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Fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales

Thu, 19 Jun 2008 18:39:50 +0100

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado un nuevo instrumento jurídico para reforzar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

En la sesión que celebró el miércoles 18 de junio, el Consejo adoptó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Protocolo Facultativo permitirá que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU examine las quejas que presenten personas que busquen una reparación por violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales.

Se podría utilizar para contribuir a solucionar casos como la exclusión de los menores romaníes de la educación en muchos países europeos o la violación del derecho a una vivienda en varios países africanos.

Amnistía Internacional acogió con satisfacción la adopción del Protocolo Facultativo como “un momento histórico de la lucha para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos”.

“Las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los relativos a una vivienda adecuada, a alimentos, agua y condiciones de salubridad, así como a la salud y a la educación, afectan con más frecuencia y de forma más severa a los grupos marginados y a personas que viven en la pobreza”, señaló Amnistía Internacional.

Con la adopción del Protocolo Facultativo, la ONU ha dado un paso importante en el cumplimiento de la promesa contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de hacer más efectivo el derecho a un recurso contra violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.

Aunque Amnistía Internacional acogió con satisfacción el Protocolo, señaló que “podría, y debería, haber sido un instrumento más enérgico, que hubiera estado más basado en la experiencia de los mecanismos de comunicaciones existentes”.

La organización calificó el texto acordado como “una solución de compromiso honorable que debería servir de catalizador para el desarrollo de recursos efectivos contra las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales”.

Amnistía Internacional pidió también a todos los Estados miembros de la ONU que celebren el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la adopción de este Protocolo Facultativo, en su forma actual, por la Asamblea General el 10 de diciembre de 2008.

Activista liberada en Uzbekistán

Thu, 05 Jun 2008 12:05:53 +0100

La defensora de los derechos humanos uzbeka Mutabar Tadzhibaeva, condenada en 2006 a ocho años de prisión, fue puesta en libertad de forma inesperada el lunes 2 de junio.

Esta presa de conciencia, galardonada el mes pasado con el Premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos de 2008, fue llevada en automóvil a su casa de Margilán, donde se reunió con su familia. Tadzhibaeva ha expresado su agradecimiento a las ONG, entre ellas Amnistía Internacional, que hicieron campaña para conseguir su libertad.

“Pasé 900 días en una ‘isla de la tortura’, 700 de ellos en régimen de aislamiento –ha manifestado Tadzhibaeva–. Sólo conseguí soportarlo gracias al apoyo de la gente que sentía preocupación por mi suerte. Fue lo único que me infundió las fuerzas necesarias. Quiero agradecerles que no hayan olvidado a mis seres queridos: eso me ayudó a permanecer firme.”

Mutabar Tadzhibaeva fue arrestada en mayo de 2005 tras criticar la reacción del gobierno uzbeko frente a la matanza de Andiyán. El 7 de marzo de 2006 la condenaron a ocho años de cárcel por 17 cargos diferentes, entre ellos “difamación” y “pertenencia a una organización ilegal”.

Según el hermano mayor de Mutabar, ésta no sabía que le iban a devolver la libertad sino que creía que la llevaban a un hospital de Tashkent para someterla a exámenes médicos. El hermano de Mutabar dijo que la defensora de los derechos humanos estaba pálida y había adelgazado, pero que su estado emocional era satisfactorio.

La liberación de Tadzhibaeva fue acogida con satisfacción por la comunidad de activistas de los derechos humanos, que atribuyeron la medida a la presión internacional. Los seis años que le quedaban por cumplir de su condena de ocho años han sido conmutados por una pena condicional de tres años.

Las autoridades rusas, responsables de la desaparición forzada de mujeres chechenas

Tue, 03 Jun 2008 17:35:30 +0100

En una sentencia pronunciada el 29 de mayo de 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado que las autoridades rusas son responsables de la desaparición forzada de dos jóvenes mujeres chechenas, Aminat Dugaeva y Kurbika Zinabdieva, ocurrida en mayo de 2003.

“La sentencia del Tribunal es un paso adelante en la lucha por obtener justicia para Aminat, Kurbika y sus familiares. Seguiremos haciendo campaña en su favor y exhortamos a las autoridades rusas a garantizar que se investigará exhaustivamente la desaparición forzada de estas dos mujeres y que los responsables serán puestos a disposición judicial”, ha manifestado Nicola Duckworth, de Amnistía Internacional.

Estas mujeres, integrantes de la misma familia, fueron secuestradas la noche del 16 de mayo de 2003 en el domicilio de Kurbika, en Ulus-Kert, Chechenia, por un grupo de 20 hombres vestidos de uniforme azul y pasamontañas.

Aminat tenía apenas 15 años. Kurbika, que padecía un tumor cerebral y epilepsia, necesitaba cuidados constantes. Sus familiares no han vuelto a saber de ellas.

En su sentencia del 29 de mayo, Gekhayeva and others v. Russia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio su respaldo de forma categórica a las alegaciones de la familia de que los secuestradores eran en realidad soldados rusos. El Tribunal también criticó a las autoridades rusas por no haber proporcionado documentación relativa a la investigación oficial sobre el caso.

El Tribunal Europeo resolvió que la investigación oficial, iniciada en 2003, había sido incompleta e inadecuada. La investigación estuvo suspendida desde junio de 2004 hasta agosto de 2006 y hasta la fecha no ha conseguido identificar a los responsables de la desaparición forzada de estas mujeres.

Por consiguiente, el Tribunal falló que las autoridades rusas habían cometido una violación grave del Convenio Europeo de Derechos Humanos, concluyendo que:
•    se había producido una violación del derecho a la vida, dado que debía presumirse que las mujeres habían muerto tras su detención no reconocida a manos de soldados rusos y dado que las autoridades no habían justificado el uso de fuerza letal por sus agentes;
•    la detención no reconocida de Aminat y Kurbika había violado su derecho a la libertad y a la seguridad;
•    la forma en que las autoridades rusas habían tratado las quejas presentadas por los familiares de las víctimas constituía trato inhumano, dados el estrés y la angustia que habían sufrido.

El Tribunal también concluyó que las autoridades rusas no habían llevado a cabo una investigación criminal efectiva. Entre las graves deficiencias determinadas por el Tribunal figuraba la negativa inicial de las autoridades a abrir una investigación criminal y la suspensión de la investigación durante más de dos años.

Acuerdo en Dublín para un tratado sobre municiones en racimo

Fri, 30 May 2008 11:18:48 +0100

El miércoles 28 de mayo, 110 Estados llegaron en Dublín a un acuerdo sobre el texto provisional de una nueva e histórica Convención sobre Municiones en Racimo, que prohibirá el "empleo, la producción y la transferencia de municiones en racimo”.

A este acuerdo se ha llegado tras una campaña mundial organizada por miembros de la sociedad civil, y tras la celebración de diversas conferencias internacionales con la participación de gobiernos y ONG, que comenzaron en Oslo en febrero de 2007, y terminaron el viernes 30 de mayo de 2008, tras 10 días de intensas negociaciones en Dublín, bajo el liderazgo del gobierno irlandés.

El tratado provisional se adoptará formalmente en Dublín el viernes, 30 de mayo de 2008, y quedará abierto a la firma de todos los Estados en Oslo en diciembre de 2008. Tan pronto como se adopte formalmente, sus más de 100 Estados Parte, entre ellos numerosos aliados de la OTAN, como Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido, se comprometerán a poner fin al uso de estas armas de efectos indiscriminados. El tratado será jurídicamente vinculante una vez que lo hayan ratificado 30 Estados.

Amnistía Internacional se ha unido a sus socios y aliados de todo el mundo en la campaña de la Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC, por sus siglas en inglés), a la hora de dar la bienvenida a este trascendental acuerdo, que constituirá una nueva norma internacional sobre la prohibición de armas de efectos indiscriminados y la protección de la población civil en conflictos armados y tras éstos.

Amnistía Internacional considera que si bien el tratado no es perfecto, permitirá a los Estados reducir de manera considerable el peligro de muertes y lesiones de civiles en conflictos y situaciones posconflicto.

