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El viernes 24 se concedió a Troy Davis una suspensión provisional de su ejecución, que estaba fijada para sólo tres días después. Lleva 17 años condenado a muerte por un delito que asegura no haber cometido.

Troy Davis ha agotado los recursos ordinarios de apelación contra su sentencia y condena de muerte, y la Junta de Indultos y Libertad Condicional le ha denegado el indulto. El 22 de octubre, sus abogados presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones del Decimoprimer Circuito para pedir una suspensión de emergencia de la ejecución y permiso para presentar una segunda petición de hábeas corpus por considerar que la ejecución sería inconstitucional.

En su decisión del viernes, el tribunal, formado por tres jueces, determinó que Troy Davis cumplía las condiciones necesarias para una suspensión provisional de la ejecución y ordenó a las partes que abordaran la cuestión de si el condenado satisfacía “los estrictos requisitos” de la legislación federal para volver a los tribunales a fin de interponer nuevos recursos con que defender su inocencia.

Los abogados de Davis deben presentar su argumentos por escrito en el plazo estipulado de 15 días a partir de la orden del Decimoprimero Circuito. Tras recibir esta información, el gobierno dispone de 10 días para presentar su respuesta. Si la Corte de Apelaciones decide que no se cumplen las condiciones que estipula la legislación federal para interponer nuevos recursos, el Estado de Georgia puede proceder de nuevo a fijar otra fecha de ejecución.

Más de 300.000 personas de Estados Unidos y del resto del mundo han pedido un indulto del poder ejecutivo para Troy Davis. Entre quienes se han sumado a esta petición figuran el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, el arzobispo Desmond Tutu y el papa Benedicto XVI; la Unión Europea y el Parlamento Europeo, y el secretario general de Consejo de Europa.