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A última hora del domingo 5 de julio, 156 personas resultaron muertas en la ciudad de Urumqi, en China occidental, tras una protesta que desembocó en violencia según información periodística.

La agencia oficial de noticias Xinhua informó de que la policía de Urumqi, capital de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang y hogar de más de ocho millones de uigures, ha detenido a 1.434 personas en el contexto de las protestas, entre ellos más de una decena de figuras clave que han sido acusadas de instigar los disturbios.

El lunes 6 de julio, Amnistía Internacional pidió a las autoridades chinas que abran de inmediato una investigación imparcial e independiente sobre las muertes.

”Las autoridades chinas deben responder plenamente por todas las muertes y detenciones” afirmó Roseann Rife, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

”Las personas detenidas sólo por la expresión pacífica de sus ideas y por ejercer la libertad de expresión, asociación y reunión deben quedar inmediatamente en libertad. Es preciso llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva que permita celebrar juicios con las debidas garantías con arreglo a las normas internacionales y sin recurrir a la pena de muerte.”

"Se ha producido una trágica pérdida de vidas y es imprescindible una investigación independiente y urgente para que todos los responsables comparezcan ante la justicia –aseguró Rife–. La violencia y los abusos tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes no está en absoluto justificada."

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que respeten las obligaciones contraídas en virtud de las disposiciones del derecho doméstico y el derecho internacional, que protegen el ejercicio pacífico de la libertad de expresión y reunión y prohíben la detención arbitraria y la tortura y otros malos tratos bajo custodia. Además, la organización ha pedido a las autoridades que permitan el libre acceso de periodistas nacionales y extranjeros y de observadores independientes para que informen de los hechos

Las protestas, según informes, comenzaron con manifestaciones no violentas contra la inacción del gobierno tras la muerte de dos personas en una revuelta violenta en una fábrica de Shaoguan, provincia de Guangdong. El 26 de junio, cientos de trabajadores uigures se enfrentaron a miles de trabajadores chinos de etnia han en una fábrica en la que se habían contratado uigures de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang.

Según informes, la policía detuvo al hombre que había hecho circular los rumores que desataron los enfrentamientos, un empleado de la fábrica al que habían despedido. En respuesta a la situación de violencia en Guangdong, las autoridades impusieron un apagón informativo sobre el suceso, con instrucciones a sitios web y mesas de debate en línea para que suprimieran toda información relativa a los enfrentamientos.

Más allá de la respuesta inmediata al estallido de violencia, Amnistía Internacional dijo que las autoridades deben abordar los problemas que han originado las tensiones. Desde la década de 1980, los uigures han sido objeto de violaciones de derechos humanos sistemáticas y generalizadas, como detención y reclusión arbitraria, detención en régimen de incomunicación y fuertes restricciones sobre la libertad de culto y los derechos sociales y culturales.

Las políticas del gobierno chino, incluidas las que limitan el uso de la lengua uigur, diversas restricciones sobre la libertad de religión y la afluencia constante de migrantes chinos de etnia han a la región, están acabando con sus costumbres y, además de la discriminación en el empleo, avivan el descontento y las tensiones étnicas.

El gobierno chino ha orquestado una agresiva campaña que ha llevado a la detención y reclusión arbitrarias de miles de uigures acusados de “terrorismo, separatismo y extremismo religioso” por ejercer pacíficamente sus derechos humanos.