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Los observadores internacionales desplegados en Sudán para las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril deben vigilar los derechos humanos como parte clave de su labor, ha declarado Amnistía Internacional hoy viernes.

La organización afirmó que teme un aumento del hostigamiento y de los arrestos arbitrarios, detenciones, torturas y otras formas de malos tratos a manos del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (NISS) del gobierno, que tiene amplias facultades para realizar arrestos, detenciones, búsquedas y capturas al mismo tiempo que goza de inmunidad por todos los actos que cometa como parte de su labor.

"Nos preocupa que estas facultades puedan emplearse para intimidad, arrestar y detener a candidatos y candidatas de la oposición, votantes y defensores y defensoras de derechos humanos tanto antes como durante y después de las elecciones", declaró Veronique Aubert, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para África.

Las fuerzas de seguridad sudanesas reprimieron con violencia las protestas políticas del 7 y el 14 de diciembre de 2009, deteniendo a más de 200 personas, entre las que había líderes de la oposición y activistas de derechos humanos, que se habían congregado ante el edificio del Parlamento, en Jartum.

En un documento de 12 puntos dirigido a los observadores electorales, Amnistía Internacional ha pedido a los delegados que evalúen si los candidatos y candidatas, así como sus partidarios y votantes están protegidos de las violaciones de derechos humanos.

La organización ha pedido a los observadores electorales que tengan cuidado con los actos de violencia o las amenazas que se lleven a cabo en los colegios electorales contra presuntos simpatizantes de partidos de la oposición y que pidan a las autoridades que actúen de inmediato para atajar cualquier abuso.

"Es esencial que los observadores electorales, además de observar el proceso electoral en sí, pidan a las autoridades que pongan fin a cualquier violación de derechos humanos que observen o que les sea denunciada", dijo Veronique Aubert.

Tras recibir informes de que el NISS había perturbado el desarrollo de reuniones y concentraciones de partidos políticos, Amnistía Internacional ha
recomendado que los observadores vigilen la conducta del NISS y de la policía a fin de garantizar que no cometen violaciones de derechos humanos.

"Aumenta la presión en Sudán para que las elecciones se celebren sin violencia, inseguridad ni abusos contra los derechos humanos —declaró Veronique Aubert—. En este momento crucial, el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos por parte de todas las personas que intervienen en el proceso electoral, incluidos el gobierno, los candidatos y candidatas y las personas que les apoyan, tiene una importancia fundamental."

"La capacidad para ejercer los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, a la libertad de asociación y a la libertad de circulación es
esencial para garantizar que las personas pueden participar en el proceso electoral sin miedo a la intimidación o a las represalias."

Las elecciones de abril serán las primeras elecciones nacionales parlamentarias y presidenciales que se celebran en Sudán desde 1986. El actual presidente, Omar Hassan al Bashir, tomó el poder durante un golpe de Estado en 1989. La guerra civil entre el norte y el sur del país impidió a ciudadanos y ciudadanas de numerosas circunscripciones del sur de Sudán y del estado de Nilo Azul que votaran en las elecciones de 2000, en las que Al Bashir fue elegido presidente.

La Unión Europea se ha comprometido a enviar 130 observadores electorales para vigilar las elecciones y su despliegue comenzó a finales de febrero de este año. El Centro Carter, ONG fundada por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, ha desplegado también a 60 observadores electorales, y la Liga de los Estados Árabes prevé desplegar otros 50. Los comicios serán vigilados asimismo por grupos de la sociedad civil sudanesa.

Las elecciones se celebran en un contexto de abusos contra los derechos humanos generalizados a manos del gobierno y de los grupos armados. El presidente Al Bashir sigue siendo un fugitivo de la justicia, después de que, en marzo de 2009, la Corte Penal Internacional dictara una orden de detención contra él  por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur.