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La policía china está registrando domicilios de residentes en Lhasa en busca de personas que participaron en las protestas registradas recientemente en la ciudad.

Aunque al parecer las calles de la capital tibetana están tranquilas y vacías, siguen recibiéndose informes de disturbios en las provincias chinas limítrofes, donde la población tibetana es numerosa. Según informes del Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia, centenares de tibetanos se han echado a la calle en la comarca de Kardze, provincia de Sichuan, donde al parecer la situación es extremadamente tensa. También se han recibido informes de manifestaciones en la provincia de Gansu.

Algunas personas han informado de que la atmósfera que reina en Lhasa es de “terror”, con policías y soldados efectuando registros casa por casa y llevándose a personas detenidas. Existe una enorme preocupación por el bienestar de las personas detenidas.

El gobierno puso como plazo la medianoche del lunes 17 de marzo para que las personas que habían participado en las protestas se entregasen, amenazando con “castigar severamente” a los que no lo hiciesen. Algunos testigos han informado de que se está sacando por la fuerza a personas de sus casas y se están llevando a tibetanos que tienen imágenes del Dalai Lama en sus hogares.

Fuentes oficiales chinas afirman que los alborotadores tibetanos han matado a 13 “civiles inocentes”. Fuentes tibetanas en el exilio afirman que 99 tibetanos han muerto a manos de las fuerzas de la policía armada.

Las autoridades chinas han impuesto un bloqueo casi total sobre la información procedente del Tíbet y regiones limítrofes. También han cortado las conexiones de internet y de telefonía móvil dentro de la Región Autónoma. Cuando en los canales de noticias extranjeros que emiten en China aparecen noticias sobre el Tíbet, se censuran: la pantalla se oscurece hasta quedar en negro.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades chinas que eviten el uso de fuerza excesiva en las operaciones de restablecimiento del orden.

Catherine Baber, directora en funciones del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, ha señalado: “Las autoridades chinas también deben dar cuenta de todas las personas detenidas, garantizando que no son sometidas a tortura ni otros malos tratos, tienen acceso a abogados y asistencia médica, comparecen sin demora ante un tribunal independiente y tienen la oportunidad de impugnar su detención”.

"China debe permitir el acceso pleno y sin restricciones al Tíbet y a otras regiones tibetanas de periodistas y otros observadores independientes, además de permitir que la ONU lleve a cabo una investigación independiente sobre los incidentes de la semana pasada.”