• El documento citado en esta página no está disponible en español.
  • El documento citado en esta página no está disponible en español.

Los detenidos de Guantánamo siguen a la espera de revisión judicial

Un detenido en el Campo 4 de Guantánamo, octubre de 2007.

Un detenido en el Campo 4 de Guantánamo, octubre de 2007.

© Brennan Linsley/AP/PA Photos


9 abril 2009

Según un nuevo informe de Amnistía Internacional, sólo algunos detenidos de Guantánamo han tenido la oportunidad de que los tribunales revisen la legalidad de su detención. Y eso a pesar de la resolución adoptada hace diez meses por la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa Boumediene v. Bush, según la cual los detenidos tienen derecho a que se vean con “prontitud” sus recursos de hábeas corpus.

El presidente Barack Obama ha ordenado que el centro de detención de Guantánamo se cierre antes de enero de 2010. Sin embargo, el futuro de las aproximadamente 240 personas que permanecen recluidas en él seguirá siendo incierto mientras no se avance en la revisión ejecutiva de sus casos y de la política sobre detenciones ordenada por el nuevo presidente.

Hasta el momento, dicha revisión sólo ha dado lugar a la liberación de un detenido. El nuevo gobierno no ha formulado cargos penales contra ningún detenido en Guantánamo. 

El gobierno del presidente Bush reaccionó ante el fallo de la causa Boumediene v. Bush con una estrategia de impugnaciones que ocasionaron demoras en los procedimientos de hábeas corpus. El cambio de gobierno ha dado lugar también a más retrasos.

En el caso de varios detenidos a los que se había acusado anteriormente para que fueran juzgados por comisiones militares, el nuevo gobierno ha tratado de que se desestimen sus peticiones de hábeas corpus alegando que no se han formulado todavía los cargos pertinentes. El gobierno ha actuado de esta forma a pesar de que se han suspendido las comisiones militares a petición del presidente Obama. Entre dichos detenidos figura el ciudadano afgano Mohammed Jawad, que lleva más de seis años bajo custodia militar estadounidense, es decir, desde que tenía 16 o 17 años.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que suspenda las comisiones militares de manera definitiva y no bloquee procedimientos rápidos de hábeas corpus a los detenidos que los soliciten.

En los siete meses transcurridos entre el fallo de la causa Boumediene v. Bush y la toma de posesión del nuevo presidente, sólo los casos de 9 de los 200 detenidos que han impugnado su detención indefinida como “combatientes enemigos” fueron objeto de decisiones individualizadas. Durante los primeros dos meses y medio de la nueva presidencia, sólo se adoptaron decisiones en tres casos más, uno de ellos examinado bajo el gobierno anterior.

“Una decena de decisiones en diez meses no es precisamente la revisión rápida ordenada por la Corte Suprema –ha señalado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos–. La resolución de los casos de los detenidos en Guantánamo tenía que haberse llevado a cabo hace ya mucho tiempo. Cada día que pasa sin que se aplique a cada caso de manera plena e inequívoca el Estado de derecho es un día que viene a sumarse a años de violaciones de derechos humanos.”

En algunos casos, la detención indefinida ha continuado a pesar de las órdenes formuladas por jueces federales de que se libere de inmediato a un detenido. Dos hombres trasladados a Guantánamo en 2002 tras ser capturados en Bosnia y Herzegovina permanecen detenidos cuatro meses después de que se ordenara su puesta en libertad.

Un ciudadano chadiano trasladado a Guantánamo en 2002 a la edad –según los informes– de 14 años permanece detenido en la base naval tres meses después de que se declarara ilegal su detención. 

Hace seis meses que un juez federal ordenó la puesta en libertad en Estados Unidos de 17 uigures a quienes el gobierno del presidente Bush no consideraba ya “combatientes enemigos”. El nuevo gobierno no retiró el recurso presentado por su predecesor contra esta resolución y en febrero la Corte de Apelaciones anuló la orden alegando que el juez no era competente para reparar una detención ilegal. Sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Estados Unidos es Estado Parte, establece de manera expresa este tipo de recurso. Al parecer, el nuevo gobierno está tratando de aprovechar esta decisión para reforzar su control sobre las liberaciones de los detenidos en la base.

“Es inaceptable que en Guantánamo permanezcan todavía personas detenidas sin cargos ni juicio –ha señalado Rob Freer–. Se debe acusar formalmente a los detenidos para que sean juzgados con las debidas garantías ante tribunales federales ordinarios o ponérselos en libertad de forma inmediata, en Estados Unidos si es necesario.”

En su nuevo informe, Amnistía Internacional pone de relieve la lentitud del proceso de revisión judicial y los constantes intentos del gobierno por restringir su alcance lo más posible. Ilustrado con casos emblemáticos, el informe detalla también ejemplos en los que el nuevo gobierno ha litigado con el fin de bloquear la rendición de cuentas y los recursos por violaciones de derechos humanos perpetradas contra detenidos, incluidos delitos de tortura y desaparición forzada, tipificados en el derecho internacional.

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO