Teherán –afirmó el pasado lunes Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África–. No obstante, queremos señalar que nunca debió ser encarcelada.”

" Aunque nos alegramos por la liberación de la señora Saberi, ésta debe ser incondicional –continuó Hassiba Hadj Sahraoui–. En concreto, no debe tener restricciones para viajar, como las impuestas este fin de semana a Narges Mohammadi, asesora de la premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, y a Soraya Azizpanah, directora de la revista Rasan, a quienes se prohibió asistir a una conferencia en Guatemala.”

Según los informes, Roxana Saberi fue declarada culpable de “colaborar con un Estado hostil” por el Tribunal Revolucionario de Teherán, en un juicio celebrado a puerta cerrada en abril, y condenada inicialmente a ocho años de cárcel. Uno de sus abogados, Saleh Nikbakht, dijo a la agencia de noticias AFP que el tribunal de apelación había conmutado su pena basándose en que la relación entre Estados Unidos e Irán no podía calificarse de “hostil”.

”También pedimos a las autoridades iraníes que liberen a los demás presos de conciencia que hay en Irán –añadió Hassiba Hadj Sahraoui–, entre ellos los hermanos Alaie, encarcelados por acusaciones parecidas pero cuya reclusión creemos que es debida exclusivamente a su trabajo en el campo de la prevención y tratamiento del VIH/sida con instituciones internacionales, en concreto estadounidenses."

Los hermanos Alaei, ambos médicos especializados en la prevención y el tratamiento del VIH/sida, fueron detenidos en junio de 2008 y, tras un juicio injusto, condenados en enero de 2009 a seis y tres años de cárcel, respectivamente, por “cooperar con un gobierno enemigo”.

Según fuentes oficiales, los hermanos Alaei fueron detenidos en relación con una conspiración cuyo objetivo era lograr el “derrocamiento suave” de la República Islámica. Sus sentencias fueron confirmadas en una vista de apelación celebrada en marzo de 2009. Hubo otras dos personas condenadas a prisión en ese mismo caso.

Más de 3.100 profesionales de la medicina, la enfermería y trabajadores del sector de la salud pública de más de 85 países han firmado una petición online exigiendo su puesta en libertad.

Más de 20.000 personas firman una petición en favor de una sindicalista griega

Wed, 13 May 2009 12:48:57 +0100

Un ministro del gobierno griego se ha comprometido a conseguir justicia para la sindicalista Konstantina Kouneva después de que 22.000 personas firmaran una petición en su apoyo.

Amnistía Internacional entregó el martes 5 de mayo al viceministro del Interior, Hristos Markogiannakis, más de 22.000 peticiones para que se haga justicia en el caso de Konstantina Kouneva.

En una reunión con representantes de AI Grecia, el viceministro se comprometió a asegurarse de que la investigación del caso recibe máxima prioridad y se hace todo lo posible para poner a los perpetradores a disposición judicial.

Konstantina Kouneva, dirigente sindical, resultó gravemente herida el 22 de diciembre de 2008, cuando unos desconocidos le arrojaron ácido a la cara. La agresión se produjo tras aumentar la tensión entre ella y sus empleadores como consecuencia de sus actividades sindicales para conseguir derechos básicos para los trabajadores del sector de la limpieza.

Konstantina Kouneva había criticado en diversas ocasiones las prácticas utilizadas por los empleadores para explotar a los trabajadores, como retrasarse hasta cinco meses en el pago de sus salarios y no pagar la seguridad social de sus empleados, muchos de ellos migrantes.

La primera etapa de la investigación sobre la agresión no tuvo en cuenta las actividades de Konstantina Kouneva como dirigente sindical y, según los informes, la segunda avanza muy lentamente.

El mismo día en que se presentaron las peticiones al viceministro, representantes de Amnistía Internacional también realizaron una acción de teatro en la calle delante de la estación de metro de Katehaki, en Atenas, en apoyo de Konstantina Kouneva.

