Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

18 diciembre 2007

Los derechos de las personas migrantes son derechos humanos

Los derechos de las personas migrantes son derechos humanos
Una de cada 35 personas vive fuera del país en el que nació. Muchas de estas personas son trabajadores y trabajadoras migrantes o familiares suyos. Los motivos de la migración pueden variar desde la necesidad de escapar de la pobreza, la desigualdad o el conflicto hasta el deseo de acceder a mejores oportunidades de educación y empleo, pasando incluso por el anhelo de vivir en un entorno más limpio o un clima más benigno. Muchas personas migran por una combinación de motivos, y en circunstancias a veces complejas.

Los trabajadores y trabajadoras migrantes se enfrentan a una diversidad de abusos contra los derechos humanos tanto durante su viaje como a su llegada al país de destino, donde esos abusos pueden verse agravados por el hecho de carecer de la ciudadanía. Muchos migrantes viven con la amenaza constante de la detención y reclusión arbitraria e ilegal y en condiciones penosas. Además, tienen que soportar que no les paguen su salario y que les confisquen sus documentos de identidad.

Algunos Estados utilizan la detención prolongada o indefinida como forma de disuadir de la migración no autorizada y, al hacerlo, violan los derechos de las personas migrantes. En Malaisia, es habitual que los presuntos migrantes irregulares sufran acoso y sean recluidos en condiciones de grave hacinamiento e insalubridad, y algunos sufren abusos físicos y verbales de agentes de inmigración y de los funcionarios encargados de su custodia.

Sajad Hussain Wani, ciudadano paquistaní que estudia en Malaisia, fue torturado, según los informes, durante las más de cinco semanas que estuvo recluido en el centro de detención de Sepang, cerca de Kuala Lumpur. Lo detuvieron acusándolo de no tener permiso para permanecer en el país. Sin embargo, lo cierto es que tenía un visado válido de estudiante, y al parecer su detención se produjo cuando su ex novia pidió a las autoridades que lo detuvieran. Según indican los informes, lo golpearon y le quemaron con cigarrillos en distintas partes del cuerpo, incluidos los genitales. Permaneció recluido sin cargos hasta comparecer finalmente el 9 de noviembre ante un tribunal, donde el juez resolvió que su detención era ilegal y ordenó su liberación inmediata.

En Malaisia, la precariedad en la que viven los trabajadores y trabajadoras migrantes se ve agravada por las redadas periódicas que el Cuerpo de Voluntarios Populares –cuerpo armado civil conocido como RELA– realiza para detener a presuntos migrantes irregulares. El RELA fue establecido por el gobierno para “ayudar a mantener la seguridad en el país y el bienestar de la población”, pero sus miembros no reciben formación, no son sometidos a comprobaciones de seguridad antes de ser reclutados y no rinden cuentas ante mecanismo de vigilancia alguno que supervise su actuación.

Pese a ello, el grupo cuenta con amplios poderes para dar el alto, interrogar y detener a cualquier supuesto terrorista, persona indeseable o “migrante ilegal”. Durante las redadas, según denuncias, sus miembros han propinado patadas y puñetazos a migrantes y han destruido sus pertenencias, incluidos sus documentos de identidad. Además, en muchos casos no comprueban debidamente los documentos de identidad durante las detenciones.

En Corea del Sur, unos 230.000 trabajadores y trabajadoras migrantes irregulares viven bajo la amenaza constante de la detención, la reclusión y la devolución forzada. Por su parte, a los trabajadores y trabajadoras migrantes regulares sus empleadores pueden confiscarles y retenerles sus documentos de identidad. Sin identificación, se exponen a que las autoridades los detengan. En la actualidad se está revisando la Ley de Inmigración del país para otorgar a las fuerzas de seguridad poder para realizar registros domiciliarios o personales a los trabajadores y trabajadoras migrantes o para detenerlos sin necesidad de orden judicial.

Al mismo tiempo, los trabajadores y trabajadoras migrantes se enfrentan a una posible detención si tratan de mejorar sus condiciones laborales. Tres altos cargos del Sindicato de Trabajadores Migrantes fueron detenidos el 27 de noviembre y expulsados el 13 de diciembre sin haber podido acceder al debido proceso. El Sindicato de Trabajadores Migrantes está llevando a cabo una campaña contra los cambios legales propuestos. Aunque el motivo “oficial” de la detención de Kajiman Khapung, Raju Kumar Gurung y Abul Basher M. Moniruzzaman fue la falta de documentación para permanecer en Corea del Sur, Amnistía Internacional cree que fueron recluidos –y con ello se convirtieron en presos de conciencia– por ejercer sus derechos laborales.

El derecho a pertenecer a un sindicato reconocido legalmente está protegido por la Constitución surcoreana. En febrero de 2007, el Tribunal Superior de Seúl afirmó el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras migrantes, incluidos aquellos que se encuentran en situación irregular, a unirse a sindicatos autorizados. Sin embargo, según los informes, el Ministerio de Trabajo ha apelado contra esta resolución.

A las detenciones arbitrarias y en masa se les suma la amenaza de expulsión, especialmente porque en muchos casos los trabajadores y trabajadoras migrantes no pueden ejercer el derecho a impugnar la decisión de su detención o expulsión. Por ejemplo, las personas haitianas que viven y trabajan en la República Dominicana son sometidas de forma habitual por los agentes de inmigración a controles de identidad que pueden provocar su detención, y ésta a su vez puede conducir a malos tratos y, en ocasiones, a expulsiones en masa sin acceso al proceso debido.

En ocasiones, los agentes de inmigración dominicanos se niegan a reconocer documentos que de hecho son válidos. El problema es de tal magnitud que afecta también a miles de menores dominicanos de ascendencia haitiana que, pese a tener la ciudadanía dominicana, son tratados como migrantes irregulares.

Matilde [no es su nombre real], de ocho años de edad, era una de los seis menores detenidos por agentes de inmigración en una calle de Santo Domingo (capital de la República Dominicana) el 4 de enero de 2006. Un agente la golpeó con tanta fuerza que le hizo sangre en la boca. La tuvieron recluida en el centro de detención Vacacional de Haina, a las afueras de Santo Domingo, donde, según los informes, agentes de inmigración la sometieron a abusos verbales y amenazas. La dejaron en libertad al día siguiente, cuando un activista de derechos humanos presentó en la oficina de inmigración pruebas de que la niña tenía la ciudadanía dominicana.

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares tiene como objetivo promover y proteger los derechos de estas personas. Como uno de los tratados básicos de derechos humanos, su propósito es lograr el reconocimiento específico de los derechos humanos de todos los trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familias. Entre los múltiples derechos protegidos por la Convención se encuentra el derecho de los trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familias a la libertad y la seguridad y a no sufrir detención o reclusión arbitraria.

Con ocasión del Día Internacional del Migrante, Amnistía Internacional pide a los Estados que aún no han ratificado la Convención que la ratifiquen. La organización dirige especialmente esta petición a los gobiernos de Malaisia, Corea del Sur y la República Dominicana. Además, pide a los Estados que sí han ratificado la Convención que la pongan en práctica y que incorporen sus disposiciones a la legislación nacional.

Más información

Migrantes en Malaisia, blanco de una fuerza parapolicial (Focus Sheet, PDF, 2 páginas, 474 KB)

País

República Dominicana 
Haití 
Malaisia 
Corea del Sur 

Región

Asia y Oceanía 

Tema

Economic, Social and Cultural Rights 
Refugees, Displaced People And Migrants 

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