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Amnistía Internacional ha manifestado hoy su satisfacción por la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de nombrar a un relator especial para que se encargue de vigilar e informar sobre el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Irán.

El Consejo votó el jueves en Ginebra, por 22 votos a siete, a favor de una resolución auspiciada por 49 Estados por la que se decidió "nombrar un relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán".

La votación se ha celebrado en un ambiente de preocupación por las violaciones masivas de derechos humanos cometidas durante la represión continuada de la disidencia en Irán y el aumento del uso de la pena de muerte en el país.

"Aunque esta decisión se tendría que haber tomado hace tiempo, nos alegra mucho que el Consejo de Derechos Humanos haya respondido a la situación de los derechos humanos en Irán y haya atendido el llamamiento de muchas organizaciones, entre otras Amnistía Internacional, a favor de la creación de este nuevo mecanismo", ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

"Teniendo en cuenta la negativa de Irán de colaborar con los expertos temáticos de la ONU desde 2005, resulta fundamental que la comunidad internacional haga todo lo que esté en su mano para conseguir que Irán colabore con el relator especial. Instamos a las autoridades iraníes a colaborar plenamente con este mecanismo, entre otras cosas, permitiendo que el titular del cargo visite el país con regularidad para llevar a cabo misiones de investigación sin impedimentos."

Según cifras oficiales, este año se ha ejecutado en Irán al menos a 116 personas. Informes fidedignos indican que se ha ejecutado en secreto a decenas de personas. Miles de presos continúan en espera de ser ejecutados.

Entre las personas ejecutadas este año se encuentran Jafar Kazemi y Mohammad Ali Haj Aghaei, a quienes se mantuvo recluidos durante los seis meses de disturbios que siguieron a la controvertida reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad en junio de 2009.

El expediente en materia de derechos humanos del gobierno iraní, que ya era pésimo, ha empeorado desde los disturbios de 2009 con la detención arbitraria de miles de  manifestantes, además de la reclusión durante periodos prolongados sin juicio, los juicios sin las debidas garantías y la tortura y otros malos tratos de cientos de defensores de los derechos humanos, estudiantes, abogados, periodistas y activistas políticos de la oposición.

La última oledada de detenciones de opositores del gobierno fue desencadenada por el llamamiento formulado el 14 de febrero por los dirigentes de la oposición Mehdi Karroubi y Mir Hossein Mousavi, que ahora se encuentran bajo arresto domiciliario, para que se celebrasen manifestaciones en apoyo de los pueblos de Egipto y Túnez.

En 2002 no se prorrogó el último mandato del relator especial de la ONU sobre Irán.