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Las autoridades iraníes no deben ejecutar a un kurdo en el corredor de la muerte cuya ejecución se cree inminente después de que la semana pasada fuera sometido a régimen de aislamiento, ha declarado Amnistía Internacional.

Habibollah Latifi fue condenado a muerte en julio de 2008 tras ser declarado culpable de moharebeh, enemistad con Dios, en relación con su pertenencia al Partido de la Vida Independiente de Kurdistán (PJAK), un grupo armado prohibido, y de las actividades realizadas en su favor.

El 16 de enero fue sometido a régimen de aislamiento en la prisión de Sanandaj, en la provicia de Kurdistán, en el noroeste de Irán.

En el corredor de la muerte de la prisión de Saqqez continúa otro hombre, Sherko Moarefi, detenido en octubre de 2008 y condenado posteriormente a la pena capital.

Se cree que al menos otras 18 personas kurdas, 16 hombres y dos mujeres, están en el corredor de la muerte por su relación con organizaciones kurdas prohibidas.

En octubre, un juez de Sanandaj, la capital de la provincia, recibió órdenes de llevar a cabo la ejecución de Habibollah Latifi, Sherko Moarefi y Ehsan Fattahian, por lo que se temió que sus ejecuciones fueran inminentes. Ehsan Fattahian fue ejecutado el 11 de noviembre de 2009.

Habibollah Latifi fue detenido el 23 de octubre de 2007 en Sanandaj. Su juicio se celebró a puerta cerrada, y no se permitió asistir ni a sus familiares ni a su abogado. El 18 de febrero de 2009 el Tribunal de Apelaciones de Sanandaj confirmó su condena.

No se tienen noticias de que su abogado haya recibido notificación, tal y como exige la ley, de que la ejecución ha sido fijada, aunque en algunos casos, como el del kurdo Fasih Yasmini, ejecutado el 6 de enero de 2010 por moharebeh, las ejecuciones se han llevado a cabo sin que hubiese una notificación previa. A su familia no se le ha comunicado que vaya a ser ejecutado, aunque teme que su ejecución sea inminente.

El abanico de delitos castigados con la pena capital en Irán es amplio e incluye el de moharebeh, declarado a menudo por ejercer oposición armada al Estado, pero puede incluir otros delitos contra la seguridad nacional como el espionaje.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades iraníes que conmuten las penas de muerte de Habibollah Latifi y Sherko Moarefi y otras impuestas por delitos políticos.

Los kurdos, una de las múltiples minorías de Irán, sufren discriminación religiosa, económica y cultural. Durante muchos años, varias organizaciones kurdas han realizado oposición armada contra la República Islámica de Irán. El PJAK, creado en 2004, sigue llevando a cabo agresiones armadas contra fuerzas de seguridad iraníes.

Ningún grupo ha reconocido su responsabilidad en la serie de asesinatos y de intentos de asesinato de, principalmente, figuras religiosas y jueces, que tuvieron lugar en Kurdistán entre el 9 y el 19 de septiembre de 2009.

Las autoridades han culpado, según el caso, al PJAK y a “sunníes fundamentalistas extremistas” relacionados con servicios de inteligencia extranjeros. Según la información publicada por medios de comunicación iraníes el 28 de septiembre de 2009, varias de las personas consideradas responsables de las agresiones fueron detenidas en el lugar en el que se había producido otra agresión que se saldó con dos muertos.

El 18 de enero de 2010, Vali Haji Gholizadeh, fiscal de la ciudad noroccidental de Khoy, fue muerto a tiros. Cuatro personas sospechosas fueron detenidas. Las autoridades iraníes culparon al PJAK del homicidio, pero el partido negó posteriormente tener algún tipo de responsabilidad.

Amnistía Internacional ha condenado sin reservas las agresiones a la población civil, en la que se incluye a jueces, clérigos y funcionarios elegidos en comicios locales o nacionales, pues las agresiones a civiles violan los principios fundamentes del derecho internacional humanitario.

La organización ha declarado que dichos principios prohíben rotundamente las agresiones a la población civil, así como los ataques indiscriminados y desproporcionados. Bajo ninguna circunstancia pueden justificarse.