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Refugiados iraníes liberados en Turquía

Tue, 27 Oct 2009 17:51:16 +0000

Dos refugiados iraníes a los que se había denegado el acceso al sistema de asilo de Turquía y que habían permanecido detenidos ilegalmente durante más de un año han sido puestos en libertad, tras meses de campaña en su favor por parte de Amnistía Internacional.

Mohsen Abdolkhani y Hamid Karimnia quedaron en libertad un mes después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolviera que su privación de libertad era ilegal.

Los dos hombres habían permanecido en el “centro de recepción para extranjeros” de K?rklareli, pese a la decisión del Tribunal que impedía su expulsión de Turquía hasta que el propio Tribunal hubiera estudiado el caso.

Mohsen Abdolkhani dijo a Amnistía Internacional: “Cuando supimos que nos iban a poner en libertad, fue como volver a nacer”.

Amnistía Internacional sigue sintiendo preocupación porque cientos de personas continúan recluidas ilegalmente en los centros de internamiento para extranjeros de Turquía.

El 28 de septiembre, Amnistía Internacional lanzó una campaña pública en la que pedía la liberación inmediata de Mohsen Abdolkhani, Hamid Karimnia y todas las demás personas recluidas en virtud de las disposiciones que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha decretado ilegales.

La organización pidió también que se revisen las normas que rigen la detención de personas en centros de internamiento para extranjeros, con el fin de prevenir futuras detenciones ilegales.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió el 22 de septiembre que Mohsen Abdolkhani y Hamid Karimnia habían sido detenidos ilegalmente y que, si hubieran sido devueltos a Irán o Irak, su devolución habría constituido una violación de su derecho a ser protegidos frente a la tortura u otros malos tratos.

Indulto para un condenado a muerte en Mongolia

Thu, 15 Oct 2009 14:30:50 +0000

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la noticia de la conmutación de la pena de muerte del preso mongol Buuveibaatar tras recibir el indulto del presidente del país, Ts. Elbegdorj.

El hombre, de 33 años, fue declarado culpable de asesinar al nuevo novio de su ex novia en enero de 2008. Su padre afirma que el crimen fue en defensa propia.

“Acogemos con satisfacción el indulto concedido por el presidente Elbegdorj, pero es sólo un primer paso”, ha declarado Sam Zarifi, director del director del programa de Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “El gobierno de Mongolia debe introducir una suspensión del uso de la pena capital y conmutar las penas de todas las personas que continúan condenadas a muerte en Mongolia.”

Buuveibaatar fue condenado a muerte por el Tribunal de Distrito de Bayangol, en la capital de Mongolia, Ulaanbaatar, el 1 de agosto de 2008.

El día siguiente al asesinato, Buuveibaatar fue detenido y llevado a la comisaría del distrito de Bayangol, donde lo interrogaron toda la noche sin permitirle acceder a un abogado. Según su padre, confesó el delito tras ser golpeado durante el interrogatorio bajo custodia policial.

Buuveibaatar había agotado todas sus posibilidades de apelación y sólo podría seguir con vida gracias a un indulto presidencial. Continuará cumpliendo una pena de prisión.

En 2008, al menos cinco personas fueron ejecutadas en Mongolia, en donde todo lo relacionado con la pena de muerte de considera secreto de Estado.

Los familiares y abogados de las personas condenadas a muerte no reciben notificación previa de la ejecución, y los cadáveres de las personas ejecutadas nunca se devuelven a sus familias. Según los informes, las condiciones en el pabellón de los condenados a muerte son deficientes.

“Amnistía Internacional pide al gobierno que ponga en marcha sin dilación todas las medidas necesarias para avanzar hacia la abolición de la pena de muerte, tal y como establece el Programa de Acción Nacional sobre Derechos Humanos de Mongolia”, ha añadido Sam Zarifi.

Los gobiernos firman por la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales

Fri, 25 Sep 2009 09:58:21 +0000

El jueves 24 de septiembre, 20 Estados comenzaron a firmar en la sede de la ONU en Nueva York un acuerdo internacional para atajar las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Por primera vez, el Protocolo Facultativo establece un mecanismo de acceso a la justicia a nivel internacional para las personas cuyos derechos económicos, sociales y culturales han sido violados.

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Son innumerables las personas que en todo el mundo, especialmente las que viven en la pobreza y sufren discriminación, soportan violaciones de sus derechos y la negación de justicia a nivel nacional. El Protocolo Facultativo les permitirá el acceso a la justicia a nivel internacional y al mismo tiempo apoyará los esfuerzos para que haya recursos efectivos disponibles para que las victimas puedan acceder a estos derechos en sus países.

