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Necesaria una investigación independiente de los abusos contra los derechos humanos en Honduras

Thu, 03 Dec 2009 13:37:59 +0000

Al finalizar una visita de 10 días a Honduras, durante las elecciones presidenciales, Amnistía Internacional pidió una investigación independiente para asegurar que todos los responsables de abusos a los derechos humanos sean llevados a la justicia y que se le brinden reparaciones a las victimas.

“La crisis en Honduras no termina con los resultados electorales, las autoridades no pueden volver a la normalidad sin garantizar salvaguardias de derechos humanos”, dijo Javier Zúñiga, Jefe de la delegación de Amnistía Internacional en Honduras.

“Hay decenas de personas en Honduras que todavía están sufriendo los efectos de los abusos cometidos en los últimos cinco meses. Si no se castiga a los responsables y se reforma un sistema que no funciona, se estarían abriendo las puertas para más abusos en el futuro.”

Durante su visita a Honduras, la delegación de Amnistía Internacional documentó numerosos casos de violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar desde el 28 de junio, cuando el Presidente Manuel Zelaya fue forzado al exilio.

Estas violaciones incluyeron muertes a consecuencia del uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias por parte de la policía y las fuerzas armadas, el uso indiscriminado e innecesario de gases lacrimógenos, malos tratos a detenidos, violencia contra las mujeres, acoso de activistas, periodistas, abogados y jueces.

La organización encontró que miembros del ejército asignados a tareas de seguridad estuvieron involucrados en serias violaciones a los derechos humanos tales y como las muertes a consecuencia del uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios y allanamientos ilegales.

La delegación también constató que las autoridades civiles de facto no hicieron nada para impedir el uso indiscriminado de gas lacrimógeno contra los manifestantes. En algunos casos, granadas de gas fueron arrojadas dentro de oficinas.

La mayor parte de las personas entrevistadas dijeron que después de haber sido lesionados o haber caído enfermos por el gas, tenían demasiado miedo como para pedir ayuda médica ya que la policía y los militares entraban en los hospitales para intimidarlos.

El 23 de septiembre, Marta (no es su nombre real) fue atacada por la policía cuando ella participaba en una manifestación. Fue golpeada por una lata de gas lacrimógeno, que además le quemó una pierna y le causó problemas de respiración. Cuando Marta se escondía de los gases en una iglesia, la policía la alcanzó y le pegó tan fuerte que le rompió un brazo. Marta no fue al hospital hasta varios días después del incidente porque tenía miedo de que la policía la intimidaría allí. Su brazo todavía no se ha recuperado y las quemaduras en su pierna todavía son visibles.

“Hablamos con personas que todavía tienen irritación en los ojos y quemaduras en la piel aún varias semanas después de haber sido afectados por el gas lacrimógeno”, dijo Javier Zúñiga. “No solo la policía usó gas lacrimógeno contra manifestadores pacíficos y en edificios cerrados, a los médicos no se les dio información sobre las substancias químicas usadas en las latas para que supieran cómo tratar a las víctimas adecuadamente.”

“El uso de gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad arroja dudas sobre el nivel de entrenamiento que reciben para minimizar el riesgo de causar lesiones graves o la muerte”, dijo Javier Zúñiga.

Representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas, abogados y jueces hablaron con Amnistía Internacional sobre las amenazas y hostigamiento que recibían por ser percibidos como parte de la oposición a las autoridades de facto.

Varios miembros de la directiva de una asociación nacional de jueces han sido llamados a una audiencia disciplinaria en la Corte Suprema para explicarse sobre su presunta participación en manifestaciones pacíficas.

“Durante la crisis, las instituciones de Honduras han fallado lamentablemente en su obligación de proteger los derechos humanos fundamentales”, dijo Javier Zúñiga. “Es particularmente preocupante que en Honduras todavía existan las condiciones que permiten que los violadores de derechos humanos no sean castigados.”

Amnistía Internacional llamó a las futuras autoridades hondureñas a:

revocar toda la legislación, decretos y órdenes ejecutivas emitidas por las autoridades de facto que afecten directa o indirectamente a los derechos humanos;
asegurar que las fuerzas armadas vuelven a sus cuarteles y que se termine definitivamente su papel en operaciones policiales;
asegurar que todos los miembros de las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los abusos a los derechos humanos cometidos entre el 28 de junio y finales de noviembre;
Elaborar un Plan Nacional para la protección de los derechos humanos.

