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La impunidad por los crímenes de guerra en Gaza y el sur de Israel supondrán más sufrimiento para la población civil

Una mujer y su hijo, sin hogar tras la destrucción de su casa en Gaza, enero de 2009.

Una mujer y su hijo, sin hogar tras la destrucción de su casa en Gaza, enero de 2009.

© Amnistía Internacional


2 julio 2009

Las fuerzas israelíes mataron a centenares de civiles palestinos desarmados y destruyeron millares de viviendas en Gaza, en ataques que violaron las leyes de la guerra, concluye Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el 2 de julio de 2009 con el título Operación “Plomo Fundido”: 22 días de muerte y destrucción. Este informe es el primero de alcance exhaustivo que se publica sobre este conflicto de 22 días ocurrido entre fines de 2008 y principios de 2009.

“La falta de medidas por parte de Israel para investigar debidamente la actuación de sus fuerzas en Gaza, incluidos los crímenes de guerra, y su continua negativa a cooperar con la misión internacional e independiente de investigación de la ONU, dirigida por Richard Goldstone, ponen de manifiesto su intención de eludir el escrutinio público y la rendición de cuentas”, ha manifestado Donatella Rovera, quien encabezó un delegación enviada por Amnistía Internacional a Gaza y el sur de Israel para realizar labores de investigación sobre el terrero durante el conflicto y después de él.

“La comunidad internacional, dirigida por el Consejo de Seguridad de la ONU, debe ejercer toda su influencia para conseguir que Israel coopere plenamente con la investigación Goldstone, que es ya el mejor medio para establecer la verdad.”

Hamás y otros grupos armados palestinos dispararon centenares de cohetes contra el sur de Israel, que mataron a tres civiles israelíes, hirieron a decenas más y obligaron a miles de personas a evacuar sus hogares. “Estos ataques ilegítimos constituyen crímenes de guerra y son inadmisibles”, ha añadido Rovera.

El informe de Amnistía Internacional, basado en datos recogidos por su delegación –de la que formaba parte un experto en cuestiones militares– durante la investigación que llevó a cabo sobre el terreno en enero y febrero, documenta el uso por parte de Israel de armas de campo de batalla contra una población civil que se hallaba atrapada en Gaza sin posibilidades de huida.

La magnitud e intensidad de los ataques contra Gaza no tenían precedente. Entre los 1.400 palestinos que mataron las fuerzas israelíes había unos 300 niños y niñas y centenares de civiles desarmados más que no tomaban parte en el conflicto.

A la mayoría de estas personas, las mataron con armas de alta precisión, para disparar las cuales se contaba con aviones de vigilancia teledirigidos no tripulados, cuyo excelente sistema óptico permitía ver con detalle el blanco. A otras las mataron con armas poco precisas –incluidos proyectiles de artillería con fósforo blanco, sustancia jamás utilizada anteriormente en Gaza– que no deben emplearse nunca en zonas con gran densidad de población.

Amnistía Internacional comprobó que las víctimas de los ataques que investigó no habían muerto por haberse visto atrapadas entre dos fuegos en el curso de combates entre activistas armados palestinos y las fuerzas israelíes ni porque estuvieran sirviendo de protección a combatientes u objetos militares. Muchas murieron al ser bombardeadas sus casas mientras dormían. Otras se encontraban en ese momento sentadas en sus patios o tendiendo ropa en la azotea. Entre las víctimas de los ataques había niños y niñas que estaban jugando en su habitación, en la azotea de su casa o en la calle. Se atacó reiteradamente a personal paramédico y a ambulancias que habían acudido a socorrer a personas heridas o a recoger cadáveres.

“No se pueden explicar tantas muertes de niños y niñas, así como de otros civiles, calificándolas sin más de ‘daños colaterales’, como hace Israel –ha manifestado Donatella Rovera–. Quedan muchas cuestiones sin responder en torno a estos ataques y al hecho de que siguieran llevándose a cabo a pesar del creciente número de víctimas mortales civiles que estaban causando.”

Más de 3.000 viviendas fueron destruidas y unas 20.000 sufrieron daños en ataques israelíes que redujeron a escombros barrios enteros de Gaza y dejaron la ya mala situación económica del territorio en ruinas. Gran parte de la destrucción fue gratuita y no estaba justificada por razones de “necesidad militar”.

El ejército israelí no ha respondido a las reiteradas peticiones que le ha hecho Amnistía Internacional durante los últimos cinco meses para que le proporcione información sobre los casos específicos descritos en su informe y se reúna con la organización para hablar de sus conclusiones.

"Hamás, por su parte, sigue justificando los ataques con cohetes que sus combatientes y otros grupos armados palestinos lanzaron a diario contra ciudades y pueblos del sur de Israel durante los 22 días de conflicto –ha explicado Rovera–. Aunque menos letales, estos ataques, efectuados con cohetes no guiados que no pueden dirigirse contra blancos específicos, violaron el derecho internacional humanitario y no pueden justificarse en ninguna circunstancia.”

Además de cohetes Qassam de fabricación local, los activistas armados palestinos dispararon a menudo cohetes de tipo Grad, proyectiles de mayor alcance, introducidos clandestinamente en Gaza por los túneles que comunican con Egipto, que llegaban a zonas de Israel situadas más en el interior y ponían en peligro a una parte mucho mayor de su población civil.

“Al cabo de cinco meses, ninguno de los dos bandos ha se ha mostrado dispuesto a modificar sus prácticas y cumplir las disposiciones del derecho internacional humanitario, lo que hace temer que sea una vez más la población civil que la sufra en especial las consecuencias si se reanudan los combates”, ha señalado Donatella Rovera.

De acuerdo con el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de ejercer la jurisdicción universal e iniciar investigaciones criminales en sus tribunales nacionales siempre que haya indicios suficientes de comisión de crímenes de guerra u otros delitos de derecho internacional, para detener y poner a disposición judicial a los presuntos responsables.

“No se debe dejar a los autores de crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional eludir la rendición de cuentas y la acción de la justicia.”

Entre otras recomendaciones, en su informe Amnistía Internacional pide a los Estados que suspendan todas las transferencias de material militar, asistencia militar y municiones a Israel y a Hamás y los demás grupos armados palestinos hasta que no haya riesgo sustancial de que tal material se utilice para cometer violaciones graves del derecho internacional.

La organización pide a Israel que se comprometa a no llevar a cabo ataques directos, indiscriminados ni desproporcionados contra civiles, a no utilizar artillería, morteros ni armas de fósforo blanco en zonas densamente pobladas y a poner fin al bloqueo que mantiene sobre la Franja de Gaza, con el que está infligiendo un castigo colectivo a toda su población.

Amnistía Internacional insta a Hamás a que renuncie a su política de ataques con cohetes contra centros de población civil de Israel e impida que otros grupos armados realicen tales ataques.

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