Noticias

En momentos en que el gobierno de Zimbabue y el opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC, por sus siglas en inglés) se preparan para iniciar conversaciones sobre un arreglo para compartir el poder, Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a ambas partes para que garanticen que no se decretarán indultos para aquellas personas que cometieron abusos contra los derechos humanos durante el periodo posterior a las elecciones.

“No puede haber una solución política duradera para la crisis de Zimbabue sin que se aborden los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado. Los abusos deben cesar de inmediato, pero también deben llevarse a cabo investigaciones y debe ponerse a disposición judicial a los presuntos responsables”, ha declarado Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional sigue recibiendo informes que indican que no han cesado los actos de hostigamiento y violencia política, especialmente en las zonas rurales. Incluso después de la firma, el 21 de julio, de un “memorando de entendimiento” por el partido en el poder y la oposición, se han registrado actos de violencia política cuyas víctimas han tenido que recibir tratamiento médico para las lesiones sufridas.

A primeras horas de la mañana del 22 de julio, un funcionario del MDC de un distrito rural del sur de Harare que había estado escondido fue agredido, según se ha afirmado, cuando se dirigía a pie a su lugar de trabajo junto con un joven. Ambos fueron secuestrados por presuntos simpatizantes del partido en el poder, que les propinaron una dura paliza en las nalgas, los brazos, las piernas y los pies. Según informes, los secuestradores dijeron que habían estado buscando al funcionario del MDC y que nadie estaba a salvo en ninguna parte. Las dos víctimas tuvieron que recibir tratamiento médico como resultado de las lesiones sufridas.

Aunque algunas de las bases desde las cuales los “veteranos de guerra” y otros partidarios de ZANU-PF han lanzado ataques contra simpatizantes de la oposición han sido desmanteladas, otras siguen funcionando en algunas zonas rurales, como por ejemplo en las provincias de Mashonalandia Occidental, Central y Oriental.

    “Los ataques que siguen teniendo lugar, en cuyo contexto han muerto hasta 150 personas, millares han resultado heridas y decenas de miles han quedado desplazadas internamente durante los últimos meses, no deben ignorarse en el afán de encontrar una solución política a corto plazo –ha afirmado Amnistía Internacional–. Esto no haría más que guardar los problemas para más tarde.”

Aunque todos los partidos políticos zimbabuenses –así como la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, la Unión Africana y la Organización de las Naciones Unidas– han intentado abordar la crisis política y económica, Amnistía Internacional ha señalado que el “memorando de entendimiento” firmado el 21 de julio no trata explícitamente de importantes cuestiones relativas a la justicia y la impunidad.

“Cualquier acuerdo al que lleguen las partes en el futuro no debe incluir amnistías, indultos u otras medidas que puedan impedir que se conozca la verdad, se determine judicialmente la culpabilidad o inocencia de los presuntos responsables y se proporcione reparación plena a las víctimas y a sus familiares.”

Al firmar el memorando, el partido en el poder y la oposición se han comprometido a condenar el fomento y el uso de la violencia y a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que las estructuras e instituciones que controlan no participan en actos de violencia.

Amnistía Internacional ve con preocupación que, pese a los últimos acontecimientos políticos, Zimbabue sigue envuelto en un clima de temor. El gobierno debe poner fin de inmediato a todos los actos de intimidación, detención arbitraria y tortura cometidos por agentes estatales y no estatales contra defensores de los derechos humanos y activistas políticos, especialmente en las zonas rurales. Deben cerrarse de inmediato todos los centros donde se practiquen torturas y malos tratos y debe ponerse a disposición judicial a los presuntos autores de abusos contra los derechos humanos.