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Se están intensificando las manifestaciones de protesta en Honduras, donde, según los informes recibidos, se ha golpeado a personas que participaban en las protestas. El domingo 5 de julio, el manifestante de 19 años Isis Obed Murillo recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades hondureñas que se aseguren inmediatamente de que durante las manifestaciones el ejército y la policía no se extralimitan en el ejercicio de sus funciones. La organización ha declarado que sólo deben hacer uso de las armas de fuego como último recurso y cuando no quede otro remedio para proteger la vida.

“El ejército y la policía deben respetar los derechos humanos y asegurarse de que durante las operaciones destinadas a mantener el orden público se hace un uso de la fuerza proporcionado y acorde con las normas de la ONU –ha declarado Kerry Howard, de Amnistía Internacional–. Debe permitirse a la ciudadanía manifestarse pacíficamente sin temor a sufrir daños o ser encarcelada injustamente.”

Según un informe, seis manifestantes fueron detenidos y puestos en libertad condicional con cargos de rebelión en El Progreso. Amnistía Internacional ha señalado que la organización considera que eran manifestantes pacíficos y que los cargos contra ellos sólo pretenden castigarlos por protestar.

Informes recientes indican que periodistas que han cubierto las protestas han sido intimidados. Amnistía Internacional ha recibido también informes de ataques contra emisoras de radio nacionales y locales.

En las instalaciones de Radio América se encontró una granada, y una emisora de radio local recibió al menos 15 impactos de bala, motivo por el cual tuvo que interrumpir sus emisiones. Algunas emisoras parecen haber cerrado temiendo por su seguridad.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que investiguen estos ataques y se aseguren de que emisoras y periodistas pueden funcionar abiertamente, con seguridad y sin temor.

"La destitución forzosa del presidente Zelaya ha colocado los derechos humanos y el Estado de derecho en situación de grave peligro –ha afirmado Kerrie Howard–. Amnistía Internacional pide que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, pueda volver a Honduras de inmediato, sin condiciones y con seguridad."

Amnistía Internacional cree asimismo que el reciente decreto presidencial que formaliza el estado de emergencia, y que incluye el toque de queda y la suspensión de ciertas garantías y libertades individuales, podría abrir la puerta a nuevas violaciones de derechos humanos si se aplica irrazonablemente.

Según la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de las circunstancias excepcionales, el Estado de Honduras sigue estando estrictamente obligado a proteger el derecho a la vida, a la integridad física y a no ser sometido a torturas ni malos tratos, así como a respetar las garantías judiciales fundamentales para la protección de tales derechos, en particular el derecho al recurso de hábeas corpus.

El 28 de junio, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue detenido por personal militar hondureño y obligado a exiliarse. Las autoridades de facto han denegado al presidente Zelaya el permiso para volver a Honduras y el 5 de julio se impidió que aterrizara en el aeropuerto de Tegucigalpa el avión en el que viajaba.

Desde que se produjera el golpe, los disturbios se han extendido por el país, con enfrentamientos frecuentes entre el ejército y los manifestantes civiles. La asamblea regional de naciones, la Organización de Estados Americanos, ha expulsado a Honduras a causa del golpe y de la negativa de quienes detentan el poder a participar en iniciativas diplomáticas para tratar de encontrar una solución negociada a la crisis.

La destitución forzosa del presidente Zelaya y su expulsión del país ha provocado la condena internacional generalizada por parte de los líderes mundiales y ha ocasionado la retirada de Tegucigalpa, capital del país, de representantes diplomáticos de la Unión Europea.