Amnistía Internacional ha pedido hoy martes a las autoridades iraquíes que pongan urgentemente en marcha medidas de protección para la población civil, en medio de la reciente oleada de actos violentos mortales en el país.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional, Irak: Violencia contra civiles, documenta cómo cientos de civiles mueren o resultan heridos cada mes.

Muchos están específicamente en el punto de mira de los grupos armados por su identidad religiosa, étnica o sexual, o porque alzan su voz en contra de los abusos contra los derechos humanos.

La incesante incertidumbre que provoca el desconocer cuándo se va a formar el nuevo gobierno iraquí ha dado pie a un reciente incremento de los ataques, que se ha saldado con la muerte de más de 100 civiles sólo durante la primera semana de abril.

“La población iraquí sigue viviendo en el miedo, siete años después de la invasión dirigida por Estados Unidos. Las autoridades iraquíes podrían hacer mucho más para garantizar su seguridad pero, al igual que en otras ocasiones, siguen sin ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad”, ha indicado Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que hagan más para proteger a quienes que se encuentran especialmente en situaciones de riesgo y que lleven ante la justicia a las personas responsables de los crímenes violentos, sin recurrir a la pena de muerte. 
 
Aunque las fuerzas de seguridad iraquíes, las tropas extranjeras y los miembros de la familia son responsables de algunos de los abusos contra los derechos humanos, detrás de la mayoría de matanzas de civiles están grupos armados, incluido Al Qaeda en Irak. La organización sigue teniendo una importante presencia en el país, a pesar de las noticias recientes de la muerte de tres de sus líderes de más rango.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de los medios de comunicación y activistas políticos se encuentran entre los grupos de personas que han sido asesinadas o mutiladas por su trabajo.

A Omar Ibrahim Al Jabouri, director de relaciones públicas de la cadena de televisión Rasheed TV, salvó la vida de milagro en un ataque el 13 de abril de 2010. Perdió las piernas tras ser alcanzado por la explosión de una bomba adherida a su vehículo cuando se dirigía a su oficina en Bagdad.

Las minorías religiosas y étnicas siguen siendo objetivo de los ataques; al menos ocho cristianos fallecieron en Mosul en febrero de 2010 en lo que parecen ser ataques sectarios.

El 17 de febrero de 2010, hombres armados sin identificar dieron el alto a dos estudiantes cristianos, Zia Toma, de 22 años, y a Ramsin Shmael, de 21, que esperaban en una parada de autobús de Mosul y les pidieron sus documentos de identidad. Cuando los hombres armados empezaron a disparar, Toma resultó muerto y Shmael herido, aunque sobrevivió.

Las mujeres y las niñas se encuentran especialmente en riesgo de sufrir actos violentos tanto de parte de grupos armados como de sus familiares. Apenas se tienen noticias de que se hayan dictado sentencias condenatorias en Irak contra autores de violación. Las mujeres, frecuentemente, sufren a manos de sus familiares, en los denominados homicidios en nombre del “honor”, si su comportamiento es considerado contrario a los códigos morales tradicionales, como al negarse a casarse con hombres que han sido seleccionados para ellas. El colectivo de activistas también ha estado en el punto de mira por defender los derechos de las mujeres.

Miembros de la comunidad gay en Irak, país en el que la homosexualidad no está tolerada, viven bajo una amenaza constante de violencia. Algunos líderes religiosos musulmanes instan a sus seguidores a que agredan a presuntos homosexuales.

A menudo, las autoridades no investigan de manera exhaustiva e imparcial los ataques sobre la población civil, ni detienen a los presuntos responsables, ni les llevan ante la justicia. En algunas ocasiones, ni siquiera se les acusa de participar de algún modo en los ataques violentos.

Como resultado de la constante inseguridad, cientos de miles de ciudadanos iraquíes, entre los que se incluye un número desproporcionadamente alto de comunidades minoritarias, se han visto obligados a huir de sus hogares. Las personas internamente desplazadas y refugiadas son incluso más vulnerables a la violencia y a las penurias económicas.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades iraquíes que ponga en práctica inmediatamente medidas que mejoren la seguridad de la población civil. Deberían ponerse en contacto con los grupos de riesgo para estudiar cuál es el mejor modo de protegerlos.

Mientras, la organización ha indicado que las autoridades deben comenzar a investigar, de la manera adecuada, los ataques sobre la población civil, y hacer rendir cuentas a los autores, sean quienes sean, por los crímenes cometidos, de acuerdo con derecho internacional. Deberían desarmar a todas las milicias y poner fin a la identificación de la filiación religiosa en los documentos de identidad.

Todos los grupos armados en Irak deberían, de inmediato, poner fin a los abusos contra los derechos humanos, incluidos los ataques contra la población civil, los secuestros y la tortura.

Amnistía Internacional también ha pedido que se suspendan las devoluciones de refugiados a Iraq mientras la situación del país continúe inestable. Varios gobiernos europeos están devolviendo a personas a Iraq, incluso a las partes más peligrosas del país, en lo que constituye una clara violación de las directrices establecidas por ACNUR, la agencia para los refugiados de la ONU.

Amnistía Internacional ha hablado con varios ciudadanos iraquíes que fueron devueltos por Países Bajos el 30 de marzo de 2010. Entre las 35 personas refugiadas se encontraba Shia Turkoman, un hombre de 22 años de Tal Afar, una ciudad al norte de Mosul, en la que cientos de civiles han sido asesinados en los últimos años en actos violentos sectarios o desencadenados por motivos políticos, y en la que la violencia continúa. A mediados de abril, seguía abandonado a su suerte en Bagdad.

“La incesante incertidumbre sobre cuándo se formará el nuevo gobierno, tras las elecciones del mes pasado, podría perfectamente contribuir a que se incrementasen los incidentes violentos en los cuales la población civil es la principal víctima. La inseguridad amenaza con convertir una situación de por sí mala en peor. Tanto las autoridades iraquíes como la comunidad internacional deben actuar para impedir más muertes innecesarias”, ha declarado Malcolm Smart.