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Amnistía Internacional ha instado a las autoridades iraníes que permitan la celebración de manifestaciones pacíficas mañana jueves, 31 aniversario de la Revolución Islámica en el país, tras la advertencia de policía y judicatura de que no se tolerarán protestas antigubernamentales.

El llamamiento se produce en medio de una oleada de detenciones, juicios injustos y ejecuciones de las personas que participaron en protestas anteriores en contra del gobierno motivadas por las controvertidas elecciones presidenciales de junio de 2009 y la respuesta violenta de las autoridades.

Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi –dos de los candidatos que perdieron las elecciones– han pedido a la gente que tome las calles y exprese pacíficamente su opinión.

“Es responsabilidad de las autoridades iraníes salvaguardar a la población y mantener el orden” –declaró Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional–. Pero esto no justifica la supresión de las protestas pacíficas, ejercida repetidamente en los últimos meses, ni la violencia de las fuerzas del Estado contra manifestantes pacíficos.”

Amnistía Internacional instó además a las autoridades a garantizar que todas las actuaciones de la policía sean llevadas a cabo de conformidad con las normas internacionales por personal debidamente formado.

“Las actuaciones policiales no deben dejarse en manos de la partidista milicia basij voluntaria, que tiene un historial de graves violaciones de derechos humanos y que no está debidamente formada ni equipada para realizar una labor policial”, manifestó Hassiba Hadj Sahraoui.

Se espera que el jueves se celebren manifestaciones masivas contra el gobierno pese a los recientes “juicios escarmiento” de personas acusadas de mantener lazos con diversos grupos de oposición y de organizar protestas, que se han saldado con dos ejecuciones en enero, condenas a muerte y prolongadas penas de prisión.

Amnistía Internacional expresó preocupación por que las autoridades iraníes parecen estar coaccionando a detenidos para que “confiesen” lazos falsos con grupos políticos específicos o con organizaciones que presuntamente están fomentando las manifestaciones; esa coacción tiene como objetivo culpar a dichos grupos u organizaciones de las constantes protestas contra el gobierno e incesantes abusos contra los derechos humanos.

Los dos hombres ejecutados en enero, aunque fueron detenidos antes de las controvertidas elecciones presidenciales del pasado junio, fueron declarados culpables de mantener vínculos con el grupo de oposición Anjoman-e Padshahi Iran (Asamblea del Reino de Irán) y de intentar fabricar explosivos.

Arash Rahmanipour y Mohammad Reza Ali-Zamani estuvieron representados por abogados de oficio; no se permitió a sus propios abogados estar presentes en el juicio. Al parecer se los obligó a hacer “confesiones” que les dictaban los encargados de su interrogatorio.

“Las autoridades iraníes han utilizado estos juicios y ejecuciones para respaldar su afirmación de que las protestas masivas de los últimos meses no han sido una expresión de descontento popular por el controvertido resultado de las elecciones presidenciales y por la brutal represión con que las autoridades han respondido a los manifestantes, sino que han sido fomentadas por potencias extranjeras y por grupos de oposición en el exilio que pretenden provocar un cambio de régimen en Irán”, señaló Hassiba Hadj Sahraoui.

Las manifestaciones contra el gobierno celebradas desde las controvertidas elecciones presidenciales de junio de 2009 han encontrado como respuesta una dura represión.

Según las autoridades iraníes, se han producido más de 40 muertes en las manifestaciones que han tenido lugar desde las elecciones y que han sido reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional dijo que cree que la cifra es de al menos 80, y posiblemente muchas más. Más de 5.000 personas han sido detenidas y muchas de ellas sometidas a tortura u otros malos tratos

Se cree que más de un centenar de personas han sido condenadas a penas de prisión, flagelación o muerte, y que al menos nueve corren peligro de ser ejecutadas tras “juicios escarmiento” injustos.

Varias más de un grupo de 16 acusados cuyo “juicio escarmiento” se está celebrando en estos momentos y que se enfrentan al cargo de moharebeh (enemistad contra Dios) –que puede ser castigado con la muerte–, pueden correr también peligro.

Las protestas masivas más recientes tuvieron lugar durante las festividades religiosas de Tasoa y Ashura, el 26 y 27 de diciembre de 2009, cuando se detuvo a más de un millar de personas. Desde entonces, parece ser que más de 200 han sido detenidas en sus casas o en su lugar de trabajo, y han sido puestas bajo custodia.