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Las autoridades brasileñas deben garantizar que se respetan y protegen los derechos de las comunidades indígenas que viven en torno al río Xingu, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, cuando el organismo brasileño de medioambiente ha aprobado la construcción de la presa de Belo Monte.

“Brasil debe aplicar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de suspender la construcción de la presa de Belo Monte hasta que los derechos de las comunidades indígenas locales estén plenamente garantizados”, ha señalado Guadalupe Marengo, directora adjunta de Amnistía Internacional para América.

“Continuar con la construcción de la presa de Belo Monte sin haber garantizado antes que los derechos de las comunidades indígenas están protegidos equivale a sacrificar los derechos humanos en aras del desarrollo.”

El pasado mes de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó que debía suspenderse la licencia de construcción de la presa de Belo Monte hasta que se hubiera realizado una consulta completa y efectiva con las comunidades indígenas –lo que incluida darles acceso a una evaluación del impacto medioambiental y social del proyecto en sus lenguas– y se hubieran tomado medidas para proteger la existencia de las comunidades que viven en aislamiento voluntario.

La Comisión instó también a las autoridades brasileñas a adoptar medidas exhaustivas para impedir la posible propagación de enfermedades entre las comunidades indígenas como consecuencia de la ejecución de la presa.

El miércoles 1 de junio, el organismo brasileño de medioambiente aprobó la construcción de la presa de Belo Monte en el río Xingu, en la Amazonía.

Ecologistas, comunidades indígenas, fiscales federales y otros defensores de los derechos humanos llevan años expresando honda preocupación por el posible impacto del proyecto en los derechos humanos de las comunidades indígenas que viven en la zona.