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Amnistía Internacional ha instado al Ayatolá Ali Jamenei a que se retracte de inmediato de la declaración que realizó el miércoles, 28 de octubre, afirmando que criticar los resultados de las elecciones presidenciales de junio es un delito.

El comentario del líder supremo fue difundido por la televisión estatal al informar sobre una reunión que  mantuvo Jamenei con un grupo de científicos en Teherán.

“La declaración del Ayatolá trata de criminalizar la disidencia pacífica legítima y la insatisfacción con el proceso político”, ha afirmado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“En su forma de afrontar la situación generada tras las elecciones, las autoridades iraníes continúan violando sistemáticamente los derechos humanos fundamentales. Están intentando amordazar a su pueblo y reducirlo al silencio mediante amenazas”.

El resultado oficial de las elecciones del 12 de junio fue ampliamente cuestionado y seguido de manifestaciones masivas de protesta en todo el país. Decenas de personas murieron a manos de las milicias Basij y de otras fuerzas gubernamentales. Millares fueron detenidas y muchas de ellas, al parecer, han sido víctimas de tortura y malos tratos. Decenas –si no cientos– de personas han sido llevadas a juicio. Amnistía Internacional ha calificado esos “juicios espectáculo” de “parodia de la justicia”.

“Toda persona detenida exclusivamente por la expresión pacífica de su opinión sobre las elecciones deber ser liberada de inmediato y sin condiciones y se debe garantizar a todas las personas detenidas protección frente a la tortura y otros malos tratos”.

Amnistía Internacional insta a las autoridades iraníes a que anulen la condena de cuatro años de prisión que, según los informes, ha sido impuesta a un empleado de la embajada británica.

Hossein Rassam, principal analista político de la embajada de Reino Unido en Teherán, fue detenido junto a otros ocho empleados locales de la embajada y acusado de “incitar a la violencia” después de las elecciones presidenciales de junio. Todos los detenidos fueron liberados posteriormente.

Su abogado no ha sido informado oficialmente de la sentencia, pero si ésta se confirma, tendrá derecho a recurrir la condena.

El de Hossein Rassam es uno de los muchos casos en que los derechos humanos han sido pisoteados. Se han impuesto al menos 20 condenas –aunque la cifra podría llegar a 60– en relación con los disturbios, entre ellas al menos cuatro condenas a muerte.

“Las autoridades iraníes deben anular todas las condenas impuestas en ‘juicios espectáculo’ manifiestamente injustos. En caso de que Hossein Rassam sea encarcelado, se convertirá en otro preso de conciencia más en Irán, como los periodistas Ali Reza Eshraghi y Masoud Bastani, condenados recientemente a penas de cinco años y medio y seis años de prisión respectivamente”, ha afirmado Malcolm Smart.

En otro caso relacionado, según los informes, funcionarios judiciales se niegan a permitir que el abogado del sociólogo irano-americano Kian Tajbakhsh –condenado a 15 años de prisión, presuntamente por intentar derrocar al gobierno iraní– presente un recurso contra la condena.

Fariba Pajouh, periodista, comenzó una huelga de hambre hace aproximadamente cuatro días en protesta por su detención continuada. La periodista ha permanecido los dos últimos meses en prisión sin cargos ni juicio. El martes 27 de octubre su colega Hengarneh Shahidi, también detenida, se unió a la huelga de hambre.

Ahmad Zeidabadi, periodista reformista y director de la Asociación de Licenciados Iraníes, una organización que hace campaña en pro de los derechos humanos en Irán, ha permanecido recluido 45 días en régimen de aislamiento, sin contacto alguno con su familia. Sólo ayer, jueves 29 de octubre, se le permitió hablar dos minutos por teléfono con su esposa. En agosto, la esposa de Ahmad Zeidabadi afirmó que las autoridades estaban intentando quebrantarle la moral encerrándolo en una caja semejante a un ataúd.

Las autoridades iraníes también deben garantizar que todas las personas detenidas por delitos comunes reconocibles serán juzgadas con todas las garantías.