Tres activistas quedan en libertad en Malaisia

Tue, 12 May 2009 13:34:10 +0100

Las autoridades malaisias dejaron en libertad a tres activistas de derechos humanos de la Fuerza de Acción Hindú por los Derechos Humanos (HINDRAF, por sus siglas en inglés) el sábado 9 de mayo.

Los tres hombres formaban parte del grupo de cinco activistas de la HINDRAF detenidos y recluidos en diciembre de 2007 en aplicación de la Ley de Seguridad Interna por organizar manifestaciones de protesta sin permiso. Dos de ellos habían quedado en libertad el 5 de abril de 2009.

Sin embargo, los informes indican que uno de los detenidos, T Vasanthakumar, ha quedado en libertad con condiciones, como la prohibición de hablar con los medios de comunicación y la imposición de un toque de queda.

“Aunque acogemos con satisfacción la liberación de los cinco activistas de la HINDRAF, en primer lugar, estos presos de conciencia nunca deberían haber sido detenidos –ha afirmado Donna Guest, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía–. Además, pedimos al gobierno que elimine todas las condiciones impuestas a los cinco de la HINDRAF.”

La HINDRAF es una coalición que lucha por los derechos de las personas malaisias de etnia india que están marginadas. En noviembre de 2007 organizaron una concentración para presentar una petición ante la embajada británica en relación con los agravios sufridos por India tras el periodo colonial.

La policía, que había denegado el permiso para la concentración, respondió haciendo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes mediante la utilización de cañones de agua, gas lacrimógeno y cargas con porras, lo que provoco numerosos heridos.
Las personas que quedaron en libertad el sábado 9 de mayo son los abogados Uthayakumar Ponnusamy y Manoharan Malayalam y el secretario de la HINDRAF, T Vasanthakumar.

La Ley de Seguridad Interna sigue vigente, y un número indeterminado de personas continúan recluidas sin cargos. Disposiciones de la Ley permiten la reclusión indefinida sin cargos ni juicio.

Amnistía Internacional ha pedido la derogación de la Ley de Seguridad Interna o que se modifique y se eliminen todas las formas de detención administrativa que establece.

La semana pasada se produjo una oleada de detenciones en Malaisia, en el marco de la represión de la disidencia iniciada por el nuevo gobierno del primer ministro Najib Abdul Razak.

“Con la reciente oleada de detenciones de personas críticas con el gobierno durante periodos breves, el nuevo gobierno malaisio ha actuado de forma decepcionante”, ha afirmado Donna Guest.

Al parecer, las autoridades han detenido a personas simplemente por expresar sus opiniones políticas o reunirse pacíficamente para protestar contra la actuación del gobierno. Todas las personas detenidas han quedado en libertad. Amnistía Internacional ha instado al gobierno malaisio a no utilizar las detenciones arbitrarias de las personas críticas con él como una forma de reprimir la disidencia pacífica.

Liberados activistas políticos y de derechos humanos de Zimbabue

Thu, 07 May 2009 13:38:07 +0100

El 6 de mayo de 2009 quedaron en libertad 15 de los 18 activistas políticos y de derechos humanos de Zimbabue que habían sido detenidos el día anterior, 5 de mayo. No era la primera vez que los detenían. Los tres restantes continúan bajo custodia.

Jestina Mukoko, directora del Proyecto Paz de Zimbabue, importante organización local de derechos humanos, fue liberada la tarde del 6 de mayo junto a otras 14 personas, después de pasar una noche bajo custodia.

Sin embargo, a Kisimusi Chris Dhlamini, Shadreck Andrison Manyere y Gandhi Mudzingwa no se les concedió la libertad bajo fianza porque su caso, al parecer, era más complicado, ya que supuestamente se habían encontrado explosivos en su poder.

Amnistía Internacional reiteró su llamamiento para que las personas que siguen bajo custodia sean juzgadas sin demora y con todas las garantías y para que la Fiscalía retire los cargos que se imputan a todos los ex presos de conciencia, incluida Jestina Mukoko.

