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Zimbabue: Hallazgo de los cadáveres de 12 víctimas de tortura

Fri, 20 Jun 2008 11:04:00 +0100

Amnistía Internacional reveló el jueves 19 de junio el hallazgo de 12 cadáveres en diversas zonas de Zimbabue. La mayoría de las víctimas parecen haber muerto como consecuencia de las torturas infligidas por sus secuestradores.

Las víctimas fueron secuestradas presuntamente por simpatizantes de Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), en algunos casos acompañados de hombres armados que al parecer eran agentes del gobierno.

Cuatro de las víctimas fueron secuestradas por jóvenes de la ZANU-PF, según los informes, el 18 de junio en el domicilio en Chitungwiza del Sr. Chipiyo, concejal electo del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC). Uno de los fallecidos es Archford Chipiyo, hijo del concejal electo.

Cinco cadáveres se encontraron en la provincia de Masvingo, mientras que dos se hallaron en el distrito de Gokwe, provincia de Midlands, y de otro se habían deshecho en Harare.

Una mujer murió el 19 de junio en un hospital de Harare debido a las lesiones causadas por la paliza que le propinaron jóvenes de la ZANU-PF cuando asistía al funeral de un familiar en Buhera.

Amnistía Internacional también ha recibido información de testigos presenciales que afirman que grupos de soldados recorren los poblados amenazando a sus habitantes con armas de fuego y ordenándoles que voten por el presidente Mugabe el 27 de junio.

“El gobierno debe denunciar públicamente todos los actos de violencia de simpatizantes de la ZANU-PF, ‘veteranos de guerra’ y soldados, y trabajar con todos los partidos políticos para poner fin de inmediato a la violencia”, ha afirmado Amnistía Internacional.

“El gobierno también debe retirar a los soldados desplegados en zonas rurales y urbanas que están instigando ataques contra personas a las que consideran simpatizantes del MDC.”

Amnistía Internacional pide también a los dirigentes de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral que convoquen una cumbre de emergencia para abordar el deterioro de la seguridad en Zimbabue.

“Combatientes enemigos” menores de edad comparecen en vistas en Guantánamo

Fri, 20 Jun 2008 11:52:09 +0100

Dos personas que tenían menos de 18 años cuando fueron detenidas en Afganistán por las fuerzas armadas de Estados Unidos comparecen en vistas ante comisiones militares en Guantánamo. Las vistas preliminares se reanudaron durante la semana del 16 de junio en los casos de Mohammed Jawad y Omar Khadr.

Estas son las primeras vistas ante las comisiones que se celebran desde que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló el pasado 12 de junio que los detenidos de Guantánamo tenían derecho a impugnar su detención ante los tribunales civiles federales. Una persona asiste a las vistas en calidad de observadora en nombre de Amnistía Internacional.

Además de cuestionar la legalidad de los procedimientos, los abogados de Mohammed Jawad y Omar Khadr plantearon inquietantes denuncias de tortura y malos tratos y persistentes motivos de preocupación relativos a la salud física y mental de los detenidos.

Mohammed Jawad es ciudadano afgano y tenía 16 o 17 años cuando fue detenido en Kabul en diciembre de 2002. Su abogado, David Frakt, comandante de la Fuerza Aérea, presentó una petición para que se desestimaran los cargos de tentativa de asesinato que se habían presentado en su contra alegando que las fuerzas armadas de Estados Unidos lo habían torturado en Guantánamo, privándole de sueño e infligiéndole otros malos tratos.

Los archivos revelaron que Mohammed Jawad fue sometido a lo que se conoce como “programa del viajero frecuente”, durante un periodo de dos semanas en mayo de 2004. Lo trasladaron cada dos horas a diferentes celdas de Guantánamo en 112 ocasiones. Mohammad Jawad ya había intentado suicidarse unos meses antes.

Cuando lo sometieron a ese trato, según su abogado, la documentación relativa a su custodia indicaba que ya se había decidido que no tenía “ningún valor de inteligencia”. Además, su expediente mostraba sólo infracciones disciplinarias leves, como llamar a otros detenidos en pastún (su lengua materna) cuando estaba detenido en régimen de aislamiento.

Durante su última comparecencia ante una comisión militar, en marzo, la persona que asistió en representación de Amnistía Internacional observó que Mohammed Jawad estaba visiblemente inquieto. Hubo un momento en el que se quitó los auriculares que llevaba para oír la interpretación, diciendo que le dolía mucho la cabeza. Apoyó la cabeza en la mesa y no la levantó durante el resto de las actuaciones.

Omar Khadr, ciudadano canadiense, tenía sólo 15 años cuando quedó bajo custodia de Estados Unidos. También compareció ante una comisión militar el 20 de junio, en la que se espera que se impugnen de nuevo los cargos presentados en su contra. Según los informes, se ha quejado recientemente de sentirse mal y sufrir mareos, aunque un profesional de la salud militar que lo visitó informó el 19 de junio de que lo encontró “en buen estado de salud, sin dolencias ni problemas”.

