Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

5 marzo 2010

Estados Unidos: Injusticia diaria, daño incalculable

Estados Unidos: Injusticia diaria, daño incalculable

Hace 12 semanas, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, pronunció un discurso en el que proclamó el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos. Cuando la injusticia se ignora en algún lugar, afirmó, se niega la justicia en todo lugar. 

Con que se niegue la justicia un solo día, el daño ya está hecho.

En este momento, han transcurrido más de 400 días desde que el presidente Barack Obama ordenara a su gobierno que resolviera todos y cada uno de los casos de los detenidos en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, y cerrara los centros de detención existentes en la base “tan pronto como sea viable” y, en ningún caso, transcurridos más de 365 días desde que diera la orden. Actualmente más de 180 detenidos permanecen recluidos en la base y, al parecer, una revisión de la situación llevada a cabo por diversos organismos gubernamentales ha concluido que casi 50 de estos detenidos deben continuar recluidos por tiempo indefinido sin que se presenten cargos en su contra o sean juzgados. 

Amnistía Internacional insiste en que los detenidos de Guantánamo deben comparecer de inmediato en juicios con las debidas garantías —que se deben celebrar ante tribunales civiles y no ante comisiones militares— o ser puestos en libertad. Si los detenidos que deben ser puestos en libertad no pueden ser devueltos a sus países de origen porque estarían expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos y ningún otro Estado adecuado se muestra dispuesto a acogerlos de inmediato, deben ser puestos en libertad en Estados Unidos, al menos, hasta que se encuentre otra solución.

Con que se niegue la justicia un solo día, el daño ya está hecho.

Han transcurrido más de 100 días desde que el fiscal general Eric Holder anunciara que el Departamento de Justicia procesaría en un tribunal federal estadounidense a cinco detenidos de Guantánamo acusados de participar en los atentados del 11 de septiembre de 2001, revocando la decisión política de la administración Bush de juzgarlos ante comisiones militares. No obstante, a día de hoy los cinco se encuentran todavía en Guantánamo, y la política nacional se ha empantanado en este asunto, entre otras cosas, por los esfuerzos llevados a cabo en el seno del Congreso para conseguir que todos estos juicios se celebren ante comisiones militares.

Ahora parece que los asesores del presidente Obama pueden estar a punto de recomendar que sean nuevamente las comisiones militares las que se encarguen de juzgar a estos cinco detenidos, como parte de un acuerdo político —en vez de una solución basada en los derechos humanos— para obtener financiación del Congreso y apoyo legislativo para cerrar Guantánamo. El presidente Obama y el fiscal general deben rechazar una recomendación de esta índole. 

Con que se niegue la justicia un solo día, el daño ya está hecho.

En este momento, han transcurrido ya más de 600 días desde que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidiera a Estados Unidos que procese penalmente a los niños detenidos en el contexto de conflictos armados sin demora y conforme a las normas mínimas necesarias para celebrar un juicio con las garantías debidas, y no ante tribunales militares. A día de hoy el ciudadano canadiense Omar Khadr, que cumple su octavo año de reclusión en Guantánamo, se enfrenta aún a la posibilidad de ser juzgado por una comisión militar por actos que se le acusa de haber cometido cuando tenía 15 años o menos. 

También han transcurrido más de 600 días desde que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que los detenidos de Guantánamo tenían el derecho constitucional a una vista "pronta" de hábeas corpus para impugnar la legalidad de su detención. Muchos de los que han solicitado una vista de hábeas corpus siguen esperando que se celebre.

Han transcurrido más de 1.200 días desde que el presidente George W. Bush confirmara por primera vez que Estados Unidos había estado aplicando un programa de detenciones secretas durante los últimos cuatro años y medio. Hasta el momento nadie ha rendido cuentas por autorizar o llevar a cabo las desapariciones forzadas que constituyen el núcleo del programa y, que, como la tortura, se consideran delitos en virtud del derecho internacional.

Más de 400 días después de que el presidente Obama manifestara el compromiso de su gobierno con un nivel de transparencia "sin precedentes" a fin de promover la rendición de cuentas, el gobierno continúa impidiendo la publicación de información sobre a quiénes se mantuvo recluidos en el programa secreto, dónde se los mantuvo recluidos, así como las técnicas de interrogatorio y las condiciones de reclusión a las que fueron sometidos.

Han transcurrido unos 500 días desde que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) confirmara públicamente por primera vez que este organismo había aplicado a la técnica del "simulacro de ahogamiento" a tres detenidos que se encontraban bajo custodia secreta, y más de 2.000 desde que el inspector general de la CIA descubriera que dos de los detenidos habían sido sometidos a esta técnica más de 150 veces entre ambos.