El 5 de mayo, 18 activistas políticos y de derechos humanos fueron detenidos de nuevo en Zimbabue, tras dictarse acta de acusación formal ordenándoles comparecer ante el Tribunal Superior acusados de terrorismo y colocación de bombas, cargos que, según creencia generalizada, habían sido falsificados por el gobierno anterior. El 4 de mayo, la Fiscalía General había solicitado al tribunal que revocase la libertad bajo fianza para los 18 acusados.

En virtud de la legislación de Zimbabue, cuando alguien es inculpado ante el Tribunal Superior, debe volver a solicitar la libertad bajo fianza.

“Estas personas fueron víctimas de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos. Durante meses después de que fueran “descubiertas” en distintas comisarías de Harare en torno al 23 de diciembre de 2008, a algunas se les negó reiteradamente el acceso a asistencia médica," afirmó Veronique Aubert, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Africa.

Dos de los detenidos, Ghandi Mudzingwa y Kisimusi Chris Dhlamini, no quedaron en libertad bajo fianza hasta abril de 2009. Ambos se encontraban hospitalizados bajo custodia policial cuando se les concedió la libertad, y continuaron allí después de su liberación, ya que estaban recibiendo tratamiento por lesiones causadas por la tortura. Tres días después de quedar en libertad bajo fianza, varios funcionarios de prisiones, que posteriormente fueron reemplazados por agentes de la Brigada de Orden Público de la Policía de la República de Zimbabue y del Servicio Central de Inteligencia, volvieron al hospital y los detuvieron ilegalmente.

“El juicio de estos activistas políticos y de derechos humanos tiene todas las características de un juicio político similar al proceso en el que fueron acusados 32 activistas del Movimiento por el Cambio Democrático detenidos en marzo de 2007 y en el que se les imputaron cargos que después fueron retirados o de los cuales fueron luego absueltos por los tribunales.”

"Las acusaciones también parecen hechas con mala fe y guardan similitud con el juicio por traición celebrado en 2002 contra Morgan Tsvangirai, actual primer ministro, y Welshman Ncube, ministro de industria y comercio en el gobierno de inclusión, y que también concluyó con la absolución de los dos acusados.”

“La detención de estos activistas proyecta sombras sobre el gobierno de inclusión y pone en duda el compromiso de las autoridades para poner fin a la cultura de violaciones de derechos humanos empleada por el gobierno anterior contra las personas a las que percibía como opositores”, afirmó Veronique Aubert.

El primer ministro de la región del Kurdistán iraquí expresa su firme compromiso con los derechos humanos

Fri, 24 Apr 2009 14:12:14 +0100

El primer ministro de la región del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani, expresó un firme compromiso con los derechos humanos en una reunión que mantuvo con Amnistía Internacional el jueves, 23 de abril de 2009, en la ciudad de Erbil.

Amnistía Internacional ha visitado la región del Kurdistán tras la publicación, la semana pasada, de su informe titulado Hope and Fear: Human rights in the Kurdistan Region of Iraq.

Según el informe, las fuerzas de seguridad de la región autónoma del Kurdistán, en Irak, actúan sin respetar el Estado de derecho y abusan habitualmente de su autoridad. En el informe se detallan muchos casos de personas detenidas arbitrariamente por los agentes de la Asayish (seguridad), algunas de las cuales fueron torturadas o víctimas de desaparición forzada.

En la reunión, el primer ministro Barzani afirmó que se estaba elaborando una nueva ley para que la Asayish rinda cuentas ante el Consejo de Ministros, si bien el calendario de esta medida no estaba todavía claro.

El primer ministro dijo a Amnistía Internacional que había leído personalmente el informe y había ordenado que se distribuyeran sus recomendaciones entre las autoridades de los centros de detención y los ministerios del gobierno. El primer ministro aseguró también su determinación de hacer que la Asayish y demás agencias de seguridad rindan plenamente cuentas de acuerdo con la ley.

