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Cualquier intento del Parlamento lituano de criminalizar la promoción de la homosexualidad supondría un incumplimiento de la obligación internacional del país de defender y respetar la libertad de expresión y luchar contra la discriminación. Así lo advirtió Amnistía Internacional el miércoles, 9 de septiembre.

Esta advertencia se debe a que el Parlamento lituano se dispone a debatir, durante su periodo de sesiones de otoño, reformas legislativas que criminalizarían la “promoción de la homosexualidad en lugares públicos”.

“Estas propuestas suponen un paso más en el avance de Lituania hacia la homofobia promovida por el Estado”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central.

Si se adoptan, permitirían el procesamiento de una amplísima variedad de actividades, incluidas la campaña sobre cuestiones de derechos humanos relativas a la orientación sexual y la identidad de género, la difusión de información sobre salud sexual a lesbianas, gays, bisexuales o personas transgénero (LGBT), o la organización de festivales de cine gay o de marchas de Orgullo LGBT.

“Amnistía Internacional considerará preso o presa de conciencia a cualquier persona detenida en virtud de la reforma propuesta del Código Penal”, ha manifestado Nicola Duckworth.

Las reformas propuestas vinieron precedidas, en julio de este año, por la adopción de la discriminatoria Ley sobre la Protección de Menores contra el Efecto Pernicioso de la Información Pública, que prohíbe los materiales que “agiten en favor de las relaciones homosexuales, bisexuales y polígamas” en escuelas o en lugares públicos y medios de comunicación en los que puedan ser vistos por menores. Las nuevas reformas van incluso más allá, ya que podrían criminalizar prácticamente cualquier expresión pública o retrato de la homosexualidad, o la información sobre ella.

Las reformas impedirían de hecho a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero acceder a información, ayuda y protección adecuadas para poder vivir su orientación sexual y su identidad de género. También es probable que conduzcan a un aumento de la discriminación y de otros abusos contra los derechos humanos en diversos ámbitos, incluidos el empleo y el acceso a bienes y servicios.

“Veinte años después de la caída del Muro de Berlín, el Parlamento lituano está retornando al pasado al imponer límites draconianos al flujo de información y a la libertad de expresión, y al estigmatizar a parte de la población”, ha manifestado Nicola Duckworth.

“Cuesta creer que un miembro de la Unión Europea pueda siquiera considerar la posibilidad de adoptar una legislación así.”

“Los parlamentarios, como representantes elegidos por el pueblo, deben ser la fuerza motriz de la protección de los derechos de todas las personas y del respeto de las obligaciones internacionales contraídas por el país.”