Noticias

Ampliar

El caso de una mujer británica que podría ser condenada a muerte en Laos por delitos de drogas pone de manifiesto el secretismo de un sistema de justicia caracterizado por la falta de acceso a abogados y a observadores independientes de derechos humanos.

La información disponible indica que Samantha Orabator no ha podido ver aún a un abogado. Esta ciudadana británica de 20 años fue detenida en agosto de 2008 en el aeropuerto de Wattay, Vientián, donde la encontraron presuntamente con 600 gramos de heroína. Desde entonces se ha sabido que está embarazada.

Según el Código Penal de Laos, no se puede imponer la pena de muerte a mujeres embarazadas, y el ministro laosiano de Asuntos Exteriores ha manifestado que no se va a imponer en este caso. Sin embargo, la pena capital es preceptiva para algunos delitos relacionados con drogas, como estar en posesión de más de medio kilo de heroína.

Amnistía Internacional pide al gobierno laosiano que cumpla este compromiso y conmute todas las condenas de muerte impuestas. Aunque Laos lleva más de 20 años sin ejecutar a nadie, continúa imponiendo la pena de muerte, fundamentalmente por delitos de drogas.

En una carta enviada en marzo de 2009 a Amnistía Internacional, el gobierno de Laos manifestó que al final de 2008 había 85 personas condenadas a muerte en el país.

La preocupación que suscita el hecho de que siga imponiéndose la pena de muerte se ve agravada por la celebración de juicios que no cumplen las normas internacionales de justicia procesal, al no respetarse en ellos la presunción de inocencia, el derecho de acceso a un abogado ni la independencia e imparcialidad del poder judicial.

Asimismo, continúan recibiéndose informes sobre duras condiciones de reclusión, caracterizadas por los malos tratos, la escasez de alimentos, el hacinamiento y la falta de atención médica adecuada.

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Laos que garanticen que Samantha Orabator y todas las demás personas detenidas en Laos se hallan recluidas en condiciones que cumplen totalmente las normas internacionales y tienen acceso a abogados de su elección y a los debidos servicios médicos.