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Los activistas de derechos humanos siguen sufriendo represión en Oriente Medio y el Norte de África

Mohammed Abbou, abogado y activista de derechos humanos tunecino, con su familia, tras quedar en libertad el  24 de julio de 2007.

Mohammed Abbou, abogado y activista de derechos humanos tunecino, con su familia, tras quedar en libertad el 24 de julio de 2007.

© Particular


11 marzo 2009

Más de 10 años después de que la ONU pidiera a todos los Estados que apoyaran la labor de quienes defienden los derechos humanos, los activistas de los derechos humanos de Oriente Medio y el Norte de África siguen sufriendo persecución y represión.

En un nuevo informe titulado Desafío a la represión, Amnistía Internacional expone numerosos casos que ponen de relieve la precaria situación de los defensores de los derechos humanos, a los que se intimida, hostiga, amenaza, recluye sin juicio o condena a cumplir largas penas de prisión o a muerte en juicios injustos por intentar hacer valer los derechos humanos.

Algunas personas han sido detenidas reiteradas veces o agredidas en la calle en lo que parecen intentos de hacerlas desistir de sus actividades; otras han sido detenidas y juzgadas por cargos falsos por tener el valor de disentir o sacar a la luz los abusos cometidos por los gobiernos.

A otras se les prohíbe viajar al extranjero.  El 6 de marzo, las autoridades tunecinas impidieron al abogado de derechos humanos Mohammed Abbou que viajara a Europa. Era la séptima vez desde que salió de la cárcel en 2007 que se le negaba la salida del país.

Desde hace tres años, a Sha'wan Jabarin, director de la organización de derechos humanos palestina Al Haq, radicada en Ramala, se le ha impedido salir de Cisjordania, territorio ocupado por Israel, en virtud de una orden de detención administrativa impuesta por las autoridades israelíes.

"En toda la región, quienes defienden los derechos humanos y sacan a la luz los abusos de las autoridades del Estado suelen corren un gran riesgo por ello -ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional--.

Los gobiernos deben dar a conocer la labor decisiva que realizan estas personas promoviendo y defendiendo derechos universales. Sin embargo, con demasiada frecuencia lo que hacen es tacharlas de subversivas o alborotadoras y utilizar medios represivos para impedir sus actividades. En toda la región hay personas que se consumen en la cárcel por el simple hecho de haber ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión."

Es habitual utilizar la legislación nacional para silenciar a quienes defienden los derechos humanos y para tratar sus actividades como delitos. A menudo se los acusa de "insultos", "difamación", "difusión de información falsa" y "propaganda contra el Estado". En Irán, las autoridades pueden recurrir al menos a nueve leyes, muchas de ellas coincidentes y poco precisas, para castigar críticas o manifestaciones que consideran insultos o difamación de funcionarios del Estado u otros cargos.

En países como Egipto y Siria se recurre también a estados de excepción que llevan decenios en vigor para imponer severas penas en juicios injustos ante tribunales de excepción. En Egipto, las autoridades han utilizado amplios poderes de excepción para recluir sin cargos ni juicio a defensores de derechos humanos durante periodos prolongados. Musaad Abu Fagr, activista que defiende los derechos de los beduinos del Sinaí, permanece en detención administrativa desde su arresto en diciembre de 2007.

La situación ha empeorado en general en la región para los defensores de los derechos humanos desde que comenzó la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos, que ha dado un pretexto más para silenciar la disidencia y aprobar leyes contra el terrorismo.

El decreto ley de Emiratos Árabes Unidos sobre la lucha contra los delitos de terrorismo pena incluso los intentos no violentos de "alterar el orden público, menoscabar la seguridad, exponer a la población a peligros o causar la destrucción del entorno".

Las personas que trabajan en los medios de comunicación, los profesionales del derecho y quienes defienden los derechos de las mujeres, corren especial riesgo debido a su profesión o a la causa que defienden. Los trabajadores de los medios de comunicación son objeto de un atento escrutinio debido al amplio impacto que puede tener su trabajo. Las personas que defienden los derechos de las mujeres sufren con frecuencia represalias, pues siguen predominando en la región los valores tradicionales, conservadores y patriarcales.  Los profesionales del derecho sufren hostigamiento por su proximidad a los acusados, que a menudo hace que las autoridades los asocien a la causa de sus clientes.

En Siria, Anwar al-Bunni, prestigioso defensor de los derechos humanos y abogado, cumple actualmente cinco años de prisión por hacer en 2006 una declaración a un periódico de Qatar en la que afirmaba que la muerte bajo custodia de Muhammad Shaher Haysa en Siria se había producido "como consecuencia de malos tratos posiblemente equivalentes a tortura".

Según Malcom Smart, en una región donde, una y otra vez, los gobiernos no respetan los derechos humanos, el papel de los defensores y las defensoras de los derechos humanos es aún más decisivo. Para continuar con su labor, estas personas han de poder contar con el apoyo de la comunidad internacional hasta que sus campañas sean reconocidas y se hagan realidad sus aspiraciones.

"Es hora de que los gobiernos de toda la región reconozcan la contribución decisiva de los defensores de los derechos humanos y tomen medidas para apoyar su labor -ha señalado Malcolm Smart--.

Deben poner fin de inmediato a la persecución que sufren estas personas y eliminar los obstáculos jurídicos y de otras clases que se utilizan para bloquear o restringir sus actividades legítimas de promoción y protección de los derechos humanos universales."

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