La persona que asiste como observadora en nombre de Amnistía Internacional presentó el martes 17 de junio una petición conjunta con otros observadores de ONG –de Human Rights Watch, Human Rights First y Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles– para que se le permitiera ver las celdas donde Mohammed Jawad y Omar Khadr están recluidos actualmente, debido a motivos de preocupación suscitados en relación con los efectos de sus condiciones de reclusión sobre su salud mental y física. No se ha recibido todavía respuesta de las autoridades a esta petición.

Amnistía Internacional ha afirmado que ninguna persona menor de 18 años debe ser trasladada a Guantánamo y que ninguna persona que fuera menor en el momento cuando se cometió el presunto delito debe ser sometida a una comisión militar. Además de deficiencias fundamentales en los procedimientos en general, las comisiones no contemplan disposiciones relativas a la justicia de menores, tal como exige el derecho internacional.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades estadounidenses que abandonen las radicalmente injustas comisiones militares en todos los casos; que cierren de inmediato Guantánamo y dejen en libertad a los detenidos o presenten cargos en su contra y los juzguen ante tribunales civiles de Estados Unidos.

Es hora de que España cumpla sus promesas en materia de derechos humanos

Fri, 20 Jun 2008 15:14:44 +0100

Amnistía Internacional ha presentado hoy en Madrid su agenda de derechos humanos para la segunda legislatura del gobierno español, que entregó ayer al presidente Rodríguez Zapatero. La agenda analiza los avances alcanzados hasta la fecha, e incluye diversas recomendaciones concretas de acción para el futuro.

“Acogemos con satisfacción las garantías que el presidente Zapatero nos ha dado de adoptar un Plan Nacional de Derechos Humanos antes de finales de 2008”, manifestó Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional. “Se trata de una oportunidad para mostrar liderazgo a la hora de lograr resultados en materia de derechos humanos.”

El informe España: Un compromiso más firme, una acción más eficaz. Agenda de derechos humanos para la legislatura 2008 – 2012 analiza los avances realizados por el gobierno en la anterior legislatura, define los desafíos clave de derechos humanos a los que se enfrenta España y marca un camino hacia el cambio que incluye un listado de 17 indicadores para comprobar la actuación del gobierno con respecto a las promesas realizadas.

“El presidente Zapatero nos ha dicho que su Plan de Derechos Humanos será ambicioso, y puede estar seguro de que le exigiremos que cumpla su promesa”, declaró Irene Khan. Amnistía Internacional hace un llamamiento para que el plan sea objeto de amplias consultas, conforme con las obligaciones internacionales contraídas por España, y coherente al demostrar el mismo compromiso con los derechos humanos dentro y fuera del país. El plan debe dar respuesta a los retos a los que se enfrenta España en materia de derechos humanos, reforzando la protección de los colectivos más vulnerables de la sociedad, como las mujeres víctimas de violencia, los menores, las personas migrantes y las personas detenidas. Debe establecer puntos de referencia claros y ambiciosos que sirvan para medir los avances de forma transparente.

“El plan no debe quedarse sólo en una promesa sobre el papel, debe ser un plan con el que puedan mostrarse resultados”, afirmó Irene Khan.

El análisis de los cuatro años anteriores realizado por Amnistía Internacional muestra avances en algunas áreas, pero también la necesidad de un compromiso más firme y medidas más efectivas en otras. Amnistía Internacional acoge con satisfacción la ley para controlar el comercio de material militar y la ley destinada a combatir la violencia de género. Con ellas se muestra voluntad política, pero hace falta mucho más que eso para convertir estas medidas en acciones efectivas. La ley sobre los derechos de las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo constituyó un importante primer paso, pero no ha cumplido las expectativas de lograr verdad, justicia y reparación.

“Es el momento de elaborar un Plan de Derechos Humanos realmente ambicioso, un Plan que tome estos logros como base y continúe avanzando con audacia para abordar los decisivos retos que existen hoy en día en materia de derechos humanos”, declaró Irene Khan.

Uno de los retos a los que se enfrenta el gobierno es el de los persistentes y graves abusos cometidos por Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Amnistía Internacional ha condenado sistemáticamente y sin reservas la violencia de ETA como graves abusos contra los derechos humanos, y rechaza de forma categórica cualquier argumento u objetivo que pretenda justificarlos.

El gobierno tiene la obligación de proteger a las personas frente a estos ataques, pero debe hacerlo en el marco de los derechos humanos y de las normas del derecho internacional. “El terrorismo no puede vencerse socavando los derechos humanos y las normas del derecho internacional; este es el mensaje de Amnistía Internacional en la lucha contra el terrorismo en todo el mundo y es nuestro mensaje en España”, afirmó Irene Khan.

Otro de los complejos retos a los que se enfrenta España, y de hecho toda Europa, es el de la migración. Aunque Amnistía Internacional reconoce que los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras, sin embargo esto no debe hacerse a costa de socavar los derechos humanos de las personas migrantes, estén o no en situación irregular.

