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El Parlamento de Etiopía ha aprobado una nueva ley potencialmente represiva que podría penalizar las actividades de derechos humanos que emprendan tanto las ONG extranjeras como las etíopes.

La Ley de Proclamación de Sociedades y Organizaciones Benéficas aprobada el pasado martes ha sido concebida para vigilar y controlar estrictamente a la sociedad civil en una atmósfera de intolerancia hacia el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil.

Las versiones anteriores de esta ley imponían estrictos controles gubernamentales y duras sanciones penales a las ONG. No se prevé que el texto final de la ley cambie sustancialmente.

El gobierno etíope afirma que la Ley de Proclamación de Sociedades y Organizaciones Benéficas aborda las carencias apreciadas en el régimen jurídico existente, promueve la transparencia económica y la rendición de cuentas y establece una administración y regulación "adecuadas" de la sociedad civil. En realidad, esta ley va mucho más allá de lo necesario para regular a las ONG.

Se cree que las disposiciones represivas establecidas en esta ley son un intento del gobierno etíope de ocultar las violaciones de derechos humanos, acallar las críticas e impedir protestas públicas en torno a sus acciones ante las elecciones previstas para 2010.

Amnistía Internacional considera asimismo que las disposiciones de la Ley de Proclamación de Sociedades y Organizaciones Benéficas violan tratados internacionales y regionales de derechos humanos en los que Etiopía es parte.

Si entra en vigor, la ley penalizará las actividades de derechos humanos emprendidas por las organizaciones etíopes que reciban más de un diez por ciento de su financiación del extranjero.

Asimismo, la ley penalizará las actividades de derechos humanos de las ONG extranjeras, incluidas las campañas por la igualdad de género, los derechos de la infancia, los derechos de las personas con discapacidad y la resolución de conflictos.

También impondrá sanciones penales y desproporcionadas incluso para infracciones administrativas leves de la ley; establecerá una Agencia de Sociedades y Organizaciones Benéficas con amplio poder discrecional sobre las organizaciones de la sociedad civil, y permitirá al gobierno vigilar las operaciones y la gestión de las organizaciones de la sociedad civil e interferir en ellas.

El historial de derechos humanos del gobierno etíope se deterioró tras las controvertidas elecciones de 2005, en las que al menos 187 manifestantes murieron y miles fueron detenidos, entre ellos decenas de parlamentarios de la oposición, dirigentes de partidos de la oposición, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

La mayoría de las personas detenidas y juzgadas fueron absueltas o quedaron en libertad -tras haber sido condenadas- mediante indultos presidenciales negociados en 2007. Pero, la semana pasada, una de ellas, Birtukan Mideksa, ex juez y actual dirigente del nuevo Partido de Unidad por la Democracia y la Justicia, fue detenida de nuevo. El Ministerio de Justicia le dijo que se iba a reinstaurar su condena original a cadena perpetua.

Amnistía Internacional ha instado a los gobiernos donantes -incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia- y a las organizaciones internacionales a condenar la nueva legislación, y a vigilar de cerca su impacto en las organizaciones de derechos humanos que operan en el país.

Estos gobiernos deben manifestar inequívocamente su intención de utilizar su influencia para prevenir que, en virtud de las disposiciones de esta ley, se cometan violaciones de derechos humanos en Etiopía.