Muchos habitantes de asentamientos precarios en Egipto corren peligro de desalojo.

Muchos habitantes de asentamientos precarios en Egipto corren peligro de desalojo.

© Amnistía International


23 agosto 2011

Las autoridades y los partidos políticos egipcios deben dar la máxima prioridad a los derechos de los 12 millones de habitantes de asentamientos precarios del país para atender las peticiones de justicia social y dignidad humana defendidas durante la “Revolución del 25 de Enero”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

‘We are not dirt’: Forced evictions in Egypt’s informal settlements, que se publica antes de las primeras elecciones en el país desde la caída del ex presidente Mubarak, documenta casos de desalojo forzoso que afectan a cientos de familias de los enormes asentamientos precarios egipcios y habla del desalojo forzoso de lo que se conoce como “zonas inseguras”, donde, al parecer, peligra la vida o la salud de los residentes. 

“Hay que escuchar la voz de los habitantes de los barrios marginales de Egipto cuando se trate de buscar soluciones a sus terribles condiciones de vivienda, pero las autoridades no están respetando sus derechos humanos”, ha declarado Kate Allen, directora de Amnistía Internacional Reino Unido. “Hay que escuchar la voz de los habitantes de los barrios marginales de Egipto cuando se trate de buscar soluciones a sus terribles condiciones de vivienda, pero las autoridades no están respetando sus derechos humanos”, ha declarado Kate Allen, directora de Amnistía Internacional Reino Unido.

“Y cuando los habitantes de los asentamientos precarios se atreven a oponerse, son sometidos a desalojos forzados y detenciones arbitrarias en aplicación de leyes represivas.”

La grave escasez de viviendas asequibles ha empujado a la población pobre de Egipto a vivir en barriadas marginales y asentamientos informales. Alrededor del 40% de los egipcios viven en el umbral de la pobreza o cerca de él, con unos dos dólares al día, y la inmensa mayoría de las personas que perdieron la vida o resultaron heridas durante la “Revolución del 25 de Enero” eran de sectores desfavorecidos.

El informe, de 123 páginas de extensión, está basado en dos años de investigaciones y documenta cómo las autoridades egipcias no consultan con las comunidades que viven en “zonas inseguras” los planes para abordar sus inadecuadas condiciones de vivienda. Fuentes oficiales calculan que 850.000 personas viven en zonas consideradas “inseguras” por las autoridades, y que alrededor de 18.300 unidades de vivienda en Egipto están en peligro de hundimiento inminente.

Tras un deslizamiento de rocas mortal en el barrio marginal cairota de Manshiyet Nasser en 2008, las autoridades egipcias identificaron 404 “zonas inseguras” en todo el país. En Manshiyet Nasser, miles de familias que corrían peligro de sufrir nuevos desprendimientos de rocas fueron trasladadas a viviendas alternativas, pero la mayoría fue llevada a lugares alejados de sus fuentes de ingresos y, en general, carece de la documentación necesaria para sus nuevas casas.

Por lo general, las autoridades no dan a los residentes un aviso adecuado antes de que lleguen las fuerzas de seguridad —incluida la policía militar en los últimos meses— para obligar a la gente a abandonar sus casas, lo que es un incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Egipto y de las propias leyes de este país.

Amnistía Internacional halló que muchos residentes de barrios marginales se quedaron sin hogar cuando las autoridades derribaron sus casas contra su voluntad sin facilitarles una nueva vivienda. La investigación demuestra que las autoridades discriminan a las mujeres —especialmente a las divorciadas, viudas y separadas— en la asignación de viviendas alternativas.

“Los planes del gobierno para las ‘zonas inseguras’ consisten básicamente en planes de derribo que no exploran posibles alternativas a los desalojos. A ni una sola de las cientos de personas que entrevistamos se le avisó adecuadamente antes del desalojo ni se le consultó sobre una vivienda alternativa. Con las elecciones cada vez más cerca, las autoridades egipcias tienen ahora una oportunidad de subsanar esa injusticia”, afirmó Kate Allen.

La historia de Abdel Nasser al Sherif es emblemática. Este abogado y su familia extensa vivían en un edificio de cuatro plantas que construyó su padre en 1949 en el barrio marginal de Establ Antar, en la zona antigua de El Cairo.

En 2009, las autoridades anunciaron que un precipicio situado junto al asentamiento era “inseguro” y representaba una amenaza para la vida.

Sin emitir ningún aviso ni notificación de desalojo, las autoridades decidieron derribar la propiedad de Al Sherif. Cuando éste protestó y se negó a abandonar su casa, la policía antidisturbios entró y se lo llevó.

Un camión descargó las posesiones de Al Sherif en una zona de reasentamiento situada al otro lado de la ciudad. Al Sherif no ha recibido ninguna indemnización por la destrucción de la que fue durante 60 años la casa familiar.

Amnistía Internacional también encontró datos según los cuales algunas comunidades fueron aparentemente abandonadas por la amenaza de desprendimientos de rocas a pesar de haber pedido a las autoridades que las reasentaran, mientras que otras que corrían menos peligro han sido derribadas, como la zona de Al Sahaby de Asuán.

Este enfoque contradictorio ha sembrado entre los habitantes de los barrios marginales la sospecha de que se está desalojando a algunos de ellos de sus casas no para protegerlos, sino para que se pueda urbanizar el terreno con fines comerciales.

La organización también ha instado a las autoridades que se replanteen los grandes planes de urbanización propuestos, como el plan general El Cairo 2050.

Este plan, anunciado a finales de 2008, tiene como fin “redistribuir” en el año 2050 a alrededor de dos terceras partes de la población prevista de El Gran Cairo de 30 millones de personas en nuevas ciudades situadas en la periferia.

Al parecer, un objetivo subyacente de El Cairo 2050 es despejar la capital de sus “chozas” para abrir paso a proyectos de inversión.

Según este plan, 35.700 familias residentes en 33 “zonas de chozas” de El Cairo y Guiza, incluidas la de Ezbet Abu Qarn, en la zona antigua de El Cairo, serían trasladadas a nuevos asentamientos lejos de sus actuales viviendas, lo que las alejaría de sus centros de trabajo.

En su informe, Amnistía Internacional formula una serie de recomendaciones clave a las autoridades egipcias, entre ellas que revisen el plan general El Cairo 2050.

“El primer paso del gobierno egipcio debería ser volver a empezar con El Cairo 2050 para que se escuchen adecuadamente las voces de las personas más afectadas con el fin de elaborar un nuevo plan que aborde la crisis de la vivienda en los barrios marginales y ponga en primer lugar las necesidades de los residentes”, declaró Kate Allen.

“Los desalojos forzados deben acabar. Cuando las personas vivan realmente en condiciones peligrosas y el desalojo sea la única opción factible, debe haber un aviso con antelación, consultas sobre el reasentamiento y una indemnización adecuada y sin demora. Si la vida de las personas corre peligro inminente, éstas deben ser trasladadas inmediatamente a alojamientos temporales antes de hacer consultas.”