Como ya se ha señalado, no se ha puesto a nadie a disposición judicial por autorizar o aplicar esta tortura u otros métodos de interrogatorio y condiciones de reclusión utilizados en el programa de la CIA que violan la prohibición internacional de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual desafía la obligación explícita y absoluta, contemplada en tratados internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre violaciones de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas, entre otras cosas, concretamente, remitiendo para su procesamiento todos los casos de tortura en los que no se extradite al acusado. 

El hecho de que ninguna de las ramas del gobierno estadounidense haya abordado esas cuestiones en el contexto de un marco basado en los derechos humanos sigue situando a Estados Unidos en el lado equivocado por lo que respecta a sus obligaciones internacionales. 

El 10 de diciembre de 2009, coincidiendo con la celebración del 61º aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en su discurso de aceptación del premio Nobel de la Paz, el presidente Obama declaró “Estados Unidos –de hecho ningún país– puede insistir en que otros sigan las normas si nosotros nos rehusamos a seguirlas. Pues cuando no lo hacemos, nuestros actos pueden parecer arbitrarios”. Los redactores de la DUDH, señaló asimismo, habían reconocido que “si no se protegen los derechos humanos, la paz es una promesa vana”. Los derechos humanos son el camino hacia la seguridad, no el obstáculo que nos impide conseguirla.

Cuatro días más tarde, la secretaria Clinton citó el discurso del presidente Obama, asegurando que los valores de Estados Unidos estaban en total consonancia con los principios articulados en la DUDH, pero que la brecha existente entre las promesas contempladas en la DUDH y la realidad indicaba que “[a]hora, tenemos que concluir nuestra labor”. Hace 60 años, señaló, “los líderes del mundo proclamaron un nuevo marco de derechos, leyes e instituciones que pudieran cumplir con la promesa de “nunca jamás”. Reiteraron la universalidad de los derechos humanos a través de la Declaración Universal y de acuerdos legales”.

Posteriormente, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra el 1 de marzo de 2010, Estados Unidos reafirmó su compromiso “de aplicar de forma coherente el derecho internacional de los derechos humanos en todos los países del mundo, incluido el nuestro. Tratamos de constituir un ejemplo, cumpliendo nuestras propias obligaciones, tanto con arreglo a la legislación nacional como al derecho internacional”. Unos 300 días antes, en apoyo de su candidatura para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, Estados Unidos se había comprometido, entre otras cosas, a "cumplir las obligaciones que le imponen los tratados de la ONU”.

En casi cada frente —celebración de juicios justos para aquellas personas acusadas de participar en ataques a la población civil, puesta en libertad de inmediato de los presos recluidos en Guantánamo que, según los tribunales estadounidenses, permanecen recluidos injustificadamente, y rendición de cuentas de agentes estadounidenses por violaciones de derechos humanos y crímenes contemplados por el derecho internacional— lo único que hacen las medidas promulgadas por el Congreso es dificultar aún más incluso los esfuerzos más modestos por ajustar las prácticas estadounidenses a sus obligaciones internacionales.

El 4 de marzo de 2010, los senadores estadounidenses John McCain and Joe Lieberman presentaron ante el Senado un proyecto de ley —la Ley de 2010 sobre persecución, detención e interrogatorio de enemigos beligerantes—. En su declaración, el senador McCain hizo hincapié en que Estados Unidos está en “guerra” contra el terrorismo, mientras evitaba emplear la frase “guerra contra el terror”. Señaló que el proyecto de ley autorizaría a detener “durante el tiempo que duraran las hostilidades” a cualquier persona calificada de "combatiente no privilegiado" sin presentar cargos en su contra. Prohibiría a cualquier persona así calificada tener acceso a un abogado tras la detención —“no debemos facilitar a sospechosos de terrorismo” abogados defensores, afirmó el senador McCain—. Si al final se decidiera celebrar un juicio penal en estos casos, añadió, su proyecto de ley obligaría a que el tribunal elegido fuese una comisión militar. El procesamiento penal “debe ser secundario” en estos casos, afirmó el senador McCain. Podría haber dicho “de segunda”, porque eso es lo que son las comisiones militares. Instó a los miembros del Senado a dar su respaldo a la legislación.

Pero, con un solo día de injusticia, el daño ya está hecho.

Cada día que pasa sin que se rindan cuentas, sin recursos legales y sin que se resuelvan los casos de los detenidos en consonancia con las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, se agrava el perjuicio causado a la visión que se tiene de la Declaración Universal de Derechos Humanos, afectada ya durante los últimos años por las acciones emprendidas por Estados Unidos en nombre de la “lucha contra el terrorismo”. Hace mucho tiempo que se debería haber puesto fin a la injusticia. Es el momento de que el gobierno y el Congreso estadounidenses hagan lo correcto.

Tema

Armed Groups 
Detención 
Prison Conditions 
Tortura y malos tratos 
Juicios y sistemas judiciales 

País

EE. UU. 

Región

América 

Campañas

Seguridad con Derechos Humanos 

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