“En el día de hoy se ha dado un paso decisivo hacia la justicia para las personas cuyos derechos económicos, sociales y culturales han sido violados”, ha dicho Muthoni Wanyeki, de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, al iniciar 20 Estados en la sede de Naciones Unidas la firma del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

“La Coalición celebra el significativo inicio hacia un apoyo universal para este histórico mecanismo: 33.794 personas y ONG de 111 países han firmado una petición global invitando a los Estados en situación de hacerlo a que sean partes en el Protocolo Facultativo a través de la ratificación.”

Los siguientes Estados han firmado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Argentina, Bélgica, Cabo Verde, Chile, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gabón, Italia, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Portugal, Senegal, Ucrania, Uruguay y Timor Oriental.

Liberan a mujer indígena mexicana encarcelada injustamente durante tres años

Fri, 18 Sep 2009 11:00:20 +0000

Amnistía Internacional recibe con agrado la liberación de la presa de conciencia mexicana Jacinta Francisco Marcial, encarcelada durante tres años tras ser acusada falsamente de secuestrar a seis agentes federales.

Madre de seis hijos, indígena otomí de Santiago Mexquititlán en el estado mexicano de Querétaro, fue condenada a 21 años de cárcel en diciembre de 2006.

Amnistía Internacional hace un llamado a que se revise completamente su procesamiento infundado y para que reciba una compensación completa por encarcelación injusta y equivocada.

“El gobierno mexicano finalmente reconoció que nunca hubo evidencia que justificara el juicio y sentencia de Jacinta a 21 años en prisión bajo cargos de secuestro”, dijo Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

“A Jacinta y a su familia se les han robado tres años de sus vidas mientras ella estaba en prisión por un delito que no cometió. Nada recuperará los tres años que perdió en prisión, pero es vital que los responsables de esta injusticia sean llevados ante la justicia y que ella reciba una compensación adecuada.”

Jacinta, de 46 años, fue liberada por el juez que presidía el nuevo juicio tras una apelación que ganó a principios de 2009. La decisión del juez era inevitable después de que la Procuraduría General de la República anunciara que no formularía una acusación en contra de Jacinta.

Jacinta Francisco Marcial fue declarada culpable del secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México.

Ellos declararon que Jacinta, junto con otros comerciantes con puestos en el mercado, los mantuvieron como rehenes durante un operativo contra vendedores de discos piratas en la plaza de Santiago Mexquititlán en marzo de 2006.

El 3 de agosto de 2006, más de cuatro meses después de los sucesos, Jacinta fue arrestada y llevada a la Procuraduría General de la República. Le dijeron que iban a interrogarla en relación con la poda de un árbol. Sin embargo, tras llegar a la prisión se enteró de que la acusaban, junto a otras dos mujeres, de secuestrar a los agentes.

El 18 de agosto de 2009 Amnistía Internacional adoptó a Jacinta como presa de conciencia después de haber concluido que no existía ninguna prueba contra Jacinta y que había sido arrestada, procesada y condenada por ser mujer indígena pobre.

Su liberación suscita preguntas graves acerca de la fiabilidad del caso entero de la acusación y destaca defectos evidentes en la investigación.

Amnistía ha hecho un llamado para que se revise de manera completa e imparcial la investigación, incluido el caso contra las coacusadas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes también fueron declaradas culpables de secuestrar a los seis agentes federales junto con Jacinta.

Liberados seis periodistas de Gambia

Fri, 04 Sep 2009 16:46:51 +0000

Seis periodistas de Gambia encarcelados por difamación y sedición fueron liberados el jueves, 3 de septiembre, gracias a un indulto presidencial.

“Amnistía Internacional siente una enorme alegría por la liberación de estos periodistas, que, para empezar, habían sido declarados culpables erróneamente”, ha manifestado Tania Bernath, investigadora de Gambia para Amnistía Internacional. “Sus familias deben sentir alivio y felicidad al tenerlos de nuevo con ellas sanos y salvos.”

Los seis habían sido condenados el 6 de agosto a una pena preceptiva de dos años de prisión, y a una multa de 250.000 dalasis (10.000 dólares estadounidenses). Permanecían recluidos en la prisión de Milla 2.

Amnistía Internacional los consideraba presos de conciencia, y había pedido su liberación inmediata e incondicional.

