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"Le debo la vida a Amnistía Internacional. [...] Ahora dedico esa vida a luchar contra la pena de muerte y a sensibilizar a la gente sobre los derechos humanos."

Este mes de abril, en Yemen, un emocionado Hafez Ibrahim saludó a Lamri Chirouf, investigador de Amnistía Internacional y el hombre a quien atribuye que se detuviera su ejecución por un delito cometido cuanto era un niño.

Hafez, que ahora tiene 22 años, habló orgulloso de su determinación de aprovechar al máximo la vida que se le devolvió. Cursa el tercer año de derecho en la Universidad de Saná y piensa dedicarse a proteger los derechos humanos. Su historia pone de relieve la injusticia y crueldad adicionales de la pena de muerte cuando afecta a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.

Hafez Ibrahim tenía 16 años cuando asistió a una boda en su ciudad natal de Taizz. Todos los asistentes estaban muy animados y la mayoría de los hombres iban armados. En un momento dado, las celebraciones degeraron, estalló una pelea, un arma se disparó y alguien murió.

“El primer juez pidió que expertos médicos evaluaran mi edad, pero no se hizo–. Luego vino otro juez y me condenó a muerte.” No se le permitió apelar.

Dos años después y a medio mundo de distancia, en la sede de Amnistía Internacional en Londres, Lamri Chirouf recibió un mensaje de texto en su teléfono móvil. Decía: “Van a ejecutarnos. Hafez”. Sorprendentemente, Hafez había conseguido hacerse con un teléfono en la Prisión Central de Taizz para enviar su mensaje desesperado.

Hafez sabía lo que le esperaba. Lo obligarían a tumbarse boca abajo en el suelo, dentro de la cárcel, y entonces los guardias le dispararían en el corazón con un fusil automático. El joven comenzó la cruel cuenta atrás hacia la muerte.

“La noticia nos dejó anonadados y de inmediato enviamos llamamientos al presidente y las autoridades yemeníes –explicó Lamri–. También movilizamos a nuestra membresía emitiendo una acción urgente en favor de Hafez.”

El presidente respondió ordenando la suspensión de ejecución para que hubiera tiempo para obtener el indulto de la familia de la víctima. El indulto no se produjo y la ejecución se fijó entonces para el 8 de agosto de 2007.

Amnistía Internacional volvió a enviar llamamientos al presidente, que ordenó una nueva suspensión de la ejecución por tres días. La familia de la víctima accedió entonces a aplazar la ejecución hasta después del mes sagrado de ramadán.

El 30 de octubre de 2007, tras acceder la familia de la víctima a indultarlo a cambio de una diya (indemnización) de 25 millones de riales yemeníes (unos 126.000 dólares estadounidenses), Hafez fue puesto en libertad.

“Me sentí tan feliz –le dijo a Lamri en Saná este mes–. No puedo describir mis sentimientos. Todavía siento que estoy soñando. Siento que es imposible que siga caminando.”