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Amnistía Internacional condena el desalojo de una comunidad romaní de unas 400 personas en la capital de Italia, Roma.

De acuerdo con la información facilitada por ONG y medios de comunicación locales, el miércoles 11 de noviembre, a primera hora de la mañana, unos 150 agentes de policía desalojaron a las familias del campamento del Via Centocelle, en el este de la ciudad de Roma.

Todos los refugios fueron destruidos y alrededor de 20 hombres de etnia romaní fueron detenidos, aunque se desconocen los delitos que se les imputan.

Las autoridades municipales ofrecieron alojamiento a corto plazo sólo a algunas mujeres y niños y niñas de corta edad en albergues municipales para personas sin hogar.

La mayoría de las personas que han quedado sin hogar, unas 100 familias, han ocupado una fábrica abandonada de propiedad privada que hay en las inmediaciones. Según la última información aparecida en la prensa, estas familias se enfrentan hoy a un nuevo desalojo.

Si son desalojadas de la fábrica, las familias se exponen a vivir en condiciones penosas en otro campamento improvisado, o incluso pueden verse obligadas a vivir a la intemperie.

Forman parte de esa comunidad unos 140 niños y niñas, de los que 40 asisten a escuelas de las inmediaciones. El desalojo amenaza con interrumpir su escolarización y distorsionar gravemente su educación.

Organizaciones no gubernamentales locales afirman que la comunidad no fue consultada ni recibió ninguna notificación sobre el desalojo, y que, en virtud de la legislación nacional, las autoridades deben notificar el desalojo a cada persona afectada o hacer pública la orden o notificación del desalojo.

Sin embargo, dado que la orden no se formalizó de este modo, la comunidad romaní no pudo impugnarla en los tribunales ni detener o aplazar el desalojo.

La mayoría de las personas residentes en el campamento de Via Centocelle ya han pasado por un desalojo forzoso en al menos una ocasión. En desalojos anteriores se destruyeron refugios, ropa, colchones y, en algunos casos, medicamentos y documentos.

Se cree que todos esos desalojos se llevaron a cabo sin las garantías de procedimiento que exigen las normas internacionales y regionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Roma a que garanticen, a todas las familias afectadas por el desalojo, alojamiento alternativo adecuado con carácter de urgencia e indemnización por todas las pérdidas sufridas durante el desalojo.

La organización también ha recordado a las autoridades que el desalojo forzoso, cuando se realiza sin protecciones legales ni de otra índole, está prohibido por el derecho internacional como violación grave de varios derechos, especialmente del derecho a una vivienda adecuada.

Al menos durante el último decenio, en Italia se han llevado a cabo numerosos desalojos forzosos de comunidades romaníes.