Noticias

Han causado alarma en Amnistía Internacional los informes sobre ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por hombres armados en Chad. La organización ha pedido al gobierno chadiano que adopte medidas urgentes para impedir las ejecuciones extrajudiciales tras los enfrentamientos entre fuerzas rebeldes y gubernamentales.

Tawanda Hondora, director adjunto del programa para África de Amnistía Internacional, ha manifestado: “Hemos recibido información según la cual el pasado 6 de febrero al menos tres hombres fueron presuntamente ejecutados por miembros del ejército chadiano. Los cuerpos sin vida de esos hombres fueron arrojados al río Chari. Según los informes, agentes de la administración chadiana recogieron posteriormente los cadáveres.”

Se desconoce la identidad de los tres hombres, pero se cree que pertenecen a la misma comunidad étnica que la de los grupos de oposición armada que durante el anterior fin de semana habían llevado a cabo ataques contra la capital, Yamena.

El director adjunto del programa para África de Amnistía Internacional ha declarado: “Nos preocupa profundamente que las autoridades chadianas vayan a dar comienzo a una caza de brujas generalizada contra personas que consideran que pertenecen a grupos de oposición armada.”

El 6 de febrero, el presidente Idriss Deby insistió en que el país se encontraba en esos momentos bajo control. Aseguró también que, aunque algunos grupos armados habían huido, otros seguían en Yamena disfrazados de civiles.

Amnistía Internacional ha recibido información que sugiere que el ejército chadiano seguirá practicando detenciones ilegales de civiles y de miembros de la sociedad civil, entre ellos periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

Tawanda Hondora ha manifestado: “Las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias constituyen violaciones graves de los derechos humanos y están prohibidas tanto en la legislación chadiana como en los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que Chad es parte. Debe ponerse fin de inmediato a las ejecuciones extrajudiciales y a las detenciones arbitrarias, y a los autores se los debe hacer rendir cuentas ante la justicia penal.