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Los últimos informes de Kenia indican que hasta 70 personas han muerto víctimas de homicidios por motivos étnicos desde el pasado jueves. Diez personas murieron ayer en Naivasha, población al oeste de Nairobi, seis de ellas quemadas y cuatro a machetazos.

Los ataques se produjeron cuando miembros armados de la comunidad kikuyu agredieron a miembros de las comunidades luo y kalenjin, que se considera que apoyaron al candidato de oposición. Hasta 60 personas resultaron muertas en ataques similares en Nakuru, capital de la provincia del valle del Rift.

Los últimos ataques, dirigidos contra personas que se considera que han apoyado al candidato de oposición, se produjeron al parecer en represalia por los ataques dirigidos previamente contra personas que se considera que apoyan al presidente.

El viernes pasado, Amnistía Internacional pidió al gobierno de Kenia que tomara todas las medidas adecuadas para proteger a la población de los abusos contra los derechos humanos, consecuencia de los ataques por motivos políticos y étnicos.

“El gobierno tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos de los ataques por motivos políticos y étnicos, pero para ello sólo debe utilizar la fuerza en grado necesario y proporcional”, ha dicho Erwin van der Borght, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional”.

Según las cifras oficiales, unas 680 personas han muerto víctimas de homicidio desde el 30 de diciembre tras las polémicas elecciones presidenciales de ese mes. Otras fuentes señalan que la cifra podría ser muy superior.

Decenas de esas personas murieron por disparos de la policía, desplegada para sofocar la violencia o disolver las protestas masivas contra los resultados electorales convocadas por la oposición.

La ONU calcula que la violencia ha causado el desplazamiento interno de más de 255.000 personas, y que más de 6.000 más han huido a Uganda como refugiadas.