Los seis periodistas son: Emil Touray, secretario de la Asociación de la Prensa de Gambia (Gambian Press Union, GPU); Sarata Jabbi Dibba, vicepresidenta de la GPU; Pa Modou Faal, tesorero de la GPU; Pap Saine y Ebou Sawaneh, editor y director del periódico Point; y Sam Sarr, director del periódico Foroyaa.

Todos ellos fueron detenidos el 15 de junio de 2009 tras la publicación de una declaración de la GPU que criticaba al presidente Yayha Jammeh por los “inadecuados” comentarios realizados en una emisora de televisión estatal sobre el asesinato no resuelto, cometido en 2004, del director de Point Deyda Hydara.

Según los medios de comunicación, en una entrevista concedida el 8 de junio al Servicio de Radio y Televisión de Gambia, gestionado por el Estado, el presidente Jammeh dijo que la investigación del gobierno sobre el asesinato de Hydara estaba paralizada, y sugirió que los periodistas interesados debían “preguntar a Deyda Hydara quién lo mató”.

La represión de los medios de comunicación en Gambia es ya una larga historia. También va en aumento la falta de independencia del poder judicial en casos relacionados con periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

En noviembre de 2008, durante el 44 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, celebrado en Abuja, Nigeria, Amnistía Internacional publicó el informe Gambia: Fear Rules, en el que se destacaba el deterioro de la situación de los derechos humanos en Gambia.

Amnistía Internacional, junto con grupos de la sociedad civil de todo África, organizó el 22 de julio de 2009 un día de acción para protestar contra las constantes violaciones de derechos humanos cometidas en Gambia, incluida la represión de los medios de comunicación.

Chile dicta órdenes de detención contra al menos 120 agentes de Pinochet

Fri, 04 Sep 2009 12:38:31 +0000

Las órdenes de detención dictadas por un juez chileno contra al menos 120 personas, todas ellas anteriormente personal militar o de seguridad, constituyen un avance importante en pro de la justicia en un país que no ha prestado suficiente atención a su pasado, indicó Amnistía Internacional el pasado miércoles 2 de septiembre.

El juez chileno Víctor Montiglio ha dictado órdenes de detención contra agentes del régimen de Augusto Pinochet en relación con varias operaciones de seguridad que tuvieron como objetivo opositores a su régimen durante la década de 1970. No se sabe con exactitud cuántas órdenes se han dictado, pero se cree que pueden ser hasta 165.

Las operaciones de seguridad en cuestión incluyen la Operación Cóndor –una campaña coordinada por la cual personas que se oponían a los regímenes militares en Sudamérica fueron objeto de detenciones y desapariciones forzadas– y la Operación Colombo, en cuyo contexto la desaparición forzada de 119 activistas chilenos fue presentada por el gobierno como el resultado de una disputa interna.

Muchas de las órdenes se han dictado contra agentes que todavía no han sido llevados ante la justicia por su participación en violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

“Chile ha reconocido públicamente su pasado turbulento. Ahora el gobierno tiene que dar un paso más, obligando al Ejército a hacer pública de una vez por todas la información que tiene relativa a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet para garantizar que se hace justicia por todos los abusos de los derechos humanos cometidos en esa etapa”, ha afirmado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

La Operación Cóndor fue un plan coordinado por los gobiernos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay para eliminar a “opositores” durante las décadas de 1970 y 1980. En el contexto de la operación se cometieron de forma generalizada abusos de los derechos humanos, incluidos homicidios y desapariciones forzadas.

Muchas de las personas responsables de estos abusos todavía no han sido identificadas ni llevadas ante la justicia.

“Los supervivientes y los familiares de las personas que han sido objeto de torturas, homicidios y desapariciones forzadas cometidas en el contexto de la Operación Cóndor siguen esperando justicia. Ya es hora de que los gobiernos de esta región garanticen que la justicia no tiene que esperar ni un sólo día más”, ha señalado Susan Lee.

En lo que ha supuesto otro paso positivo, el pasado miércoles 2 de septiembre el Senado chileno adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La Convención se convertirá en ley una vez que sea aprobada por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y, aunque no será de aplicación para aquellos delitos cometidos en el pasado, será un importante instrumento de protección frente a delitos futuros.