"Es esencial que la comunidad internacional no se olvide del pueblo de Honduras, dándole un cheque en blanco a las nuevas autoridades e ignorando los abusos que tuvieron lugar en los últimos cinco meses”, dijo Javier Zúñiga.

Pide a Honduras que las fuerzas de seguridad rindan cuentas por los abusos contra los derechos humanos.

China debe anular las condenas a muerte impuestas a uigures

Fri, 04 Dec 2009 12:34:56 +0000

El Tribunal Supremo de China debe revisar con atención las condenas de muerte que, según informes, un tribunal de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, en el noroeste del país, ha impuesto hoy, 3 de diciembre de 2009, a cinco personas.

Un tribunal de la ciudad de Urumqui ha condenado a 13 personas en relación con una situación de violencia mortal que estalló a raíz de una represiva operación emprendida por la policía contra manifestantes uigures el 5 de julio.

Cinco de estas personas han sido condenadas a muerte, y otras dos, a cadena perpetua.

Mañana se verán otras cinco causas relacionadas con los disturbios.

"Instamos al tribunal a que garantice que las personas que van a ser juzgadas mañana reciben un juicio justo, cuentan con asistencia letrada de su elección y no son condenadas a muerte”, ha manifestado Roseann Rife, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

Según información oficial china, en los disturbios de julio resultaron muertas casi 200 personas.

Los manifestantes protestaban por la falta de medidas de las autoridades tras la muerte de al menos dos trabajadores migrantes uigures (aunque posiblemente fueran decenas) en el curso de un conflicto ocurrido en una fábrica de juguetes de Shaoguan, ciudad de la provincia meridional de Guangdong.

El mes pasado fueron ejecutas en relación con los disturbios nueve personas.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la falta de transparencia y claridad en los juicios y cree que se ha negado a los acusados su derecho a contar con asistencia letrada de su elección.

Las autoridades judiciales de Pekín ejercen presión sobre los abogados de derechos humanos para que no se ocupen de los casos de los acusados.

Desde los disturbios ocurridos en julio en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, las autoridades han detenido a millares de personas, han sometido a juicio a decenas y han amenazado con imponer severas penas a las implicadas en los disturbios.

"Las ejecuciones del mes pasado se llevaron a cabo inmediatamente después de que el Tribunal Intermedio hubiera impuesto las condenas, lo que hace dudar de la atención con que el Tribunal Supremo revisó estos casos –ha explicado Rife–. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, pero la falta de transparencia y de las debidas garantías procesales en estos juicios es escandalosa.”

Las autoridades chinas se han negado a permitir una investigación independiente sobre la violencia de julio.

En la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang las conexiones a Internet, las líneas telefónicas y otras comunicaciones, que se cortaron el 5 de julio por la noche, continúan bloqueadas, por lo que resulta sumamente difícil obtener información sobre los sucesos ocurridos ese día y posteriormente.

De acuerdo con la legislación china, todas las condenas de muerte deben ser revisadas por el Tribunal Supremo Popular.

Indicios de nuevas detenciones ilegales y actos de hostigamiento de las fuerzas de seguridad de Guinea

Thu, 03 Dec 2009 11:01:19 +0000

En el curso de una reciente visita a Guinea, Amnistía Internacional ha determinado que las fuerzas de seguridad del país han continuado deteniendo y hostigando a activistas y otras personas tras una matanza cometida durante una manifestación política el 28 de septiembre.

Mouctar Diallo, vicepresidente de la comisión nacional de derechos humanos de Guinea, fue detenido el jueves 26 de noviembre. Amnistía Internacional ha descubierto que está recluido en la base militar de Alpha Yaya, acusado de “poner en peligro la seguridad del Estado”.

La delegación de Amnistía Internacional, que regresó de Guinea el pasado martes, 1 de diciembre, ha sabido también de más de 40 casos de personas que asistieron a la concentración de protesta y se encuentran todavía en paradero desconocido. Los cadáveres de algunas de ellas se identificaron en fotografías y material filmado en el estadio, pero no aparecieron posteriormente en ningún hospital, morgue, mezquita ni base militar de Conakry, incluida la base de Alpha Yaya.

Amnistía Internacional teme que otras personas que asistieron a la concentración y cuyo paradero se desconoce hayan sido víctimas de homicidio o desaparición forzada.

La cifra oficial de víctimas mortales de la matanza en el estadio de Conakry es de 58 personas, pero, según informes de organizaciones de derechos humanos, murieron al menos 157.

Amnistía Internacional ha encontrado también nuevos datos que apuntan a un grado preocupante de violencia sexual durante la matanza.

Más de 30 personas dijeron a la organización que habían sido violadas durante los sucesos del 28 de septiembre. Datos médicos registrados en el hospital de Donka de Conakry indican que al menos 32 mujeres que habían asistido a la concentración mostraban señales de violación.

Una mujer contó que había visto a cinco miembros de los “boinas rojas”, la guardia presidencial, agredir a una amiga suya. Dijo: “Le arrancaron la ropa con una bayoneta, la inmovilizaron en el suelo y la violaron. Luego le dispararon una bala en la vagina”.

Varias mujeres entrevistadas por la delegación de Amnistía Internacional afirmaron haber sido detenidas por “boinas rojas” en la concentración y recluidas luego durante más de cinco días, en el curso de los cuales las drogaron, las golpearon y las violaron reiteradamente, a la vez que las grababan con teléfonos móviles.

“En Guinea persiste un clima de miedo –ha manifestado Gaetan Mootoo, de Amnistía Internacional–. Las autoridades no pueden desentenderse ya de las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad.”

“Las autoridades deben prestar pleno apoyo a los esfuerzos de la comisión internacional de investigación de la ONU y garantizar que los responsables de estos delitos son puestos a disposición judicial.”

Amnistía Internacional ha descubierto que las fuerzas de seguridad están también reprimiendo toda posible disidencia dentro del ejército.

La delegación ha sabido que tras los sucesos del 28 de septiembre fueron detenidos ocho militares, que se hallan recluidos en Ile de Kassa, isla de las inmediaciones de Conakry.

Asistencia militar internacional

Amnistía Internacional ha recogido información sobre asistencia militar internacional, incluido adiestramiento, prestada a determinadas unidades del ejército regular y las fuerzas de seguridad de Guinea implicadas en la violencia del 28 de septiembre, y teme que al prestar esta asistencia no se hayan tenido en cuenta ni abordado las violaciones de derechos humanos cometidas por estas unidades en el pasado.

La asistencia incluye adiestramiento en técnicas de combate, que el gobierno de China proporciona al menos desde 2006 a miembros de batallones de la guardia presidencial. Asimismo, desde 2008 el gobierno de Francia presta asistencia técnica en el adiestramiento y organización de hasta 4.000 nuevos reclutas de la gendarmería nacional. El 28 de septiembre había en el estadio de Conakry miembros de los “boinas rojas” y de la gendarmería nacional. Francia ha suspendido la cooperación militar con Guinea tras el 28 de septiembre.

Amnistía Internacional ha visto también 60 cartuchos de tipo Kalashnikov recogidos en el estadio y en otros dos lugares de Conakry –Kosa y Ratoma- tras la violencia del 28 de septiembre. Casi el 20 por ciento de ellos parecen haber sido fabricados en 2006 y 2008, lo que indica que se ha suministrado munición a las fuerzas de seguridad de Guinea recientemente, pese a los reiterados homicidios ilegítimos y casos de uso excesivo de la fuerza que se les han atribuido desde 1998.

“La matanza del 28 de septiembre y los sucesos siguientes son el último ejemplo de las violaciones de derechos humanos que las fuerzas de seguridad vienen cometiendo desde hace un decenio –ha señalado Gaetan Mootoo–. Los gobiernos deben suspender de inmediato todo apoyo a las fuerzas de seguridad de Guinea que pueda facilitar la comisión de nuevas violaciones de derechos humanos.”

Amnistía Internacional ha sabido también que el gobierno guineano ha contactado recientemente con el de Marruecos para solicitar ayuda en la reestructuración de sus fuerzas armadas. Todo programa de reforma del sector de la seguridad debe ser transparente, abordar la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y aplicar las normas de derechos humanos.

Campos de adiestramiento para miembros de milicias

La delegación de Amnistía Internacional ha encontrado indicios de la existencia de milicias que actúan junto con las fuerzas del gobierno, pero fuera de las estructuras militares y policiales oficiales. Muchos manifestantes que estuvieron en el estadio ofrecieron testimonios coincidentes sobre la presencia de un considerable número de hombres vestidos de civil que actuaban con las fuerzas de seguridad armados con cuchillos y otras armas.

