Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

31 octubre 2008

Fusilamiento inminente de los autores de los atentados de Bali

Fusilamiento inminente de los autores de los atentados de Bali
A principios de noviembre se ejecutará a tres hombres condenados a muerte por participar en los atentados con explosivos cometidos en 2002 en dos clubes nocturnos de Bali, en los que murieron 202 personas y otras 209 resultaron heridas. Un portavoz de la Fiscalía de Indonesia anunció la ejecución el 24 de octubre.

Amrozi bin H. Nurhasyim, su hermano Ali Ghufron e Imam Samudera fueron condenados a muerte por el Tribunal de Distrito de Denpasar en 2003. Los declararon culpables de haber participado en la explosión de tres bombas ocurrida en dos clubes nocturnos de la isla indonesia de Bali el 12 de octubre de 2002. La mayoría de las personas muertas y heridas a causa de las explosiones eran turistas.

En noviembre, funcionarios del gobierno indonesio llevarán a los tres hombres de sus celdas de la prisión de Nusakambangan a un campo donde les vendarán los ojos y un pelotón de fusilamiento les disparará al corazón.

Durante los últimos meses, Indonesia se ha apartado de la tendencia global hacia la abolición de la pena de muerte y ha aumentado el número de ejecuciones. Hasta junio de 2008 sólo se había ejecutado a 11 personas en el último decenio. Con la muerte de los autores de los atentados de Bali, el número de ejecuciones llevadas a cabo en los últimos seis meses se elevará a 10. Se cree que al menos 107 personas más están en espera de ejecución.

El incremento del número de ejecuciones representa un desafío con respecto a la Resolución 62/149 adoptada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 2007 en la que se pide una moratoria de las ejecuciones. La condena de muerte dictada contra Amrozi, Ghufron y Samudera también viola el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por Indonesia en 2006) y la Constitución indonesia; ambos prohíben la aplicación retroactiva de las leyes penales. Los tres hombres fueron juzgados y condenados a muerte en aplicación de la Ley para Combatir los Actos de Terrorismo, promulgada tras los atentados de 2002. En 2007, el Tribunal Supremo de Indonesia rechazó el recurso de apelación que habían presentado alegando esos motivos.

Los jefes de Estado de algunos países abolicionistas de la región, como Timor Oriental y Nueva Zelanda (que perdieron ciudadanos en los atentados), han declarado públicamente su oposición a la pena de muerte en todos los casos, incluido, concretamente, el de los autores de los atentados de Bali. Entre los Estados de la región que todavía no han adoptado esta postura de principios figura Australia, que ha abolido la pena de muerte.

Si bien es cierto que los hechos de Bali fueron una horrible atrocidad, Amnistía Internacional cree firmemente que continuar el ciclo de la violencia mediante homicidios aprobados por el Estado no proporcionará resarcimiento a las víctimas y que, además, significa responder a las violaciones de derechos humanos con más violaciones.

La organización considera que no existen pruebas fiables de que la pena de muerte disuada a nadie de cometer actos delictivos y que, en este caso concreto, es posible que las ejecuciones no sirvan más que para perpetuar la comisión de atrocidades como ésta. Se corre un grave riesgo de que las ejecuciones transformen a los autores de los atentados de asesinos en mártires, cuyo recuerdo se utilizará para aumentar el apoyo y la captación de seguidores para su causa. Al aproximarse la fecha de las ejecuciones, los tres hombres han hecho enérgicos llamamientos públicos a sus simpatizantes para que venguen su muerte.


Amnistía Internacional considera que la pena capital es la expresión máxima de la negación de los derechos humanos. La pena de muerte es el homicidio premeditado, a sangre fría, de un ser humano a manos del Estado. Es un castigo cruel, inhumano y degradante que viola el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción alguna, con independencia de la naturaleza del delito por el que se condene a una persona, las características de la persona condenada o el método utilizado por el Estado para darle muerte. La organización exhorta a Indonesia a poner fin a su política de incremento de las ejecuciones y a imponer una suspensión inmediata de las ejecuciones con miras a la abolición de la pena capital. Deben conmutarse todas las condenas de muerte pendientes de ejecución, sin excepción alguna.

Tema

Crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra 
Pena de muerte 
Juicios y sistemas judiciales 

País

Indonesia 

Región

Asia y Oceanía 

Campañas

Seguridad con Derechos Humanos 

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