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Cientos de embarazadas pobres e indígenas mueren en el Perú rural porque los servicios de salud son una lotería

Centro de salud de Huancavelica, zona rural de Perú, 26 de septiembre de 2008. El ratio de mortalidad materna en Perú es de los más altos de la región.

Centro de salud de Huancavelica, zona rural de Perú, 26 de septiembre de 2008. El ratio de mortalidad materna en Perú es de los más altos de la región.

© Amnistía Internacional


9 julio 2009

Cientos de mujeres embarazadas pobres e indígenas mueren en el Perú rural porque no reciben los mismos servicios de salud que otras mujeres del país, ha concluido Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Publicado el jueves 9 de julio, el informe Deficiencias fatales. Las barreras a la salud materna en Perú analiza los elevados niveles de mortalidad materna entre las mujeres pobres e indígenas del medio rural de Perú y evalúa el impacto de las últimas políticas adoptadas por el gobierno para hacer frente al problema.

"Los índices de mortalidad materna en Perú son escandalosos –afirmó Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional sobre Perú–. La muerte de tantas mujeres por causas prevenibles constituye una violación de derechos humanos. El Estado peruano sencillamente está incumpliendo su obligación de proporcionar asistencia médica materna a todas las mujeres, al margen de quienes sean y el lugar en donde vivan."

Perú presenta uno de los índices de mortalidad materna más elevados de todo el continente americano. Según datos oficiales, por cada 100.000 nacidos vivos en Perú mueren 185 mujeres. Las Naciones Unidas señalan un número aún mayor, 240. La mayoría son mujeres del medio rural, pobres e indígenas.

El informe de Amnistía Internacional pone de relieve que en Perú mueren mujeres embarazadas debido a las dificultades que han de superar: falta de acceso a atención obstétrica de urgencia, falta de información sobre salud materna y falta de personal del servicio de salud que sepa hablar en lengua indígena.

Además, a las mujeres que viven en la pobreza se las excluye de los procesos de toma de decisiones. Sus voces rara vez se escuchan y sus opiniones apenas tienen influencia en las leyes y políticas estatales, por lo que esas violaciones de derechos humanos pasan desapercibidas a la sociedad y a quienes detentan la autoridad.

Según el censo de comunidades indígenas de 2007, prácticamente el 60 por ciento de las comunidades que abarcaba el censo no tenía acceso a un centro de salud.

“Los servicios de salud para las mujeres embarazadas en Perú son una lotería: si eres indígena y pobre, no tienes ninguna posibilidad de ganar” señaló Nuria García.

José Meneses Salazar, de 24 años y residente en Ccarhuacc, una de las zonas más pobres de Perú, perdió a su madre hace nueve años como consecuencia de un parto. La mujer evitó ir a las revisiones médicas por miedo a ser maltratada por el personal. Cuando se puso de parto, la comadrona del centro de salud más próximo estaba de permiso, por lo que el padre de José y otros familiares se encargaron de asistir a la mujer en el parto. Después de nacer el bebé, la placenta no salía y no supieron qué hacer. Al cabo de dos horas la mujer murió. La recién nacida sobrevivió.

En el informe se evalúa asimismo el impacto de varias políticas gubernamentales dirigidas a reducir los índices de mortalidad materna, como el incremento del número de casas de espera materna –lugares donde pueden alojarse antes del parto las mujeres que viven a gran distancia del centro de salud–, la mayor promoción del parto vertical, práctica común entre las mujeres indígenas en Perú, y la enseñanza de la lengua quechua a los profesionales de la salud.

Mujeres y profesionales de la salud consultados por Amnistía Internacional en Perú consideraban positivas las nuevas iniciativas pero se quejaban de que no se estaban aplicando eficazmente y ponían en duda que estuvieran dando verdaderos resultados.

Amnistía Internacional concluye en su informe que, si bien el número de casas de espera supera ya el triple de las que había hace ocho años, sólo la mitad están ubicadas en zonas rurales, donde más necesidad tienen las mujeres de asistencia obstétrica de emergencia.

Mujeres y organizaciones locales de la sociedad civil han contado a Amnistía Internacional que la formación a profesionales de la salud sobre los métodos del parto vertical no está lo bastante extendida. Según la Defensoría del Pueblo de Perú, el año pasado más del 45 por ciento del personal de los servicios de salud afirmó que no había recibido formación adecuada.

Por otra parte, ha habido iniciativas oficiales para enseñar el quechua a los profesionales de los servicios de salud, pero su uso no es generalizado y muchas mujeres de comunidades indígenas cuya lengua materna no es el español no pueden comunicarse con ellos.

“Las iniciativas oficiales para reducir la mortalidad materna son buenas noticias –afirmó Nuria García–. Pero la ausencia de responsabilidades claras en su cumplimiento, así como la falta de vigilancia y de asignación eficaz de los recursos, ponen en grave peligro toda iniciativa.”

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades peruanas que asignen recursos a la mortalidad materna y a la asistencia de la salud reproductiva dando prioridad a las regiones que presenten mayores índices de mortalidad, para que todas las mujeres tengan garantizada la igualdad de acceso a la asistencia obstétrica de emergencia en caso de complicaciones durante el parto. También ha recomendado aumentar la formación de profesionales de la salud y que exista un servicio de apoyo lingüístico a las mujeres indígenas en todos los centros de salud.

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