La organización ha recibido información sobre el reclutamiento y adiestramiento de hasta 2.000 jóvenes en dos bases situadas al sureste de Conakry, así como informes sobre concentraciones organizadas y reclutamientos de jóvenes en Kaporo, barrio de las afueras de Conakry. Esta actividad parece haber comenzado hacia agosto de 2009, y en la actualidad la llevan a cabo, en parte, técnicos extranjeros en bases de las afueras de Conakry.

Amnistía Internacional condena el homicidio de civiles en un atentado con explosivos en un hotel de Somalia

Thu, 03 Dec 2009 17:54:32 +0000

Amnistía Internacional ha condenado el homicidio ilegítimo de civiles perpetrado el jueves, 3 de diciembre de 2009, en una explosión ocurrida en el hotel Shamo de Mogadiscio durante una ceremonia de graduación de estudiantes.

La explosión parece haberse producido cuando se celebraba la graduación de los alumnos de medicina de la Universidad de Banadir en el hotel, situado en un distrito de la capital somalí, Mogadiscio, que está bajo control del Gobierno Federal de Transición de Somalia. Nadie se ha atribuido la responsabilidad de este atentado.

Según informes, los explosivos se detonaron durante la ceremonia misma.

“Se ha atacado deliberadamente a los civiles que asistían a la ceremonia de graduación –ha manifestado Amnistía Internacional–. Este tipo de ataques constituyen crímenes de guerra. El derecho internacional prohíbe totalmente atacar a civiles.”

Al menos 56 personas tuvieron que ser llevadas a un hospital de Mogadiscio tras la explosión, y cuatro de ellas han muerto, según fuentes médicas.

Dos periodistas, Hassan Zubeir Haji Hassan (conocido como Fantastic), cámara del canal de noticias Al Arabiya, y Mohamed Amin Adam Abdulle, reportero de Radio Shabelle, han muerto, junto con algunos estudiantes y un profesor.

También han resultado muertos tres miembros del Gobierno Federal de Transición: los ministros de Educación Superior, Educación y Salud.

La información sobre la causa de la explosión no es todavía clara, pero la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) ha explicado que se trata de un atentado suicida dirigido contra el Gobierno Federal de Transición y que los explosivos se habían detonado en el lugar donde se hallaban reunidas las víctimas.

En 2009 se han perpetrado varios atentados suicidas con explosivos contra miembros del Gobierno Federal de Transición y la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). Se ha responsabilizado de ellos el grupo armado Al Shabaab, contrario al gobierno.

El aumento de tropas estadounidenses en Afganistán no debe perjudicar a los civiles afganos

Thu, 03 Dec 2009 12:14:54 +0000

Amnistía Internacional ha pedido a Estados Unidos que establezca un mecanismo consecuente, claro y creíble para investigar las muertes de civiles causadas por las operaciones militares, después de que el presidente Barack Obama declarase su intención de enviar 30.000 soldados más a Afganistán.

Esta medida es ahora especialmente perentoria debido a la actual ausencia de rendición de cuentas y de transparencia en el seno de las fuerzas militares regulares y las agencias civiles de inteligencia estadounidenses, así como en el personal subcontratado.

“Los recientes esfuerzos de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN para reducir al mínimo las muertes de civiles son un paso hacia delante, pero el gobierno de Estados Unidos debe garantizar que cualquier soldado que viole los derechos humanos de los civiles afganos responde de sus actos —ha declarado Madhu Malhotra, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía—. El aumento de las tropas no debe desembocar en un aumento de los perjuicios a la población civil afgana.”

Amnistía Internacional reconoce que los grupos antigubernamentales, incluidos los talibanes, son responsables de la mayor parte de las muertes y lesiones de civiles, pero esto no disminuye la responsabilidad de ofrecer apoyo a las personas perjudicadas por las fuerzas afganas y las de la OTAN y Estados Unidos y de hacer que los presuntos autores de violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos comparezcan ante la justicia.

El respeto al derecho internacional, incluidos el derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, por todas las partes implicadas es un requisito previo para que haya seguridad en Afganistán.

Deben establecerse cadenas de mando más claras y unas reglas de intervención que respeten el derecho internacional para todas las fuerzas con el fin de garantizar la seguridad de la población civil afgana.

Si no está claro quién interviene en estas operaciones es imposible que las víctimas y sus familias formulen quejas, indaguen sobre las investigaciones y, en última instancia, pidan justicia.

Las autoridades saudíes deben investigar los informes de homicidios de civiles en Yemen

Wed, 02 Dec 2009 18:05:49 +0000

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades saudíes a que investiguen los homicidios de siete civiles que, según informes, se produjeron en un ataque aéreo en la región yemení de Sada.

