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Deben reforzarse los controles sobre la asistencia militar a Somalia

El Gobierno Federal de Transición o las fuerzas de oposición podrían utilizar armas en ataques indiscriminados.

El Gobierno Federal de Transición o las fuerzas de oposición podrían utilizar armas en ataques indiscriminados.

© APGraphicsBank


21 enero 2010

Amnistía Internacional ha pedido la suspensión de las transferencias de armas a Somalia mientras no existan salvaguardas suficientes que impidan la utilización de las armas para cometer crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos.

En su más reciente documento informativo sobre el país, Amnistía Internacional detalla los envíos de armas estadounidenses, incluidos morteros, munición y dinero en efectivo para la compra de armas para el Gobierno Federal de Transición.
 
Estas transferencias se llevaron a cabo a pesar de que existe un riesgo considerable de que estos tipos de armas se utilicen en ataques indiscriminados de fuerzas del Gobierno Federal de Transición, o de que se desvíen a grupos armados opuestos a él que también cometen abusos graves y generalizados.

“La preocupación internacional por el futuro del gobierno somalí no se ha traducido en una preocupación similar por los derechos humanos de la población civil”, ha manifestado Michelle Kagari, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para África.

“Los ataques con morteros continúan cobrándose vidas; es hora de que los donantes internacionales apliquen controles más estrictos al apoyo que prestan al gobierno.”

El documento de Amnistía Internacional también detalla los cada vez más numerosos programas internacionales de formación policial y militar para fuerzas del Gobierno Federal de Transición, a pesar de que no hay procedimientos de supervisión adecuados.

La formación se lleva a cabo en la propia Somalia y en Etiopía, Kenia, Yibuti y Uganda. La Unión Europea, Francia, Alemania e Italia participan en los programas o se han comprometido a financiarlos.
 
Amnistía Internacional insta a todos los Estados que ofrecen, financian o elaboran programas de formación militar y policial para el Gobierno Federal de Transición que proporcionen formación sobre derecho internacional humanitario y gestión del armamento. También deben presionar para que se creen procedimientos de supervisión de las fuerzas del Gobierno Federal de Transición.
 
Aunque en Somalia sigue vigente el embargo de armas impuesto por la ONU en 1992, los Estados pueden presentar peticiones de excepción al Comité de Sanciones de la ONU con el fin de proporcionar asistencia en materia de  seguridad al gobierno somalí.

Amnistía Internacional insta al Comité a que aplique criterios para evaluar el riesgo de que las excepciones al embargo de armas contribuyan a la comisión de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, y a que deniegue autorizaciones basándose en esos riesgos.

Para que su aplicación sea efectiva, Amnistía Internacional considera que estos criterios deben estar consagrados en el derecho internacional y deben aplicarse a todas las transferencias de armas en todo el mundo, La organización pide a los Estados que establezcan estos criterios comunes en un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.

Somalia lleva inmersa en un conflicto armado desde la caída del gobierno de Siad Barre en 1991. El conflicto se intensificó y los homicidios ilegítimos de civiles aumentaron cuando irrumpieron tropas etíopes en Somalia a finales de 2006 para ayudar al Gobierno Federal de Transición a luchar contra varios grupos armados de oposición, de quienes había intentado recuperar el control territorial.

A pesar del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Federal de Transición y un grupo armado, del nombramiento de un presidente que había sido miembro de la oposición armada, y de la retirada de las tropas etíopes de Somalia, grupos armados de oposición han continuado atacando al Gobierno Federal de Transición, que actualmente sólo controla una pequeña parte de la capital, Mogadiscio.
 
En 2009, ataques indiscriminados de todas las partes en conflicto causaron la muerte de miles de civiles y el desplazamiento de centenares de miles de personas. En la actualidad, el número de personas desplazadas internamente en Somalia asciende a 1,5 millones, y en torno a 3,7 millones dependen de la asistencia humanitaria para sobrevivir.

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