“No tener 'papeles' no significa que no tengas derechos”, ha declarado Irene Khan, “y Amnistía Internacional está sumamente decepcionada por la adopción el 18 de junio de una directiva de la Unión Europea que ahora permitirá a los Estados miembros detener a personas que no han cometido ningún delito, incluidos menores de edad, durante un periodo de hasta 18 meses”.

El gobierno de España ha señalado que va a revisar la Ley de Extranjería. Amnistía Internacional hace un llamamiento a España para que no rebaje sus normas sobre el trato a migrantes al mínimo común denominador existente en Europa. El gobierno ha reiterado el compromiso que asumió en su manifiesto electoral del año 2008 de ratificar la Convención de Trabajadores Migrantes, promesa que AI recibe con satisfacción. “Planteamos al gobierno español el desafío de que, al elaborar su Plan Nacional de Derechos Humanos, se ponga en cabeza de la Unión Europea para desarrollar una política migratoria de mejores prácticas basada en los derechos humanos”, ha declarado Irene Khan.

España también debe tomar conciencia del desafío que suponen el racismo y la xenofobia en el ámbito europeo. A pesar de que en España se ha creado un Observatorio sobre estas cuestiones, no se han publicado datos ni estadísticas. “El racismo y la xenofobia existen en la realidad pero son invisibles en términos oficiales. Hay que poner fin a esta situación de modo inmediato”, ha manifestado Irene Khan. Amnistía Internacional pide la adopción de una estrategia global para recabar y publicar este tipo de información en toda España, como parte de un plan más amplio destinado a combatir el racismo y la intolerancia.

Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional y otras organizaciones muestran que, aunque no se producen de forma sistemática, continúan recibiéndose alegaciones de torturas y otros malos tratos sufridos por personas de muy diversa índole y en todo el país. La organización acoge con satisfacción el hecho de que las autoridades reconocen cada vez más que la tortura y los malos tratos no son anomalías aisladas, y pide la adopción de medidas para abordar el problema, incluida la creación de un mecanismo independiente que investigue las denuncias presentadas contra la policía, como ocurre en otros países europeos. Salvaguardias como ésta son la mejor manera de proteger tanto los derechos de las personas detenidas como la reputación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley frente a denuncias falsas.

En este sentido, una medida preventiva positiva ha sido la introducción de cámaras de vídeo para vigilar a las personas detenidas bajo custodia policial, una medida que se utilizó por primera vez en el País Vasco y que ahora también se ha implantado en Cataluña. La introducción de medidas que, a petición de un juez, permitirían la videovigilancia de las personas detenidas en régimen de incomunicación por fuerzas policiales estatales constituye un avance. Amnistía Internacional pide que esta medida se convierta en obligatoria en todos los casos de detención. “En todo caso, la legislación española sobre detención en régimen de incomunicación constituye una anomalía en Europa y debe ser revocada”, ha afirmado Irene Khan.

En el ámbito internacional, Amnistía Internacional pide a España que muestre su compromiso con los derechos humanos de forma sistemática en todo el espectro de su política exterior. La organización acoge con satisfacción el compromiso de España con el multilateralismo y el apoyo positivo que ha ofrecido en los últimos años a las instituciones de derechos humanos en las Naciones Unidas. Pero tiene que mostrar un compromiso similar con los derechos humanos en sus relaciones bilaterales con gobiernos como China, Colombia, Estados Unidos, Marruecos y Rusia.

“Subordinar los derechos humanos a otros intereses económicos, estratégicos y políticos a corto plazo en las relaciones bilaterales no sólo muestra escasa visión de futuro, sino que contradice y debilita los objetivos generales de la política exterior del gobierno español de promover los derechos humanos en el ámbito multilateral”, ha afirmado Irene Khan.

“El presidente Zapatero ha presentado una audaz iniciativa destinada a lograr una suspensión mundial de la pena de muerte, que Amnistía Internacional apoya con satisfacción”, ha manifestado Irene Khan. “Pedimos al presidente Zapatero que sea igual de audaz y asuma el liderazgo en otras urgentes y difíciles cuestiones de derechos humanos existentes en España, Europa y el resto del mundo. En su segunda legislatura, el gobierno de Zapatero tiene una oportunidad única de mostrar resultados en materia de derechos humanos”.

Información complementaria

Una delegación de Amnistía Internacional, encabezada por la secretaria general Irene Khan, se encuentra en España desde el 14 de junio, y ha mantenido reuniones con representantes de la sociedad civil, miembros del Parlamento y miembros del gobierno. En las Islas Canarias la delegación se entrevistó con el presidente del gobierno autonómico y visitó un centro de menores no acompañados. En el País Vasco, Irene Khan se reunió con el presidente del gobierno autonómico, el Ararteko (Defensor del Pueblo en el País Vasco) y los consejeros de Interior y de Justicia. También fue invitada a dirigirse a la Comisión de Interior del Parlamento Vasco. En Madrid, Irene Khan mantuvo diversas reuniones oficiales con, entre otros, el presidente del gobierno, el ministro de Justicia, la secretaria de Estado de Migración, los secretarios de Estado de Interior y de Asuntos Exteriores, el fiscal general y el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, representantes del Consejo General del Poder Judicial y también de diversos partidos políticos en el Congreso de los Diputados.