Tres personas condenadas a muerte han sido liberadas en Nigeria

Thu, 27 Aug 2009 12:54:30 +0000

Lagos, uno de los estados más influyentes de Nigeria, ha dado un paso importante en la abolición de la pena capital al indultar y poner en libertad a tres personas condenadas a muerte. En el mismo estado se han conmutado también las condenas de muerte impuestas a otras 37 personas, entre ellas 29 que cumplirán ahora penas de cadena perpetua.

“Esta noticia supone un avance para los derechos humanos en Lagos”, ha manifestado Aster van Kregten, investigador de Amnistía Internacional sobre Nigeria.

“El gobernador del estado ha acabado con el espectro de la muerte que amenazaba a algunos de sus conciudadanos. Amnistía Internacional acoge positivamente este importante paso en la protección de los derechos humanos y aplaude al gobernador por la determinación que ha mostrado al respecto. Animamos a otros a que sigan su ejemplo.”

“Esperamos también que los dirigentes del estado de Lagos sigan el camino abierto por esta audaz medida, declarando una suspensión de las ejecuciones y aboliendo en última instancia la pena de muerte para todos los delitos. Gracias a su ejemplo, el estado de Lagos tiene ahora la oportunidad de liderar la ruta hacia la abolición de la pena de muerte en Nigeria.”

El gobernador del estado, Babatunde Fashola, señaló que había concedido el indulto por “razones humanitarias”. Agregó que había querido dar a los presos “la oportunidad de cambiar y rehabilitarse en la sociedad”.

Aunque no se ha ejecutado a nadie desde hace más de diez años, en el estado de Lagos se siguen imponiendo condenas de muerte. Está previsto que este año se revise el Código Penal del estado.

En los últimos años, la pena capital ha sido con frecuencia tema de debate político en Nigeria. Entre 1970 y 1999, bajo los gobiernos militares, se aplicaron más de 2.600 condenas de muerte, impuestas en su mayoría por los tribunales de robo y tenencia ilícita de armas de fuego. El número de ejecuciones de personas condenadas a muerte disminuyó cuando, en mayo de 2009, el régimen militar dio paso a un gobierno civil.

Dos comisiones de expertos creadas por el ex presidente Obasanjo –el Grupo Nacional de Estudio sobre la Pena de Muerte (2004) y la Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración de Justicia (2007)– recomendaron una suspensión de las ejecuciones.

En 2008, al menos 40 personas fueron condenadas a muerte en Nigeria y alrededor de 735 estaban pendientes de ser ejecutadas, entre ellas 11 mujeres. En muchos casos no habían tenido un juicio justo.

En la actualidad, 139 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. África es una región en gran medida sin pena de muerte. Se cree que en 2008 sólo se llevaron a cabo ejecuciones en 2 de los 53 Estados miembros de la Unión Africana.

Condena a cadena perpetua para un general de la dictadura militar argentina

Fri, 14 Aug 2009 12:35:49 +0000

Un ex general que dirigía un centro de detención durante la dictadura militar argentina ha sido condenado a cadena perpetua por cometer violaciones de derechos humanos.

Santiago Omar Riveros fue comandante de la tristemente célebre prisión de Campo de Mayo, próxima a Buenos Aires, en la que durante la dictadura (1976-1983) se mantuvo retenidos a aproximadamente 5.000 presos.

El jueves 13 de agosto, Santiago Omar Riveros fue declarado culpable de torturar y matar a golpes a Floreal Avellaneda, un muchacho de 15 años de edad, y de secuestrar a su madre, Iris.

Los dos fueron secuestrados al mes de que se produjera el golpe militar de 1976, al objeto de averiguar el paradero del padre de Floreal Avellaneda, homónimo, dirigente sindical afiliado al Partido Comunista.

Iris quedó en libertad tras casi tres años de reclusión y tortura. El cuerpo de su hijo fue hallado en la costa uruguaya, hasta donde lo había arrastrado el mar, atado de pies y manos y con signos de haber sido golpeado.

"Esta condena supone un importante logro en la lucha por que se haga justicia a las víctimas de la 'guerra sucia' de Argentina y en la batalla contra la impunidad de que gozan muchos de los responsables", ha declarado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

El padre del adolescente manifestó su satisfacción por la sentencia, pero pidió que Santiago Omar Riveros no sea indultado. "Debe cumplir la pena en una prisión ordinaria. Incluso si muere en prisión, nunca sufrirá lo que hemos sufrido nosotros", ha declarado.

El ex general, que tiene ahora 86 años, está acusado de cometer más de 40 crímenes de lesa humanidad contra víctimas a las que en la época se consideró presuntos desaparecidos. Durante los años del régimen militar, encabezado por el general Leopoldo Galtieri, alrededor de 30.000 personas desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad y sigue sin saberse nada de ellas.

Líderes estudiantiles de Zimbabue en libertad bajo fianza

Mon, 10 Aug 2009 11:23:14 +0000

Los cuatro líderes estudiantiles detenidos la semana pasada cuando pronunciaban un mitin ante los estudiantes de la Universidad de Zimbabue, en Harare, han quedado en libertad. El viernes 7 de agosto, el presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Zimbabue (ZINASU), Clever Bere, y otros tres representantes de la organización quedaron en libertad.

Clever Bere, Kudakwashe Chakabva, de la Politécnica de Harare, Archieford Mudzengi, de la Escuela de Minas de Zimbabue, y Brian Rugondo, de la Universidad de Zimbabue habían sido detenidos el 5 de agosto por su presunta participación en un encuentro cuyo objetivo era fomentar la violencia pública, quebrar la paz o el fanatismo. Otros diez estudiantes detenidos a la vez que ellos quedaron en libertad el mismo día.

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción las liberaciones, pero reitera su llamamiento para que se retiren los cargos contra los líderes estudiantiles.

“Estamos consternados por el hostigamiento y las intimidaciones constantes de la policía a activistas y defensores de los derechos humanos a pesar de la formación de un gobierno de coalición en febrero de este año –ha manifestado Erwin van der Borght, director del Programa de Amnistía Internacional para África–. Estos estudiantes han sido detenidos simplemente por intentar ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.”

“La detención ilegal de los cuatro líderes estudiantiles demuestra una vez más la necesidad de reformar con urgencia el sector de la seguridad en Zimbabue, dadas las numerosas violaciones de derechos humanos que continúan cometiéndose.”

Vida para 4.000 kenianos condenados a muerte

Wed, 05 Aug 2009 09:54:54 +0000

El lunes 3 de agosto se conmutó en Kenia por cadena perpetua la sentencia de muerte de más de 4.000 presos que esperaban ser ejecutados. Según fuentes periodísticas, se trata de la mayor conmutación de penas de la historia. En Kenia no se ha ejecutado a ninguna persona desde hace 22 años.

En una declaración emitida por la radio nacional, la Kenya Broadcasting Corporation, el presidente keniano, Mwai Kibaki, ha manifestado: “La prolongada permanencia en el pabellón de la muerte en espera de ejecución ocasiona una agonía y sufrimiento mental injustificables, traumas psicológicos y ansiedad, y puede decirse que constituye trato inhumano.”

Al tiempo que ha ordenado a los órganos gubernamentales pertinentes que realicen un estudio sobre si la pena de muerte tiene alguna repercusión real en el combate contra la delincuencia, el presidente ha aclarado que la decisión de conmutar las sentencias de muerte no quiere decir que se haya abolido la pena capital en el país, que sigue en vigor como pena aplicable en virtud de la legislación keniana.

La pena de muerte se sigue imponiendo en Kenia a las personas declaradas culpables de robo a mano armada o asesinato.

Piers Bannister, especialista de Amnistía Internacional en la pena de muerte, ha declarado: “Se trata de un paso adelante en materia de derechos humanos en Kenia. Estamos convencidos de que el estudio que el presidente ha ordenado que se lleve a cabo concluirá que la pena de muerte carece de cualquier tipo de efecto disuasorio, que constituye una factor de embrutecimiento de la sociedad y que con frecuencia se impone a personas inocentes.

"Ha llegado la hora de que Kenia se una a la mayoría de los países del mundo que ya lo han hecho y proceda a abolir totalmente la pena capital," concluye Piers Bannister.

Desde 1988 no se tenía noticia de una conmutación de sentencias de magnitud semejante. Ese año se conmutaron en Pakistán 2.000 sentencias. En 2003, Kenia había conmutado 223 sentencias de muerte.

En marzo de 2005, el ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales declaró ante la Comisión de Derechos Humanos que el gobierno de Kenia estaba plenamente comprometido con la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, en agosto de 2007, el Parlamento del país rechazó una moción por la que se pretendía abolir la pena capital.

Los 92 establecimientos penitenciaros existentes en Kenia se construyeron para albergar una población reclusa de unas 17.000 personas. En la actualidad, el número de presos que acogen es de unos 48.000. Se trata de uno de los sistemas penitenciarios menos dotado de recursos y con mayor grado de hacinamiento del mundo.