Según los informes, el lunes 30 de noviembre, la Fuerza Aérea de Arabia Saudí lanzó tres bombas sobre una vivienda familiar en las inmediaciones de Mithab, en lo que puede haber sido un ataque deliberado. No está claro si en el momento del ataque había combatientes armados en la casa o en las proximidades

Al parecer, tres menores y cuatro mujeres de la familia Amer murieron en las explosiones, que también causaron lesiones a al menos nueve civiles más.

Los enfrentamientos entre fuerzas del gobierno yemení y simpatizantes del difunto clérigo chií Husein al Huti se extendieron a Arabia Saudí en noviembre, lo que ha llevado a las fuerzas saudíes a intervenir directamente contra los rebeldes yemeníes.

“Al parecer, puede que la casa de la familia Amer haya sido objeto de un ataque deliberado por parte de la Fuerza Aérea saudí, porque fue alcanzada tres veces consecutivas”, ha afirmado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Dado que no hay información que apunte a la presencia de rebeldes armados de Al Huti en el interior de la casa o en sus proximidades, nos preocupa enormemente que los civiles puedan haber sido víctimas de un ataque directo.”

Amnistía Internacional ha instado al ministro de Defensa saudí, el príncipe sultán Bin Abdulaziz Al Saud, a que garantice que las fuerzas saudíes toman todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la población civil atrapada en el conflicto de Sada.

"Hemos pedido al gobierno saudí que indique qué medidas está adoptando para investigar los informes sobre estos hechos y, en términos generales, para garantizar que se ofrece toda la protección posible a la población civil atrapada en la zona de conflicto en Yemen y a lo largo de la frontera sur de Arabia Saudí”, ha afirmado Malcolm Smart.

Los tres menores que, según informes, murieron en el ataque son Hussein Amer Muthana Amer, Ameen Muthana Amer y Hussein Hadi Abdullah Amer.

Además, las tres bombas que impactaron contra la casa del distrito de Al Ammar, en Sada, también mataron a cuatro mujeres de la misma familia: Nashra Hadi Zaid, Fatima Muthana Amer, Ramia Ali Muthana Amer y Hindah Muthana Amer.

El conflicto en la región yemení de Sada comenzó en 2004 y ha continuado de manera intermitente desde entonces. El pasado mes de agosto se intensificaron los combates; desde entonces, miles de habitantes de la región, mayoritariamente chií, han sufrido desplazamiento forzado, y decenas de personas, posiblemente centenares, han sido víctimas de homicidio.

Comentario: La llamada desde el minarete suizo

Wed, 02 Dec 2009 11:53:05 +0000

El contundente éxito de la iniciativa popular para prohibir los minaretes en Suiza ha llamado la atención en todo el mundo. Pero ¿qué significa realmente para los musulmanes suizos, y cuáles son las implicaciones y reflexiones que deben tener en cuenta otros países europeos?

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la construcción de minaretes está actualmente prohibida en Suiza. No se necesita ninguna otra ley para aplicar esta disposición constitucional y no hay nada que las autoridades federales o cantonales puedan hacer para impugnarla.

La única vía que les queda a los musulmanes suizos para anular la prohibición es recurrir a los tribunales la próxima vez que se rechace una solicitud de construcción de una mezquita por su causa. No cabe duda de que esta oportunidad se presentará pronto. También debe tener éxito.

Tal y como han manifestado numerosos juristas suizos e internacionales, la prohibición incumple claramente las obligaciones contraídas por Suiza en virtud del derecho internacional, por las que debe respetar la libertad de religión y la no discriminación a causa de las creencias religiosas. Aunque el Tribunal Supremo Federal suizo no rechace la ley, es casi seguro que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sí lo hará.

Mientras tanto, sin embargo, la prohibición seguirá vigente. Y ya se habrá causado un gran daño. La popularidad de la prohibición dañará, incluso más que la propia medida, las relaciones entre la pequeña minoría musulmana en Suiza y el resto de la población. Dará alas a extremistas de todas las ideologías. La integración de los musulmanes suizos, el necesario proceso de doble sentido que supone respeto y adaptación, sufrirá inevitablemente las consecuencias.

El éxito del referéndum conlleva algunas duras y largas reflexiones para las autoridades suizas que otros países y dirigentes políticos europeos harían bien en tener en cuenta.

