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Las autoridades iraníes deben investigar los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes de la minoría árabe ahwazi, que, según informes, se saldaron con al menos tres muertos y numerosos heridos en la provincia de Juzestán, al suroeste del país, ha dicho Amnistía Internacional hoy.

Según informes, las fuerzas de seguridad dispararon munición real y utilizaron gases lacrimógenos contra los manifestantes.

“Este es un nuevo ataque demoledor contra el derecho a la protesta. A pesar de las denuncias a los gobiernos de la región por reprimir manifestaciones, las autoridades iraníes están llevando a cabo las mismas medidas represivas”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional pide que se realice una investigación independiente e imparcial de estas muertes.

La ofensiva se inició a raíz de una protesta del “Día de la Ira” celebrada el pasado 15 de abril en conmemoración de las manifestaciones que tuvieron lugar en la capital de la región, Ahvaz, en 2005, cuando la población local árabe ahwazi convocó protestas contra una carta que creían había sido escrita por un funcionario, en la que se planteaba una política de “persianización” de la región.

“Sentimos una gran preocupación ante las denuncias de bastantes más de 200 detenciones en el periodo previo a la manifestación. Toda persona detenida simplemente por ejercer su derecho de reunión pacífica, o por expresar pacíficamente sus opiniones, debe ser puesta en libertad de forma inmediata e incondicional”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui.

Se cree que entre las personas detenidas había alrededor de 30 mujeres, cinco de las cuales estaban embarazadas, según informes.

Amnistía Internacional ha pedido que se proteja a todas las personas detenidas frente a torturas u otros malos tratos, y que se les garantice el acceso a sus familiares y abogados, así como al tratamiento médico necesario.

Desde 2005, las fuerzas de seguridad llevan ejerciendo un control cada vez más estricto sobre el flujo de información que entra y sale de la región, por lo que resulta sumamente difícil confirmar los detalles de los acontecimientos que tienen lugar en la zona de Juzestán.

De acuerdo con los informes ofrecidos por los medios de comunicación locales, los manifestantes fallecidos fueron Mohamed Murabi, de 30 años, muerto en Ahvaz el 16 de abril, y Abd al Rahman Ibn Qasem al Badawi, de 37, muerto en la ciudad de Hamidieh el 14 de abril. Otro hombre, Basem Abiat, se cree que fue asesinado en Hamidieh el 15 de abril. Amnistía Internacional no ha podido confirmar estas muertes por medios independientes.

Las manifestaciones se celebraron para reivindicar las quejas que la minoría árabe ahwazi lleva expresando desde hace tiempo por la discriminación y la negación de sus derechos económicos y culturales por parte de las instituciones.

Según informes, se celebraron manifestaciones en los distritos de Siahi, Malashieh y Kut Abdullah, en la ciudad de Ahvaz, así como en la localidad de Hamidieh, al noroeste de la capital.

También hubo protestas en otras ciudades como Khorramshahr y Abadan, de acuerdo con algunos informes.

Los medios de comunicación iraníes se han referido a las manifestaciones en Juzestán como muestras de apoyo a la mayoría chií en Bahréin. Algunas fuentes árabes ahwazíes afirman que las fuerzas de seguridad trajeron a ciudadanos de fuera de la provincia para que participasen en las manifestaciones sobre Bahréin.

La Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores de Irán se reunió el domingo para debatir sobre los “acontecimientos recientes” de Juzestán, sin especificar más detalles.

“Las autoridades iraníes deben reconocer y hacer frente a las quejas de la minoría árabe ahwazi de Irán, más que intentar catalogar sus protestas simplemente como “pro-bahreiníes””, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

La población árabe ahwazi es una de las numerosas minorías iraníes. Gran parte de la comunidad árabe de Irán vive en la provincia suroccidental de Juzestán, fronteriza con Irak.

La mayoría de ellos son musulmanes chiíes, pero algunos, según informes, se han convertido al islam suní como resultado de la creciente desconfianza del gobierno hacia la población ahwazi, que se queja de estar marginada y sometida a discriminación en el acceso a la educación, al empleo, a una vivienda adecuada, a la participación política y a sus derechos culturales.

En 2005, numerosos miembros de la comunidad ahwazi fueron asesinados, y muchos de ellos, si no cientos, fueron detenidos durante las manifestaciones y el periodo posterior a las mismas. Este hecho fue el detonante de un ciclo de violencia en la provincia, con ataques con bomba mortales, seguidos de nuevos arrestos, juicios injustos y al menos 15 ejecuciones.