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Este mes, la Asamblea General de la ONU estudiará la adopción de una medida crucial para garantizar el acceso a la justicia de todas aquellas personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales y a quienes se niega reparación en su país.

En las próximas semanas, los Estados miembros de la ONU, reunidos en Nueva York con motivo de la celebración de la Asamblea General, estudiarán la adopción de un instrumento internacional: el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dicho instrumento, una vez en vigor, permitirá el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que no pueden obtener reparación en su país.

Amnistía Internacional ha señalado que, 60 años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que la comunidad internacional reconoce que todos los seres humanos tienen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales dondequieran que vivan, esta medida se debía haber adoptado ya hace mucho tiempo. 

“Se trata de un acción inequívoca y concreta para aplicar la declaración formulada hace 15 años en la Conferencia Mundial de Viena, según la cual '[t]odos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad, y dándoles a todos el mismo peso'”, señaló Duncan Wilson, especialista en derechos económicos, sociales y culturales del programa de política de Amnistía Internacional.

“Amnistía Internacional subraya la importancia de aprovechar este momento histórico para corregir el desequilibrio existente entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, que impide en especial a los grupos marginados y a las personas que viven sumidas en la pobreza exigir un remedio efectivo cuando son víctimas de violaciones de sus derechos.

A muchas personas que sufren violaciones de sus derechos, incluidos los relativos a una vivienda adecuada, alimentos, agua y condiciones de salubridad, así como a la salud, la educación y un trabajo digno, se les niega la posibilidad y la facultad de pedir cuentas a los responsables”, agregó Duncan Wilson.

Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados miembros de la ONU que celebren el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la adopción del Protocolo Facultativo, en su forma actual, por parte de la Asamblea General el 10 de diciembre de 2008.

La elaboración y adopción del Protocolo Facultativo es la culminación de cinco años de negociaciones en el seno de un Grupo de Trabajo intergubernamental. El texto acordado finalmente es aceptable para todas las partes y cuenta con el respaldo de una aplastante mayoría de Estados miembros de la ONU.

Amnistía Internacional forma parte de la Coalición Internacional de ONG para la Adopción de un Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.