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Amnistía Internacional ha instado a las autoridades iraníes a que no ejecuten a nueve personas condenadas a muerte que fueron detenidas en relación con las protestas que estallaron a raíz de las controvertidas elecciones presidenciales.

La organización ha declarado que teme que las autoridades iraníes tengan previsto ejecutar en público a las nueve personas o a algunas de ellas antes del 11 de febrero, día en que se conmemora la Revolución Islámica de 1979 y en el que se espera que haya más protestas.

Según la información divulgada por medios de comunicación iraníes, Ebrahim Raisi, adjunto del presidente de la magistratura, indicó el lunes que, tras la ejecución de dos hombres la semana pasada, los otros nueve serán ejecutados “pronto”.

“Las personas que han sido condenadas no han tenido un juicio justo –ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África–. Se les negó acceso a un abogado en las etapas iniciales de su detención y todos, o algunos de ellos, han sido coaccionados para que confesaran. Además no está claro si aquellas personas que han sido condenadas han podido ejercer su derecho a apelar.”

Según informes, el poder judicial iraní se ha visto presionado políticamente para que ejecute a más personas partidarias de la oposición y así poner fin a las protestas continuadas.

Mohammad Reza Ali-Zamani y Arash Rahmanipour fueron ahorcados en público el pasado martes tras haber sido condenados en un juicio injusto por “enemistad con Dios” y pertenencia a Anjoman e Padeshahi e Iran (API), una agrupación prohibida que propugna la restauración de la monarquía iraní.

Éstas han sido las primeras ejecuciones que se sabe que están relacionadas con la violencia postelectoral que estalló en junio del año pasado y que continúa todavía.

“La ejecución pública de personas supone una vuelta de tuerca más en la de por sí cruel, inhumana y degradante naturaleza de la pena de muerte –ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui–. Únicamente puede tener un efecto deshumanizante en la persona condenada a muerte y un efecto embrutecedor en aquellas que son testigos de la ejecución, incluidos los familiares.”

Mohammad Reza Ali-Zamani y Arash Rahmanipour fueron declarados culpables por el Tribunal Revolucionario de Teherán en octubre. Durante 2009, Irán ejecutó al menos a 14 personas en público.

Al menos dos de las nueve personas en espera de ejecución, Naser Abdolhasani y Reza Kazem, fueron condenadas en similares “juicios mediáticos” post electorales. Se desconoce la identidad de las otras siete personas.

Según las autoridades iraníes, más de 40 personas han muerto en las manifestaciones que han tenido lugar tras las elecciones y que las fuerzas de seguridad han reprimido con violencia. Amnistía Internacional cree que son muchas más. Más de 5.000 personas han sido detenidas y muchas de ellas han sufrido torturas y otros malos tratos.

Decenas de personas han sido condenadas en juicios injustos a penas de prisión, en algunos casos a penas de flagelación, y al menos 12 han sido condenadas a muerte. En enero de 2010, tras apelar, se conmutó la pena de muerte de un hombre, Hamed Rouhinejad, por una pena de 10 años de prisión.