En el informe de Amnistía Internacional se describen mejoras recientes, como la puesta en libertad, en 2008, de centenares de personas recluidas desde hacía largo tiempo por motivos políticos y la aprobación de reformas jurídicas que afectan a la condición de las mujeres y a la libertad de los medios de comunicación.

El primer ministro aseguró a la organización que tanto él como su gobierno están comprometidos con los esfuerzos por acabar con los delitos cometidos por motivos de “honor” y garantizar que las mujeres reciben protección efectiva contra la violencia, incluida la ejercida en el ámbito de la familia.

"El Gobierno Regional del Kurdistán ha tomado positivas medidas en materia de derechos humanos en los últimos años”, señaló Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional y jefe de la delegación enviada por la organización a la región del Kurdistán.

“En particular ha emprendido acciones concretas para combatir la violencia contra las mujeres, lo cual nos parece muy alentador. Al mismo tiempo, hemos hecho hincapié en la necesidad de garantizar que los defensores de los derechos humanos de las mujeres participan plenamente en todas las etapas de la elaboración y aplicación de políticas para poner fin a la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas y aumentar sus oportunidades en la vida.”

Las autoridades de Zimbabue liberan a los últimos activistas secuestrados en diciembre

Wed, 22 Apr 2009 13:29:35 +0100

Los tres últimos presos políticos secuestrados por agentes estatales en Zimbabue en diciembre de 2008 quedaron en libertad bajo fianza el viernes 17 de abril. Kisimusi Dhlamini, Andrison Manyere y Gandhi Mudzingwa estaban entre los más de 30 activistas políticos y de los derechos humanos que fueron víctimas de desaparición forzada y posterior detención ilegal.

Llevaban más de cuatro meses detenidos. Kisimusi Dhlamini y Gandhi Mudzingwa formaban parte del grupo de detenidos que fueron torturados por agentes estatales. Amnistía Internacional, que condenó los secuestros, ha acogido las liberaciones con reservas.

"La liberación debería haberse producido hace tiempo, y significa que podrán finalmente iniciar el difícil proceso de afrontar el trauma de haber sido víctimas de violaciones tan graves”, ha declarado Simeon Mawanza, experto de Amnistía Internacional sobre Zimbabue. "Esperamos que sea la última vez que vemos esta clase de actividad por parte de las autoridades de Zimbabue."

A Kisimusi Dhlamini, Andrison Manyere y Gandhi Mudzingwa se les concedió la libertad bajo fianza el 9 de abril. Sin embargo, el ministerio público intentó impedir su liberación notificando su intención de apelar ante el Tribunal Supremo para que revocara la orden.

Dado que la apelación del ministerio público no se presentó en el plazo de siete días estipulado por la ley, los detenidos quedaron en libertad. Siguen haciendo frente a cargos de terrorismo, que según creencia generalizada fueron falsificados por el Estado.

Los otros ex presos de conciencia y detenidos políticos que fueron víctimas de desaparición forzada y detención ilegal también se enfrentan a cargos semejantes.

Kisimusi Dhlamini y Gandhi Mudzingwa estaban bajo custodia policial en la clínica Avenues, donde recibían tratamiento después de haber sido torturados por agentes de seguridad del Estado tras su desaparición forzada. Andrison Manyere estaba recluido en la prisión de máxima seguridad de Chikurubi.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que investigue los informes de desaparición de activistas que presuntamente fueron secuestrados por agentes del Estado entre octubre y diciembre de 2008.

"Es un escándalo que el nuevo gobierno no haya investigado plenamente todavía la desaparición forzada de más de 30 personas el año pasado", declaró Simeon Mawanza. " Las autoridades tampoco han investigado las denuncias de tortura y malos tratos presentadas por las víctimas. De hecho, el Estado parece estar protegiendo a los responsables.

