Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

30 junio 2011

China: Momentos difíciles para abogados por recrudecimiento de la represión

China: Momentos difíciles para abogados por recrudecimiento de la represión

 

El gobierno chino ha comenzado a aplicar una serie de severas medidas concebidas para controlar el ejercicio de la abogacía y acallar a los abogados que se dedican a defender casos de derechos humanos, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

 En el informe que lleva por título Against the Law – Crackdown on China’s Human Rights Lawyers Deepens se analiza en detalle cómo durante los últimos dos años —y en especial en los últimos meses— el Estado ha intensificado sus esfuerzos para controlar a los abogados.  

“Los abogados de derechos humanos son víctimas de una escalada de tácticas dirigidas a acallarlos, que abarcan desde la suspensión o revocación de licencias hasta el acoso, la desaparición forzada e incluso la tortura”, ha declarado Catherine Baber, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

El temor del gobierno a que estallase una “revolución de los jazmines” inspirada en la Primavera Árabe ha dado lugar a la detención de decenas de personas críticas con el gobierno, activistas y ciberciudadanos desde febrero.

En el contexto de la campaña de represión, el gobierno está deteniendo a abogados relacionados con cuestiones como la libertad de religión, la libertad de expresión y el derecho a la tierra.

“El Estado chino está tratando de esgrimir y manipular la ley para aplastar a quienes, en su opinión, representan una amenaza”, ha señalado Catherine Baber. “Se persigue a los abogados de derechos humanos porque tratan de usar la ley para proteger a la ciudadanía de los abusos del Estado”, ha añadido Catherine Baber.

Cada año, las personas que ejercen la abogacía en China tienen que someterse a una “evaluación anual”, lo que en opinión de muchos carece de fundamento, con arreglo a la legislación china. Las autoridades locales someten a examen a los bufetes de abogados, y los abogados que trabajan por su cuenta son evaluados por asociaciones de abogados supuestamente independientes. Los abogados que se atreven a aceptar casos “comprometidos”, como casos de derechos humanos, no suelen superar la evaluación, lo que provoca la suspensión o revocación de su licencia.

Cuando la evaluación anual o las amenazas no sirven para disuadir a los abogados de que acepten estos casos, las autoridades los acallan recurriendo a métodos que violan las normas internacionales de derechos humanos, e incluso la propia legislación china.

La presión, la intimidación y la persecución que sufren los abogados de derechos humanos hacen que haya pocos que se dediquen a defender estas cuestiones. De los más de 204.000 abogados que ejercen en China, sólo algunos cientos de valientes se arriesgan a aceptar casos que tengan que ver con los derechos humanos.

La nueva normativa introducida en 2009-2010 prohíbe a los abogados defender a determinados clientes, hablar de su labor con los medios de comunicación o denunciar la negligencia judicial, y amplían los motivos por los que se puede acusar a los abogados del delito de “incitar a la subversión” cuando prestan asistencia letrada.

Estas medidas han hecho que les resulte más difícil conseguir asistencia letrada a quienes más la necesitan.

Entre ellos, se encuentran personas procesadas por pertenecer a grupos religiosos no oficiales, como el movimiento espiritual Falun Gong, manifestantes tibetanos y uigures, víctimas de desalojos forzosos, o quienes se enfrentan a la respuesta del gobierno ante catástrofes naturales o cuestiones sobre seguridad alimentaria.

Son especialmente vulnerables a una inadecuada asistencia letrada las personas que han sufrido violaciones, como tortura o detención ilegal, a manos del Estado; por poner un ejemplo, las personas que pueden ser condenadas a muerte, a las que se procesa en gran medida basándose en confesiones extraídas mediante el uso de la tortura.

“Si los abogados tienen miedo a aceptar ‘casos comprometidos’, especialmente los que se refieren a la conducta indebida de las autoridades, entonces la ciudadanía china no puede recurrir a la ley en busca de reparación y las autoridades tienen carta blanca para actuar con impunidad”, ha señalado Catherine Baber.

 “A la larga este tipo de represión sólo puede producir el efecto contrario y socavar la confianza de la opinión pública en sus dirigentes.

“Amnistía Internacional pide al gobierno que devuelva las licencias a los abogados suspendidos o inhabilitados para el ejercicio de la profesión por defender casos de derechos humanos, para que puedan seguir ejerciendo, y que la gobernanza de los abogados quede en manos de asociaciones profesionales verdaderamente independientes, como propugnan las normas internacionales y muchas personas en China.

“Se debe proteger a los abogados; sólo entonces podrán desempeñar plenamente su papel en la protección de los derechos humanos y en la creación de un país dinámico y, en última instancia, justo”, ha manifestado Catherine Baber.

 

Más información

Against The Law - Crackdown on China's Human Rights Lawyers Deepens (informe, 30 de junio de 2011)

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