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Con la reciente ejecución en la horca de tres hombres, la cifra total de ejecutados en Japón este año asciende a siete.

Hiroshi Maeue y Yukio Yamaji fueron ejecutados en Osaka y Chen Detong, ciudadano chino, en Tokio.

Son cada vez más los países que rechazan la pena capital como pena máxima. En más del 70 por ciento de los países del mundo rige una moratoria de las ejecuciones o se ha abolido la pena de muerte, pese a lo cual, en Japón, las ejecuciones van en aumento.

Martin Macpherson, director del Programa de Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales de Amnistía Internacional, ha declarado: “En Corea del Sur no se llevan a cabo ejecuciones desde hace más de 10 años. En Taiwán no hay ejecuciones desde hace tres. Y sin embargo, en Japón, el número de ejecuciones sigue aumentando, contrariamente a la tendencia internacional de creciente rechazo a la pena capital”.

“Muchos países han demostrado que se puede luchar contra los delitos graves sin tener que recurrir a la pena de muerte, y que no hay prueba concluyente alguna que demuestre que la pena capital posee un mayor efecto disuasorio que la cadena perpetua”, aclara Martin Macpherson.

Recientemente se aprobó en Japón un nuevo sistema de jueces legos en virtud del cual se prevé que los ciudadanos participen en procesos en los que se juzgan delitos graves, incluidas causas punibles con la pena capital. Jueces legos trabajarán con jueces profesionales para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados y para decidir las sentencias que, en su caso, hubiera que imponer. El 3 de agosto de 2009 está previsto que se celebren los primeros juicios al amparo de este sistema.

Martin Macpherson señala: “Tras la aprobación del nuevo sistema de jueces legos, Japón debe aprovechar la ocasión y revisar su legislación sobre la pena de muerte y detener de inmediato todas las ejecuciones pendientes conforme a las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU en las que se pide el establecimiento de una moratoria de la pena capital”.

En Japón, la horca es el método en que se llevan a cabo las ejecuciones, a menudo en secreto. Lo habitual es que a los condenados se les notifique unas horas antes que van a ser ejecutados, pero a veces no se les comunica en absoluto. Esto significa que los presos que han agotado todas sus vías de recurso pasan el tiempo en el pabellón de la muerte temiendo ser ejecutados en cualquier momento. Normalmente a las familias no se les notifica la ejecución hasta después de consumada.

La defensa de Chen Detong alegó ante el Tribunal Supremo que estaba mentalmente enfermo ("enajenación mental parcial") en el momento de la comisión del delito. La legislación japonesa establece una reducción de la pena cuando la persona acusada o convicta padece una capacidad o competencia mental limitada en el momento de cometerse el delito, durante el proceso judicial, o en el momento de la ejecución.

Pese a ello, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de muerte el lunes 27 de julio. Maeue y Yamaji retiraron los recursos que habían interpuesto ante el Tribunal Superior. Maeue y Yamaji fueron objeto de una Acción Urgente emitida por Amnistía Internacional el 27 de febrero de 2009.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación del derecho a la vida, y la forma más extrema de castigo cruel, inhumano y degradante. La organización afirma que, puesto que la pena de muerte es irrevocable, siempre existe el riesgo de que un hombre o una mujer inocentes puedan ser ejecutados. Además, la pena capital es inherentemente arbitraria y se aplica de forma discriminatoria especialmente a las personas pobres, marginadas o que pertenecen a colectivos minoritarios.