A lo largo de varios años, Amnistía Internacional ha contribuido a denunciar los efectos de las bombas en racimo, por ejemplo en Irak y Líbano, y ha participado activamente en la CMC desde 2007. Varias Secciones de Amnistía Internacional (en especial AI Austria, AI Irlanda, AI Noruega, AI Nueva Zelanda y AI Perú) han colaborado en las reuniones del “proceso de Oslo”, mientras que otras muchas han llevado a cabo actividades de captación de apoyos entre sus respectivos gobiernos, algunos de los cuales fabrican estas armas, como es el caso de AI Bélgica, AI Estados Unidos, AI Francia y AI Reino Unido. Asimismo, una delegación de expertos de Amnistía Internacional participó en la conferencia de Dublín.

Uno de los aspectos más destacados del texto del tratado es su prohibición categórica de las municiones en racimo. A pesar de que algunos países han tratado de proteger sus arsenales, no se ha permitido ningún periodo de transición ni se han contemplado excepciones.

Además, las disposiciones relativas a la ayuda humanitaria a las víctimas y comunidades afectadas, y a las obligaciones de los países afectados y los donantes en relación con la remoción y limpieza de áreas contaminadas, va más allá de lo acordado en el tratado contra las minas terrestres, y desarrolla lo establecido en la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

No obstante, resulta decepcionante la incorporación al tratado de una controvertida disposición por la que se permiten operaciones militares conjuntas con Estados que se nieguen a ratificarlo. Por su parte, los activistas insisten en que se debe interpretar que el tratado prohíbe a terceros países almacenar este tipo de armas en el territorio de los Estados Parte, y a los Estados Parte ayudar conscientemente a utilizarlas.

Las municiones en racimo son armas que se abren en el aire y esparcen aleatoriamente decenas o cientos de submuniciones explosivas en grandes extensiones. Las municiones en racimo suponen un peligro grave para la vida y el sustento de la población civil, tanto en el momento de su uso como una vez que han cesado las hostilidades, dada la amplitud del área a la que afectan y el elevado número de submuniciones que quedan sin detonar. Estas últimas tienen repercusiones a largo plazo: conducen a violaciones de derechos humanos y dificultan las labores de asistencia humanitaria, las operaciones de paz y las tareas de reconstrucción y desarrollo tras los conflictos. A menos que se tomen internacionalmente medidas prácticas, las municiones en racimo serán una amenaza cada vez mayor para la población civil, a medida que van proliferando y se utilizan cada vez más a escala mundial.

Pakistán ratifica un tratado de derechos humanos clave

Fri, 18 Apr 2008 18:24:14 +0100

Pakistán ha ratificado un tratado de derechos humanos de la ONU clave y ha firmado otros dos.

“Convertirse en Estado Parte en pactos de derechos humanos de la ONU es un paso clave para garantizar que en Pakistán se respetan, protegen y hacen realidad los derechos humanos, de conformidad con las normas internacionales”, ha dicho Amnistía Internacional.

La organización ha pedido a las autoridades paquistaníes que aprovechen esta oportunidad para abordar los acuciantes problemas de derechos humanos del país.

Al presentar su candidatura para las elecciones del Consejo de Derechos Humanos en abril de 2006, Pakistán se comprometió a ratificar pronto tratados básicos de derechos humanos.

El 17 de abril de 2008, el país cumplió este compromiso al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Durante muchos años, Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a Pakistán a que ratifique éstos y otros tratados de derechos humanos de la ONU.

Amnistía Internacional ha pedido ahora al gobierno paquistaní que ratifique sin demora el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, y promulgue la legislación necesaria que garantice que los tres tratados pasan a formar parte de las leyes nacionales de Pakistán. El país debe asimismo ratificar el resto de tratados de derechos humanos y sus protocolos facultativos, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y hacer plenamente efectivos los tratados internacionales de derechos humanos en la ley y en la práctica.

Amnistía Internacional ha instado también a las nuevas autoridades paquistaníes a poner en libertad o revelar la suerte y el paradero de todas las víctimas de desaparición forzada; a poner fin a todas las detenciones secretas, en régimen de incomunicación y administrativas; a poner fin a todas las torturas y malos tratos y revocar todas las leyes que impliquen penas crueles, inhumanas o degradantes; y a declarar la suspensión de todas las condenas a muerte y conmutar las penas de muerte de las más de 7.000 personas que actualmente están en espera de ejecución.

