Noticias

Amnistía Internacional ha pedido que la prometida investigación sobre el presunto homicidio de siete hombres a manos de agentes de policía kenianos sea imparcial e independiente, y que sus resultados se den a conocer públicamente. 

La noche del miércoles, testigos presenciales informaron de que un grupo de policías administrativos mataron a tiros a siete hombres durante una operación policial en Kawangare, asentamiento informal de la capital, Nairobi. Las autoridades policiales afirmaron que los hombres eran miembros de una banda delictiva, pero los testigos dicen que eran taxistas. 

En una conferencia de prensa ofrecida ayer, Eric Kiraithe, portavoz de la policía, prometió que el incidente se investigaría, y añadió que cualquier agente que hubiera infringido la ley sería castigado. 

“La promesa de una investigación policial es un paso en la dirección correcta”, ha dicho Godfrey Odongo, investigador de Amnistía Internacional para África Oriental. “Pero esta investigación, a diferencia de las anteriores, debe ser imparcial e independiente y sus resultados deben darse a conocer públicamente y después actuar en consecuencia”.

En marzo de 2009, dos activistas de derechos humanos fueron abatidos a disparos en su automóvil, atrapado en un atasco de tráfico del centro de Nairobi. Ambos habían hecho campaña contra los homicidios ilegales de la policía. Tras la investigación de los asesinatos, nadie fue juzgado. 

El grupo especial creado para investigar presuntas violaciones perpetradas por agentes de policía durante la violencia electoral de finales de 2007 tampoco ofreció resultados. 

Según el derecho internacional, Kenia está obligada a proteger el derecho a la vida de todos sus ciudadanos, lo cual supone tomar medidas eficaces para protegerlos contra los actos de violencia y poner a los responsables de estos actos a disposición judicial. 

“Los policías deben ser los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y no debe permitírseles que estén por encima de ella”, ha dicho Godfrey Odongo, que ha añadido: “Cualquier persona que la investigación señale responsable de un homicidio extrajudicial debe ser puesta a disposición judicial y juzgada, y los familiares de las víctimas deben ser compensados”.