En primer lugar, el sentimiento xenófobo y, en concreto, la islamofobia, es mucho más generalizado de lo que habían previsto hasta los observadores más pesimistas. Los sondeos de opinión realizados antes del referéndum mostraron sistemáticamente que una mayoría de los votantes se oponía a la prohibición.

Qué equivocados estaban. En la intimidad de la cabina de votación, los prejuicios silenciosos encontraron la forma de expresarse. Probablemente la situación es similar en toda Europa; desde luego, el éxito de los partidos de extrema derecha en las últimas elecciones al Parlamento Europeo así lo indica. De hecho, lo único sorprendente que ocurrió en Suiza fue lo sorprendidos que nos quedamos todos.

En segundo lugar, está claro que el hecho de que la sociedad civil y los principales partidos políticos no llevasen a cabo una campaña activa contra el referéndum fue un grave error.

Con menos prejuicios por parte de la población, la reticencia a dar más relevancia a las opiniones xenófobas debatiéndolas y cuestionándolas podría haber funcionado.

Pero en Suiza no ocurrió así. La ausencia de una oposición unida, coherente y elocuente contra la iniciativa dio claramente vía libre a la exageración y la incitación al miedo de las que se nutren las ideologías islamofóbicas. Otros países no deben cometer el mismo error.

Ya se están pidiendo políticas similares en otros países europeos. Por lo tanto, el éxito del referéndum suizo debe servir de llamada de atención, no sólo para Suiza, sino también para el resto de Europa.

Son necesarias medidas mucho más exhaustivas, en toda Europa, para combatir la discriminación y promover la integración de las comunidades de musulmanes e inmigrantes. Se necesita un compromiso mucho más firme por parte de los dirigentes políticos, de la sociedad civil –de todas las voces moderadas, tolerantes– para hacer frente a todas las opiniones xenófobas, ponerlas en evidencia y rebatirlas. La indiferencia nos hace cómplices.

El coste del error es enorme. La intolerancia es la base de la violación de derechos humanos más omnipresente en toda Europa: la discriminación. La discriminación desgarra las sociedades. Si hay un continente que debería conocer bien esa realidad, es Europa.

Escrito por Claudio Cordone, director general de Amnistía Internacional.

Una versión de este artículo apareció el 2 de diciembre de 2009 en la edición impresa de The International Herald Tribune.

Página de opinión de The International Herald Tribune

El gobierno de Sri Lanka debe poner en libertad de forma permanente a todos los civiles

Thu, 03 Dec 2009 12:33:58 +0000

Amnistía Internacional pide al gobierno de Sri Lanka que ponga en libertad de forma permanente a los civiles que han permanecido detenidos ilegalmente en campos tras el fin, hace seis meses, de la guerra civil.

“Las autoridades deben cumplir sus intenciones declaradas de poner en libertad a unas 120.000 personas, y deben hacerlo incondicionalmente”, ha manifestado Yolanda Foster, experta de Amnistía Internacional sobre Sri Lanka.

“La liberación permanente de los campos debe ir acompañada de garantías de que esas personas no serán sometidas a nuevos interrogatorios ni recluidas de nuevo en otros lugares.”

“También es fundamental que el gobierno mantenga su responsabilidad de cuidar de las personas desplazadas donde quiera que éstas decidan ir.”

El gobierno de Sri Lanka ha manifestado hoy, 1 de diciembre, que a las familias que viven en los campos de desplazados de Vavuniya se les dará a elegir si prefieren permanecer en los campos, buscar un alojamiento alternativo o intentar regresar a sus hogares.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido información sobre restricciones en la manera en la que las familias pueden abandonar los campos. Los medios de comunicación han sugerido que a algunas personas podría pedírseles que regresaran a los campos después de tan sólo 15 días.

Otro motivo de preocupación es la falta de ayuda para quienes han quedado en libertad hasta el momento. Un grupo eclesiástico ha informado de que se ha sacado a grupos de gente de Manik Farm en autobuses y, simplemente, “los han dejado tirados, en la carretera” en Adampan, Mannar.

El gobierno está enviando mensajes contradictorios sobre el proceso de regreso, y aún no está claro si la libertad de circulación se aplicará también a los campos de otras zonas del país.

A medida que se aceleran las liberaciones y los esfuerzos por reasentar a la gente, Amnistía Internacional insta a las autoridades de Sri Lanka a permitir que las personas desplazadas tomen decisiones informadas y voluntarias sobre el retorno y el reasentamiento.

