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Amnistía Internacional ha pedido al gobierno japonés que proteja el derecho a la legítima protesta, tras la condena de dos activistas de Greenpeace por el robo de una caja de carne de ballena.

Junichi Sato, de 33 años, y Toru Suzuki, de 43, fueron condenados el lunes por robo y entrada sin autorización en propiedad ajena en la ciudad septentrional de Aomori, y fueron condenados a un año de prisión cada uno, con suspensión de la pena durante tres años.

Ambos admitieron el robo de una caja de 23 kilos de carne de ballena, que oficialmente se considera que estaba destinada a la investigación, pero dijeron que se la habían llevado para demostrar el problema, mucho más amplio, de los robos similares llevados a cabo por tripulantes de barcos balleneros, quienes luego venden la carne con un beneficio considerable.

“Se trata de una sentencia preocupante, dirigida claramente como señal a cualquiera que se enfrente a la postura del gobierno sobre la caza de ballenas”, ha manifestado Catherine Baber, directora adjunta del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Estos dos hombres investigaron las denuncias de prácticas corruptas, mientras que las autoridades no lo hicieron. Merecen un elogio, no una condena.”

Según el relato de Sato y Suzuki, a principios de 2008 se puso en contacto con ellos por primera vez un veterano cazador de ballenas –al que conocen únicamente como ”Sr. Ballena”– que se había decidido a denunciar la corrupción y el despilfarro del sector ballenero japonés.

Este hombre dijo a los dos activistas que los tripulantes de los balleneros recibían regularmente cajas con etiquetas falsas enviadas a sus casas; en realidad, esas cajas contenían carne de ballena. Los tripulantes vendían luego la carne para su beneficio personal. Algunos tripulantes recibían regularmente hasta 10 cajas a la vez, según dijo.

Los activistas admitieron inmediatamente que se habían llevado la caja de carne de ballena de un depósito de mercancías de la ciudad septentrional de Aomori en 2008. La caja que se llevaron estaba etiquetada como “cartón y vinilo”.

Más tarde entregaron la caja a la fiscalía de Tokio y celebraron una conferencia de prensa para presentar sus pruebas. En lugar de que la fiscalía emprendiera acciones contra los tripulantes implicados, lo que sucedió fue que la policía detuvo a Sato y Suzuki y registró las oficinas y los domicilios del personal de Greenpeace, confiscando documentos y discos duros de ordenador.

Greenpeace afirma que los dos activistas estuvieron detenidos sin cargos más de tres semanas, y fueron interrogados tres veces al día, atados a las sillas y sin la presencia de su abogado. Greenpeace, además, ha condenado la acción y ha calificado el procesamiento de “juicio político”.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó que ambos activistas habían llevado a cabo una investigación legítima de interés público, que su procesamiento era de motivación política y que su detención inicial había violado sus derechos humanos.

“El deplorable trato que el Sr. Sato y el Sr. Suzuki recibieron tras presentar sus pruebas es injustificable", ha manifestado Catherine Baber. “El gobierno japonés debe tomar medidas para garantizar que este tipo de trato indebido no se repite, y que se protege y se defiende la capacidad de investigar la corrupción y de sacar a la luz abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos.”

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre el trato recibido por los dos activistas, y en 2008 instó al primer ministro de Japón a realizar una declaración en la que asegurara claramente a los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos los activistas medioambientales como Sato y Suzuki, que el Estado, incluido el sistema judicial, respetará su derecho a llevar a cabo actividades pacíficas sin intimidación ni acoso.