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El Ministerio de Defensa británico pagará una indemnización a la familia de un hombre iraquí que trabajaba como recepcionista de hotel y que murió tras ser torturado durante 36 horas bajo custodia de las tropas británicas en Basora, Irak.

Se abonarán casi tres millones de libras esterlinas como reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos a las que tanto ese hombre como otros detenidos al mismo tiempo que él fueron sometidos por miembros de las fuerzas armadas británicas.

Baha Mousa, iraquí de 26 años y padre de dos hijos, murió en septiembre de 2003. La autopsia reveló que había 93 lesiones distintas en el cadáver. Varios iraquíes que estuvieron recluidos hacia la misma época también fueron torturados y maltratados.

El jueves 10 de julio se anunció que las indemnizaciones ascenderán a 2,83 millones de libras esterlinas (5,59 millones de dólares estadounidenses), a repartir entre la familia de Baha Mousa y nueve hombres más que estuvieron detenidos junto con él.

Según los abogados que actuaron en nombre de Baha Mousa en el litigio para el pago de la indemnización, Daoud Mousa, padre de Baha y ex coronel de la fuerza policial iraquí, ha manifestado en relación con la concesión de la indemnización: “Tengo presente cada día la muerte de mi hijo. El acuerdo de indemnización aliviará algo ese dolor, y servirá en parte para que sus hijos, mis nietos, puedan rehacer su vida.”

Amnistía Internacional ha afirmado que considera que la concesión de esta indemnización es un reconocimiento necesario, aunque muy tardío, de las graves violaciones de derechos humanos a las que Baha Mousa y quienes estuvieron detenidos con él fueron sometidos. La organización estima asimismo que se trata de un paso hacia la reparación de esas violaciones.

En su trabajo sobre este caso, Amnistía Internacional ha hecho campaña para conseguir que el Reino Unido lleve a cabo una investigación completa e independiente sobre todas las circunstancias de la tortura y la muerte de Baha Mousa, y de la tortura de los demás iraquíes recluidos junto con él.

En mayo de 2008, el Ministerio de Defensa anunció finalmente que se iba a abrir una investigación pública sobre este caso. Su ámbito y alcance no se han comunicado aún, pero se ha confirmado ya que la investigación se realizará dentro del marco de la Ley de Investigaciones de 2005.

Amnistía Internacional considera desde hace mucho tiempo que ninguna investigación iniciada en aplicación de esta ley sobre una denuncia de violación grave de derechos humanos será lo suficientemente independiente del gobierno que la encargue como para cumplir los criterios pertinentes establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.