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El Tribunal Supremo de Uganda confirmó el pasado miércoles 21 una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la aplicación preceptiva de la pena de muerte. Sin embargo, el Tribunal determinó la constitucionalidad de la pena de muerte en sí, rechazando de esta manera los recursos presentados por el gobierno y por los condenados.

Al tomar esta decisión, el tribunal determinó también que las condenas de muerte impuestas preceptivamente a la gran mayoría de los más de 400 demandantes que habían interpuesto el recurso debían conmutarse por cadena perpetua.

Ante esta sentencia, Amnistía Internacional pide al gobierno ugandés que cumpla con su responsabilidad de garantizar la reforma de la legislación nacional para abolir la pena de muerte.

“En todo el mundo, los tribunales están limitando el ámbito de aplicación de la pena capital y los gobiernos la están aboliendo. Los líderes de Uganda tienen que sumarse a esta tendencia internacional y abolir también la pena de muerte”, manifestó Godfrey Odongo, de Amnistía Internacional.

“Aunque decepcionada por el hecho de que el tribunal no aboliera la pena de muerte completamente, Amnistía Internacional acoge con satisfacción las nuevas restricciones impuestas a su uso. El tribunal determinó que al cabo de tres años un condenado a muerte ha sufrido ya pena cruel y inusual, por lo que debe conmutársele la condena.”

“Si bien esta decisión salvará la vida a muchas de las personas condenadas a muerte en Uganda, Amnistía Internacional sostiene que el sufrimiento singular que causa la imposición de la pena de muerte comienza en el momento en que se dicta la sentencia y la persona se ve obligada a enfrentar su muerte a manos del Estado. Nadie debe ser obligado a soportar este trato.”

Desde abril de 1999 no se ha llevado a cabo ninguna ejecución como consecuencia de la imposición de la pena de muerte por tribunales civiles en Uganda. La sentencia del pasado miércoles es el resultado de un recurso presentado por el gobierno contra una decisión de 2005 en la que el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional la imposición preceptiva de la pena de muerte. La causa de 2005 se había abierto a instancias de más de 400 condenados a muerte.