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Libia y Malta no cumplen su obligación con los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes

Libia no reconoce a los refugiados ni permite que el ACNUR trabaje en el país.

Libia no reconoce a los refugiados ni permite que el ACNUR trabaje en el país.

© Gabriele del Grande


14 diciembre 2010

“Es mejor morir en el mar que volver a Libia”.
Farah Anam, una mujer somalí que llegó a Malta en julio de 2010, vía Libia.

Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que huyen de la persecución y los conflictos armados se enfrentan a torturas y a detención indefinida cuando intentan llegar a Europa a través de Libia, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe Seeking safety, finding fear: Refugees, asylum-seekers and migrants in Libya and Malta incide en la grave situación de las personas que intentan llegar a la Unión Europea (UE), muchas de ellas en busca de refugio y protección, y los abusos contra los derechos humanos que enfrentan en Libia y Malta.

“En Libia, los ciudadanos y ciudadanas extranjeros, incluidos los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, son particularmente vulnerables y viven bajo el temor constante de ser detenidos y recluidos durante periodos extensos y de sufrir torturas o cualquier otra forma de abusos”, ha dicho Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
 
“Además, muchos temen ser devueltos a sus países de origen sin importar el riesgo real que corren en ellos de sufrir persecución”.

Según las autoridades libias, hay más de tres millones de “migrantes irregulares” en Libia, muchos de otras regiones de África; sin embargo insisten en que no hay ningún refugiado entre ellos.

Decenas de miles de somalíes abandonan Somalia cada año y llevan a cabo largos y peligrosos viajes a través de países como Libia para escapar del conflicto que hace estragos en su país desde 1991. Muchos gastan todos sus ahorros en emprender arriesgados viajes a través del Mediterráneo.

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo viven en un limbo legal en Libia, a pesar de su necesidad de recibir protección. Libia no es firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas (ONU) de 1951 y carece de un sistema de concesión de asilo. En noviembre de 2010, el gobierno rechazó públicamente las recomendaciones para que Libia ratificara la Convención de 1951 y firmara un memorando de entendimiento con la Agencia de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, por el que este organismo podría asistir a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en dicho país.

 “Las personas solicitantes de asilo y refugiadas en Libia no tienen a quién acudir en busca de ayuda y se han vuelto aún más vulnerables desde que las autoridades ordenaron al ACNUR suspender sus actividades, el pasado junio. Lo menos que deberían hacer las autoridades libias es proteger a quienes huyen de la persecución y el conflicto contra las detenciones, la violencia y los abusos, y garantizar que no se les devuelva a lugares donde corren riesgo real de sufrir persecución o daños graves”, ha afirmado Malcolm Smart.

Ahmed Mahmoud y Mariam Hussein, una pareja somalí que huyó de su país devastado por la guerra, llegaron a Libia donde vivieron bajo el temor constante de ser detenidos por las autoridades, sin poder encontrar trabajo, y sufriendo repetidos robos, antes de tomar la decisión de marcharse a Europa en barco. Por entonces Mariam estaba embarazada de siete meses.

La pareja era parte de un grupo de 55 somalíes que fue interceptado en el mar y rescatado de un bote en situación de peligro por barcos malteses y libios el 17 de julio de 2010, en medio de la peligrosa travesía marítima entre Libia y Europa. Mariam Hussein y otras 26 personas fueron inmediatamente devueltas a Libia; otras 28, entre ellas Ahmed Mahmoud, fueron llevadas a Malta.

En Libia, Mariam Hussein y todas las personas devueltas junto a ella fueron inmediatamente detenidas y se ha informado de que los hombres del grupo fueron golpeados y torturados con descargas eléctricas. Dos meses más tarde, el bebé de Mariam nació muerto.

Las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes sufren tortura y abusos de forma sistemática en Libia. Con frecuencia los guardias de prisiones pegan puñetazos a las personas detenidas o las golpean con barras de metal o porras y quienes se quejan de las condiciones de detención o solicitan asistencia médica se enfrentan a agresiones u otra clase de castigos.

A pesar de esto, en octubre, la Comisión Europea firmó un “acuerdo de cooperación” con las autoridades libias sobre la “gestión de los flujos migratorios” y el “control de fronteras” válido hasta 2013, por el que la UE pagará a Libia 50 millones de euros.

Entretanto, la UE y Libia están negociando un “acuerdo marco” más amplio que permita la “readmisión” en el país africano de ciudadanos y ciudadanas de “terceros países” que hayan entrado a la UE después de haber pasado por territorio libio.

 “Los derechos humanos y el reparto de responsabilidad —los principios básicos de protección internacional— deben constituir la esencia de la cooperación entre la UE y Libia. La UE y sus Estados miembros no deben hacer la vista gorda frente a las violaciones continuadas de derechos humanos en este país cuando busquen su cooperación para detener el flujo de personas que llegan a la UE desde África”, ha señalado Malcolm Smart.

Se calcula que unas 13.000 personas llegaron en barco a Malta desde Libia entre 2002 y mayo de 2009. Sin embargo, Malta no es el refugio seguro que esperaban encontrar. Conforme a la ley maltesa, todas las personas que lleguen al país, incluidas las que solicitan asilo, son susceptibles de ser consideradas “inmigrantes prohibidos” y se enfrentan a la detención preceptiva de duración indeterminada: en la práctica, de hasta 18 meses.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera “ineficaces” los recursos legales existentes para evitar las detenciones.

 “La situación geográfica de Malta supone que tenga que enfrentar grandes y variados flujos de migrantes irregulares y solicitantes de asilo, lo que claramente representa un reto considerable. No obstante, esto no exime a Malta de sus obligaciones en virtud del derecho internacional y regional de los refugiados y de los derechos humanos, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, ha afirmado Malcolm Smart.

 “Las autoridades maltesas deben garantizar que las operaciones de búsqueda y rescate no acarreen la devolución forzosa o el traslado de personas ya de por sí vulnerables a Libia u otros Estados donde se expondrían a un riesgo real de violaciones graves de sus derechos humanos”.

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