España: Deben respetarse los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

Mon, 16 Jun 2008 17:44:14 +0100

La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, se encuentra visitando España estos días para entrevistarse con autoridades del gobierno, organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes de violaciones de derechos humanos y organizaciones profesionales. La visita terminará con la presentación de una agenda de derechos humanos al gobierno español para la legislatura 2008-2011.
Irene Khan hizo la siguiente declaración durante la celebración de un acto simbólico en el cementerio de Santa Lastenia, en Tenerife:

"En este cementerio de Tenerife están enterradas decenas de personas migrantes sin identificar que perdieron la vida intentando acceder a territorio europeo a través de las islas Canarias, una de sus principales puertas de entrada.

En los últimos años ha crecido de forma considerable el número de personas que han llegado tanto a Canarias, como a otras fronteras del sur, como Italia, Chipre, Malta o Grecia. Muchas de estas personas huyen de la pobreza y de graves violaciones de derechos humanos. Muchas de ellas no lo han conseguido y han muerto en el intento.

Hoy, en nombre de Amnistía Internacional y de sus más de dos millones de miembros y simpatizantes en todo el mundo, quiero reconocer esta terrible tragedia humana y el sufrimiento de estas personas.

En este homenaje también quiero recordar a los gobiernos europeos que el hecho de que una persona no tenga "papeles" no significa que no tenga derechos.

Toda persona tiene derechos humanos, independientemente de su situación legal, pero en muchos casos estos derechos se ponen en riesgo por las políticas de control migratorio llevadas a cabo por los países europeos.

Esto es inaceptable.

Todo el mundo tiene derecho a recibir un trato humano y digno. Aquellos que huyen de violaciones de derechos humanos tienen derecho a pedir asilo. Los migrantes tienen el derecho a recibir un trato humano y digno.

Amnistía Internacional reconoce el derecho de los Estados, y entre ellos el español, a controlar sus fronteras y la entrada de extranjeros en su territorio, pero no a costa de socavar los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
El miércoles 18 de junio, los parlamentarios europeos tomarán una decisión importante respecto al retorno de migrantes en situación irregular votando una directiva que permitirá a los Estados miembros de la Unión Europea la detención de personas que no han cometido ningún delito, incluidos menores, por un periodo de hasta año y medio.

La directiva propuesta es inaceptable como estándar de la Unión Europea, y exijo a los europarlamentarios que la rechacen. La detención sólo ha de ser utilizada en circunstancias excepcionales, siempre por el menor tiempo posible y no puede ser prolongable o indefinida. Los estándares de retorno son necesarios, pero no a toda costa. La directiva ha de incluir garantías que aseguren que el retorno de los migrantes en situación irregular se lleve a cabo con pleno respeto a sus derechos fundamentales.

Europa lo debe hacer mucho mejor. Exijo de forma contundente a los europarlamentarios que rechacen el compromiso actual y aseguren que se incluirán garantías eficaces.

Los menores no acompañados son particularmente vulnerables, por ello la directiva debería prohibir su detención, y asegurar que tengan acceso a asistencia legal.

Después, visitaré el centro “La Esperanza” y me encontraré con estos menores. Mi objetivo es llamar la atención sobre la vulnerabilidad y el deber que tienen todos los gobiernos, incluyendo el español, de otorgarles la debida protección.

Priorizar el control migratorio no ha de traducirse en dar la espalda a los derechos de las personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, un grupo particularmente vulnerable y desprotegido.

La Unión Europea es una unión basada en la democracia y los derechos humanos. Tiene que estar a la altura de esos valores y proteger los derechos de las personas migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo."

Egipto debe poner fin a los vuelos con destino a la tortura en Eritrea

Fri, 13 Jun 2008 17:06:56 +0100

Las autoridades egipcias se disponen a devolver a un total de hasta 1.200 solicitantes de asilo a Eritrea. El miércoles, 11 de junio, por la noche expulsaron ya a 200 personas, y el jueves por la noche, a otras 200. Amnistía Internacional teme que esta noche expulsen a 180 más.

Las personas solicitantes de asilo devueltas a Eritrea están expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos allí, especialmente si huyeron del país para no cumplir el servicio militar obligatorio. La mayoría son recluidas en régimen de incomunicación y en condiciones inhumanas durante semanas o, a veces, años.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades egipcias a que pongan fin a todas las devoluciones a Eritrea. Asimismo, la organización ha pedido que se proporcione de inmediato a todas las personas solicitantes de asilo acceso a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Egipto para que evalúe sus solicitudes.

Las 200 personas solicitantes de asilo expulsadas el jueves por la noche fueron embarcadas en un vuelo especial de EgyptAir en el aeropuerto internacional de Asuán. La mayoría llevaban meses detenidas en la comisaría de policía de Nasr al Nuba, cerca de la ciudad de Asuán, de donde las trasladaron a un campo de las fuerzas centrales de seguridad en Shallal, al sur de Asuán, antes de su expulsión. Entre ellas había mujeres y menores.

Cuando supieron que iban a ser devueltas a Eritrea, imploraron a las fuerzas de seguridad que no lo hicieran, y algunas incluso amenazaron con matarse. Entonces las registraron para comprobar que no llevaban ningún objeto con el que pudieran infligirse algún daño. No opusieron resistencia física al ser conducidas al avión, pero no dejaron de llorar e implorar.

Las 200 personas solicitantes de asilo expulsadas el día anterior, miércoles, habían estado detenidas también en un campo de las fuerzas centrales de seguridad en Shallal. Les dijeron que las llevaban a la oficina del ACNUR en la capital egipcia, El Cairo.

Sus abogados trataron de alcanzarlas esa misma noche para darles medicinas y alimentos, pero no lo consiguieron. Las 200 personas fueron conducidas en realidad al aeropuerto internacional de Asuán y embarcadas en un vuelo especial de EgyptAir con destino a Eritrea.

De las 1.200 personas solicitantes de asilo de Eritrea que corren riesgo de expulsión, centenares se encuentran bajo custodia en varias comisarías de policía de las proximidades de Asuán, y varias decenas están recluidas en la prisión de Al Qanater, cerca de El Cairo.

Alrededor de 700 se encuentran detenidas cerca de las localidades de Hurghada y Marsa Alam, en el mar Rojo. Los abogados de las recluidas en Asuán creen que 200 de las que se hallan en Hurghada están siendo trasladadas a Asuán para preparar su devolución.

Desde el final de febrero, numerosas personas solicitantes de asilo de Eritrea han entrado en Egipto por su frontera sur con Sudán o por mar, hasta la zona situada al sur de la localidad de Hurghada. Otras, reconocidas como refugiados por el ACNUR en Sudán, están huyendo de este país para evitar que las autoridades sudanesas las devuelvan a Eritrea.

Centenares de personas solicitantes de asilo de Eritrea detenidas en Asuán fueron acusadas formalmente de entrada ilegal en Egipto y condenadas a un mes de prisión suspendida. Sin embargo, quedaron sometidas a detención administrativa por orden del Ministerio del Interior, conforme a la legislación de excepción vigente en Egipto.

El ACNUR emitió unas directrices para todos los gobiernos en las que se oponía a la devolución a Eritrea de personas solicitantes de asilo de este país rechazadas, debido al historial de graves violaciones de derechos humanos de Eritrea. Estas directrices continúan vigentes.

Se cree que dos personas solicitantes de asilo que fueron devueltas a Eritrea por las autoridades alemanas el 14 de mayo fueron detenidas a su llegada, pues no se las ha vuelto a ver desde entonces. Otra devuelta desde el Reino Unido en noviembre de 2007 estuvo recluida en condiciones inhumanas y sufrió malos tratos antes de ser puesta en libertad.

Hay millares de personas recluidas en Eritrea en secreto o indefinidamente, sin cargos ni juicio. Fueron detenidas por su presunta oposición al gobierno, por practicar creencias religiosas de iglesias evangélicas u otras confesiones prohibidas, por eludir el servicio militar o por tratar de huir del país.

La comunidad internacional y el gobierno de Afganistán no cumplen su promesa

Wed, 11 Jun 2008 23:06:41 +0100

Amnistía Internacional ha acusado a la comunidad internacional y el gobierno afgano de no haber cumplido su promesa de proporcionar a la población de Afganistán, especialmente las mujeres y niñas, más seguridad, una gobernanza más receptiva y un desarrollo económico sostenible.

La acusación de la organización se recoge en un documento publicado hoy, 11 de junio, en vísperas de la Conferencia Internacional de Apoyo a Afganistán que se celebrará mañana jueves en París.

La conferencia de París reunirá a representantes de 80 países donantes y organizaciones que actúan en Afganistán, y su objetivo es examinar la aplicación del Pacto para Afganistán acordado en 2006. Amnistía Internacional ha declarado que muchos de los objetivos establecidos por el gobierno afgano y por los miembros de la comunidad internacional que lo apoyan no se han alcanzado.

"El mayor progreso realizado en Afganistán tras la caída de los talibanes es que, ahora, muchos afganos y afganas se atreven a confiar en un futuro mejor", ha manifestado Amnistía Internacional.

"Pero, seis años después de que la comunidad internacional ayudara a que el presidente Hamid Karzai ocupara el poder, la población afgana se enfrenta a una inseguridad cada vez mayor, un narcotráfico en aumento, una ausencia del respeto por el Estado de derecho y los derechos humanos, un sistema judicial débil e inepto, una mala gobernanza y una corrupción endémica."

El Pacto para Afganistán, acordado en una conferencia internacional celebrada en Londres el 31 de enero y 1 de febrero de 2006, identificó tres grandes áreas de desarrollo para el futuro de Afganistán: la seguridad, la gobernanza (incluidos el Estado de derecho y los derechos humanos) y la economía. Estableció unos objetivos para cada área, que tanto el gobierno afgano como los donantes internacionales debían alcanzar.

El gobierno afgano ha presentado una nueva Estrategia de Desarrollo Nacional para Afganistán, dotada con 50.000 millones de dólares estadounidenses, que se centra en fortalecer el gobierno de Afganistán para que pueda cumplir mejor sus funciones y mejorar el respeto por los derechos humanos, aumentar la seguridad y lograr un desarrollo económico.

Amnistía Internacional ha dicho que, aunque esta nueva Estrategia de Desarrollo es más realista y detallada que sus predecesoras, sigue sin contar con unos objetivos específicos y creíbles.

"Los propios donantes admiten la 'grave discrepancia en la financiación' entre lo que prometieron al pueblo afgano y lo que han proporcionado", ha manifestado Amnistía Internacional.

"Lo peor es que la comunidad internacional y el gobierno afgano se han centrado en la estabilidad y la seguridad a corto plazo, depositando su confianza en señores de la guerra supuestamente progubernamentales y funcionarios corruptos, en lugar de dar prioridad a los derechos humanos y el Estado de derecho."

Asimismo, Amnistía Internacional ha pedido una mayor representación de la sociedad civil afgana en la vigilancia y la aplicación de las disposiciones del Pacto para Afganistán.

"La voz real del pueblo afgano no siempre se escucha en las reuniones importantes sobre política", ha manifestado Amnistía Internacional.

"La finalidad de ejercicios como la conferencia de París debe ser apoyar los esfuerzos y la capacidad del pueblo afgano y su gobierno para respetar y defender los derechos humanos."

Los parlamentarios británicos votan a favor de ampliar el periodo de detención sin cargos

Wed, 11 Jun 2008 22:26:31 +0100

Los parlamentarios británicos han votado hoy, 11 de junio, a favor de ampliar el periodo máximo de detención sin cargos aplicable a personas detenidas por presunta implicación en terrorismo. Amnistía Internacional ha calificado el voto de “hecho peligroso y decepcionante”.

“Amenaza con alejar aún más la legislación británica de los principios fundamentales de justicia y de protección de los derechos humanos”, ha manifestado la organización.

Esta tarde, la Cámara de los Comunes la cámara baja del Parlamento británico, elegida por sufragio aprobó por 315 votos a favor y 306 en contra la propuesta de otorgar a un ministro del gobierno el poder de extender de 28 a 42 días el periodo de detención al que la policía británica puede someter a las personas sospechosas de implicación en terrorismo antes de acusarlas formalmente de un delito.

"Ningún ministro del gobierno debería poder invocar un poder que permita que la policía mantenga detenida a una persona durante seis semanas sin acusarla de un delito ha declarado Amnistía Internacional.”

“Las personas detenidas tienen derecho a que se las acuse sin dilación o se las ponga en libertad: la legislación británica se está alejando más y más de este principio fundamental y, al hacerlo, está haciendo más posible la detención arbitraria y otras violaciones de los derechos humanos.”

Por el voto de hoy miércoles parecería que el gobierno persuadió a miembros del Parlamento con concesiones de última hora que aseguraba proporcionarían salvaguardias en el ejercicio de este poder. Amnistía Internacional ha señalado que estas concesiones no resuelven la injusticia básica de permitir que una persona esté privada de libertad hasta seis semanas basándose en una mera sospecha, sin que se la acuse de ningún delito.

La ley será considerada ahora por la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento. Amnistía Internacional ha dicho que la organización pedirá a los miembros de la Cámara de los Lores que rechacen esta propuesta, y que examinen muy cuidadosamente otros aspectos preocupantes del proyecto de Ley Antiterrorista.

Amnistía Internacional renovó su llamamiento al gobierno del Reino Unido para que escuche al gran número de diputados parlamentarios que votaron en contra de esta medida tan peligrosa y mal concebida, y a la gran gama de expertos que han manifestado su temor de la forma más apremiante, y a que la abandone de una vez por todas.

Según Amnistía Internacional, “lo que debe hacer el gobierno británico, en lugar de permitir que se prive de libertad a las personas durante más y más tiempo cada vez sin formularles cargos, es comprometerse a realizar una revisión radical de la legislación antiterrorista del Reino Unido, a fin de ajustarla a las normas internacionales fundamentales de derechos humanos normas que protegen los derechos de los individuos, incluidos el derecho a recibir un trato justo y el derecho a no ser sometido a detención arbitraria prolongada.”

“La idea de que combatir el terrorismo requiere de alguna forma la eliminación o erosión de las garantías fundamentales de libertad individual y de seguridad física, es peligrosa y está desacreditada; el gobierno debe rechazarla de una vez por todas.”