"El hecho de que estos activistas sigan teniendo que afrontar cargos suscita dudas acerca del compromiso del gobierno de poner fin a la cultura de violaciones de derechos humanos que utilizó el anterior gobierno contra sus presuntos opositores.”

Simeon Mawanza agregó que Amnistía Internacional se sentía especialmente decepcionada por la “actitud de no intervención” de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral y la Unión Africana, pese a la existencia de indicios claros de que el partido Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico está menoscabando el Acuerdo Político Global.

Periodista azerbaiyano indultado tras casi tres años de cárcel

Thu, 16 Apr 2009 13:29:21 +0100

El 9 de abril, casi tres años después de que fuera encarcelado, las autoridades azerbaiyanas pusieron en libertad a un periodista de la oposición. Sakit Zahidov fue indultado en virtud de una ley de amnistía aprobada en marzo por el Milli Mejles, el Parlamento del país.

La sentencia condenatoria y el encarcelamiento de Sakit Zahidov habían suscitado serias dudas al no aclarar las autoridades las ambigüedades presentes en las pruebas ni las irregularidades registradas en los procedimientos judiciales. Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia.

La organización acogió positivamente su excarcelación, pero expresó también su preocupación por el hecho de que periodistas independientes y de la oposición siguieran siendo víctimas de agresiones físicas, encarcelamiento y actos de acoso e intimidación por sus actividades profesionales.

Sakit Zahidov, poeta y conocido escritor satírico del periódico opositor Azadliq (Libertad), fue detenido el 23 de junio de 2006 por cargos de posesión y distribución de drogas ilegales. Se lo condenó a tres años de cárcel por consumir esas drogas.

Amnistía Internacional señaló que creía que su encarcelamiento se debía en realidad a que las autoridades intentaban sofocar su derecho a la libertad de expresión y acallar sus críticas sobre las acciones del gobierno.

Después de su detención, Sakit Zahidov afirmó que se habían colocado pruebas con el propósito de inculparlo y señaló que las autoridades lo perseguían por su trabajo. Las autoridades acosaron también a miembros de su familia y al periódico Azadliq.

Otros dos periodistas de publicaciones opositoras se encuentran actualmente encarcelados por las autoridades azerbaiyanas: Eynulla Fetullayev y Qenimet Zahid.

Después de trabajar en el semanario crítico Monitor –que cerró tras el asesinato de su redactor jefe, Elmar Hüseynov– Eynulla Fetullayev creó dos populares periódicos de la oposición, Realny Azerbaydzhan (El Azerbayán Real) y Gündelik Azerbaycan (Diario de Azerbaiyán), que fueron cerrados en mayo de 2007 después de que las autoridades inspeccionaran los locales en diversas ocasiones.

Tras ser juzgado dos veces en 2007, Eynulla Fetullayev fue condenado a ocho años y medio de cárcel por cargos de difamación, terrorismo, incitación al odio étnico y evasión de impuestos. Amnistía Internacional ha indicado que lo considera preso de conciencia y ha pedido su excarcelación inmediata e incondicional.

Un hermano de Sakit Zahidov, Qenimet Zahid, es redactor jefe de Azadliq. Qenimet Zahid fue detenido el 10 de noviembre de 2007 por cargos de vandalismo. Al parecer, había insultado a una mujer que pasaba por delante de su oficina e infligido daños físicos menores a un hombre que la acompañaba.

Activistas azerbaiyanos de derechos humanos han documentado el uso de “provocaciones” contra activistas de la oposición y muchos de ellos creen que este incidente se generó artificialmente con objeto de silenciar la voz de Qenimet Zahid.

En marzo de 2008, Qenimet Zahid fue condenado a cuatro años de cárcel por cargos de vandalismo y agresión. Amnistía Internacional ha señalado que cree que puede ser un preso de conciencia y pedirá su excarcelación en el caso de que se confirmen las denuncias según las cuales fue detenido por su actividad periodística.