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El coronel Gadafi y otros altos cargos del gobierno libio deben ser detenidos y entregados a la Corte Penal Internacional para someterse a juicio por presuntos delitos graves contra los derechos humanos, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Los magistrados de la Corte Penal Internacional han aprobado hoy las órdenes de detención contra Gadafi, su hijo Saif al Islam y el jefe de la inteligencia militar, Abdallah al Sanussi, por presuntos crímenes de lesa humanidad de dos clases: asesinato y persecución.

“Las víctimas de los abusos graves contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario cometidos en Libia durante la brutal represión de las protestas de principios de año en favor de la reforma, y con posterioridad, tienen derecho a obtener justicia” afirmó Michael Bochenek, director de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

“Gadafi y los demás acusados de organizar esta sangrienta campaña represiva deben responder de sus actos.”

Gadafi está acusado de ordenar una campaña de homicidios y desapariciones forzadas de personas que presuntamente criticaban al gobierno cuando en febrero comenzaron en Bengasi las protestas contra su régimen inspiradas en las manifestaciones multitudinarias desatadas por todo Oriente Medio y el Norte de África.

Al solicitar que se dictaran órdenes de detención contra estos tres hombres a mediados de mayo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo, afirmó que los tres eran sospechosos de haber cometido ataques sistemáticos y generalizados contra civiles.

La investigación de Amnistía Internacional en Libia apunta insistentemente a la existencia de pruebas de la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra,  como la campaña de ataques indiscriminados y generalizados de las fuerzas de Gadafi contra zonas residenciales de Misrata empleando cohetes Grad, morteros y bombas de racimo.

“De no llevarse a cabo la detención y el procesamiento de estos acusados, se transmitiría el mensaje escandaloso de que es posible seguir cometiendo esos crímenes con impunidad” manifestó Michael Bochenek.

“No se puede permitir que nadie eluda la acción de la justicia internacional.”

Todos los Estados miembros de la ONU tienen la obligación de negar refugio a cualquier persona acusada de crímenes de derecho internacional.

Es la segunda vez que la Corte Penal Internacional dicta orden de detención contra un jefe de Estado en funciones; en 2009 lo hizo contra Omar al Bashir, presidente de Sudán, por cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.