“Las autoridades de Sri Lanka deben advertir a las personas desplazadas de las condiciones de vida en los lugares de los que proceden, para que puedan hacer planes sobre su futuro. También deben proporcionarles información clara sobre sus derechos, su condición jurídica y los procedimientos para buscar a sus familiares”, ha manifestado Yolanda Foster.

“Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos deben tener acceso sin trabas a las personas desplazadas. Para quienes intentan reasentarse, estas organizaciones deben poder vigilar su seguridad y su bienestar y garantizar que se cubren sus necesidades, incluida la protección frente a nuevas violaciones de derechos humanos.”

“Miles de personas han empezado a abandonar los campos en el noreste, pero la promesa de abrir los campos debe venir acompañada de la protección de los derechos de las personas desplazadas internamente tanto dentro como fuera de los campos.”

Información complementaria
Tras unos feroces combates y la muerte de miles de civiles en mayo de 2009, el gobierno de Sri Lanka declaró la victoria sobre los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. A finales de mayo de 2009, 300.000 personas desplazadas que habían huido de los combates fueron detenidas en campos supervisados por el ejército.

En respuesta a la detención ilegal de cientos de miles de personas desplazadas, Amnistía Internacional lanzó una campaña mundial, “Abre los campos”, para pedir la liberación y la libertad de circulación de las personas desplazadas. Más de 40.000 activistas han emprendido acciones.

Análisis: La discriminación y la violencia sexual entorpecen los progresos con respecto al VIH

Tue, 01 Dec 2009 14:04:27 +0000

En el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, Amnistía Internacional ha afirmado que la discriminación de género, la violencia sexual y la pobreza entorpecen los progresos en todo el mundo para hacer frente al VIH/sida.

Las mujeres son las que corren un mayor peligro de infectarse con el VIH, que tiene un impacto especialmente brutal sobre ellas y sus familias. Si no se abordan adecuadamente estas desigualdades de género y sus causas subyacentes, las iniciativas para reducir la propagación del VIH y hacer frente a sus consecuencias serán lamentablemente incompletas.

El panorama a finales de 2009 es, en algunos aspectos importantes, positivo. Según informes del ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, el número de nuevas infecciones por VIH ha disminuido en un 17 por ciento en los últimos ocho años. Los avances más importantes en la reducción del índice de nuevas infecciones se han registrado en el África subsahariana.

Más personas tienen acceso a tratamiento con antirretrovirales, y el número de fallecimientos relacionados con el sida ha disminuido en más de un 10 por ciento durante los últimos cinco años.

Sin embargo, las leyes, las prácticas y las propuestas de muchos países van en detrimento de estos avances positivos.

En los últimos años, Canadá y Estados Unidos han procesado y conseguido que decenas de personas con VIH hayan sido condenadas en virtud de legislación que criminaliza la transmisión del VIH.

Cada vez son más los países de todo el mundo que adoptan medidas similares o se plantean hacerlo.

Según informes de Human Rights Watch, sólo en África 14 países han promulgado leyes que criminalizan la transmisión del VIH, en términos que prácticamente prohíben todo tipo de conducta sexual por parte de las personas seropositivas.

Una medida que se está analizando actualmente en Uganda exigiría a las mujeres embarazadas y a sus parejas que se sometiesen a un análisis para comprobar si son portadoras del virus, incluso sin su consentimiento.

Los análisis obligatorios aumentan las posibilidades de que las personas queden estigmatizadas y sufran discriminación. En concreto, las mujeres cuyos análisis dan resultado positivo corren un mayor riesgo de ser víctimas de violencia a manos de sus parejas.

La medida también criminalizaría el “intento de transmisión” del VIH y establecería otras sanciones penales para las personas con VIH que no “respeten las indicaciones sobre prevención y tratamiento”, entre otras disposiciones.

Leyes como ésta con poco prácticas, innecesarias y contraproducentes, especialmente porque proporcionan alicientes para evitar someterse a los análisis, recibir información sobre la salud y obtener la atención necesaria.

Incluso en los lugares en donde no existe legislación de este tipo, quienes viven con VIH –o se sospecha que lo tienen– sufren la realidad cotidiana del estigma y la discriminación.

Hombres gays y bisexuales, personas que consumen drogas o están encarceladas y trabajadores y trabajadoras sexuales, entre otros, pueden enfrentarse a importantes dificultades para acceder a programas efectivos de prevención del VIH.

La transmisión entre personas heterosexuales constituye una gran parte de las nuevas infecciones por VIH en todo el mundo, y hace tiempo que se conoce la relevancia de la transmisión heterosexual en el África subsahariana.

