Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

28 noviembre 2008

China, Irán y Jamaica, contra la tendencia mundial hacia la suspensión de las ejecuciones

China, Irán y Jamaica, contra la tendencia mundial hacia la suspensión de las ejecuciones
La ejecución de un científico chino que se llevó a cabo el viernes 26 de noviembre es la última de una serie de ejecuciones que van en contra de la tendencia mundial hacia la suspensión de esta práctica.

Wo Weihan, un científico médico de 59 años que había sido declarado culpable de espiar para Taiwán, pasó 30 minutos con su familia el día antes de su ejecución. Era la primera vez que se le permitía ver a sus seres queridos desde que lo trasladaron a un hospital penitenciario en marzo de 2005.

"Estaba sorprendido y muy feliz de vernos. Al ignorar que la ejecución era inminente, estaba esperanzado y no dijo unas palabras postreras ni expresó su última voluntad a su familia”, afirmó su hija Ran Chen.
 
Wo, que posee varias patentes relativas a descubrimientos en el campo de la biomedicina, no tuvo acceso a asistencia letrada durante los 10 meses siguientes a su detención y fue condenado a muerte tras un juicio a puerta cerrada en mayo de 2007.

"A la familia se nos ha privado del derecho más fundamental y universal a recibir información sobre lo que estaba ocurriendo con nuestro padre. La ejecución se llevó a cabo en secreto mientras aún albergábamos esperanzas. No sólo han matado a nuestro padre, sino también nuestras esperanzas en el sistema de justicia chino”, declararon las hijas de Wo.

China es uno de los tres países que sigue aplicando una política consistente en matar a sus propios ciudadanos, menos de una semana después de que una cifra récord de países apoyase en la ONU el fin de la aplicación de la pena capital.

En Irán, diez personas fueron ahorcadas el miércoles 26 de noviembre en una ejecución en masa que tuvo lugar en la prisión de Evin, en Teherán. Según los informes, estaban condenadas por delitos de asesinato, robo y secuestro. Con ellas, el número total de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional en 2008 asciende al menos a 296.

Una de las personas ahorcadas era Fatemeh Haghighat-Pajouh, cuya condena al castigo de qisas, o retribución –ejecución judicial por el delito de asesinato– por el asesinato de su esposo temporal  había sido confirmada por el Tribunal Supremo en 2006 después de revisar el caso. Los tribunales habían desestimado su alegación de que lo había hecho para impedir que su marido, drogadicto, intentase violar a su hija, entonces adolescente, fruto de un matrimonio anterior. Al parecer, él le había dicho anteriormente que se había apostado a la niña en un juego de azar y la había perdido. Al abogado de Fatemeh no se le notificó la ejecución con 48 horas de antelación, en contra de lo que prescribe la legislación iraní.

Hay otras personas que están en peligro inminente de ejecución. Farzad Kamangar es un maestro kurdo cuya condena a muerte por el cargo de moharebeh, o enemistad contra Dios –un delito de muy ambigua definición que a menudo se utiliza como sinónimo de insurrección armada–, fue confirmada en julio de 2008. En su primer juicio, antes del cual lo torturaron en distintos lugares, se incumplieron de modo flagrante las normas internacionales sobre juicios justos. El 25 de noviembre lo sacaron de su celda, lo que ha generado alarma por su posible ejecución. Su abogado ha declarado que el caso está siendo revisado por el Tribunal Supremo y que legalmente no es posible llevar a cabo la ejecución si no se produce ninguna notificación. Pero, como ocurrió en el caso de Fatemeh Haghighat-Pajouh, los activistas de derechos humanos temen que pueda ser ejecutado rápidamente en cualquier momento.

Al mismo tiempo se ha sabido que el Tribunal Supremo había confirmado en agosto de 2008 una condena a muerte por lapidación contra Afsaneh R., impuesta por un tribunal inferior en Shiraz, en el sur de Irán. Los informes sugieren que la resolución judicial se basó en “el conocimiento” del juez, una disposición de la legislación iraní que permite al juez imponer condenas de una forma subjetiva. Los informes sobre esta decisión judicial plantean dudas sobre la validez de una declaración realizada por una autoridad judicial en la misma fecha de agosto de 2008, afirmando que las ejecuciones por lapidación habían sido suspendidas. El presidente de la judicatura había anunciado una suspensión en 2002, aunque en 2007 se llevó a cabo una lapidación. Ahora resta por ver si, como pondrá de manifiesto el caso de Afsaneh R., el anuncio realizado en agosto fue una falsa promesa.

En Jamaica, en el marco de los debates sobre el nuevo proyecto de Ley sobre la Carta de Derechos y Libertades, se ha planteado una votación sobre el mantenimiento de la pena de muerte. La nueva Carta tiene por objeto reemplazar el capítulo III de la Constitución jamaicana sobre la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas.

La votación tenía por objeto decidir si deben mantenerse en la Carta las disposiciones que permiten la pena de muerte como una excepción al derecho a la vida o si, por el contrario, deben eliminarse. Tras la votación en la Cámara de Representantes, el Senado debatirá y votará la propuesta en breve.

En Jamaica, la última ejecución tuvo lugar el 18 de febrero de 1988. A finales de ese año había más de 190 presos condenados a muerte. En la actualidad son nueve los presos condenados a muerte.

"Aunque no parece muy probable que Jamaica lleve a cabo ninguna ejecución en un futuro próximo, AI teme que esta votación sea una muestra de la intención de las autoridades de reanudar los ahorcamientos tan pronto como se lo permita la situación de los recursos legales pendientes de las personas condenadas”, ha declarado Piers Bannister, de Amnistía Internacional.

"Cuando el mundo está volviendo la espalda a la pena capital, Amnistía Internacional insta a Irán, China y Jamaica a que revisen su política de homicidios judiciales. En la Asamblea General de la ONU, la comunidad internacional ha manifestado claramente que las ejecuciones son inaceptables. Las naciones que aún mantienen la pena capital deben escuchar este mensaje vital.”

El 20 de noviembre, en la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, una gran mayoría de Estados de todas las regiones adoptaron una segunda resolución en la que se pide una suspensión del uso de la pena de muerte. Votaron a favor de la resolución 105 países, 48 votaron en contra y 31 se abstuvieron. Una pequeña minoría de países partidarios de la pena de muerte había propuesto una serie de modificaciones, todas las cuales fueron rechazadas por abrumadora mayoría.

El proyecto de resolución adoptado el jueves 20 de noviembre por la Tercera Comisión de la Asamblea General deberá ser aprobado por la Asamblea General en sesión plenaria en el mes de diciembre.

Más información

La ONU pide con fuerza renovada el fin de las ejecuciones (noticias, 20 de noviembre de 2008)

País

China 
Irán 
Jamaica 

Región

América 

Tema

Pena de muerte 

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