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Se estima que por lo menos 39 personas cuyo paradero sigue sin conocerse han sido objeto de desaparición forzada por las autoridades estadounidenses. También se ha recluido e interrogado a las esposas e hijos menores de otras personas detenidas en secreto por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), bien por ser fuentes potenciales de información o para conseguir la captura del esposo o del padre.

El informe, titulado Sin rastro oficial: Responsabilidad de Estados Unidos en las desapariciones forzadas de la 'guerra contra el terror', es el resultado de la investigación realizada por seis destacadas organizaciones de derechos humanos – Amnistía Internacional, Cageprisoners, Centro de Derechos Constitucionales, Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Human Rights Watch y Reprieve –, y proporciona la relación más exhaustiva que se haya hecho hasta la fecha sobre la aprehensión y reclusión de estas 39 personas, entre las que figuran cuatro detenidos “desaparecidos” que el informe identifica por primera vez.
La lista completa incluye los casos de ciudadanos de países como Marruecos, Libia, Egipto, Pakistán, Kenia y España. Fueron aprehendidos en diversos países, entre ellos Pakistán, Irak, Irán, Somalia y Sudán, y trasladados a lugares secretos operados por el gobierno de Estados Unidos.

En muchos casos, la suerte y el paradero actual de las personas que figuran en la lista se desconocen por completo. En otros casos existen algunas especulaciones que han surgido de informaciones aparecidas en los medios de comunicación o resultantes de trabajos de investigación.

En todos los casos, el silencio del gobierno de Estados Unidos ha creado gran incertidumbre. El gobierno estadounidense debe poner fin a las detenciones secretas, aclarar la suerte y el paradero de todas las personas que han sido detenidas en secreto y darles acceso a sus familias y a un proceso legal adecuado.

Estados Unidos tiene el deber de detener y procesar a cualquier persona responsable de delitos, pero debe hacerlo de una manera que respete los derechos humanos y el Estado de derecho.

Antecedentes

El 6 de septiembre del 2006, el presidente Bush admitió por fin algo que llevaba mucho tiempo denunciándose: que en la "guerra contra el terror", Estados Unidos ha estado recurriendo a la detención secreta y la desaparición forzada, lo cual constituye un delito según el derecho internacional. El traslado de un detenido a Guantánamo en abril del 2007 dejó patente que la red estadounidense de detenciones secretas seguía funcionando, pero las autoridades nunca han revelado cuántos individuos han sido detenidos en secreto.