Aun así, este conocimiento no se ha traducido en respuestas políticas firmes. No se ha hecho lo suficiente para abordar los abusos contra los derechos humanos y la importancia de la pobreza en la propagación de la epidemia entre las mujeres.

Por ejemplo, el índice de infecciones por VIH de mujeres jóvenes sudafricanas de entre 15 y 19 años es más del doble que el de los hombres de la misma edad. La tasa de prevalencia para las mujeres en la segunda mitad de la veintena es superior al 32 por ciento.

El alarmante nivel de violencia sexual en Sudáfrica es un factor que contribuye a estos elevados índices. En un estudio sobre prevalencia de la violación realizado este año, el Consejo Sudafricano de Investigación Médica halló que dos de cada cinco hombres encuestados habían ejercido violencia física contra su pareja y uno de cada cuatro había admitido como mínimo una violación.

La pobreza es otro elemento. Tal y como halló Amnistía Internacional en 2008, la ausencia de transporte fiable y asequible a menudo impide o dificulta que las mujeres de zonas rurales lleguen a centros de salud que ofrecen los servicios integrales de atención posterior a la agresión sexual y sobre VIH que necesitan.

Las mujeres de las zonas rurales también luchan para tener acceso a alimentación adecuada diariamente, fundamental para sobrellevar los efectos secundarios de la medicación con antirretrovirales.

La prevención efectiva del VIH no es fácil, especialmente si las políticas tienen que hacer frente a factores complejos como la pobreza y la violencia sexual para que tenga un verdadero impacto.

Una medida evidente que deben adoptar los gobiernos es la derogación de las leyes y prácticas discriminatorias, como la legislación que criminaliza la transmisión del sida.

A continuación, deben intentar sin demora comprender y corregir el modo en que las políticas y la práctica contribuyen a las desigualdades de género, como las relacionadas con el acceso a los servicios de salud y con la vulnerabilidad a la violencia.

Los disparos militares en Honduras deben ser urgentemente investigados y los testigos, protegidos

Mon, 30 Nov 2009 11:29:54 +0000

El sábado 28 de noviembre Amnistía internacional expresó extrema preocupación por la seguridad de las víctimas y testigos de disparos que tuvieron lugar en un retén militar en Tegucigalpa la noche del viernes. La organización hizo un llamado al fiscal de Derechos Humanos a investigar el incidente de manera urgente.

Según los testigos entrevistados por Amnistía Internacional el viernes por la noche, cuatro hombres estaban yendo a sus casas cuando vieron un retén militar que había sido movido de su posición normal, cerca del Estado Mayor. Nadie les dio ninguna indicación para detenerse o pedido para que bajaran la velocidad por lo que continuaron su camino.

Inmediatamente después, los militares dispararon contra el auto. El hombre siguió manejando y cuando entraron en una nueva calle, una bala alcanzó al conductor, Ángel Salgado, de 32 años, en la cabeza. El hombre perdió el control del auto que chocó contra un taxi e hirió a varias personas que estaban en la calle, incluyendo a una mujer de 45 años, que también fue alcanzada por una bala. Ella está en estado delicado en el hospital.

En el momento de la publicación de este texto, Ángel Salgado se encontraba en el hospital en estado crítico.

Testigos visuales dijeron que el personal militar comenzó a limpiar la escena inmediatamente después de ocurrido el choque.

“Estamos extremadamente preocupados por este caso, particularmente teniendo en cuenta el historial de gran impunidad que reina en Honduras en cuando a violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía y militares”, ha dicho Javier Zúñiga, director de la delegación de Amnistía Internacional en Honduras.

Los delegados de Amnistía Internacional en Honduras visitaron el hospital donde las dos personas heridas están siendo tratadas y escucharon que los familiares de Ángel Salgado habían enfrentado dificultades para poder verlo.

Los delegados de la organización también vieron a dos hombres con uniforme militar pasando por el lugar y entrando directamente a la sala donde Ángel Salgado se estaba recuperando. Los hombres dijeron que querían chequear su estado.

“Hasta que las autoridades tomen acciones serias para investigar y llevar a la justicia a los responsables de violaciones a los derechos humanos, este será otro shockeante ejemplo de como las vidas de las personas en Honduras pueden ser devastadas por la policía y los militares, que actúan sabiendo que nadie va a pedirles que rindan cuentas”, ha señalado Javier Zúñiga.