Noticias

Ampliar

La Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado de Georgia debe reconsiderar su decisión de denegarle el indulto a un hombre estadounidense condenado a muerte, dijo hoy Amnistía Internacional, tras emitirse el fallo que permitirá que se proceda a la ejecución el miércoles.

Troy Davis fue condenado a muerte en 1991 por el asesinato del agente de policía Mark Allen MacPhail, cometido en Savannah, Georgia. 

“Se trata de un enorme retroceso para los derechos humanos en Estados Unidos: el Estado va a ejecutar a un hombre que ha sido condenado basándose en indicios dudosos. Incluso ahora cuando el proceso está tan avanzado, la Junta debe reconsiderar su decisión”, afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“La decisión de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia de rechazar la petición de indulto contradice claramente su decisión de 2007 en la que recomendaba no llevar a cabo la ejecución si existían ‘dudas respecto a la culpabilidad del acusado’”, dijo Salil Shetty. 

La acusación contra Troy Davis se basaba principalmente en declaraciones de testigos. Desde su juicio en 1991, siete de los nueve testigos clave se han retractado de su testimonio o lo han modificado, y algunos han denunciado coacción policial.

“Incluso aunque los miembros de la Junta estuvieran convencidos de que no cabe duda alguna al respecto, hay muchas otras personas que no están tan seguras de ello.”

“Es evidente que el sistema de justicia capital de Estados Unidos puede cometer errores. La causa de Troy Davis ha estado plagada de constantes dudas, lo que pone de manifiesto una deficiencia fundamental de la pena de muerte. Es irrevocable y, en Estados Unidos, la pena de muerte se caracteriza además por la arbitrariedad, la discriminación y el error”, añadió Salil Shetty.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y en todas las circunstancias. 

Los activistas de la organización han trabajado intensamente en favor de Troy Davis, y han entregado cerca de un millón de firmas a las autoridades de Georgia para instarlas a conmutarle la condena de muerte: se han celebrado vigilias y otros actos en aproximadamente 300 localidades de todo el mundo.

Desde que Troy Davis fue condenado a muerte, más de 90 presos han sido excarcelados de los “corredores de la muerte” de todo el país tras demostrarse su inocencia. En todos esos casos, los acusados habían sido declarados culpables más allá de una duda razonable. 

En los últimos cuatro años, tres estados de Estados Unidos –Nueva Jersey, Nuevo México e Illinois– han promulgado legislación para abolir la pena de muerte. La incapacidad para descartar errores y la posibilidad de ejecutar a personas inocentes fueron los principales argumentos en estos procesos, que convencieron incluso a personas que previamente defendían la pena de muerte.

A diferencia de lo que sucede en los 139 países de todo el mundo que han puesto fin a las ejecuciones en la ley o en la práctica, en Estados Unidos hay actualmente más de 3.200 personas condenadas a muerte, y se han ejecutado a más de 1.200 presos desde 1977, año en que se reanudaron los homicidios judiciales.  Actualmente en Georgia hay más de 100 personas en el corredor de la muerte, y en lo que va del año 2011 se ha ejecutado ya a tres personas en ese estado.