Ejecución de un joven kurdo en Irán

Wed, 11 Jun 2008 22:52:50 +0100

El martes 10 de junio un joven kurdo, que se cree tenía 16 ó 17 años de edad, fue ejecutado en Irán. Mohammad Hasanzadeh fue ahorcado en la prisión de Sanandaj, tras ser declarado culpable del asesinato, cometido cuando tenía alrededor de 15 años, de otro menor que entonces tenía 10 años.

Un hombre de 60 años, Rahim Pashabadi, declarado culpable también de asesinato, fue ejecutado junto con él. Amnistía Internacional ha condenado la ejecución.

"Esta última ejecución de una persona que era menor de edad en el momento de cometerse el delito es otro incumplimiento flagrante por parte de las autoridades iraníes de sus obligaciones internacionales, contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, de no condenar a muerte a personas que eran menores de 18 años cuando cometieron el delito”, ha declarado la organización.

"Es un jarro de agua fría para las esperanzas que suscitó la decisión, ayer, del presidente de la magistratura iraní de conceder un aplazamiento de un mes a dos jóvenes condenados por delitos cometidos cuando eran menores, a fin de dar más tiempo para buscar una solución con las familias de las víctimas."

El ayatolá Mahmoud Shahroudi concedió el martes la suspensión de la ejecución de los dos menores que estaba prevista para el miércoles. Behnoud Shojaee y Mohammad Feda'i habían sido acusados de asesinato con premeditación y condenados a qisas o retribución, cuyo castigo en este caso es la muerte. Ambos aseguraron que no tenían intención de matar.

"Pedimos a Irán que ponga fin, de una vez por todas, a estas ejecuciones, incluidas las de las al menos 85 personas más que permanecen condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad –ha declarado Amnistía Internacional–. Para empezar, estos menores no deberían haber sido condenados a muerte".

Amnistía Internacional siente también preocupación por los informes que indican que la ejecución de Saeed Jazee, también condenado por un delito cometido cuando era menor de edad y que ahora tiene 21 años, está prevista para el 25 de junio.

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo manifestando su preocupación por los procedimientos judiciales que incumplen las normas internacionales que Irán está obligado a respetar y aplicar.

En una carta reciente de Mohammad Feda'i, difundida el 7 de junio, el joven decía que, mientras estuvo detenido, los agentes le dieron patadas y lo torturaron hasta tal punto que, una noche, accedió a firmar una confesión cuyo contenido desconocía.

"Tengo 21 años, soy joven, no tenía más que 16 cuando entré en prisión. Como cualquier otro adolescente, [entonces] aún vivía mis sueños de infancia [...]", escribió. Y añadía: "Me golpearon y me flagelaron una y otra vez [...]. Me colgaron del techo [y] me quitaron la esperanza de vivir".

Amnistía Internacional tiene constancia de los nombres de al menos 85 personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad que podrían ser ejecutadas en Irán, y teme que pueda haber muchas más en peligro.Irán sigue siendo, con diferencia, el país que ejecuta a más personas que cometieron delitos cuando eran menores de edad. En los últimos años, sólo otros dos países –Arabia Saudí y Yemen– han llevado a cabo este tipo de ejecuciones.

Amnistía Internacional reconoce que los Estados tienen el derecho y el deber de llevar a los presuntos delincuentes ante la justicia en procedimientos justos, pero se opone a la pena de muerte en todos los casos.

"Pedimos a los dirigentes de Irán, a su poder judicial y a su nuevo Parlamento que garanticen que Irán se suma a la tendencia mundial contra el uso de la pena de muerte, enérgicamente expresada en la resolución de la Asamblea General de la ONU que, el 18 de diciembre de 2007, pidió una moratoria mundial de las ejecuciones", ha manifestado Amnistía Internacional.

Manifestantes surcoreanos denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía

Fri, 06 Jun 2008 18:17:04 +0100

Amnistía Internacional ha recibido informes sobre uso de fuerza excesiva por parte de la policía surcoreana contra manifestantes que protestaban por las importaciones de carne de vacuno de Estados Unidos.

Más de 300 personas fueron detenidas durante las vigilias con velas que se celebraron los días 31 de mayo y 1 de junio.

La policía utilizó extintores de incendios y cañones de agua disparados desde escasa distancia contra manifestantes en gran parte pacíficos, causando lesiones graves como ceguera, fracturas de huesos y conmociones cerebrales.

Amnistía Internacional ha recibido cientos de informes según los cuales la policía antidisturbios rodeaba a grupos de personas y detenía arbitrariamente a todas las que eran capturadas en este proceso, incluidos manifestantes pacíficos, circunstantes y transeúntes. Varias personas detenidas denunciaron violencia policial en el momento de su detención y después de ésta.

Entre las personas golpeadas y detenidas se hallaba un hombre de 27 años. Agentes de policía le propinaron patadas y lo golpearon con porras y escudos.

Cuando el director de la Sección Coreana de Amnistía Internacional, Kim Hee-jin, lo visitó en la comisaría de policía de Hyehwa el 2 de junio, tenía la cara hinchada y presentaba cortes y rasguños en la cara y en un brazo. Sufría dolores en la cabeza y en el pecho como resultado de los golpes recibidos. Aunque estaba herido y sus dolores eran evidentes, la policía no le proporcionó atención médica durante las 48 horas de su detención.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Corea del Sur que investiguen de inmediato los informes sobre uso de fuerza excesiva.

“El recurso a la violencia por parte de la policía ha enfurecido a muchos manifestantes pacíficos y ha incrementado la posibilidad de violencia”, ha afirmado Norma Kang Muico, investigadora de Amnistía Internacional sobre Corea. “El gobierno debe aprovechar la ocasión del aniversario de las protestas de 1987 para demostrar su compromiso con los derechos humanos y el Estado de derecho.”

Asimismo, la organización ha pedido a las autoridades que garanticen la seguridad de las personas en las protestas que tengan lugar en el futuro. Se teme que se produzcan nuevos actos de violencia y nuevas detenciones con motivo de la inminente concentración convocada para el 10 de junio para conmemorar el aniversario del alzamiento democrático de 1987 que desembocó en elecciones libres y reformas políticas.

Desde principios de mayo, decenas de miles de personas se han manifestado en contra de la reanudación de las importaciones de carne de vacuno de Estados Unidos por temor a la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas.

Se acusa a Zimbabue de utilizar los alimentos con fines políticos

Fri, 06 Jun 2008 18:16:17 +0100

El gobierno de Zimbabue ha prohibido a las organizaciones no gubernamentales (ONG) llevar a cabo operaciones sobre el terreno en el país. Amnistía Internacional ha acusado al gobierno zimbabuense de utilizar los alimentos con fines políticos y le ha pedido que levante de inmediato la prohibición.

“La suspensión de las operaciones sobre el terreno de todas las ONG por orden del gobierno de Zimbabue probablemente incrementará la inseguridad alimentaria en el país y expondrá al hambre a millones de personas.”

“La suspensión es otro intento más del gobierno de manipular la distribución de alimentos con fines políticos”, ha añadido la organización.

“La suspensión de las operaciones humanitarias de las ONG asegura al gobierno el monopolio de la distribución de alimentos a través de la Junta de Comercialización de Cereales, que funciona bajo control estatal, durante el periodo previo a las elecciones.”

Desde 2000, Amnistía Internacional ha documentado la utilización de los alimentos que distribuye la Junta de Comercialización de Cereales como herramienta política del gobierno contra la oposición.

Sin dar ningún motivo concreto para la decisión, el ministro de Servicio Público, Trabajo y Bienestar Social de Zimbabue, Nicholas Goche, envió el 4 de junio de 2008 a todas las organizaciones de voluntarios privadas y las ONG la orden escrita de que interrumpieran sus operaciones en el país. El ministro comunicó su intención de acogerse al artículo 10.c de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas [Capítulo 17.05] para justificar esta medida.

Amnistía Internacional ha señalado que las restricciones no sólo tendrán un efecto negativo sobre la seguridad en Zimbabue, sino que también permitirán que el gobierno impida a los cooperantes presenciar el encarnizamiento de los niveles de violencia política auspiciada por el Estado que se están dando en el país desde que se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias, el 29 de marzo.

“Cerrando Zimbabue a las ONG, el gobierno trata de ocultar la peor de las violaciones de derechos humanos que se producen en el país”, ha dicho Amnistía Internacional.

“Las autoridades zimbabuenses deben garantizar que los alimentos se distribuyen entre toda la población en función de las necesidades, no de la afiliación política real o supuesta.”

“Debe permitirse a las organizaciones humanitarias y otras ONG llevar a cabo su labor legítima sin injerencias. Al bloquear deliberadamente una ayuda necesaria para la supervivencia de la población, el gobierno de Zimbabue puede estar violando el derecho de sus ciudadanos a la vida, la alimentación y la salud.”

Desde 2000, millones de zimbabuenses han tenido graves dificultades para acceder a alimentos adecuados. Una de las principales causas de la crisis de alimentos del país ha sido la caída de la producción nacional de alimentos.

Si bien los factores climáticos, la pandemia de VIH/sida y los problemas económicos han tenido que ver en el declive de la productividad agrícola, las políticas y las prácticas del gobierno han exacerbado los problemas de seguridad alimentaria de Zimbabue.

Las capas más pobres de la población de Zimbabue serán las más afectadas por la prohibición, que aumentará su exposición a enfermedades mortales, ya que la suspensión afecta a proyectos de agua y salubridad. La prohibición afecta también gravemente a la atención del más de un millón de niños y niñas zimbabuenses huérfanos a causa del sida, y a los enfermos terminales que se encuentran en programas de atención ambulatoria.