Liberación de sindicalista iraní

Fri, 11 Apr 2008 17:40:00 +0100

Mahmoud Salehi, destacado sindicalista de Irán ha sido excarcelado tras cumplir una condena de prisión de un año. Según la información disponible, el activista sindical independiente Mahmoud Salehi, uno de los cofundadores del Sindicato de Trabajadores de Panadería de Saqez, fue puesto en libertad bajo fianza el pasado domingo 6 de abril.

Mahmoud Salehi había sido objeto de una enérgica campaña conjunta de captación de apoyos por parte de organizaciones sindicales y de derechos humanos internacionales desde 2007. Amnistía Internacional participó en esa campaña junto con la Confederación Sindical Internacional y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, en la que se organizaron una serie de manifestaciones y protestas conjuntas ante embajadas iraníes de todo el mundo.

Salehi había sido condenado originalmente a cuatro años de prisión por organizar en Saqez una concentración de trabajadores independientes el 1 de mayo de 2004. Su condena fue reducida en apelación a un año de prisión con tres años de suspensión de la pena.

Finalmente empezó a cumplir la condena el 9 de abril de 2007 en Saqez, para ser después trasladado a una prisión de alta seguridad en Sanandaj, capital de Kurdistán. Su salud sufrió un grave deterioro durante su encarcelamiento, ya que las autoridades penitenciarias se negaron repetidamente a proporcionarle atención médica adecuada para una insuficiencia renal aguda y otras enfermedades graves.

El 6 de marzo de 2008 se celebró un Día Internacional de Acción en el que sindicalistas y activistas se echaron a la calle en 35 países para protestar por la situación de Salehi y de Mansour Ossanlu (u Osanloo), éste último, presidente del Sindicato de Conductores de Autobús de Teherán, que permanece detenido en la tristemente célebre prisión de Evin, en Teherán.

Una semana después, las autoridades presentaron nuevos cargos contra Salehi, que originalmente debería haber sido excarcelado el 23 de marzo. Los observadores consideran que esos nuevos cargos fueron una reacción al Día de Acción y una represalia por los mensajes de solidaridad que Salehi había conseguido sacar a escondidas de la cárcel.

Tras quedar finalmente en libertad, Salehi ha regresado a Saqez, donde se ha reunido con su familia y sus amistades. La Confederación Sindical Internacional, la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte y Amnistía Internacional han manifestado su satisfacción por la liberación de Salehi pero, en un comunicado conjunto, han recordado a las autoridades iraníes que Mansour Ossanlu y otros sindicalistas encarcelados injustamente deben ser liberados.

Indulto real para manifestantes marroquíes

Fri, 11 Apr 2008 17:44:00 +0100

Ocho hombres a quienes se había declarado culpables el año pasado de "socavar la monarquía" en Marruecos quedaron en libertad, gracias a un indulto concedido por el rey el viernes, 4 de abril. Asimismo, otros nueve que se enfrentaban a procedimientos judiciales por los mismos cargos se beneficiaron de esta medida.

Todos ellos eran miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Siete fueron detenidos el 1 de mayo de 2007 por entonar consignas críticas con la monarquía: cinco de ellos en Alcazarquivir y dos en Agadir. Fueron condenados a penas de entre tres y cinco años de prisión.

La detención de los diez restantes tuvo lugar cuando participaban en posteriores manifestaciones de solidaridad con los detenidos, y entre ellos se encontraba Mohamed Bougrine, de 73 años de edad, que también fue condenado a prisión. Al parecer, su salud se había deteriorado durante el periodo que pasó en prisión.

La monarquía sigue siendo tabú en Marruecos. Cualquier crítica contra el rey puede considerarse un intento de “socavar la monarquía”. Durante los últimos años, varias personas, entre ellas periodistas y activistas políticos, han sido procesadas y, en algunos casos, condenadas a penas de prisión, por haber expresado pacíficamente opiniones críticas con la monarquía.

Amnistía Internacional, que había adoptado a estos hombres como presos de conciencia, encarcelados sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos, se congratuló de su liberación.

No obstante, la organización expresó su preocupación por la posibilidad de que se utilice la legislación de Marruecos para criminalizar el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión y de reunión.

Amnistía Internacional insta a las autoridades marroquíes a ajustar la legislación del país a sus obligaciones en virtud de los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Activistas excarcelados en Etiopía

Mon, 31 Mar 2008 12:19:51 +0100

En Etiopía han salido de la cárcel dos activistas de derechos humanos recluidos desde noviembre de 2005. Daniel Bekele y Netsanet Demissie quedaron en libertad el viernes 28 de marzo tras ser indultados por el presidente.

Ambos firmaron una carta “reconociendo los errores” cometidos en relación con las elecciones de 2005. No está claro todavía si el indulto es incondicional.

Daniel Bekele es director de política de la oficina de Ayuda en Acción en Etiopía. Netsanet Demissie es fundador y director de la Organización por la Justicia Social en Etiopía. Ambos son destacados abogados de derechos humanos.

A diferencia de otros coacusados, los dos decidieron defenderse en un juicio que duró más de dos años. En diciembre de 2007, por decisión mayoritaria, el Tribunal Superior Federal de Etiopía los declaró culpables de haber provocado y preparado “ultrajes a la Constitución de Etiopía” y los condenó a 30 meses de cárcel.

Según Amnistía Internacional, la acusación no presentó pruebas de que Daniel Bekele o Netsanet Demissie incitaran a la violencia y los jueces los condenaron en función de las declaraciones de dos testigos cuya credibilidad era dudosa y que fue muy cuestionada por la defensa. El gobierno etíope no permitió que representantes de Amnistía Internacional asistieran al juicio en julio de 2007.

Amnistía Internacional acogió con satisfacción la excarcelación de los dos presos de conciencia, pero señaló que debían ser indemnizados por el tiempo que habían pasado en prisión.

“Estos dos hombres no cometieron ningún acto por el que debiesen ser indultados”, ha afirmado Erwin van der Borght, director del Programa de África de Amnistía Internacional.

“Eran presos de conciencia a quienes se recluyó y condenó exclusivamente por sus actividades pacíficas como defensores de los derechos humanos. Se les deben indultar las penas de forma incondicional e indemnizarlos por el tiempo que estuvieron encarcelados injustamente”.

Liberado el ciudadano marroquí encarcelado por crear un perfil en Facebook

Thu, 20 Mar 2008 14:30:53 +0000

El ciudadano marroquí que había sido encarcelado por crear en Facebook un perfil de un príncipe ha sido liberado. Fouad Mourtada, ingeniero informático de 26 años, recuperó la libertad el pasado martes tras un indulto real.

En febrero, a Fouad Mourtada le habían impuesto una condena de tres años y una multa de 10.000 dirhams (1.320 dólares estadounidenses) por crear en Facebook un perfil del príncipe de Marruecos Moulay Rachid. La condena se le impuso durante un juicio celebrado en Casablanca.

Dos delegados de Amnistía Internacional estuvieron presentes como observadores durante el juicio. Afirmaron estar preocupados por que el juicio no contó con las garantías procesales establecidas en las normas internacionales.

Una de las delegadas de la organización, Benedicte Goderiaux, ha acogido con satisfacción la liberación de Fouad Mourtada, pero ha afirmado que "las denuncias según las cuales Fouad Mourtada fue maltratado por la policía durante los interrogatorios todavía tienen que ser investigadas".

Comenzó en Guatemala juicio por desapariciones

Tue, 18 Mar 2008 11:03:48 +0000

En la segunda semana de marzo de 2008 comenzó en Guatemala el primer juicio celebrado hasta la fecha por presunta desaparición forzada de personas. El ex paramilitar Felipe Cusanero fue acusado formalmente el lunes 10 de marzo de haber participado, con la complicidad del ejército, en la desaparición forzada de seis civiles.

Felipe Cusanero está acusado de la desaparición forzada de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena López, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Tay entre noviembre de 1982 y octubre de 1984.

El proceso se inició en 2003, cuando seis residentes de Choatalum denunciaron formalmente a Cusanero ante la fiscalía distrital de Chimaltenango. Según informó en 1999 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciada por la ONU, en la aldea de Choatalum, municipio de San Martín Jilotepeque, se produjeron un gran número de violaciones contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

El término “desaparición forzada” hace referencia a secuestros patrocionados por el Estado en los que se desconoce el paradero y la suerte que han corrido las víctimas. El conflicto armado interno de Guatemala, que comenzó en 1960 y concluyó en 1996 con un Acuerdo de Paz, se saldó con aproximadamente 200.000 personas muertas, entre ellas alrededor de 45.000 víctimas de desaparición forzada.