El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reafirma la prohibición de la tortura
28 febrero 2008
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o castigos inhumanos o degradantes. En su decisión del jueves pasado con respecto al caso Saadi vs. Italia el Tribunal, basándose en gran medida en los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, declaró que "se habían aportado motivos suficientes para creer que existe un riesgo real" de que Nassim Saadi sería sometido a tortura u otros malos tratos si fuese expulsado.
Las autoridades italianas pretendían expulsar a Nassim Saadi a Túnez en virtud de la "Ley Pisanu" que fue aprobada inicialmente en 2005 como "medida urgente para combatir el terrorismo". Las autoridades italianas alegaron que Saadi representaba un peligro para la seguridad pública de Italia.
El Tribunal dio credibilidad a los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y los consideró coherentes y corroborados por muchas otras fuentes. La investigación de Amnistía Internacional indica que la tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad son generalizadas en Túnez.
Entre las prácticas denunciadas, incluidas aquellas contra personas acusadas de delitos de terrorismo, se encuentra la suspensión del techo, amenazas de violación, aplicación de descargas eléctricas, inmersión de la cabeza en agua, palizas y quemaduras con cigarrillos. Las autoridades tunecinas no investigan las denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial.
Las "confesiones" extraídas bajo tortura pueden ser utilizadas como prueba principal en juicios cuyo resultado son largas condenas de prisión o la pena de muerte. Por consiguiente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que enviar a Nassim Saadi de vuelta a Túnez violaría las obligaciones del gobierno italiano en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
"Esta decisión debería constituir un recordatorio para todos los Estados no sólo de que no pueden permitir la tortura en su territorio sino que también tienen prohibido devolver a ninguna persona a países en los que correrían peligro de sufrir tortura u otros malos tratos", dijo Ian Seiderman, asesor jurídico de Amnistía Internacional.
El caso cobró aún más importancia cuando el Reino Unido intervino en un intento de persuadir al Tribunal Europeo para que éste modificase su ya establecido derecho jurisprudencial de una manera que habría debilitado considerablemente la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. El Tribunal rechazó los argumentos del Reino Unido, con los que el gobierno italiano se había mostrado de acuerdo, por considerarlos "desacertados".
Si bien el Tribunal reconoció la inmensa dificultad que afrontan los Estados a la hora de proteger a sus comunidades contra la violencia terrorista, afirmó que el peligro de terrorismo "no debe, sin embargo, poner en duda la naturaleza absoluta de [la prohibición de tortura y otros tratos o castigos inhumanos o degradantes]".
Las autoridades italianas pretendían expulsar a Nassim Saadi a Túnez en virtud de la "Ley Pisanu" que fue aprobada inicialmente en 2005 como "medida urgente para combatir el terrorismo". Las autoridades italianas alegaron que Saadi representaba un peligro para la seguridad pública de Italia.
El Tribunal dio credibilidad a los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y los consideró coherentes y corroborados por muchas otras fuentes. La investigación de Amnistía Internacional indica que la tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad son generalizadas en Túnez.
Entre las prácticas denunciadas, incluidas aquellas contra personas acusadas de delitos de terrorismo, se encuentra la suspensión del techo, amenazas de violación, aplicación de descargas eléctricas, inmersión de la cabeza en agua, palizas y quemaduras con cigarrillos. Las autoridades tunecinas no investigan las denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial.
Las "confesiones" extraídas bajo tortura pueden ser utilizadas como prueba principal en juicios cuyo resultado son largas condenas de prisión o la pena de muerte. Por consiguiente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que enviar a Nassim Saadi de vuelta a Túnez violaría las obligaciones del gobierno italiano en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
"Esta decisión debería constituir un recordatorio para todos los Estados no sólo de que no pueden permitir la tortura en su territorio sino que también tienen prohibido devolver a ninguna persona a países en los que correrían peligro de sufrir tortura u otros malos tratos", dijo Ian Seiderman, asesor jurídico de Amnistía Internacional.
El caso cobró aún más importancia cuando el Reino Unido intervino en un intento de persuadir al Tribunal Europeo para que éste modificase su ya establecido derecho jurisprudencial de una manera que habría debilitado considerablemente la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. El Tribunal rechazó los argumentos del Reino Unido, con los que el gobierno italiano se había mostrado de acuerdo, por considerarlos "desacertados".
Si bien el Tribunal reconoció la inmensa dificultad que afrontan los Estados a la hora de proteger a sus comunidades contra la violencia terrorista, afirmó que el peligro de terrorismo "no debe, sin embargo, poner en duda la naturaleza absoluta de [la prohibición de tortura y otros tratos o castigos inhumanos o degradantes]".
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