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Blog escrito para Amnistía Internacional por el activista juvenil bielorruso Mikhail Kryvau, condenado a dos años de “libertad restringida” el 22 de abril de 2008.

En octubre de 2007, me vinculé con un grupo de activistas juveniles llamado Partido Civil Unido de Bielorrusia. Decidimos crear una agrupación denominada Jóvenes Demócratas –brazo juvenil del Partido–, entre cuyas actividades figuraban organizar debates políticos y seminarios de educación estudiantil, así como escribir y distribuir materiales. Una de nuestras principales actividades vino a ser la participación en actos de protesta organizados por la oposición democrática.

El 10 de enero de 2008 participé en un importante acto público. Las personas asistentes –pequeños empresarios y activistas de la oposición– protestaban por una decisión tomada por el presidente Lukashenko.

El acto se convirtió en una manifestación de masas, y los participantes interrumpieron el tráfico en el centro de la ciudad. No obstante, la protesta siguió siendo pacífica y no violenta.

Cuando ya casi había finalizado el acto y me dirigía de regreso a casa, fui agredido brutalmente por unos agentes de la fuerza especial de policía conocida como “Escuadrones Policiales con Funciones Especiales”.

Los agentes me golpearon y me doblaron los brazos detrás de la espalda. Después metieron a seis o siete personas más en la camioneta policial.

Estábamos tumbados boca abajo y la policía nos golpeaba con guantes y botas revestidas de hierro. Vi que el abrigo de la chica que yacía junto a mí estaba manchado de sangre. Les pedimos que se detuvieran, pero no lo hicieron. Fue una experiencia terrible. Me parecía que lo que ocurría era irreal y que simplemente se trataba de una pesadilla.

Cuando me llevaron al departamento de policía, me sentía muy mal. Pedí un médico, pero la policía no hizo caso de mi petición. Pasé la noche en una celda.

A la mañana siguiente me llevaron al Tribunal Central de Distrito de Minsk. Finalmente, a primeras horas de la noche, comparecí ante un juez. Como resultado del “juicio”, que duró 15 minutos, recibí una pena de 15 días de detención administrativa.

Posteriormente, el 4 de marzo de 2008, me llamaron una vez más al departamento de policía. Esta vez me entregaron una notificación oficial en la que se me declaraba acusado de “organizar y participar activamente en” la manifestación del 10 de enero.

El 16 de abril de 2008 comenzó el juicio en Minsk. Varios activistas de la oposición –14 en total– fueron acusados de “organizar y participar activamente en un acto de protesta no autorizado”.

El 22 de abril, el juez nos declaró culpables. Casi todos fuimos condenados a dos años de libertad restringida, que es una forma de arresto domiciliario.

Nuestros abogados interpusieron recursos de apelación, pero las sentencias fueron confirmadas.

En julio de 2008 iba a comenzar oficialmente mi condena. Habría tenido que permanecer en mi apartamento todo el tiempo, salvo cuando me hallara en el trabajo (ocho horas) y el tiempo asignado a mis actividades diarias, como ir a comprar comestibles, a la peluquería, etc. (dos horas).

Si la policía telefoneaba a mi casa y yo me había retrasado un minuto, me harían la primera advertencia oficial. Con tres advertencias, la pena de libertad restringida sería sustituida automáticamente por una pena de privación de libertad, es decir, prisión.

Cada dos semanas tendría que ir a registrarme al departamento de policía. Los agentes de policía tendrían derecho a entrar en mi apartamento a cualquier hora del día. No se me permitiría salir de Minsk. No se me permitiría asistir a actos públicos como manifestaciones de cualquier tipo, convenciones o piquetes. No se me permitiría visitar los apartamentos de otras personas.

Debido a las duras restricciones impuestas a mi libertad y a la amenaza de más restricciones, tomé la difícil decisión de abandonar Bielorrusia. Solicité el estatuto de refugiado político, que el gobierno de Irlanda me concedió en mayo de 2009.

Desde que me marché de Bielorrusia, la policía ha visitado mi apartamento en dos ocasiones. En ambos casos se trató de un grupo de entre 4 y 6 agentes de policía. Los agentes registraron el apartamento y preguntaron por mi paradero a mis familiares y vecinos. Cuando aparecieron por segunda vez, registraron el apartamento nuevamente y comunicaron a mi madre y a mi padre que habían iniciado una investigación criminal relacionada con la evasión de mi condena.
 

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